Ismael Martínez Vázquez
Expediente 110/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 12 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 110/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 11/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Ismael Martínez Vázquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
VISTOS; para resolver, los autos del juicio de amparo número 110/2017. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el ocho de febrero de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Ismael Martínez Vázquez, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadora Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con domicilio en esta ciudad. Ejecutora Secretaria Actuaria adscrita al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con domicilio en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS "De la Ordenadora, el requerimiento de entrega de mi menor hijo Exel Ismael Martínez Mejía y/o de toda ejecución que pretenda darle a dicho requerimiento, de fecha 02 de febrero del año 2017, toda vez que se encuentra fuera de todo procedimiento legal y sin haber sido notificado el suscrito y sin haya cometido ninguna falta o motivo para que pretendan quitármelo sin mi consentimiento, y de la ejecutora, reclamo el cumplimiento que pretenden dar a dicho ilegal requerimiento de entrega de mi menor hijo Exe Ismael Martínez Mejía." SEGUNDO. Preceptos Constitucionales vulnerados. El quejoso señaló como derechos transgredidos los contenidos en los artículos 14 y 16. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Previo desahogo de prevención contenida en acuerdo de nueve de febrero de dos mil diecisiete, por acuerdo de veinte de febrero siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo que fue registrada en el Libro de Gobierno correspondiente con el número de expediente 110/2017; se solicitó de las autoridades responsables rindieran sus informes con justificación; se ordenó emplazar a la tercera interesada Soledad Mejía Gil, se dio la intervención que legalmente le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual luego de diferirse en varias ocasiones se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclama un auto dictado en un juicio de guarda y custodia (el cual puede tener sobre las personas una ejecución de imposible reparación), por una autoridad judicial en materia familiar, que tiene su domicilio donde este órgano de control constitucional tiene jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En atención a los lineamientos que para el dictado de las sentencias de amparo establece el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se precisa que el quejoso, como parte actora en el juicio de guarda y custodia número 1246/2015 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, reclama el proveído de veintisiete de enero de dos mil diecisiete, únicamente en la parte que se decretó la medida provisional de guarda y custodia a favor de la demandada Soledad Mejía Gil y se le ordenó haga entrega a ésta del menor Exe Ismael Martínez Mejía, así como su ejecución. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. SON CIERTOS los actos reclamados a las autoridades responsables Juez y Secretaria Actuaria, ambos del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, ya que así lo reconocieron al rendir conjuntamente su informe con justificación (foja 42); manifestación que constituye una confesión de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2; y que se corrobora con las constancias que en copia certificada adjuntaron a su informe relativas a las actuaciones que integran el juicio de guarda y custodia número 1246/2015, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del invocado código adjetivo federal. CUARTO. Estudio de fondo del asunto. Ante la certeza de los actos reclamados y no habiendo causa de improcedencia alguna que se haga valer o que de manera oficiosa advierta este órgano de control constitucional, se procede a examinar el fondo materia del debate planteado a la luz del concepto de violación vertido por el quejoso en su demanda. El expediente 1246/2015 de donde deriva el acto reclamado es de naturaleza familiar en el que se debaten derechos inherentes al menor Exe Ismael Martínez Mejía; razón por la cual este juzgador en términos de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, y de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reglamentaria del artículo 4 Constitucional, al realizar el análisis de la resolución reclamada, tendrá el cuidado y atención de proteger siempre a dicho infante, a fin de no poner en riesgo en ningún momento su integridad, seguridad y salud. Así, resulta conveniente exponer una breve reseña de los antecedentes que preceden al pronunciamiento del auto reclamado, los cuales se obtienen de la copia certificada de las constancias que integran el expediente 1246/2015, cuyo valor se otorgó en el considerando que antecede, apreciándose en lo que interesa, lo siguiente: 1. El aquí quejoso Ismael Martínez Vázquez, demandó de la aquí tercera interesada Soledad Mejía Gil, la guarda y custodia provisional y definitiva del menor Exe Ismael Martínez Mejía, demanda de la que conoció el Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, bajo el número 1246/2015. 