Israel Castro García

Expediente 326/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
326/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
02/06/2021

Partes del expediente

  • Israel Castro García

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; dos de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, capítulo octavo denominado "EXPEDIENTES DESTRUIBLES", artículo 21, inciso a), se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al artículo 15 del referido Acuerdo General. Hágase constar lo anterior, en la caratula del expediente principal conforme lo prevé el diverso capítulo "DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS" en su arábigo 35 del multicitado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTOS; los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo número 326/2021; y RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, y remitido el ocho de abril siguiente por razón de turno a este Juzgado Octavo, Israel Castro García, por su propio derecho, presentó demanda de amparo contra las autoridades y por los actos que enseguida se mencionan: AUTORIDAD RESPONSABLE Junta Especial número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Con residencia en esta ciudad ACTO RECLAMADO La falta de resolución interlocutoria pronunciada dentro de los incidentes de revisión contra actos del presidente ejecutor y de revisión de actos del actuario, de las actuaciones emitidas por la Autoridad Responsable en el Expediente Laboral 299/2015, relativo al juicio promovido en contra de la comisión Federal de Electricidad." SEGUNDO. Preceptos constitucionales vulnerados. La parte quejosa señaló como derechos transgredidos los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de nueve de abril de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, registrándose en el libro de gobierno respectivo con el número 326/2021; se solicitó de la autoridad responsable rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclama una omisión suscitada dentro de un juicio laboral que se tramita ante una autoridad con residencia en la jurisdicción de este órgano de control constitucional, que tiene sobre las personas una ejecución de imposible reparación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del estudio integral de la demanda se advierte que el quejoso Israel Castro García, reclama por esta instancia la omisión de la Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, de resolver los dos recursos de revisión interpuestos por la parte demandada en el juicio laboral 299/2015, en contra de los actos (i) del presidente ejecutor y (ii) del actuario de su adscripción. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, pues así lo aceptó el Presidente al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las copias certificadas que remitió, a las que se les otorga valor probatorio pleno por tratarse de un documento público de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; de las que no se observa que hayan resuelto los recursos de revisión interpuestos por la parte demandada en el juicio laboral 299/2015. CUARTO. Actualización de una causal de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, antes de examinarse la materia de fondo de la litis constitucional, se analiza el tema de la improcedencia del juicio, en los términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Precisado lo anterior, se tiene que el juicio de amparo es improcedente al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, aplicado a en sentido contrario, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] Fracción XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) Fracción V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..." Del numeral citado en primer término, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulta de alguna disposición de la ley; y, del segundo de ellos, que los actos cuyos efectos son de imposible reparación, son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución y los Tratados Internacionales; es decir que producen una afectación material a dichos derechos, por lo que ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior. Esto último de acuerdo con la Jurisprudencia 1/2016 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte en consultable en la página 15 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo I, Décima Época, Materia Común, del rubro y texto siguiente: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo". Por otra parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 325/20152, determinó sobre el tema de procedencia del juicio de amparo indirecto que tratándose de omisiones de acordar promociones o de proseguir en tiempo con el juicio, atribuidas a autoridades jurisdiccionales, constituyen violaciones intraprocesales que no afectan derechos sustantivos, por lo que por regla general el juicio de amparo indirecto promovido en su contra es improcedente, a menos que del contenido de la propia demanda se advierte la existencia de una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Sobre el punto de excepción que se alude en aquella ejecutoria, la citada Sala al resolver la diversa contradicción tesis 294/2018, señaló que a fin de proporcionar un estándar mínimo que ofreciera seguridad jurídica a las partes en el juicio, en tratándose de asuntos de la Ley de Amparo, aborales, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. De ese fallo derivó la Jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), consultable en la página 1643, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, Materia(s): Común, Laboral, Laboral, Décima Época, del rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador". En ese sentido, es importante destacar que el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo, establece que el Tribunal dictara sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia, o bien dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas, en las que reciba las promociones por escrito. Bajo ese contexto, si el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, la Junta responsable se reservó a dictar la resolución que corresponda, respecto de los recursos de revisión interpuestos por la parte demandada en el juicio laboral 299/2015, en contra de los actos del presidente ejecutor y actuario de su adscripción, y tomando en consideración que constituye un hecho notorio que con motivo de la emergencia sanitaria derivada del fenómeno de salud pública provocada por el virus COVID-19, dicha autoridad suspendió sus labores del veintisiete de enero al veintiocho de febrero de dos mil veintiuno, reanudando su labores el primero de marzo, de ahí, que se estime que en este asunto no se esté en presencia de una dilación abierta en el procedimiento que provoque su paralización total, dado que a la fecha en que fue presentada la demanda -dieciséis de marzo de dos mil veintiuno-, solo habían transcurrido dieciséis días naturales. De manera que no es dable asumir que se surta un caso de excepción al criterio asumido, y en ese contexto, el presente juicio de amparo deviene improcedente al actualizarse la causa de improcedencia que se analiza, por lo que procede sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE el presente juicio de amparo, en términos de lo expuesto en el considerando último de esta resolución. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintitrés de abril de dos mil veintiuno. se tiene por rendido el informe justificado del Presidente de la Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en representación de dicho órgano laboral, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional; ahora, respecto de las constancias remitidas como justificación al informe que se recibe de la citada autoridad oficiante, intégrense en su totalidad por encontrarse relacionadas directamente con la litis constitucional. Notifíquese.