Ismael Pérez Galván
Expediente 1241/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1241/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 20/12/2021
Partes del expediente
- Ismael Pérez Galván
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Toluca, Estado de México, veinte de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso recurso de queja contra el auto que desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación al punto 8.1.2, numeral 4, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran tres años de archivado, es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México, dos de diciembre de dos mil veintiuno. ESCRITO Intégrese el escrito signado por la apoderada legal de la parte quejosa, a través del cual desahoga la prevención realizada en proveído de siete del mes y año en curso. DESECHAMIENTO. Ahora bien, del análisis íntegro al escrito de demanda se advierte que el quejoso de mérito reclama de las autoridades responsables lo siguiente: Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, lo siguiente: La resolución de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el juicio **** del índice del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, mediante la cual modifico la guarda y custodia de los menores de iniciales ****, **** y ***** en favor de la progenitora ***********. Director de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Lerma y Ministro Ejecutor adscrito al Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Lerma, ambos del Estado de México, lo siguiente: El cumplimiento a la resolución de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el juicio ***** del índice del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, mediante la cual modifico la guarda y custodia de los menores de iniciales ****, ***** y **** en favor de la progenitora ******. Hecha tal precisión, respecto de los citados actos reclamados, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.)--------XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Del precepto legal antes transcrito, se observa que la regla a fin de que se actualicen los supuestos de la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, es que en contra del acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa que pueda nulificar, modificar o revocar el acto reclamado. Es decir, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses existe el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Ello, dado que de ser omisos a tales consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos judiciales no tendrían la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, pues de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública, lo cual no es permitido conforme a la técnica del juicio constitucional. De ahí la importancia de que las partes interesadas, antes de acudir al juicio constitucional, deban agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rija el acto reclamado prevea para tal efecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 447, visible en la página 297, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo". Así también, apoya a lo anterior la jurisprudencia 573, visible en la página 515, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional". En el caso, conviene establecer que el acto reclamado destacado lo constituye en sí, la Resolución de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el juicio ********* del índice del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, mediante la cual modifico la guarda y custodia de los menores de iniciales ****,***** y **** en favor de la progenitora Jaquelin Hernández Núñez., puesto que así se desprende de los conceptos de violación que hizo valer el impetrante de amparo en la demanda de amparo que se acuerda. Bajo esa premisa, a la óptica de quien esto resuelve, la parte quejosa podía obtener la modificación o en su caso revocación de la determinación aludida a través del recurso de revocación previsto en el artículo 5.75 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, en su fracción IV, que a la letra establece: "Artículo 5.75.- En audiencia, el recurso de revocación sólo procede en contra de: (.) IV. El que resuelva sobre la revisión de medidas provisionales. Los demás decretos y autos dictados en audiencia serán irrecurribles. La revocación sólo podrá plantearse en la audiencia y al momento de emitirse el auto o decreto. Interpuesta, el juez dará vista a la contraria, de estar presente, para que en el acto la desahogue y dictará resolución." De la porción normativa transcrita, se desprende que la parte quejosa pudo controvertir la Resolución de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el juicio 910/2021, previamente a acudir al juicio de amparo; por lo que, al no haber agotado el principio de definitividad, es que se actualiza la causa de improcedencia del juicio, referida en líneas que anteceden. Máxime que el acto que se reclama, no se encuentra en alguna de las excepciones contempladas en la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia, ya que el acto reclamado no encuadra en alguna de las hipótesis contenidas en los incisos a), b), c) y d), que prevé la fracción en comento. En este orden de ideas, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por tanto, se procede a desechar de plano la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente promovida por Ismael Pérez Galván.
- Principal
EN ACATAMIENTO AL AVISO DE TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTAS A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE DOS DEL MES Y AÑO EN CURSO. DEL CONTENIDO SIGUIENTE: Toluca, Estado de México, dos de diciembre de dos mil veintiuno. ESCRITO Intégrese el escrito signado por la apoderada legal de la parte quejosa, a través del cual desahoga la prevención realizada en proveído de siete del mes y año en curso. DESECHAMIENTO. Ahora bien, del análisis íntegro al escrito de demanda se advierte que el quejoso de mérito reclama de las autoridades responsables lo siguiente: Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, lo siguiente: La resolución de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el juicio **** del índice del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, mediante la cual modifico la guarda y custodia de los menores de iniciales ****, **** y ***** en favor de la progenitora ***********. Director de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Lerma y Ministro Ejecutor adscrito al Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Lerma, ambos del Estado de México, lo siguiente: El cumplimiento a la resolución de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el juicio ***** del índice del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, mediante la cual modifico la guarda y custodia de los menores de iniciales ****, ***** y **** en favor de la progenitora ******. Hecha tal precisión, respecto de los citados actos reclamados, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.)