2. Por acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, se tuvo por contestada la demanda, se señaló fecha y hora para la audiencia previa y de conciliación, y además se decretó de manera provisional convivencia supervisada entre la demandada Soledad Mejía Gil y el menor Exe Ismael Martínez Mejía, los días sábados y domingos de cada semana, por lo que se requirió al actor, aquí quejoso, para que presentara en esos días al menor en las instalaciones del Centro de Convivencia Familiar Supervisada de la Unidad de Atención Jurídica Integral del Consejo de la Judicatura del Estado. 3. Por acuerdos de nueve, veinticinco y treinta de noviembre de dos mil dieciséis, cinco de enero de dos mil diecisiete, se tuvo a la Directora de la Unidad de Atención Jurídica Integral del Consejo de la Judicatura del Estado, remitiendo los informes de prueba de alcoholímetro efectuadas al aquí quejoso los días de convivencia de fechas veintinueve de octubre, cinco, doce y diecinueve de noviembre, nueve de diciembre del año pasado, de los que se desprende arrojaron un resultado positivo, con lo que se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniere. 4. Mediante acuerdo de veintisiete de enero del año en curso, en atención a que aún no se había decretado la guarda y custodia provisional del infante, tomando en consideración además la conducta que había asumido el actor, aquí quejoso, pues existían reportes de convivencias de fechas veintinueve de octubre, cinco, doce y diecinueve de noviembre y nueve de diciembre del año pasado, de los que se obtenía que había presentado al Centro de Convivencia Familiar a su menor hijo Exe Ismael Martínez Mejía, con aliento alcohólico, pues las pruebas que se le realizaron dieron como resultado un rango de ebrio incompleto, aunado a que no se había presentado en las fechas y horarios programados por la Unidad de Atención Jurídica Integral del Consejo de la Judicatura del Estado para la realización de las evaluaciones psicológicas, y que no estaba haciendo la labor de concientizar al niño sobre la importancia que tiene en su vida su progenitora; mientras que respecto de ésta existían constancias suficientes que mostraban el interés de Soledad Mejía Gil, para ostentar la guarda y custodia del citado menor, pues siempre acudía a las convivencias programadas ante el Centro de Convivencia Familiar; el Juez responsable a efecto de salvaguardar el interés supremo del menor Exe Ismael Martínez Mejía, tomando en consideración además su edad (ocho años) decretó la guarda y custodia provisional a favor de su progenitora Soledad Mejía Gil, ordenando requerir personalmente al quejoso para que en el acto de la diligencia hiciera entrega a la demandada Soledad Mejía Gil, del infante Exe Ismael Martínez Mejía, con el apercibimiento que de no hacerlo así se le impondría una medida de apremio consistente en una multa por la cantidad de $4,002.00 (cuatro mil dos pesos 00/100 M.N.) a favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado, por desacato a un mandato judicial. 5. En diligencia de dos de febrero del año en curso, la Secretaria Actuaria del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares requirió personalmente al actor, aquí quejoso, hiciera entrega del menor a su progenitora, negándose a hacerlo. 6. Por auto de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, el juez responsable hizo efectivo el apercibimiento decretado en acuerdo de veintisiete de enero anterior, e impuso al quejoso una multa por la cantidad de $4,002.00 (cuatro mil dos pesos 00/100 M.N.), y ordenó requerirlo nuevamente para que diera cumplimiento a lo ordenado en el citado acuerdo respecto a la entrega del menor Exe Ismael Martínez Mejía, a la demandada Soledad Mejía Gil, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se le impondría una nueva multa ahora por la cantidad de $8,004.00 (cuatro mil dos pesos 00/100 M.N.). Asimismo, decretó un régimen de convivencia supervisada entre el menor y el aquí quejoso, los días sábados de cada semana, para lo cual la demandada una vez que se le hiciera entrega del menor, en el sábado próximo a la restitución debía presentarlo a las instalaciones de la Unidad de Atención Jurídica Integral del Consejo de la Judicatura del Estado, apercibida que de no hacerlo así se haría acreedora a una multa equivalente a cincuenta días de salario mínimo general vigente en la región, a favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado, por desacato a un mandato judicial, aunado a que podría perder la guarda y custodia provisional decretada a su favor. 