Ismael Ramírez García

Expediente 1440/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1440/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
17/11/2023

Partes del expediente

  • Ismael Ramírez García
  • Magistrados Integrantes de la Segunda Sala en Materia Penal de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    SENTENCIA Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo número 1440/2023-III-A; promovido por Ismael Ramírez García; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, el doce de septiembre de dos mil veintitrés, Ismael Ramírez García solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la resolución de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, dictada en el toca de apelación 356/2023, por el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, que modificó el auto de vinculación a proceso de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, emitido en su contra en la causa de control 2102/2022, por el Juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, por su probable participación en la comisión del hecho delictuoso de homicidio y daño en los bienes ocasionados por culpa. Por considerar que el acto reclamado vulnera sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 17, 9, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio. Por cuestión de turno correspondió el conocimiento del asunto a este Juzgado, que por auto de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés lo radicó bajo el número 1440/2023-III-A, admitió la demanda de amparo, requirió a la autoridad responsable su informe justificado y ordenó emplazar en calidad de tercera interesada a Esmeralda González Evangelista, así como al agente del Ministerio Público adscrito al Tribunal de Alzada señalado como responsable. Seguidas las formalidades de ley, se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se reclama una determinación emitida por una autoridad del orden penal con residencia en el ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce su competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, antes de analizar la certeza del acto reclamado, es necesario fijarlo claramente, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de precisar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que apariencia señaló como tal, acorde con la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y la tesis de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda de amparo inicial y de las constancias de autos, se concluye que se reclama del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, la resolución de veintiuno de agosto del año dos mil veintitrés, emitida en el toca de apelación 356/2023, que modificó el auto de vinculación a proceso dictado en contra del quejoso Ismael Ramírez García, el veintidós de mayo de dos mil veintitrés, en la causa de control 2102/2022, por el Juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, por su probable participación en la comisión del hecho delictuoso de homicidio y daño en los bienes ocasionados por culpa, así como su ejecución, atribuido al Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, de esta entidad federativa. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado de las autoridades responsables, toda vez que así lo manifestaron expresamente al rendir sus informes justificados. En ese sentido, es aplicable la tesis de jurisprudencia que a la letra se integra de la siguiente forma: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Lo cual se corrobora con las constancias que adjuntó el Tribunal de Alzada responsable a dicho informe, consistentes copia certificada del toca de apelación 356/2023, de cuyo contenido se advierte la existencia de la sentencia de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, así como un disco versátil digital relacionado con la causa de control 2102/2022, enviado por el Juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues se trata de los registros escritos, de audio y video de cuya reproducción se advierte que el método empleado para su grabación fue el idóneo y es accesible para su consulta posterior y porque se presume que la información en ellos contenida se encuentra íntegra e inalterada desde el momento en que se generó por primera vez y, dada la tecnología empleada para su conformación, es factible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa. Cobra aplicación, la tesis de jurisprudencia 226, publicada en la página 153, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Asimismo, se cita la jurisprudencia 43/2013 (10a.), publicada con registro 2004362, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Página 703, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo I, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia que propongan las partes o que este juzgador advierta de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sustenta esta determinación, la Jurisprudencia número 158, de una anterior conformación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 272, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, VIII Parte, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes las aleguen o no, deben examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Al respecto, las partes no las hicieron valer, ni este juzgador advierte de oficio alguna causa de improcedencia, por lo que se procede al estudio del fondo del asunto. QUINTO. Antecedentes. Para tener mayor comprensión del asunto y estudiar la constitucionalidad del acto materia de reclamo, conviene destacar los antecedentes más relevantes del mismo, los cuales son: El tres de febrero de dos mil veintitrés, tuvo verificativo la audiencia inicial para formulación de imputación sin detenido, en la cual, se decretó la detención del quejoso por los hechos delictuosos de homicidio y daño en los bienes ocasionados por culpa, previsto y sancionado en los artículos 241, 309 y 60, en relación con los diversos 6,7,8, fracciones I y III, así como 11, fracción I, inciso c) del Código Penal del Estado de México, la cual se retrotrajo al día tres de febrero de dos mil veintitrés. 