--------XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Del precepto legal antes transcrito, se observa que la regla a fin de que se actualicen los supuestos de la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, es que en contra del acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa que pueda nulificar, modificar o revocar el acto reclamado. Es decir, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses existe el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Ello, dado que de ser omisos a tales consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos judiciales no tendrían la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, pues de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública, lo cual no es permitido conforme a la técnica del juicio constitucional. De ahí la importancia de que las partes interesadas, antes de acudir al juicio constitucional, deban agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rija el acto reclamado prevea para tal efecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 447, visible en la página 297, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo". Así también, apoya a lo anterior la jurisprudencia 573, visible en la página 515, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional". En el caso, conviene establecer que el acto reclamado destacado lo constituye en sí, la Resolución de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el juicio ********* del índice del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, mediante la cual modifico la guarda y custodia de los menores de iniciales ****,***** y **** en favor de la progenitora Jaquelin Hernández Núñez., puesto que así se desprende de los conceptos de violación que hizo valer el impetrante de amparo en la demanda de amparo que se acuerda. Bajo esa premisa, a la óptica de quien esto resuelve, la parte quejosa podía obtener la modificación o en su caso revocación de la determinación aludida a través del recurso de revocación previsto en el artículo 5.75 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, en su fracción IV, que a la letra establece: "Artículo 5.75.- En audiencia, el recurso de revocación sólo procede en contra de: (.) IV. El que resuelva sobre la revisión de medidas provisionales. Los demás decretos y autos dictados en audiencia serán irrecurribles. La revocación sólo podrá plantearse en la audiencia y al momento de emitirse el auto o decreto. Interpuesta, el juez dará vista a la contraria, de estar presente, para que en el acto la desahogue y dictará resolución." De la porción normativa transcrita, se desprende que la parte quejosa pudo controvertir la Resolución de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el juicio 910/2021, previamente a acudir al juicio de amparo; por lo que, al no haber agotado el principio de definitividad, es que se actualiza la causa de improcedencia del juicio, referida en líneas que anteceden. Máxime que el acto que se reclama, no se encuentra en alguna de las excepciones contempladas en la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia, ya que el acto reclamado no encuadra en alguna de las hipótesis contenidas en los incisos a), b), c) y d), que prevé la fracción en comento. En este orden de ideas, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por tanto, se procede a desechar de plano la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente promovida por Ismael Pérez Galván.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO AL AVISO DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA *******************EL AUTO DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2021, EL CUAL, EN ESENCIA, DICE: Toluca, Estado de México, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Intégrese el escrito signado por ********************, por medio del cual, pretende desahogar la prevención decretada en proveído de veintitrés del mes y año en curso. En ese tenor, del análisis al ocurso de cuenta, este órgano jurisdiccional acuerda no favorable a tener por subsanada dicha prevención; lo anterior, en virtud que en el escrito inicial de demanda el quejoso señaló: ".III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. - Señalo como autoridades responsables ordenadoras al: C. JUEZ PRIMERO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LERMA, ESTADO DE MÉXICO;. Y COMO AUTORIDAD EJECUTORA: Señalo al: C. MINISTRO EJECUTOR ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LERMA, MÉXICO;. C. DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE LERMA, ESTADO DE MÉXICO. IV.- ACTO RECLMADO.- a).- Reclamo del C. Juez Primero civil de Lerma, Estado de México, la resolución de fecha 4 de Noviembre del año en curso, mediante la cual se llevó acabo la audiencia inicial y se da el caso que el juez primero de lo civl de Lerma modifico la GUARDIA Y CUSTODIA de mis menores hijos de iniciales ********************, ******************** y ******************** en favor de la progenitora ********************en el JUICIO DE CONTROVERSIA DE VIOLENCIA FAMILIAR, instaurado por el SR. ******************** en contra de ********************, radicado bajo el expediente ********************." Luego, por acuerdo de veintitrés del año en curso, se le previno para que: Precisara el acto reclamado que le atribuye a las autoridades "MINISTRO EJECUTOR ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LERMA, MÉXICO" Y "DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE LERMA, ESTADO DE MÉXICO"; ya que del escrito inicial de demanda no se adviertía el mismo. No obstante a lo anterior, por escrito que en este acto se provee, el quejoso manifiesta que: ".mediante acuerdo de fecha 18 de noviembre del año en curso, se autorizó el auxilio de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras para el caso de ser necesario, en el domicilio del hoy quejoso ********para dar cumplimiento al auto del cuatro de noviembre del presente año, en atención a la oposición del progenitor a la entrega de los menores a su progenitora en la diligencia de doce de noviembre del presente año. En virtud de lo anterior, es por ello que se señaló como autoridades responsables al Ministro Adscrito al Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Lerma y Director de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Lerma, Estado de México." Por lo que, se estima que no es claro por cuanto hace a los actos reclamos respecto de las autoridades responsables: "MINISTRO EJECUTOR ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LERMA, MÉXICO"; y "DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE LERMA, ESTADO DE MÉXICO". Atento a lo anterior, no ha lugar a tener por desahogada dicha prevención y ésta subsiste en los términos precisados en el proveído de veintirés de los cursantes, en razón de que el peticionario del amparo no precisa los actos que reclama de las autoridades citadas. En la inteligencia que del plazo otorgado en el citado auto, le quedan cinco días hábiles; lo anterior, tomando en consideración que el auto en que se realizó la prevención fue de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, notificado personalmente el veinticuatro siguiente, sin que diera a lugar a surtir sus efectos, por lo que dicho termino no se vio interrumpido con la presentación del ocurso que se atiende. Lo anterior, tiene sustento en las tesis 2a./J. 106/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XVIII, Noviembre de 2003, Pagina 133, Novena Época, cuyo rubro y texto a continuación se transcriben: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO.
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