7. En diligencia de dos de marzo siguiente, la Secretaria Actuaria del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares requirió nuevamente de manera personal al actor, aquí quejoso, hiciera entrega del menor a su progenitora, mismo que se negó a ello. 8. Mediante comparecencia de tres de marzo de esta anualidad, el quejoso Ismael Martínez Vázquez y la demandada Soledad Mejía Gil, se presentaron voluntariamente ante el juez responsable para dar cumplimiento al requerimiento de entrega del menor Exe Ismael Martínez Mejía, ordenado en proveído de veintiocho de febrero pasado. 9. Finalmente, en la misma fecha se reconsideró el proveído de veintiocho de febrero último, dejándose sin efectos únicamente los días y horarios de convivencia ahí señalados, decretándose la medida provisional de convivencia familiar supervisada entre el quejoso Ismael Martínez Vázquez y el menor Exe Ismael Martínez Mejía, en el interior del Centro de Convivencia Familiar, los días sábados y domingos. Ahora bien, el quejoso señala que la autoridad responsable vulneró en su perjuicio los derechos humanos de audiencia, legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que el acuerdo de veintisiete de enero de dos mil diecisiete, que decretó la medida provisional de guarda y custodia a favor de la aquí tercera interesada Soledad Mejía Gil, no se encuentra debidamente fundado y motivado. Es infundado el concepto de violación por las razones que se exponen a continuación. El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en lo conducente, lo siguiente: "Artículo 4. (.) En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. (.)." El interés superior del niño es un principio de rango constitucional implícito en la regulación de los derechos de los menores previstos en el citado artículo 4 Constitucional. Esta interpretación encuentra respaldo en el dictamen de la reforma constitucional que dio lugar al texto del artículo 4, donde se reconoce expresamente que uno de los objetivos del órgano reformador de la Constitución era adecuar el marco normativo interno a los compromisos internacionales contraídos por nuestro país en materia de protección de los derechos del niño. En este sentido, el interés superior del niño es uno de los principios rectores más importantes del marco internacional de los derechos del niño. No sólo es mencionado expresamente en varios instrumentos, sino que es constantemente invocado por los órganos internacionales encargados de aplicar esas normas. El artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que en cualquier medida que tomen las autoridades estatales deben tener en cuenta de forma primordial el interés superior del niño. Los artículos 9, 18, 20, 21, 37 y 40 también mencionan expresamente este principio. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que el interés superior del niño es un "punto de referencia para asegurar la efectiva realización de todos los derechos contemplados en ese instrumento, cuya observancia permitirá al sujeto el más amplio desenvolvimiento de sus potencialidades", y ha dicho también que se trata de un criterio al que "han de ceñirse las acciones del Estado y de la sociedad en lo que respecta a la protección de los niños y a la promoción y preservación de sus derechos". Por su parte, el Comité para los Derechos del Niño ha señalado que "el principio del interés superior del niño se aplica a todas las medidas que afecten a los niños y exige medidas activas, tanto para proteger sus derechos y promover su supervivencia, crecimiento y bienestar como para apoyar y asistir a los padres y a otras personas que tengan la responsabilidad cotidiana de la realización de los derechos del niño." En el ámbito interno, el legislador ordinario también ha entendido que el interés superior es un principio que está implícito en la regulación constitucional de los derechos del niño. Este principio es reconocido expresamente en la legislación encargada de desarrollar los derechos contemplados en el artículo 4 Constitucional: la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. De acuerdo con el artículo 3 de esta ley, el interés superior es uno de los principios rectores de los derechos del niño. También se encuentran menciones expresas a este principio en los artículos 4, 24 y 45 de la misma ley. Ahora bien, el interés superior del niño tiene tanto una función justificativa, como directiva. Por un lado, sirve para justificar todos los derechos que tienen como objeto la protección del niño. Por el otro, constituye un criterio orientador de toda producción normativa, entendida en sentido amplio y relacionada con los derechos del niño, lo que incluye no sólo la interpretación y aplicación del derecho por parte de los jueces, sino también todas las medidas emprendidas por el legislador, así como las políticas públicas, programas y acciones específicas llevadas a cabo por las autoridades administrativas. En definitiva, el principio del interés superior del niño debe informar todos los ámbitos de la actividad estatal que estén relacionados directa o indirectamente con los menores. En esta línea, la Suprema Corte ha sostenido que "el principio