Ismaela Salgado Castrejón
Expediente 816/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 816/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Ismaela Salgado Castrejón
Actuaciones
- Principal
Acapulco, Guerrero; dos de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, capítulo octavo denominado "EXPEDIENTES DESTRUIBLES", artículo 21, inciso b), se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al artículo 15 del referido del Acuerdo General. Hágase constar lo anterior, en la caratula del expediente principal, conforme lo prevé el diverso capítulo "DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS" en su arábigo 35 del multicitado Acuerdo General. Notifíquese.Así lo proveyó y firma electrónicamente el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Patricia Monserrat Mares Ayala, Secretaria adscrita a este juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.
- Principal
TIENE NOTIFICACIÓN PERSONAL PARA LA PARTE QUEJOSA
- Principal
AVISO.- SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, MEDIANTE LISTA ELECTRÓNICA PAUBLICADA EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCION DE DIECISÉIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, MISMO QUE DICE: Acapulco, Guerrero; dieciséis de julio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Ismaela Salgado Castrejón, por su propio derecho, contra actos de la Sala Regional del Pacifico del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 816/2021, y fórmese expediente. IMPROCEDENCIA En acato a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede dilucidar en torno a la procedencia de la demanda que nos ocupa, para lo cual se hacen las siguientes precisiones. Del escrito de demanda y anexos, se tiene que la quejosa Ismaela Salgado Castrejón, como parte actora en el juicio administrativo 378/19-14-01-8, señala como actos reclamados los siguientes: a) El auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, por el cual se le tuvo por no desahogada la vista que le fue otorgada en el diverso proveído de ocho de abril del presente año, respecto al cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio administrativo 378/19-14-01-8, informado mediante oficio UJ-970/2021 por parte del Jefe de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal, Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. b) El auto de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, por el que la Sala Regional del Pacífico del Tribunal de Justicia Administrativa, determino por no tener cumplida la sentencia dictada en el juicio administrativo 378/19-14-01-8, y requiere al Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Delegación Estatal Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que dentro del término de tres días, informe el cumplimiento dado a la resolución de mérito, atendiendo a los parámetros que se establecieron en el acuerdo de referencia. En ese sentido, se advierte oficiosamente que en el caso, se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Articulo 107.- El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." La fracción XXIII transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, por sí misma no alberga algún motivo de improcedencia de objetiva constatación del juicio de garantías, lo cual se debe a que el legislador no podía prever en forma casuística todas las causas de inejercitabilidad de la acción constitucional; por eso, para no pasar por alto alguna disposición legal que debiera tomarse en consideración cuando formuló los supuestos de improcedencia, hizo culminar tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción que se analiza, la que ciertamente es justificada, puesto que existen causas o motivos que tienen como resultado la ineficacia del ejercicio de la acción constitucional de amparo y que derivan de los mandatos contenidos en la Carta Magna o, en su caso, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esa Norma Suprema. Luego, el segundo de los preceptos transcritos establece como regla de procedencia del amparo indirecto, que cuando se trate de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Por su parte, tratándose de procedimientos de remate, la Ley de Amparo es específica en señalar que la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso también se harán valer la violaciones cometidas en ese procedimiento, en los términos del párrafo segundo del artículo 107 de la Ley en cita. Bajo esta fórmula se impide la reclamación autónoma e inmediata en contra de cada uno de los actos que integran la fase de ejecución a fin de que el amparo no constituya un obstáculo para la misma; y en cambio, se privilegia el principio de concentración para que en una misma demanda se puedan estudiar todas las violaciones que llegaren a suscitarse conjuntamente con el acto principal que determina la procedencia del amparo indirecto, siempre y cuando tal violación trascienda a su resultado por haber dejado sin defensa a la parte quejosa; lo que permite colegir que en la demanda de amparo se puede plantear el estudio de esas violaciones en vía argumentativa y no como actos destacados. Ahora, frente a los supuestos específicos de procedencia previstos en los párrafos segundo y último del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ubican otros actos que pueden emitirse después de que el juicio ha concluido, que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como aquellos que tienen una autonomía destacada, es decir, se desvinculan de los que natural u ordinariamente tienen como propósito la ejecución de una sentencia definitiva. Ese supuesto corresponde cuando los actos reclamados son dictados en un incidente de autonomía destacada, en cuyo caso el juicio de amparo procederá contra la resolución definitiva de tal incidente, en la inteligencia de que en contra de la misma podrán hacerse valer todas las violaciones que se hubieren suscitado dentro del trámite de aquella incidencia, siempre que esas violaciones procesales hubiesen dejado indefensa a la parte quejosa. Otro, de los supuestos se actualiza cuando aquellos sean de imposible reparación, lo cual da la pauta para que de manera excepcional sean reclamados, sin necesidad en esperar a que se dicte la última resolución, verbigracia, dentro del procedimiento de remate, se niegue a señalar fecha para el verificativo de la audiencia de remate, o bien, la resolución que