Ismael Rivera González

Expediente 1145/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 10 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1145/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
13/11/2023

Partes del expediente

  • Ismael Rivera González
  • Juez de Control del Podr Judicial de Baja California. Tijuana, Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio remitido por la autoridad responsable, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento efectuado en autos, proporciona nombres, domicilios, números telefónicos y correo electrónico, respectivamente, de N.L.S.R., en su carácter de víctima, J.D.J.M.B., en su carácter de ofendido y Wendy Liliana Viruete Pulido y Lizeth Yadira Esquivel Carreón, Agentes del Ministerio Público Titulares de la Unidad de Investigación Especializada contra la Vida y la Integridad. Por tanto, con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso c) y e), del multicitado ordenamiento legal, se reconoce el carácter de terceros interesados N.L.S.R., en su carácter de víctima, J.D.J.M.B., en su carácter de ofendido y Wendy Liliana Viruete Pulido y Lizeth Yadira Esquivel Carreón, Agentes del Ministerio Público Titulares de la Unidad de Investigación Especializada contra la Vida y la Integridad, quienes intervinieron en la causa penal 4133/2023. En consecuencia, emplácesele por medio de oficios a las Agentes del Ministerio Público antes referidas, corriéndoles traslado con copia de la demanda de amparo, del auto admisorio, informe justificado rendido por la responsable, así como del presente proveído, haciéndoles saber la fecha señalada para la audiencia constitucional, esto es, a las diez horas con treinta minutos del diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, lo anterior para los efectos legales conducentes. Ahora, por lo que respecta al emplazamiento de la víctima y ofendido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 20, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 40 de la Ley General de Víctimas, con copia de la demanda y con el oficio de cuenta, del cual se advierte información personal de los terceros interesados, fórmese cuadernillo de sigilo por cuerda separada; lo anterior a fin de no vulnerar sus derechos y proteger sus datos personales. En el entendido, de que deberá glosarse original del oficio de cuenta al cuadernillo de sigilo, por contener datos sensibles de la víctima, el cual deberá resguardarse en la secretaría de este juzgado. Notifíquese y emplácese por oficio a las terceras interesadas.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio enviado por el Oficial Tres del Registro Civil de la Delegación La Presa Abelardo L. Rodríguez, de esta ciudad, mediante el cual en atención al requerimiento efectuado el veintiséis de septiembre del año en curso, informa que no encontró registro del acta de defunción a nombre de ********************; toda vez que en proveído de dieciséis de octubre del año en curso, se decretó la imposibilidad jurídica de la autoridad responsable para dar cumplimiento a la sentencia. Cúmplase.

  3. Incidental

    Tijuana, Baja California, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese al presente expediente el oficio y anexos remitido por la autoridad señalada como responsable Jueza de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia autentificada del audio y video (disco versátil digital) de la audiencia de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, consistente en la audiencia de revisión de medida cautelar llevada a cabo por la referida autoridad responsable, en cumplimiento a la suspensión provisional otorgada a la parte quejosa. Atento a ello, se toma conocimiento de lo informado por la autoridad oficiante, para los efectos legales a que haya lugar. Sin que haya necesidad de llevar a cabo una audiencia especial de reproducción de su contenido, mismo que queda a disposición de las partes para su consulta; en el entendido de que, si es su deseo imponerse de ésta, su reproducción se realizará en las instalaciones de este juzgado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, página 703, Décima Época, registro 2004362, que dispone: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD), SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.". Notifíquese.

