Israel Arturo Silva Aguirre
Expediente 232/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 232/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/03/2023
Partes del expediente
- Israel Arturo Silva Aguirre
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, a veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de queja dentro del plazo legal, en contra del auto dictado el catorce de marzo del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo que dio inicio al presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2 de la Ley de Amparo, se declara que el mismo ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo décimo quinto, del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. Ahora, en cumplimento al artículo vigésimo primero inciso b), del citado acuerdo, se establece que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, una vez que se cumplan tres años a partir de esta fecha, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese. Así, lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, asistida de José Alejandro Ortiz Monroy, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Notifíquese personalmente al quejoso.
- Principal
Tijuana, Baja California, a ocho de marzo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Ismael Velazco Méndez, a favor de Israel Arturo Silva Aguirre, contra actos del Director del Centro de Reinserción Social El Hongo 1, con sede en Tecate, Baja California, y de otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo bajo número 232/2023-E. Ahora, ya que en el escrito inicial se señalan como actos reclamados, en esencia, el hecho de no proporcionarle al directamente agraviado la atención médica para los problemas de salud que dice presenta, así como los correspondientes medicamentos necesarios, los cuales no encuadran en las hipótesis previstas en los numerales 15 de la Ley de Amparo o 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es procedente decretar la suspensión de plano de los actos reclamados, de conformidad con el precepto 126 de la ley de la materia; sin embargo, se provee en los siguientes términos. Ratificación de la demanda. Con apoyo en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase al directamente agraviado Israel Arturo Silva Aguirre, para que manifieste si ratifica o no la demanda promovida en su favor, lo que podrá realizar en el acto de la notificación de este proveído o bien dentro de los tres días siguientes, legalmente computados, bajo apercibimiento que de no hacerlo así se tendrá por no presentada la demanda de amparo, quedando sin efecto las providencias dictadas. De igual manera, el Actuario de la adscripción deberá requerirle lo siguiente: 1. Hacerle del conocimiento que tiene el derecho de designar como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a cualquier profesionista; 2. Para el caso de que no se encuentre en posibilidad de realizar tal designación, hágasele saber que puede solicitar se le designe a un Asesor Jurídico, dependiente del Instituto de Defensoría Pública Federal. Lo cual podrá hacer del conocimiento del Actuario de la adscripción, al momento de la notificación o por escrito en cualquier etapa del procedimiento. Prevención. De igual manera, Es obligación de esta juzgadora examinar en su integridad el escrito de demanda, y si hubiere alguna irregularidad o deficiencia en éste, mandar prevenir a quien promueve para que llene los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que correspondan, dando oportunidad para que pueda subsanarlas en tiempo. Ahora, una vez que se ha analizado el escrito de demanda, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114, fracciones I y II, en relación con el 108, fracción V, todos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente, en caso de haber ratificado la demanda promovida a su favor, para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente a aquél en que le surta efectos la notificación del presente proveído, dé cumplimiento a la siguiente prevención: Bajo protesta de decir verdad, manifieste si formuló controversia ante el juez de ejecución, conforme a lo establecido en el artículo 114 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que a la letra establece: "Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas. El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito." Apoya lo anterior, la jurisprudencia PC.III.P. J/18 P (10a.) del Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito, visible a página 1701, libro 58, septiembre de 2018, tomo II, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. Conforme a los artículos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento, entre las que se encuentran la falta o negativa de atención médica adecuada, ya sea urgente o no urgente. Adicionalmente, cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, para el caso de que la respuesta que recaiga a su petición no satisfaga sus necesidades, incluso, contra la omisión de dar respuesta oportuna. Ante ese marco normativo ágil y eficaz, previo a promover el juicio de amparo indirecto deben agotarse el procedimiento administrativo de peticiones, así como los medios de impugnación previstos en la ley citada, en atención al principio de definitividad." Asimismo, robustece lo aquí planteado, la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10ª.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 230, libro 61, diciembre de 2018, tomo I, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." Además, la jurisprudencia IV.3o.A. J/18 (9a) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, visible en la página 3709, libro III, diciembre de 2011, tomo 5, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "REVISIÓN EN EL AMPARO. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DE REQUERIR AL QUEJOSO PARA QUE ACLARE SU DEMANDA CUANDO ÉSTA ES OSCURA E IMPRECISA AL SEÑALAR EL ACTO RECLAMADO, DA LUGAR A QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CONOZCA DEL RECURSO ORDENE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA QUE SE SUBSANE LA FALTA. A fin de integrar debidamente la litis en el juicio de amparo, es menester que el quejoso señale el acto reclamado con claridad y precisión, pues sólo así podrá el juzgador fijar correctamente la litis, analizar la procedencia del juicio y eventualmente la constitucionalidad del acto; por tanto, si la demanda de garantías es oscura e imprecisa al señalar el acto cuya inconstitucionalidad alega, el Juez de Distrito está obligado a requerir al promovente en términos del artículo 146 de la Ley de Amparo para que la aclare y, en caso de no hacerlo, el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de la revisión debe ordenar la reposición del procedimiento para que se formule el requerimiento de mérito, pues la correcta fijación de la litis constituye la base que posibilita la emisión de una sentencia congruente y es obligación del órgano revisor velar por que se satisfaga tal extremo." Lo requerido deberá ser expuesto directamente por el quejoso, por ser un acto personalísimo y que únicamente a él le corresponde; bajo el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, en el término y condiciones antes apuntados, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata, lo anterior con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia. Sin que pase desapercibido ante esta juzgadora, que el promovente solicita la suspensión de plano de los actos reclamados, con fundamento en los numerales 125, 126, 127 y 128 de la Ley de Amparo; sin embargo, no procede decretarla en esos términos, en virtud de que del análisis del escrito de demanda, no se advierte que los actos tildados de inconstitucionales, sean de los establecidos por el artículo 22 constitucional. Lo anterior es así, pues se considera que los actos reclamados, no colocan al promovente en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, al grado de equipararse tal situación a un tormento. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo que se fija, se tendrá por no presentada dicha demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo. Domicilio. En términos del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena a los actuarios de la adscripción, que la notificación que derive de este auto se realice personalmente al impetrante en el Centro de Reinserción Social "El Hongo", con residencia en Tecate, Baja California, en virtud de encontrarse recluido en dicho centro penitenciario. Días y horas inhábiles. Se habilitan días y horas inhábiles a los actuarios de este Juzgado, para que notifiquen el presente proveído, así como las subsecuentes actuaciones que se dicten dentro del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de Ley de Amparo. Expediente electrónico. En atención al Acuerdo General 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y los diversos Acuerdos Generales Conjuntos 1/2009 y 1/2015, ambos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al contenido del artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese personalmente.
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