Ismael Isaac Valenzuela León

Expediente 1234/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1234/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
11/10/2023

Partes del expediente

  • Ismael Isaac Valenzuela León

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Incidental

    Vistos, para resolver en definitiva los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1234/2023-E, promovido por Ismael Isaac Valenzuela León, por conducto de su Defensor Público Federal José Juan Salinas Paredes, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, en funciones de Juez de Control. RESULTANDO. PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, Ismael Isaac Valenzuela León, por conducto de su Defensor Público Federal José Juan Salinas Paredes, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra los actos y autoridades siguientes: Acto reclamado: "La determinación de siete de septiembre del año en curso emitida en audiencia de debate realizado entre las partes en el que impuso la prisión preventiva justificada como medida cautelar a la que debería sujetarse el imputado Ismael Isaac Valenzuela León en términos del artículo 155 fracción XIV del Código Nacional de Procedimientos Penales." Autoridad Responsable: 1. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, en funciones de Juez de Control. Por considerarlos violatorios de los artículos 1°, 16, 17, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. Se admitió a trámite la demanda, ordenando formar el incidente de suspensión, en el que se solicitó informe previo a la autoridad responsable y se citó a las partes para la celebración de la audiencia incidental, por lo que una vez agotados los trámites de instancia, corresponde dictar la resolución que en derecho corresponda; y, CONSIDERANDO. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, 128 y 140 de la Ley de Amparo; 49 y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y los Acuerdos Generales 3/2013 y 13/2019 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 146 de la Ley de Amparo, y atendiendo al estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama en esencia lo siguiente: - La resolución de siete de septiembre de dos mil veintitrés, emitida en la causa penal 902/2023, en la que se impuso al aquí quejoso la prisión preventiva justificada como medida cautelar. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, en funciones de Juez de Control, con sede en esta ciudad, (en su denominación correcta) manifestó ser ciertos los actos reclamados, tal y como se advierte de su informe previo. CUARTO. Ahora, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, en el que se establece que la resolución que decida sobre la suspensión debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado, se determina que, conforme a la lectura integral de la demanda de amparo, la parte quejosa pide la suspensión de los actos reclamados para que se le otorgue con efectos restitutorios respecto a la medida cautelar de prisión preventiva justificada que le fue impuesta. En ese sentido, conviene precisar que el artículo 128 de la Ley de Amparo exige dos requisitos para conceder la suspensión, a saber: ".Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: Que la solicite el quejoso; y Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado.". Así, esta juzgadora considera que se cumple con los requisitos del dispositivo legal antes transcrito, puesto que la suspensión la solicita la parte quejosa, no se sigue perjuicio al interés social y tampoco se contravienen disposiciones de orden público con el otorgamiento de la medida suspensional. Sin embargo, es necesario establecer que el artículo 128 de la Ley de Amparo, dice lo siguiente: ".Que no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial.". Por su parte, el artículo 147 de la misma Ley, prevé que: "En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo". Así, aun cuando el artículo 128 de la Ley de Amparo establece que no serán objeto de suspensión las medidas cautelares concedidas por autoridad judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad 62/2016, analizó la porción normativa contenida en el párrafo tercero del numeral antes citado, en la que expresamente se establece la improcedencia de la suspensión tratándose de medidas cautelares. Sin embargo, en dicho asunto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la norma impugnada no prohíbe de manera tajante la suspensión de los actos en contra de las medidas cautelares dictadas en el procedimiento penal por autoridad judicial, dado que se trastocaría el derecho a un recurso efectivo, por lo que dijo que el juzgador de amparo debe determinar, en cada caso, si la naturaleza del acto permite o no su suspensión y, una vez establecido ello, si la concede o no, deberá ponderar la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, con el interés social. Lo anterior, aunado a lo dispuesto en los artículos 166, párrafo segundo y 147, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, en cuyo caso el primero no prohíbe la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, tratándose