  4. Incidental

    En Tijuana, Baja California, a las nueve horas con quince minutos del seis de octubre de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la celebración de la audiencia incidental que refiere el artículo 144 de la Ley de Amparo, correspondiente al incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1145/2023-F, promovido por********************, por conducto de su defensor particular ********************, contra actos del Juez de Control del Poder Judicial de Baja California, con sede en esta ciudad; ante la presencia de Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistida de Daniela Cecilia Félix Chávez, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia, sin la comparecencia personal de las partes ni representante legítimo de ellas. Lectura de constancias. Enseguida, la Secretaria procede a hacer relación de las constancias que obran agregadas en autos, entre las que se encuentran: a) escrito inicial de demanda de amparo; b) auto de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se abrió a trámite el incidente en que se actúa y se concedió la suspensión provisional, y c) informe previo rendido por la autoridad responsable. A lo que la Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias que se indican para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo de pruebas, se hace constar que ninguna de las partes ofreció las pruebas de su intención. A lo que la Juez acuerda: Toda vez que las partes no ofrecieron pruebas se cierra este periodo. Abierta la etapa de alegatos, la Secretaria hace constar que ninguna de las parte los formuló. La Juez acuerda: Se tiene por hecha la manifestación realizada por la Secretaria y por precluido el derecho de las partes a formular alegatos; en consecuencia, toda vez que no obran alegatos pendientes por desahogar, se cierra el presente periodo. Cierre de audiencia. Al no haber diligencias pendientes por desahogar, se declara cerrada la audiencia incidental, se levanta la presente acta para constancia legal y se procede a dictar la siguiente resolución. Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1145/2023-F, promovido por********************, por conducto de su defensor particular ********************, contra actos del Juez de Control del Poder Judicial de Baja California, con sede en esta ciudad; y, R e s u l t a n d o I. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, en este Juzgado********************, por conducto de su defensor particular ********************, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos y autoridad que, previa aclaración de su denominación, es la siguiente: Autoridad responsable Jueza de Control de Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad. Actos reclamados "IV.- NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA, ACTO RECLAMADO: Reclamo el "desechamiento de plano" de la solicitud de revisión de medida cautelar impuesta a mi representado por el juez responsable dentro de la causa penal ********************, en fecha 12 de septiembre de 2023 y notificado el suscrito el mismo día, pero conforme al código nacional de procedimientos penales surtió efectos al día siguiente, por considerarlo probable participante del delito de Homicidio Calificado y Homicidio Calificado en Grado de Tentativa, previsto y sancionado en el artículo 123, 126, 147, 148, del Código Penal Vigente en la Entidad por el cual fue formalmente imputado por el representante social. Así como la medida cautelar de prisión preventiva oficios impuesta al quejoso." Segundo. Trámite. En proveído de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, se ordenó abrir en original del presente cuaderno incidental, se solicitó el informe previo, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental, la que previo trámite correspondiente se desarrolló al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o Primero. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, toda vez que deriva del juicio de amparo indirecto 1145/2023-F, del cual conoce este órgano de control constitucional, ya que conserva jurisdicción para conocer de las cuestiones relativas a las incidencias que deriven de tal procedimiento, atento al principio de unidad que rige al juicio de amparo, asimismo de conformidad con los Acuerdos Generales 3/2013 y 13/2019 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, se señala que el acto reclamado a la autoridad responsable, consiste en lo siguiente: El desechamiento de plano de la solicitud de revisión de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso, en doce de septiembre de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal ********************, del índice de la Juez responsable. Tercero. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Jueza de Control de Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, toda vez que así lo señaló al rendir su informe previo. Cuarto. Se concede suspensión definitiva. En la especie, el artículo 128 de la Ley de Amparo, establece como requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado que la solicite la parte quejosa y no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Igualmente, el artículo 138 de la ley en cita, establece que promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social. Por su parte, el artículo 147 de la ley de la materia, en su párrafo segundo dispone que en los casos en que la suspensión fuera procedente, atendiendo la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Ahora bien, la apariencia del buen derecho, ha sido definida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como la comprobación aparente del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo, se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Lo anterior, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones. Definición que se desprende de la jurisprudencia 949, visible en la página mil sesenta y seis del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995-2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Común Primera Parte - SCJN Novena Sección - Suspensión del acto reclamado Subsección 1- Reglas generales, Materia: Común, Novena Época, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. La suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. El primero de ellos se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Dicho requisito aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, para la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ese examen encuentra además fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional, en cuanto establece que para el otorgamiento de la medida suspensional deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de violación alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho que se dice violado. Esto es, el examen de la naturaleza de la violación alegada no sólo comprende sino que implica también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y su trascendencia. En todo caso dicho análisis debe realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones, en el entendido de que deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión, porque si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil repartición que pueda sufrir el quejoso, deberá llegarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público o del interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado. Con este proceder, se evita el exceso en el examen que realice el juzgador, el cual siempre quedará sujeto a las reglas que rigen en materia de suspensión". Por tanto, por lo que hace al acto reclamado consistente en el desechamiento de plano de la solicitud de revisión de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso, en doce de septiembre de dos mil veintitrés, dado que se le imputan los hechos que la ley señala como los delitos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa; en uso de la apariencia del buen derecho, a fin de salvaguardar el derecho humano a la libertad personal, se debe verificar de manera justificada que se aplique una medida legítima, idónea, necesaria y proporcional para cumplir el fin que se persigue. Por otra parte, en relación con el tópico de peligro en la demora, este presupuesto se satisface porque el quejoso se encuentra privado de la libertad precisamente con motivo de la ejecución del acto reclamado, por lo que si a pesar que tiene matices de devenir inconvencional, no se suspende con efectos restitutorios, la afectación es permanente mientras persista la prisión preventiva oficiosa y puede llegarse al extremo de que se consume irreparablemente. Asimismo, en lo atinente a la afectación al interés social y la contravención a disposiciones de orden público, no se aprecia que se encuentren comprometidos, porque en líneas precedentes ya se estableció que excepcionalmente sí puede otorgarse la suspensión respecto de medidas cautelares bajo la ponderación de los elementos que anteriormente se han desarrollado; más aún cuando, como se precisará, la suspensión que se otorgue no tendrá como efecto que el quejoso quede en libertad en automático por virtud de esta suspensión. Sin que se desatiendan las disposiciones contenidas en el diverso artículo 129 de la Ley de Amparo, donde se describen diversas hipótesis respecto de las cuales se seguiría perjuicio al interés social o se contravendrían disposiciones de orden público, de concederse la suspensión; lo anterior pues, aun en estos supuestos, el análisis debe ser realizado de acuerdo al hecho concreto; más aún que en el último párrafo de dicho precepto normativo se otorgan facultades para que el órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente pueda conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en el citado artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social. Por tanto, lo procedente es conceder a la parte quejosa la suspensión definitiva del acto reclamado, para los efectos siguientes: a) Si efectivamente la parte quejosa esta privada de su libertad en virtud de la prisión preventiva oficiosa y en el caso de no haber acontecido, ya que en el presente incidente le fue concedida la suspensión provisional para este efecto, en el término de cuarenta y ocho horas la Juez responsable cite a una audiencia a las partes, donde deje insubsistente tal medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso; b) Otorgue la oportunidad a las partes de que, de solicitarse por el fiscal, se debata la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva o cualquiera de las previstas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, conforme con lo establecido en los artículos 161 y demás aplicables de dicho código procesal. c) Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción determine lo que en derecho corresponda. Lo anterior, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que en su caso se dicte en el juicio principal del cual deriva del juicio en que se actúa. Refuerza el sentido de esta resolución la jurisprudencia PR.P.CN. J/13 P (11a.), sustentada por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, Materia Común, Penal, Undécima Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2027280, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE RECLAMA LA IMPOSICIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, LA PERSONA JUZGADORA NO DEBERÁ LIMITARSE A LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 166, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, SINO QUE DEBERÁ OTORGARLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS DE TUTELA ANTICIPADA, YA QUE LAS SENTENCIAS VINCULANTES EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EN LOS CASOS TZOMPAXTLE TECPILE Y OTROS Y GARCÍA RODRÍGUEZ Y OTRO EN LAS QUE FUE DECLARADA INCONVENCIONAL ESA MEDIDA, CONSTITUYEN UN FACTOR DETERMINANTE PARA TENER POR DEMOSTRADA LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al resolver diversos recursos de queja, realizaron un análisis jurídico para determinar si era procedente o no conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios cuando el acto reclamado en un juicio de amparo es la imposición de la prisión preventiva oficiosa. Así, uno de los órganos contendientes concedió la suspensión provisional únicamente para el efecto de que, en lo que se refiera a su libertad, la parte quejosa quedara a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señalara y a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer del procedimiento penal para efectos de su continuación, en términos de lo dispuesto en los artículos 163 y 166, fracción I, de la Ley de Amparo; asimismo, argumentó que no era factible conceder la suspensión con efectos restitutorios, en virtud de que con ello se inobservarían los artículos 19 