2. En continuación de audiencia inicial de nueve de febrero de dos mil veintitrés, el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México dictó auto de vinculación a proceso en contra de en contra de Ismael Ramírez García, por su probable intervención en el hecho delictuoso de homicidio y daño en los bienes ocasionados por culpa, en agravio de Orlando Palma Mancilla. 3. Inconforme, el quejoso interpuso recurso de apelación en su contra, del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal de Alzada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, que lo registró bajo el número de toca 126/2023 y, el once de mayo de esta anualidad se dictó sentencia en la que se ordenó la reposición parcial del procedimiento, por lo cual se señaló las trece horas del dieciocho de mayo de dos mil veintitrés para el verificativo de la audiencia para resolver sobre la vinculación a proceso. 4. Posteriormente, el veintidós de mayo de dos mil veintitrés se dictó auto de vinculación a proceso en contra de Ismael Ramírez García, por su probable intervención en el hecho delictuoso de homicidio y daño en los bienes ocasionados por culpa, en agravio de Orlando Palma Mancilla. 5. Finalmente, mediante resolución de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, dentro del toca de apelación 356/2023, la cual únicamente se emitió por escrito (en términos de lo expuesto en el informe de ley), se modificó el auto La anterior determinación constituye el acto reclamado en la presente instancia de control constitucional. Hasta aquí los antecedentes más relevantes. SEXTO. Conceptos de violación. No es necesaria la transcripción de los conceptos de violación expresados por el accionante del juicio constitucional, de acuerdo con el criterio sustentado en la jurisprudencia número 58/2010 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. Ante todo es pertinente señalar que el estudio del acto reclamado, se llevará a cabo en suplencia de la queja, conforme al artículo 79, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo. A juicio del suscrito y en suplencia de queja, se estima violatorio de los derechos fundamentales del quejoso, el acto reclamado del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, al emitir la resolución de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, dictada en el toca de apelación 356/2023, que modificó el auto de vinculación a proceso de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, dictado en la causa de control 2102/2022, por el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en contra de Ismael Ramírez García, por su probable intervención en el hecho delictuoso de homicidio y daño en los bienes ocasionados por culpa, en agravio de Orlando Palma Mancilla. Lo anterior es así, dado que la autoridad responsable no dictó sentencia vía oral en audiencia pública a que refiere el 478 invocado, por lo que transgredió los principios de unidad y debido proceso que rigen en las diversas instancias del actual proceso penal acusatorio y oral, pues dejó sin oportunidad a las partes, de realizar por sí o a través de su defensa, en forma oral y mediante debate, las manifestaciones que consideraran oportunas, no sólo en torno a la acusación fincada en su contra, sino también sobre cualquier cuestión de la secuela del proceso que considerara relevante y de afectación en su contra. Al respecto el precepto legal 20 de la Constitución General de la República, en su texto actual y aplicable al particular, establece que todo proceso penal deberá ser acusatorio y oral, y se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. En el mencionado dispositivo constitucional, interpretado conjuntamente con la legislación secundaria aplicable al caso, como principios generales del proceso se prevén, entre otros, que toda audiencia se desarrollará en presencia del Juez; que la presentación de los argumentos y las pruebas se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral; que las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; que éstos también serán observados en las audiencias preliminares a juicio; y que la resoluciones de los órganos jurisdiccionales deberán ser emitidas en forma oral, con expresión de los fundamentos y motivaciones. Para comprender la relevancia de la oralidad en este nuevo proceso penal acusatorio adversarial, en adición al contenido Constitucional, debemos invocar los artículos 4°, 5°, 63, 67, segundo párrafo y el 478 del mismo ordenamiento reseñado, que disponen: CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES "Artículo 4. Características y principios rectores. El proceso penal será acusatorio y oral, en él se observarán los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación y aquellos previstos en la Constitución, Tratados y demás leyes. Este Código y la legislación aplicable