de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada y el segundo prevé la posibilidad de otorgar la suspensión solicitada con efectos restitutorios provisionales (tutela anticipada), pues de esa manera se evita que el juicio de amparo se convierta en un instrumento estéril para garantizar una tutela jurisdiccional efectiva. Cobra aplicación, en lo conducente, la Jurisprudencia 1a./J. 50/2017 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Libro 47, octubre de 2017, Tomo I, página 483, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2015310, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. PARA DECIDIR SOBRE LA SUSPENSIÓN DE ACTOS RECLAMADOS NO PREVISTOS EN LA PARTE ESPECIAL DE LA LEY DE AMPARO ("EN MATERIA PENAL"), DEBEN APLICARSE LAS NORMAS DE LA PARTE GENERAL, QUE PERMITEN PONDERAR LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO, EL PELIGRO EN LA DEMORA Y LA AFECTACIÓN AL INTERÉS SOCIAL. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, demanda la existencia de una garantía eficaz de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de las garantías principales de estos derechos. La suspensión del acto reclamado, como medida cautelar, es un instrumento para garantizar la eficacia del juicio de amparo, porque conserva su materia y evita daños irreparables o difícilmente reparables a los derechos del quejoso. Ahora bien, la segunda parte de la sección tercera, del capítulo I, del título II, de la Ley de Amparo, sobre la suspensión en materia penal, establece un conjunto de normas relativas a la medida cautelar de clases específicas de actos que, por su recurrencia e incidencia en la libertad personal, el legislador consideró necesario regular de manera especial. Sin embargo, esto no implica que los actos en materia penal distintos de los expresamente regulados en ese apartado, no sean susceptibles de suspenderse, ya que en estos casos también debe garantizarse el derecho fundamental a un recurso efectivo. En consecuencia, para decidir sobre la suspensión en estos casos, deben aplicarse las disposiciones sobre la suspensión del acto reclamado, previstas en la primera parte ("reglas generales") de esa sección de la Ley de Amparo, que permiten, en principio, ponderar la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y la afectación al interés social." Sin embargo, esta juzgadora considera que en el caso no es procedente la suspensión definitiva solicitada para los efectos que se piden; para arribar a esta conclusión, es necesario traer a colación la Jurisprudencia PR.P.CN. J/11 P (11a.) sustentada por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, con registro digital 2026999, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO RESPECTO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. AL PROVEER SOBRE LA MEDIDA SUSPENSIONAL, EL ÓRGANO DE AMPARO NO DEBE LIMITARSE AL EFECTO PRECISADO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 166 DE LA LEY DE AMPARO, SINO QUE DEBE HACER UN ANÁLISIS DE PONDERACIÓN DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA FRENTE AL INTERÉS SOCIAL Y LA NO CONTRAVENCIÓN DE DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO, ANALIZANDO CASO POR CASO, CONFORME A LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN X, CONSTITUCIONAL, 138 Y 147 DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes resolvieron en forma divergente al analizar si procede la suspensión provisional para el efecto de poner en libertad al quejoso, respecto de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, cuando éste ya se encuentre materialmente detenido por delito que no implica prisión preventiva oficiosa, bajo el análisis de la inconvencionalidad del párrafo segundo del artículo 166 de la Ley de Amparo. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que no obstante ser convencional el párrafo segundo del artículo 166 de la Ley de Amparo, los efectos de la suspensión provisional cuando el quejoso ya se encuentra materialmente detenido por orden de autoridad competente podrá tener efectos restitutorios, es decir, la libertad del quejoso, para lo cual el órgano de amparo, al resolver, deberá atender caso por caso, con apoyo en la herramienta que dan los artículos 107, fracción X, constitucional, 138 y 147 de la Ley de Amparo, bajo la ponderación de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora frente al interés social y la no contravención de disposiciones de orden público. Justificación: El párrafo segundo del artículo 166 de la Ley de Amparo es convencional, toda vez que no prohíbe de forma tajante la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, tratándose de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada; por tanto, bajo una interpretación conforme del citado artículo, acorde con lo establecido en los artículos 138 y 147 de la propia ley, en relación con el 107, fracción X, constitucional, no debe limitarse al efecto señalado, porque ello no representa ningún beneficio y no protege el derecho humano a la libertad personal. En ese sentido, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 62/2016 en sesión de 6 de julio de 2017, estableció que hay excepciones