del interés superior de la infancia junto con el derecho de prioridad, implican que las políticas, acciones y toma de decisiones del Estado relacionadas con los menores de 18 años deben buscar el beneficio directo del infante y del adolescente a quienes van dirigidas, y que las instituciones de bienestar social, públicas y privadas, los tribunales, las autoridades administrativas y los órganos legislativos, al actuar en sus respectivos ámbitos, otorguen prioridad a los temas relacionados con dichos menores". En sentido similar se ha pronunciado el Comité de los Derechos del Niño, al señalar que "todos los órganos o instituciones legislativos, administrativos y judiciales han de aplicar el principio del interés superior del niño estudiando sistemáticamente cómo los derechos y los intereses del niño se ven afectados o se verán afectados por las decisiones y las medidas que adopten; por ejemplo, una ley o una política propuestas o existentes, una medida administrativa o una decisión de los tribunales, incluyendo las que no se refieren directamente a los niños pero los afectan indirectamente." En el ámbito jurisdiccional, el interés superior es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de algún menor. Este principio ordena la realización de una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. Ahora bien, acorde con los derechos humanos reconocidos en los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los diversos 3, 9, 12, 19, 20, 21 y 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, así como en la observación general número 12, aprobada en el quincuagésimo primer periodo del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, del veinticinco de mayo al doce de junio de dos mil nueve, se obtienen como principios fundamentales los siguientes: I. Se reconoce a la persona humana en su niñez, la necesidad de que crezcan en un ambiente familiar, de felicidad, amor y comprensión para lograr un desarrollo pleno y armonioso; II. El derecho a dar su opinión y que ésta sea tomada en cuenta en todos los asuntos que les afecten, incluyendo los de carácter judicial y administrativo; III. Que no es necesario que el niño deba tener un conocimiento exhaustivo de todos los aspectos del asunto que lo afectan, sino una comprensión suficiente para ser capaz de formarse adecuadamente un juicio propio sobre el asunto; IV. Que el derecho del niño a expresar su opinión libremente, significa que no puede ser manipulado ni estar sujeto a una influencia o presión indebidas; y, V. Que es necesario tener en cuenta las opiniones del niño, en función de su edad y madurez, para lo cual debe precisarse que los niveles de comprensión de los niños, no van ligados de manera uniforme a su edad biológica, aunque sí a la experiencia, el entorno, las expectativas sociales y culturales y el nivel de apoyo. En ese orden, se tiene que las disposiciones y acciones dirigidas a tutelar un valor sustantivo, se deben formular, interpretar y llevarse a cabo de tal manera, que tengan como resultado la satisfacción de la finalidad perseguida y no efectos opuestos a ella. Al aplicar esa consideración con base en la protección de los intereses de los menores de edad, considerados uniformemente como valores superiores dentro del sistema jurídico y de la organización social, conduce a determinar que ese interés no debe verse limitado en modo alguno sino cuando la limitación resulte la única medida posible para asegurar la integridad física y psicológica de los sujetos protegidos o evitar la distorsión de su formación integral. Como se ha desarrollado, el interés superior del niño es un principio de rango constitucional que demanda que en toda situación donde se vean involucrados los menores se traten de proteger y privilegiar sus derechos. En el presente caso, el Estado tiene el deber de salvaguardar el derecho de los menores de edad, a vivir en condiciones que permitan su crecimiento sano y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, moral y social; así como el derecho a vivir en familia. Así, el interés superior del niño demanda que el juez valore todos los elementos que le han sido presentados, e incluso, tiene la potestad de recabar pruebas de oficio. Tales consideraciones han sido aceptadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 191/2005, de rubro: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE", donde se admite, en atención al interés superior del niño, que la suplencia en la deficiencia de la queja debe operar desde la demanda hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación, y del mismo modo, se permite la recabación oficiosa de pruebas. Luego, si el pleno ejercicio de los derechos inherentes a los menores es el eje rector de los litigios donde se vean involucrados, debe privilegiarse la verdad histórica frente a la jurídica, lo que obliga al juzgador a valorar todas las pruebas que le hayan sido presentadas y determinar la custodia con base en la valoración integral de dicho material probatorio, pero