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; nueve de abril de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Israel Castro García, por su propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 326/2021, y fórmese expediente. ADMISIÓN DE DEMANDA Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la ley reglamentaria, se admite la referida demanda. Sin tramitarse incidente de suspensión por no haberse solicitado. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se fijan las CATORCE HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL CATORCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional, en términos del artículo 115 de la Ley de Amparo; para ello, se hace saber a las partes que si es su deseo comparecer a la misma, lo podrán hacer mediante escrito que podrán presentar física o electrónicamente, o bien, solicitarlo conforme a las disposiciones que para tal efecto establece el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado en cuanto a su vigencia, así como a los turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial, por sus similares 25/2020, 37/2020 y 1/2021. Por lo que, de elegir comparecer de forma virtual a la audiencia constitucional, se autoriza el uso de la aplicación digital CISCO WEBEX, para su desahogo, en términos del Acuerdo General 12/2020 y del artículo 25 del diverso Acuerdo General 21/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos respectivamente a la regulación del uso de las videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, en cuyo caso, será necesario que proporcionen oportunamente su correo electrónico y número de teléfono para la autorización del ingreso al evento en la aplicación señalada; en el entendido que de no hacerlo, se celebrará la citada audiencia de manera remota sin el uso de la referida herramienta tecnológica. INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio de notificación, en el cual expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; según sea el caso, remitirá copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo y deberá informar sí con anterioridad la parte quejosa promovió algún juicio relacionado con los actos aquí reclamados, y en caso afirmativo remitirá las constancias que apoyen ese informe, salvo que se trate de un juicio radicado en este juzgado. Si no se rinde informe justificado se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. Asimismo, se informa a la autoridad responsable que las notificaciones se le practicaran por lista, salvo las que por su trascendencia se le deban notificar mediante oficio en términos del artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTOS Igualmente, se le informa que el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia, otorga la facultad para imponerle una multa que va de cien a mil unidades de medida y actualización vigente en el país, en caso de que no rinda su informe justificado, o lo haga sin remitir copia certificada de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Por otra parte, se comunica a las partes que en términos del artículo 64, están obligadas a informar de inmediato a este juzgado federal cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible acompañar las constancias que la acrediten; también deberán comunicar el fallecimiento de la parte quejosa, una vez que tengan conocimiento de ese hecho; apercibidas que en caso de incumplimiento se harán acreedoras a una multa, para el primer caso de treinta a trescientas unidades de medida y actualización vigente en el país, conforme lo establece el diverso numeral 251 y para el segundo de cincuenta a quinientas unidades, de conformidad con el arábigo 242, ambas disposiciones de la ley de la materia. NOTIFICACIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo; notifíquese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la radicación del juicio con copia simple de la demanda. TERCERO INTERESADO Conforme a lo previsto en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo, se tiene como tercera interesada a la Comisión Federal de Electricidad, con sede en esta ciudad; por tanto, con fundamento en el numeral 26, fracción II, inciso b), de la ley en aplicación, notifíquesele por medio de oficio que al efecto se gire el inicio del presente juicio adjuntándole copia de la demanda. PRUEBAS Ahora bien, con apoyo en el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba de la parte quejosa, la presuncional y la instrumental de actuaciones, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. INFORMACIÓN GENERAL Se informa a las partes, que de conformidad con los artículos 22, fracción I, 28 y 29 del citado Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración los avances tecnológicos, continúen con la tramitación de este asunto mediante el esquema de "juicio en línea". En la inteligencia que para ello, deben solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que este órgano jurisdiccional debe autorizar, para lo cual proporcionarán el nombre de usuario para el uso del sistema de los servicios en línea. De igual manera, acorde con el artículo 5, fracción I y 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado por sus similares 25/2020, 37/2020 y 1/2021, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, tratándose de comunicaciones no procesales se puede brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, por lo que se les invita para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrase y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. A su vez, se comunica a las autoridades responsables que el correo electrónico oficial de este juzgado es el 8jdo21cto@correo.cjf.gob.mx, y que el número de teléfono es 744 435 19 00 extensión 1001, en un horario de las trece horas con quince minutos a las diecinueve horas con quince minutos de lunes a viernes, hasta en tanto se encuentre vigente el referido Acuerdo General 1/2021. Del mismo modo, se les informa a las partes que acorde al numeral 3 del referido acuerdo general, para la consulta del expediente de manera física previamente deberán generar una cita, para lo cual habrán de ingresar al Portal de Servicios en Línea en el micrositio de "Servicios Jurisdiccionales", en el apartado "Agenda OJ", a fin de obtener fecha y hora para tal fin, y una vez concluido el proceso el sistema les proporcionara un Código QR que permitirá su ingreso al órgano jurisdiccional (y en su caso el de otra persona autorizada al expediente), mismo que estará condicionado a que quien acuda se identifique como la persona a cuyo nombre se generó la cita. En el entendido de que el acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. No obstante lo anterior, en la planta baja del edificio A, en que se encuentra este órgano jurisdiccional se habilitara una Oficialía de Partes Común para la recepción de promociones presentadas físicamente para el público en general y para quien carece de una cita, ello de conformidad con el artículo 12 del citado acuerdo general. Además, se informa a las partes que, dado el contexto de emergencia derivado de la actual situación sanitaria, tomando en consideración que el referido Acuerdo General 21/2020 y demás acuerdos que lo reforman, son de conocimiento público, el cual privilegia el uso de herramientas digitales, así como la salud de las personas justiciables y del personal jurisdiccional y ante la necesidad de permitir la continuación del trabajo jurisdiccional, las notificaciones de las determinaciones que en este asunto se dicten, se les practicarán por lista, salvo aquellas previstas por el artículo 26 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, en esta ciudad; y dada la naturaleza del juicio como su autorizado en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a ********************. DATOS DE CONTACTO De igual forma, téngasele proporcionando el número telefónico y el correo electrónico que al efecto indica, en términos del artículo 5, fracción I, en relación con el 22, fracción II del mencionado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, es decir para comunicaciones no procesales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la ley de la materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA. . . Notifíquese.

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