al analizar la suspensión de los actos que se impugnan en el amparo, siendo al juzgador de amparo a quien le corresponde analizar cada caso concreto y realizar la determinación relativa atento a la naturaleza del acto, al interés social, a la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora, a efecto de determinar si alguna medida cautelar o de protección puede ser suspendida; por lo que el órgano de amparo, basado en dicha interpretación, atenderá al segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, que dispone que la suspensión puede tener un efecto de tutela anticipada, es decir, de restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado en tanto se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, y al realizar la ponderación de la apariencia del buen derecho analizará si efectivamente el acto reclamado (prisión preventiva justificada) cumple con los siguientes requisitos: a) que la finalidad de la medida que prive la libertad sea compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos; b) que la medida adoptada sea idónea para cumplir con el fin perseguido; c) que sea necesaria, en la medida que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin legítimo, es decir, que el quejoso no impedirá el desarrollo del procedimiento, ni eludirá la acción de la justicia; d) que resulte estrictamente proporcional; y e) que dicha medida esté lo suficientemente motivada atento a que permita evaluar si se ajusta a todo lo señalado." De la propia ejecutoria emitida por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en resolución de sesión ordinaria virtual de quince de junio de dos mil veintitrés, donde se resolvió la contradicción de criterios número 36/2023, determinó: "De ahí que, en pleno acatamiento al deber de salvaguardar la tutela de Derechos Humanos bajo un principio de progresividad, que consagra el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y ante la probabilidad de que el acto reclamado pueda declararse inconstitucional al momento en que se resuelva lo principal del juicio de amparo, la suspensión provisional concedida también podría tener efectos restitutorios, es decir que el quejoso sea puesto en libertad, siempre y cuando el órgano de amparo al realizar la ponderación de la apariencia del buen derecho (juicio valorativo de probabilidad) advierta que efectivamente el acto reclamado (prisión preventiva justificada) no cumple con los siguientes requisitos: - Que existan presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito (deben estar fundados y expresados con base en hechos específicos, no en meras conjeturas),16 y - La relación del quejoso con ese hecho. 194. En el entendido que dicha determinación no debe tener ningún efecto respecto de la responsabilidad del quejoso, dado que ello será decidido por un juez diverso al de amparo, esto es, al que en su momento resuelva el fondo del asunto. Así como: - Que la finalidad de la medida que prive la libertad sea compatible con la Convención Americana. - Que la medida adoptada sea idónea, para cumplir con el fin perseguido. - Que sea necesaria, en la medida que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin legítimo, es decir que el quejoso no impedirá el desarrollo del procedimiento, ni eludirá la acción de la justicia. - Que resulte estrictamente proporcional. - Que dicha medida esté lo suficientemente motivada atento a que permita evaluar si se ajusta a todo lo señalado." De lo anterior, se obtiene que si bien la suspensión definitiva podría tener efectos restitutorios, es decir, que el quejoso sea puesto en libertad, también lo es que ello procede siempre y cuando el órgano de amparo al realizar la ponderación de la apariencia del buen derecho (juicio valorativo de probabilidad) advierta que efectivamente el acto reclamado (prisión preventiva justificada) no cumple con los requisitos siguientes: 1. Que existan presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito (deben estar fundados y expresados con base en hechos específicos, no en meras conjeturas),18 y 2. La relación del quejoso con ese hecho. 3. Que la finalidad de la medida que prive la libertad sea compatible con la Convención Americana. 4. Que la medida adoptada sea idónea, para cumplir con el fin perseguido. 5. Que sea necesaria, en la medida que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin legítimo, es decir que el quejoso no impedirá el desarrollo del procedimiento, ni eludirá la acción de la justicia. 6. Que resulte estrictamente proporcional. 7. Que dicha medida esté lo suficientemente motivada atento a que permita evaluar si se ajusta a todo lo señalado. Ahora bien, en el caso concreto, por el momento, no se tienen elementos objetivos suficientes para poder determinar si dichos requisitos se cumplen o no. Sin que se desatienda que al momento de decidir sobre la suspensión provisional, se tiene que otorgar credibilidad a lo firmado bajo protesta de decir verdad por parte del quejoso en el capítulo de antecedentes de la demanda de amparo, siempre que se trate de hechos razonables y verosímiles, ya que en este momento procesal no se dispone de mayores elementos de convicción que desvirtúen lo manifestado por el promovente en cuanto a la existencia del acto reclamado, su naturaleza y los perjuicios que se les pueden ocasionar con su ejecución, pues no se cuenta con pruebas para proveer sobre la medida, ante el peligro de inminente ejecución del acto reclamado, razón por la que apoyándose en tales datos debe concederse la suspensión, independientemente de que durante el trámite del incidente suspensivo se aporten pruebas, sean valoradas de conformidad con las disposiciones aplicables y se pueda conceder o negar la medida suspensional en forma definitiva. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis con registro digital número 217148, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito; visible en la página 400, del Tomo XI, Marzo de 1993, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que a la letra dice: "SUSPENSION PROVISIONAL, LO AFIRMADO POR EL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LOS ANTECEDENTES DE SU DEMANDA DE AMPARO DEBE TOMARSE EN CONSIDERACION PARA EL OTORGAMIENTO DE LA. Es frecuente que en el momento de decidir sobre la suspensión provisional, el juez de Distrito no cuente con pruebas para proveer sobre tal medida, siendo lógico e inevitable que ante el peligro de inminente ejecución del acto reclamado, tenga que otorgar credibilidad a lo afirmado bajo protesta de decir verdad por el quejoso en el capítulo de antecedentes de la demanda de garantías siempre que se trate de hechos razonables y verosímiles; ya que el juzgador, en ese momento procesal, no dispone de mayores elementos de convicción que desvirtúen lo manifestado por el promovente en cuanto a la existencia del acto reclamado, su naturaleza y los perjuicios que se le pueden ocasionar con su ejecución. Es por lo anterior que apoyándose en tales datos y con fundamento en el artículo 130 de la Ley de Amparo el juez debe conceder la suspensión provisional, independientemente de que durante el trámite del incidente suspensivo se aporten pruebas, sean valoradas de conformidad con las disposiciones aplicables y se pueda conceder o negar la medida suspensional en forma definitiva.". Sin embargo en el caso, pese a que en el escrito de demanda la parte quejosa hace una narración del desarrollo de la audiencia inicial, donde se determinó la medida cautelar impuesta, dicha narración no se puede tener como hechos razonables y verosímiles, que deban tomarse en cuenta para que esta juzgadora pueda establecer si se cumplen o no los requisitos establecidos por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, para la procedencia de la suspensión definitiva con efectos restitutorios consistentes en decretar la libertad del quejoso. Por lo que, por el momento no se está en condiciones de conceder la suspensión definitiva solicitada para los efectos pretendidos. Sin embargo, lo procedente es conceder a Ismael Isaac Valenzuela León, la suspensión definitiva del acto reclamado, para el efecto establecido en el artículo 166 de la mencionada ley; esto es, para que quede a disposición de este juzgado en el lugar de su reclusión por lo que hace su libertad personal y a disposición del Juez responsable para la continuación del proceso penal 902/2023 del índice de la autoridad responsable, que se le instruye, - por ser de orden público, por tanto insuspendible-, en virtud que dicha concesión no conlleva afectación alguna al proceso, sin perjuicio de las facultades del Juez responsable para determinar su libertad en los casos en que legalmente proceda y bajo su más estricta responsabilidad; lo anterior, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se llegue a dictar en el juicio de amparo del cual deriva el incidente de suspensión en que se actúa. Lo anterior es así, toda vez que las solicitudes de medidas cautelares según lo dispone el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se resuelven por un Juez de Control en forma inmediata y por cualquier medio, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. De tal manera que para su emisión "ya existió un escrutinio judicial por el Juez de Control, cuya función es vigilar que las actuaciones de investigación se realicen sin infringir los derechos fundamentales de los implicados en la controversia penal." Ello, aunado a que el supuesto que prevé el numeral 166 fracción II de la Ley de Amparo, refiere en su primera parte al supuesto de procedencia de la suspensión, cuando el quejoso no ha sido detenido, lo que no acontece en el caso. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis: XXVII.3o.78 P (10a.) sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con número de registro 2019122 de rubro y texto siguiente: "PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA IMPOSICIÓN DE ESTA MEDIDA CAUTELAR, ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PARA QUE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD SE EJECUTE EN EL DOMICILIO DEL QUEJOSO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 162, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA. Conforme al artículo 163, en relación con el párrafo segundo del diverso 166, ambos de la Ley de Amparo, que prevé expresamente que cuando el quejoso ya se encuentre materialmente detenido por orden de autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite al Juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar, entre otras cosas, la comparecencia del imputado en el juicio, y el Juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión será que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale, únicamente en lo que se refiere a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación. Ahora bien, si se promovió el juicio de amparo indirecto contra la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada y su ejecución, es improcedente conceder la suspensión para que la privación de la libertad se ejecute en el domicilio del quejoso, en términos del artículo 162, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado no es una orden de privación de la libertad (distinta de la prisión preventiva) no ejecutada, ni una prohibición de abandonar una demarcación geográfica a las que se refiere este último precepto, sino una medida cautelar de prisión preventiva dictada por autoridad competente (Juez de Control) y ejecutada, al estimar que otras son insuficientes para garantizar la comparecencia del imputado, quien se encuentra materialmente privado de su libertad, lo que trae como consecuencia que los efectos de la suspensión desarrollados en ese dispositivo no le sean aplicables y sea improcedente concederla en los términos solicitados por el quejoso, es decir, con el efecto de que la privación de la libertad se ejecute en su domicilio." Por lo expuesto y fundado, se; RESUELVE: ÚNICO. Se concede a Ismael Isaac Valenzuela León, la suspensión definitiva, en contra de los actos de la autoridad responsable en términos del considerando cuarto de la presente resolución. Notifíquese. Así, lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, asistida de José Alejandro Ortiz Monroy, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a diez de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales, el informe justificado rendido por la autoridad responsable; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por un término de ocho días, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, se le tiene dando respuesta al requerimiento de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, manifestando que dentro de la causa penal ********************/********************, de su control, el abogado que representa al aquí quejoso ********************, es ********************; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Finalmente, informa que habilitó a este juzgado federal el acceso al expediente electrónico de la referida causa penal; en ese tenor, se tiene como prueba de la autoridad responsable el referido expediente disponible en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), acorde con el numeral 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, quien actúa ante José Alejandro Ortiz Monroy, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. GOD

  3. Incidental

    Tijuana, Baja California, a diez de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales, el informe previo rendido por la autoridad responsable; en consecuencia, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, quien actúa ante José Alejandro Ortiz Monroy, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. GOD

  4. Principal

    Admisión de la demanda. Vista la demanda de amparo que promueve ********************, quien se ostenta como Defensor Público Federal de Ismael Isaac Valenzuela León, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, en funciones de Juez de Control; por lo tanto, con fundamento en los numerales 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; y, 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite en sus términos; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese con el número 1234/2023-E. Incidente de suspensión. En términos del artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativa y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, tramítese únicamente el original del incidente de suspensión. Audiencia constitucional. Se fijan las diez horas con cincuenta minutos del seis de noviembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional. Se hace del conocimiento a las partes que la audiencia constitucional se celebrará con o sin la concurrencia de las partes acorde a lo establecido en el artículo 342 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo que se requiere a los intervinientes a efecto de que si es su interés acudir a la celebración de la misma, o de las actuaciones subsecuentes se tenga que desahogar alguna prueba que implique la presencia de alguna persona, deberán hacerlo del conocimiento a este juzgado con la debida anticipación para estar en condiciones de realizar los trámites necesarios de acceso al órgano jurisdiccional, y ordenar su desahogo mediante videoconferencia, acorde con lo establecido en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo. Ministerio Público. Dese la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, en términos de los artículos 107, fracción XV, constitucional, y 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Informe justificado. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, la que en términos del precepto 117 de la Ley de Amparo, deberá rendirlo dentro del plazo de quince días, siguientes a aquel en que reciba el oficio en el que se le solicita, en el cual expondrá las razones y fundamentos que estime pertinente para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados, y de ser el caso, remita fotocopia certificada y legible de las constancias necesarias para apoyarlos, en la inteligencia que de no hacerlo, se presumirán ciertos los actos que se reclaman, salvo prueba en contrario. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer lo antes descrito, en los términos indicados, se le impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización, multiplicada por cincuenta Unidades de Medida y Actualización por el equivalente a la cantidad de $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos, moneda nacional); la que resulta de multiplicar por cincuenta la cantidad de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos moneda nacional), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ello, conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Ahora, en aras de una impartición pronta y expedita en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se solicita atentamente se sirva rendir su informe preferentemente a través de algún convenio de interconexión, intercomunicación y/o colaboración, incluso correo electrónico institucional 15jdo15cto@correo.cjf.gob.mx; con la Firma Electrónica -de contar con ella-,dentro de las posibilidades tecnológicas a su alcance. Se faculta al actuario de la adscripción, para que una vez apersonado en el domicilio en el que se encuentre ubicada la autoridad responsable en este juicio de amparo, si ésta se niega a recibir el comunicado a ella dirigido aun y cuando su denominación no sea la actual, pero lleve a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se le aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de las autoridades responsables y a aquéllas autoridades que tengan el carácter de terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en la residencia oficial, las determinaciones que por la importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por los delegados o autorizados. Causas de sobreseimiento. Se previene a las partes que en caso de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, debiendo, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten; de no hacerlo, se impondrá la multa prevista en el artículo 251, de la Ley de Amparo. Conocimiento previo. Requiérase a la autoridad responsable para que al rendir su informe con justificación, comunique a este órgano de control constitucional si tiene conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con el acto que se reclama en éste, o sea, que haya sido promovido por el mismo quejoso o que derive del mismo procedimiento o juicio del que emana el acto que aquí se reclama; lo anterior, a efecto de aprovechar, en su caso, el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Requerimiento a responsable. Con fundamento en el artículo 14 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días, legalmente computado, remita la certificación en la que se asiente si ********************, es defensor de Ismael Isaac Valenzuela León y si actualmente desempeña ese cargo en la causa penal ********************. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio; lo anterior, en términos de los artículos 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo. Suspensión del procedimiento en el juicio de origen. Dada la naturaleza del acto que se reclama, con fundamento en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento del juez de la causa que podrá continuar el procedimiento dentro del expediente ********************, pero deberá suspenderlo antes de concluir la etapa intermedia, es decir, deberá de abstenerse de enviar el auto de apertura a juicio oral al tribunal competente; lo anterior, hasta que sea notificado de la ejecutoria que recaiga en el presente juicio de amparo. Ello se considera así, en virtud de que el juicio oral, acorde con lo dispuesto por el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es la etapa esencial del proceso, la cual se realiza sobre la base de la acusación y predominan los principios de oralidad, inmediación, publicidad, concentración, contradicción y, principalmente, continuidad, de tal suerte que si se llegara a dar apertura a la etapa del juicio oral, éste no sería susceptible de suspenderse y culminaría con el dictado de una sentencia definitiva, hecho que produciría un cambio de situación jurídica que haría imposible emitir pronunciamiento alguno en el juicio de amparo en que se actúa, pues se afectaría la nueva situación jurídica, lo cual se trata de evitar de conformidad con el párrafo segundo de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Tercero interesado. De conformidad con el ordinal 5°, fracción lll, inciso e), de la Ley de Amparo, se reconoce el carácter de tercero interesado a la representación social que tuvo intervención en el procedimiento penal del que deriva la materia de reclamo, la licenciada ******************** Titular de la Célula II-6, en esta ciudad; por tanto, con base en el normativo 26, fracción ll, inciso b), de la propia ley, se ordena notificarle el auto admisorio mediante oficio que se le envíe, anexándole fotocopia de la demanda. Autorizados. Asimismo, se autoriza en términos amplios del numeral 12 de la ley de la materia a ********************, ya que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Acceso expediente electrónico y notificaciones electrónicas. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, en concordancia con los artículos 35, 36, 37, 55 y 57 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el acceso electrónico y que se practiquen las notificaciones electrónicas en el presente asunto, las cuales están sujetas a lo que se indica en el artículo 30, fracción II, de la ley de la materia, por lo que el usuario a quien se autoriza está obligado a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de esta Ley, en un plazo máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccional la hubiere enviado, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión, en cuyo caso, el plazo será de veinticuatro horas. De no ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación dentro de los plazos señalados, el órgano jurisdiccional que corresponda tendrá por hecha la notificación. Por tanto, se comisiona a la Oficial Judicial "A", a cargo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realice la autorización respectiva en el expediente electrónico del usuario ********************, únicamente por el juicio de amparo en que se actúa. Días y horas inhábiles. Se habilitan días y horas inhábiles a los actuarios de este Juzgado, para que notifiquen el presente proveído, así como las subsecuentes actuaciones que se dicten dentro del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de Ley de Amparo. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte. Expediente electrónico. En atención a los diversos Acuerdos Generales Conjuntos 1/2009 y 1/2015, ambos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al contenido del artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Comunicación con los justiciables. Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" (que localizarán en la siguiente dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, dentro del cual encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. La lista de acuerdos se publicará en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y además en un espacio de fácil acceso para las personas en términos del artículo 21 del referido Acuerdo General 21/2020. Requerimiento a las partes. Con independencia de lo anterior se requiere a las partes para que, a la brevedad, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos que este órgano jurisdiccional estime necesarios; esto con apoyo en el artículo 22, fracción II, del citado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Exhortación a las partes para continuar la tramitación mediante "juicio en línea". Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se exhorta a las partes para que de ser su deseo continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea -presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Asimismo, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Asimismo, en atención al Acuerdo General 21/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como del artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena priorizar la tramitación electrónica y de conformidad con lo establecido en el artículo 253, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; se ordena priorizar la tramitación electrónica del juicio en Línea. Expedición de copias. Desde este momento, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2º de la Ley de Amparo, se autoriza, la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas, con excepción de aquellas que dada su propia y especial naturaleza jurídica se deba guardar sigilo, previa identificación y firma que se otorgue en autos para constancia legal y dentro del horario de atención al público, siempre y cuando las labores del juzgado lo permitan. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en las disposiciones generales establecidas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos, se informa a las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, el horario de atención al público será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos (artículo 6 del primer ordenamiento) y que las listas de acuerdos quedarán a disposición del público para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal; y que tendrán validez legal al ser las mismas que se encuentran en los Estrados de los Juzgados y Tribunales Federales (artículos 209, 209 bis, ídem). Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, quien actúa ante José Alejandro Ortiz Monroy, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

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