niegue rematar los bienes embargados; en cuyo caso, no es necesario esperar a que se apruebe o desapruebe el remate, en razón de que si no se permite el control constitucional sobre dichas determinaciones, podría no llegarse nunca al final de la ejecución. Ilustra lo expuesto la Jurisprudencia 108/2010 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Entendiéndose como actos de imposible reparación, aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales; respecto de los cuales no existe posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior; esto de acuerdo con la Jurisprudencia 1/2016 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte en consultable en la página 15 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo I, Décima Época, Materia Común, del rubro y texto siguiente: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." Bajo ese contexto, es factible concluir que los actos reclamados por la quejosa Ismaela Salgado Castrejón, no constituyen la última resolución dictada en la etapa de ejecución de sentencia, es decir la que declara el cumplimiento de la sentencia o la imposibilidad para lograrlo. Lo anterior se estima así, porque en la etapa de ejecución de sentencia aún no se emite pronunciamiento sobre el cumplimiento o imposibilidad para cumplir con la sentencia definitiva de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, pues incluso la Sala responsable fue puntual en indicar que la autoridad demandada no acató los lineamientos establecidos en dicha resolución al momento de dar cumplimiento a través del oficio UJ-970/2021, y le requirió para que dentro del término de tres días informara el debido cumplimiento, atendiendo a los lineamientos que le fueron establecidos en el acuerdo de veintitrés de junio pasado; lo que de suyo implica que, aún está pendiente el análisis de la Sala responsable para determinar si el fallo fue cumplido en sus términos, y en su caso, será esa determinación definitiva la que en su caso de ser adversa trascienda sobre la esfera jurídica de la parte quejosa; de ahí que tampoco le cause perjuicio alguno el diverso proveído de veinticuatro de mayo del año en curso, por el cual se le tuvo por no desahogada la vista para que manifestara lo que a su interés conviniere respecto del comunicado oficial de referencia, dado que una vez que la demandada informe de nueva cuenta el cumplimiento de sentencia atendiendo a los parámetros que le fueron dados, la autoridad responsable le otorgara de nueva cuenta el plazo de tres días para que exprese lo que estime conveniente. Luego, si el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en la etapa de ejecución de sentencia, es decir la que declara el cumplimiento de la sentencia o la imposibilidad para lograrlo, aunado a que tampoco se encuentra en los supuestos de excepción abordados, esto es de aquellos que vulneren derechos sustantivos de la parte quejosa, ya que ese actuar jurisdiccional no trasciende a la persona, o bien, que se trate de un acto de autonomía destacada a la cosa juzgada o del procedimiento de ejecución; trae como consecuencia la actualización de la improcedencia del juicio invocada, y al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera a trámite la demanda y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de los quejosos para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Sonora número 108-1, colonia Progreso, en esta ciudad, y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Santiago Rentería García y Horacio Vargas Beltrán, quienes cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita como profesionales del derecho; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Arturo López Osorio y Leslie Abigail Blancarte Jiménez, por no contar con el requisito anterior, quedando a salvo su derecho para hacerlo con posterioridad. DATOS DE CONTACTO De igual forma, téngasele proporcionando el número telefónico, y el correo electrónico que al efecto indica, en términos del artículo 5, fracción I, en relación con el 22, fracción II del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia, así como a los turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial, por sus similares 25/2020, 37/2020, 1/2021 y 5/2021, es decir para comunicaciones no procesales. USO DE APARATOS ELECTRONICOS De conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, se autoriza a los profesionistas que menciona en su escrito de demanda se impongan de los autos del presente expediente mediante el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la ley de la materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. INFORMACIÓN GENERAL Se comunica al promovente del amparo que de conformidad con el artículo 5, fracción I y 22, fracción II, del mencionado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tratándose de comunicaciones no procesales se puede brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, por lo que se le invita para que proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se pueda entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrase y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Del mismo modo, se le informa que acorde al numeral 3 del referido acuerdo general 21/2020, para la consulta del expediente de manera física previamente deberá generar una cita, para lo cual habrá de ingresar al Portal de Servicios en Línea en el micrositio de "Servicios Jurisdiccionales", en el apartado "Agenda OJ", a fin de obtener fecha y hora para tal fin, y una vez concluido el proceso el sistema le proporcionara un Código QR que permitirá su ingreso al órgano jurisdiccional (y en su caso el de otra persona autorizada al expediente), mismo que estará condicionado a que quien acuda se identifique como la persona a cuyo nombre se generó la cita. En el entendido de que el acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. No obstante lo anterior, en la planta baja del edificio A, en que se encuentra este órgano jurisdiccional se habilitara una Oficialía de Partes Común para la recepción de promociones presentadas físicamente para el público en general y para quien carece de una cita, ello de conformidad con el artículo 12 del citado acuerdo general 21/2020. Notifíquese personalmente. LO QUE NOTIFICO POR ESTE MEDIO, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...
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