constitucional, 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 217 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.) derivada de la contradicción de tesis 293/2011, resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otra parte, el diverso órgano jurisdiccional contendiente, concedió la suspensión provisional con efectos restitutorios, en observancia a una tutela provisional anticipada, al considerar que el artículo 128 de la Ley de Amparo no impide conceder la suspensión para dicho efecto, esto es, al no ser una disposición absoluta, ya que la mencionada normativa constituye la regla general al analizar la suspensión de los actos que se impugnen en el juicio de amparo y, por ende, pueden existir excepciones a ese lineamiento general. Igualmente, destacó que no se protegen los derechos de la parte quejosa con motivo de la suspensión en aplicación estricta de los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo, de manera que, de conformidad con las sentencias internacionales en las que se determinó la responsabilidad del Estado Mexicano, por la inconvencionalidad de la figura de la prisión preventiva oficiosa, concedió la medida suspensional para efecto de que el Juez de Control señalara fecha para la celebración de una audiencia de revisión de medida cautelar y fijara una diversa, haciendo la precisión de que sólo se podría imponer la prisión preventiva en caso de ser justificada. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que con base en una interpretación conforme del artículo 166 de la Ley de Amparo, en correlación con el artículo 107, fracción X, constitucional, es posible conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios cuando el acto reclamado sea la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, debido a que las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Tzompaxtle Tecpile y otros contra México y García Rodríguez y otro contra México (en las que entre otras cuestiones, se condenó al Estado Mexicano y se declaró la inconvencionalidad de dicha medida cautelar) son vinculantes y, por tanto, acreditan la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y la no afectación al orden público. Justificación: Tal como se resolvió en la contradicción de tesis 293/2011, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la que derivaron las jurisprudencias P./J. 20/2014 (10a.) y P./J. 21/2014 (10a.), el bloque de constitucionalidad está conformado tanto por los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como por aquellos que se encuentren inmersos en los tratados internacionales, mismos que fueron incorporados a nuestra Norma Fundamental por mandato del propio artículo 1o., creando así un parámetro de regularidad constitucional amplificado, que los relaciona entre sí, sin distinción jerárquica. Asimismo, la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para el Estado Mexicano, aun en los casos en donde no sea condenado, bajo la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento, por lo que debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional y, de no ser ello posible, aplicar el criterio que resulte más favorable a la protección de los derechos humanos. Bajo las anteriores consideraciones, para determinar si resulta procedente conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios, cuando el acto reclamado sea la imposición de la prisión preventiva oficiosa, la persona juzgadora de amparo no sólo debe limitarse a los efectos establecidos en el artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo, es decir, que el quejoso quede a disposición de la persona juzgadora de Distrito únicamente en cuanto a su libertad personal y a disposición del Juez de la causa para la continuación del procedimiento, sino que es posible una concesión de tutela anticipada, toda vez que los pronunciamientos hechos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las sentencias correspondientes a los casos ya señalados en donde se declaró la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, son elementos que permiten la actualización de la apariencia del buen derecho, pues ello hace presumible que hay probabilidades jurídicas considerables para que el acto reclamado, en su momento, sea declarado inconstitucional. De modo que, cuando la parte quejosa solicite la suspensión provisional por la imposición de dicha medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, ésta deberá otorgarse con efectos de tutela anticipada, frente a lo cual, el Juez de la causa, con base en las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, deberá convocar a una audiencia dentro de un plazo de cuarenta y ocho horas, en la que prescinda de la prisión preventiva oficiosa reclamada en el juicio de amparo y podrá imponer una diversa, previo contradictorio entre las partes, en el expreso entendido de que la prevalencia del principio pro persona y la interpretación conforme, no implican la inobservancia de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la inaplicación de algún precepto constitucional o secundario, desvirtuar la finalidad específica de los mecanismos jurídicos regulados en el orden jurídico nacional, la eliminación de cierta figura procesal, ni en absoluto el cuestionamiento del Texto Constitucional, toda vez que, el pronunciamiento sobre si deberá prevalecer la jurisprudencia nacional o la internacional, será materia de evaluación que deba realizar la persona juzgadora de Distrito en el fondo del asunto, es decir, la tutela anticipada es una medida provisional y no sustituye la sentencia definitiva, por lo que la suspensión deberá ser concedida en los términos antes señalados." En el mismo sentido lo determinó el Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, al resolver el recurso de queja penal ********************, de su índice, derivado del incidente de suspensión del juicio de amparo ********************, del índice de este juzgado. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 125, 128, 141 y 144 de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e: Único. Se concede la suspensión definitiva solicitada por********************, contra los actos reclamados a la autoridad responsable precisada en el considerando tercero, y por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta interlocutoria. Notifíquese.

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