siempre privilegiando el interés superior del menor, por encima de los adultos contendientes. En ese orden de ideas, el acuerdo emitido por el Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, el veintisiete de enero de dos mil diecisiete, en el juicio de guarda y custodia número 1246/2015, se encuentra debidamente fundado y motivado. En efecto, es infundado el concepto de violación respecto a que se conculcan las garantías del quejoso, contenidas en el artículo 14 Constitucional, que establece: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho." El citado dispositivo consagra las garantías que deben prevalecer en todo acto privativo y se hace una relación enunciativa y genérica de éstos, consistentes en la libertad, la propiedad, la posesión u otros derechos semejantes, por ejemplo, los derechos de familia; y por otra parte, se establecen los derechos que tienen los gobernados antes de ser objeto de dicha privación, que son la existencia de un juicio, que el juicio sea seguido ante tribunales previamente establecidos, que en él se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, y que todo se lleve a cabo conforme a las leyes expedidas con anterioridad a los hechos que sirvan de base a la privación. En esta segunda parte se prevé el derecho al proceso y sus caracteres fundamentales, que constituye el conjunto esencial de los derechos procesales, y ahí se ubican las formalidades esenciales del procedimiento, conocidas como del debido proceso, en la doctrina y otras latitudes, e inmerso en ellas el ser llamado a juicio, oído y vencido y el derecho de aportar pruebas, los cuales constituyen derechos típicamente procesales. A su vez, conforme al último párrafo del artículo citado, para que exista un acto privativo en materia civil, debe haberse emitido una sentencia en contra del gobernado. Esto es, para los efectos de dicho artículo, por acto de privación debe entenderse aquel que tiene como fin la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, sin embargo, no todo acto de autoridad provoca esos efectos, no obstante que exista una afectación a la esfera jurídica del gobernado. Ello es así, ya que existen actos que restringen el ejercicio de un derecho en forma provisional o preventiva, pero los mismos no tienen la finalidad de privar en forma definitiva de dicho derecho a su titular, sino que se trata de medidas provisionales establecidas por el legislador para proteger determinados bienes jurídicos, en tanto se decide si procede o no la privación definitiva. Por lo que, no basta que un acto de autoridad produzca una afectación en el ámbito jurídico para que se repute "acto de privación" en los términos del último párrafo del artículo 14 Constitucional puesto que para ello es menester que la merma o menoscabo tengan el carácter de definitivos. En conclusión si la privación de un derecho, bajo los aspectos indicados anteriormente es la finalidad connatural perseguida por un acto de autoridad, éste asumirá el carácter de privativo; por el contrario, si cualquier acto autoritario por su propia índole, no tiende a dicho objetivo sino que la restricción provisional es sólo un medio para lograr otros propósitos, no será acto privativo sino de molestia. En tal virtud, el artículo 14 Constitucional, en su segundo párrafo exige el respeto a la garantía de audiencia antes de que se produzcan aquellos actos que en definitiva priven a alguien de sus bienes o derechos, en tanto que, los actos que no produzcan esos efectos estarán regulados sólo por el artículo 16 de la propia Constitución. De igual forma, entre las reglas del procedimiento protegidas por el artículo 14 Constitucional se encuentran todas las etapas y reglas procesales que deben cumplirse por el juzgador dentro de un proceso. Lo que consagra la garantía de audiencia para el gobernado; la que no ha sido vulnerada por la autoridad responsable en el presente juicio de amparo. Ello es así, ya que de los antecedentes del acto reclamado, se desprende que el quejoso es parte actora en el juicio de origen; por lo que al ser parte formal y material, se desprende que se trata de un acto dictado dentro de juicio, en que no se ha emitido sentencia; y por tanto, se encuentra en aptitud de hacer valer sus derechos y los medios de defensa que considere conducentes; pues hasta ese momento procesal no se ha emitido resolución de privación de derechos. De ahí que la autoridad responsable no ha vulnerado la garantía contenida en el artículo 14 Constitucional. Asimismo, tampoco asiste razón al quejoso, pues se desprende que el juez responsable respetó la garantía contenida en el artículo 16 Constitucional, que establece: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Del contenido del numeral trascrito, se advierte el principio de legalidad, consistente en que las autoridades del Estado, sólo pueden actuar cuando la ley se los permite, en la forma y los términos que ésta determine; es decir, que todo acto de molestia, entendiendo por éste, el que restringe de manera provisional o preventiva un derecho, con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, emitido por la autoridad, debe cumplir con los siguientes lineamientos: 1) Que se exprese por escrito y contenga la firma original o autógrafa del respectivo funcionario; 2) Que provenga de autoridad competente; y 3) Que se funde y motive la causa legal del procedimiento. El primero de los requisitos mencionados, implica la certeza de que el afectado pueda conocer de qué autoridad proviene el acto, y como se ha visto, la resolución de veintisiete de enero de dos mil diecisiete que decretó a favor de la aquí tercera interesada Soledad Mejía Gil la medida provisional de guarda y custodia respecto del menor Exe Ismael Martínez Mejía, y ordenó al aquí quejoso la entrega del mismo, fue dictada por la Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, asistida de la Tercera Secretaria de Acuerdos de esa adscripción, quien dio fe; dentro del juicio de guarda y custodia número 1246/2015. La segunda exigencia, relativa a que el acto provenga de autoridad habilitada constitucional o legalmente y que tenga dentro de sus atribuciones la facultad de emitirlo, también se demuestra, ya que se trata de un órgano jurisdiccional facultado por la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guerrero, para resolver dichos conflictos, y por tanto, se encuentra satisfecha. El tercero de dichos elementos, se refiere entre otros a la exigencia de fundamentación, que es entendida como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad, que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; mientras que la exigencia de motivación, se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Presupuestos, el de fundamentación y motivación, que deben coexistir y se suponen mutuamente, pues no es posible citar disposiciones legales sin relacionarlas con los hechos de que se trate, ni exponer razones sobre hechos que carezcan de relevancia para dichas disposiciones; desde luego, la correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho, supone necesariamente un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate, lo que en realidad implica la fundamentación y motivación de la causa legal del procedimiento, esto es, que en el acto de autoridad han de señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas en forma pormenorizada, que se hayan tenido en consideración para la emisión del mismo; siendo necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, esto es, que en el caso concreto, se configuren las hipótesis normativas de los preceptos que se hayan invocado como fundamentación, debiendo establecerse la relación que exista entre uno y otro. Así, cuando una autoridad jurisdiccional emite una resolución dirigida al gobernado, debe reunir dichos requisitos, de lo contrario, su actuar sería violatorio de garantías. En ese orden de ideas, de la lectura del acuerdo reclamado se advierte que los argumentos por los que se determinó otorgar a la demandada, aquí tercera interesada Soledad Mejía Gil la medida provisional de guarda y custodia del menor Exe Ismael Martínez Mejía, fueron esencialmente los siguientes: a) La edad del menor (ocho años). b) Que del resultado de las evaluaciones psicológicas realizadas por la psicóloga del Centro de Convivencia Familiar Supervisada de la Unidad de Atención Jurídica Integral del Consejo de la Judicatura del Estado a la demandada Soledad Mejía Gil, se determinó que no presenta afectación emocional o psicológica debido a la culminación de la relación de pareja que sostuvo con el actor, sin embargo se encuentra afectada emocionalmente debido a la separación y distanciamiento con su menor hijo, es una persona dependiente y complaciente capaz de lograr sus objetivos, que cuenta con capacidades cognitivas, emocionales y sociales que facilitan la vinculación afectiva y le permite participar de la crianza de su menor hijo. c) Que la demandada Soledad Mejía Gil, ha mostrado interés por ostentar la guarda y custodia del menor, pues del reporte de convivencia enviado por la Directora de la Unidad de Atención Jurídica Integral del Consejo de la Judicatura del Estado, se observa que siempre ha acudido a las convivencias programadas al efecto. d) La conducta asumida por el actor, aquí quejoso Ismael Martínez Vázquez, pues existían reportes de convivencias de fechas veintinueve de octubre, cinco, doce y diecinueve de noviembre y nueve de diciembre del año pasado, emitidos por el Centro de Convivencia Familiar Supervisado de los que se obtenía que había acudido con aliento alcohólico al presentar a su menor hijo Exe Ismael Martínez Mejía, para que conviviera con su progenitora, y que las pruebas que se le realizaron dieron como resultado un rango de ebrio incompleto, según la clasificación de los niveles de alcoholemia indicados en el Programa Nacional de alcoholimetría, por lo que existía una exposición al peligro que ponía en riesgo la integridad física y emocional del menor. e) Que el actor, aquí quejoso Ismael Martínez Vázquez, no se había presentado en las fechas y horarios programados por la Unidad de Atención Jurídica Integral del Consejo de la Judicatura del Estado para la realización de las evaluaciones psicológicas. f) Que el quejoso no estaba haciendo la labor de concientizar al niño sobre la importancia que tiene en su vida su progenitora; pues el infante Exe Ismael Martínez Mejía, sin tener un motivo real y fuerte, se niega a escuchar cualquier comentario que tenga que ver con aquélla. g) Que la demandada Soledad Mejía Gil, otorgaría mayor tranquilidad y seguridad al menor, evitando con ello que en el futuro se sienta vulnerable, inseguro, tenso, confundido o culpable. h) Lo anterior, lo fundamentó en los artículos 539, 540, 589, 590, 591, 600, 626, 627, 628 y 629 del Código Civil del Estado de Guerrero; 520, 520 Bis, fracciones I, II y III, 521 y 522, fracción V del Código de Procedimientos Civiles de esta entidad federativa; 1, 4 y 33 Constitucionales; 1, 2, 3, 4, 9, párrafos I y II y 19 de la Convención de las Naciones Unidas Sobre los Derechos del Niño; 1, 2, 3, incisos A y E, 4, 5, 6, 7, 11, inciso B, 12 y 13 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; y 1, 2, 3, 4, 5, 6, fracción V y VII, 8, fracción VIII, 9 y 51 de la Ley para la Protección y Desarrollo de los Menores del Estado de Guerrero. En ese orden, se advierte que al emitir la resolución combatida, el Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares se ajustó a los derechos fundamentales protegidos en la Carta Magna, ya que señaló con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas en forma pormenorizada que tomó en consideración para su emisión; aunado a que existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, por tanto, se desprende que al decretar la guarda y custodia provisional del menor Exe Ismael Martínez Mejía, a favor de su progenitora Soledad Mejía Gil, y requerir personalmente al quejoso para que entregara a ésta al menor, no se vulneraron los derechos fundamentales del quejoso ni del infante, ya que se atendió al interés superior de este último. Se dice lo anterior, pues el juez primigenio, citó los artículos aplicables; asimismo, expuso las razones lógico jurídicas de su actuar, al manifestar que dada la conducta presentada por el actor existía una exposición al peligro que ponía en riesgo la integridad física y emocional del menor, por lo que a fin de otorgarle mayor seguridad y tranquilidad a éste decretó a favor de la aquí tercera interesada la guarda y custodia provisional de Exe Ismael Martínez Mejía. Con lo anterior, se advierte que sí se cumplió con el requisito de fundamentación y motivación. Al respecto, es necesario precisar que la guarda o custodia de un menor, se considera un elemento de gran importancia para la formación integral de los niños en su proyección hacia la edad adulta y sus posibles compromisos familiares y sociales, motivo por el cual, la determinación o resolución que se asuma al respecto debe buscar invariablemente que prevalezca, de modo que sólo podrá ser negada, suspendida o revocada, en los casos en que las condiciones imperantes pongan de manifiesto que el progenitor o la persona que ejerce la custodia de un menor, pone en riesgo insuperable la vida, la integridad personal o psicológica, la formación o la salud mental de los menores, y no se vea posibilidad alguna de evitar esos peligros sin negar, suprimir o revocar la custodia, en favor de alguno de los progenitores. En ese orden, se considera que no asiste razón al quejoso, respecto de que se vulneran sus derechos humanos, al haberle ordenado que entregue al menor Exe Ismael Martínez Mejía, a su madre Soledad Mejía Gil, ya que contrario a lo afirmado, se aprecia que los argumentos en que el juez familiar apoyó tal decisión son suficientes para haber decretado la guarda y custodia del menor a favor de su progenitora. Ello se considera así, pues, en principio, cuando se resuelve sobre la guarda y custodia provisional, el juzgador no cuenta con todos los elementos de convicción para emitir un pronunciamiento jurídico totalmente apegado a la realidad y, por ende, debe atender a la presunción legal y humana que no estén desvirtuadas; es decir, analizar de suyo lo alegado por las partes, para poder hacerse un juicio preliminar necesario y suficiente para determinar sobre la medida temporal, máxime que el quejoso no controvirtió ni hizo manifestación alguna respecto de los reportes enviados por el Centro de Convivencia Familiar Supervisado, en el sentido de que había acudido con aliento alcohólico al presentar a su menor hijo Exe Ismael Martínez Mejía, para que conviviera con su progenitora, pese a que se le dio vista con los mismos. En las relatadas circunstancias, ante lo infundado de los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, se niega la protección constitucional solicitada, respecto del acuerdo reclamado, ya que el suscrito no advirtió que transgrediera en perjuicio de aquél los derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Determinación que se hace extensiva a la autoridad responsable ejecutora Secretaria Actuaria del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, en virtud de que el acto que se le reprocha no se ataca por vicios propios, sino que su legalidad está subordinada al de la ordenadora. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las tesis de jurisprudencia invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Ismael Martínez Vázquez, en contra del proveído de veintiocho de enero de dos mil diecisiete, dictado por el Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, en el juicio de guardia y custodia número 1246/2015, y su ejecución, por las consideraciones expuestas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el once de agosto de dos mil diecisiete, asistido de la licenciada Lorena Morales Saldierna, Secretaria del propio juzgado que autoriza. Doy fe.-
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Acapulco, Guerrero, tres de mayo de dos mil diecisiete. Visto; el estado procesal que guardan los autos se advierte que el quejoso reclama por esta instancia el requerimiento contenido en acuerdo de veintisiete de enero de dos mil diecisiete dictado en el juicio de guardia y custodia número 1246/2016, en el que se le ordenó la entrega del menor Exe Ismael Martínez Mejía, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así se le impondría una multa, y de las constancias que remitió el juez responsable en apoyó a su informe con justificación, se obtiene que mediante acuerdo de veintiocho de febrero siguiente, se hizo efectivo el apercibimiento decretado y se le impuso una multa por la cantidad de $4,002.00 (cuatro mil dos pesos 00/100 M.N.). En tal virtud, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al quejoso para que dentro del término de tres días siguientes al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste si es su voluntad señalar como acto reclamado la multa que se le impuso en proveído de veintiocho de febrero pasado en el expediente 1246/2016, y de ser así exhiba las copias simples necesarias de su escrito de ampliación para correrles traslado a las demás partes, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo otorgado, se continuará el trámite del asunto teniéndose únicamente como acto reclamado el señalado en el escrito inicial de demanda. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional programada para este día se difiere para las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE MAYO DEL AÑO EN CURSO. Notifíquese y personalmente al quejoso.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintinueve de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso; en atención a su contenido téngasele como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y como sus autorizadas en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Wendy Guadalupe Nájera Salgado y Noemí Carreón Mata, cuyas cédulas se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que las acredita como profesionales del derecho, y únicamente para para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Gustavo Alberto Pérez Saavedra, Mayra Isabel López Ortiz y Julio Cesar Ortega Bahena, por así haberlo solicitado, revocando las designaciones hechas con anterioridad. Asimismo, con fundamento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Reglamentaria, expídasele copia simple de las actuaciones que refiere, previa razón que obre para constancia legal, en el entendido que la reproducción de las mismas es a su costa, en virtud de que no acredita que se encuentra en estado de insolvencia económica como manifiesta. Asimismo, se permite el uso del instrumento óptico denominado escáner, de conformidad en la circular número 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, como lo solicita la parte quejosa, se autoriza a Wendy Guadalupe Nájera Salgado, la consulta del expediente electrónico en el presente asunto, por medio de la cuenta de usuario que proporciona, por lo que désele de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano federal.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintitrés de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad; mediante el cual remite copia certificada de las constancias que le fueron requeridas en proveído de dieciséis de marzo del presente año, como complemento a su informe justificado rendido en autos, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo; ahora, respecto de las referidas actuaciones intégrense en su totalidad por encontrarse relacionadas directamente con la litis constitucional. Por tanto, con la finalidad de que las partes se impongan debidamente del contenido de las mismas, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada el día de hoy, según se advierte de la certificación de cuenta para las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TRES DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE. Notifíquese.
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