establecerán las excepciones a los principios antes señalados, de conformidad con lo previsto en la Constitución." "Artículo 5. Principio de publicidad. Las audiencias serán públicas, con el fin de que a ellas accedan no sólo las partes que intervienen en el procedimiento sino también el público en general, con las excepciones previstas en este Código." "Artículo 63. Notificación en audiencia. Las resoluciones del Órgano jurisdiccional serán dictadas en forma oral, con expresión de sus fundamentos y motivaciones, quedando los intervinientes en ellas y quienes estaban obligados a asistir formalmente notificados de su emisión, lo que constará en el registro correspondiente en los términos previstos en este Código." "Artículo 67. Resoluciones judiciales. La autoridad judicial pronunciará sus resoluciones en forma de sentencias y autos. Dictará sentencia para decidir en definitiva y poner término al procedimiento y autos en todos los demás casos. Las resoluciones judiciales deberán mencionar a la autoridad que resuelve, el lugar y la fecha en que se dictaron y demás requisitos que este Código prevea para cada caso. Los autos y resoluciones del Órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente y surtirán sus efectos a más tardar al día siguiente." "Artículo 478. Conclusión de la audiencia. La sentencia que resuelva el recurso al que se refiere esta sección, podrá ser dictada de plano, en audiencia o por escrito dentro de los tres días siguientes a la celebración de la misma." "Artículo 479. Sentencia. La sentencia confirmará, modificará o revocará la resolución impugnada, o bien ordenará la reposición del acto que dio lugar a la misma. De la interpretación sistemática de los preceptos constitucionales, así como de la ley secundaria invocados, se deducen varios aspectos a tomar en consideración al resolver la instancia de que se trata; el primero de ellos es, que la "oralidad" es el medio distintivo y la vía instrumental idónea que permite el desarrollo del nuevo sistema penal acusatorio, sin la cual no puede estimarse que se haga el dictado de alguna resolución en las audiencias; que tanto el imputado como la víctima u ofendido, o su representante, tienen legitimación procesal para apelar las resoluciones en este procedimiento; las audiencias deben ser públicas, con el fin de que a ellas accedan no solo las partes que intervienen en el procedimiento sino también el público en general, con las excepciones previstas en el propio Código Nacional; las resoluciones de los órganos jurisdiccionales serán dictadas en forma oral, con expresión de los fundamentos y motivaciones, quedando los intervinientes en ellas y quienes estaban obligados a asistir formalmente notificados de su emisión (hayan comparecido o no); y, que es facultad del Tribunal de Apelación revocar, modificar o confirmar la resolución impugnada y en su caso, ordenar la reposición del acto que dio lugar a la misma. Por su parte, los artículos 475 al 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativos al trámite de la apelación, establecen que una vez interpuesto dicho medio de impugnación ordinario, el Tribunal de Alzada se debe pronunciar de plano sobre la admisión del recurso, debiendo citar a la celebración de la audiencia de alegatos aclaratorios respectiva, cuando las partes interesadas así lo soliciten, pudiendo durante el desarrollo de esta diligencia pedir aclaraciones sobre los planteamientos realizados en los escritos por los sujetos procesales, y así dictarse la sentencia, ya sea de plano, en la propia audiencia, o por escrito dentro de los tres días siguientes a la celebración de la misma. Asimismo, de conformidad con el citado artículo 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las sentencias que resuelvan algún recurso de apelación, pueden ser dictadas en dos momentos: a) De plano en esa misma audiencia, una vez escuchadas a las partes; o, b) Por escrito dentro de los tres días siguientes a la celebración de la misma. A pesar de todo lo expuesto, este segundo supuesto identificado con el inciso b), no puede llevar al extremo de exentar al Tribunal de Apelación a no celebrar una audiencia, pues del texto integral del artículo 478 se advierte que en las dos hipótesis se debe desahogar una audiencia, aun cuando, sólo en apariencia la resolución pueda dictarse en forma escrita, porque de una interpretación sistemática realizada a los dispositivos legales 4º, 5º, 63 y 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales se aprecia que todas las resoluciones que emitan los órganos jurisdiccionales -hecha excepción de las que expresamente señala el Código Nacional y en las que no se ubica este supuesto-, deben ser dictadas en forma oral, en las que se deben expresar los fundamentos y motivaciones que les dan sustento, pues como ya se expuso, si el ordenamiento procesal en cuestión dispone que las notificaciones de las decisiones judiciales adoptadas en las audiencias se tendrán por hechas formalmente a quienes estaban obligados a asistir (artículo 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales), es inconcuso que las partes debían estar presentes; de ello da cuenta el contenido del precepto 57 ídem, que dispone: "Artículo 57. Ausencia de las partes. En el caso de que estuvieren asignados varios Defensores o varios Ministerios Públicos, la presencia de cualquiera de ellos bastará para celebrar la audiencia respectiva. El Defensor no podrá renunciar a su cargo conferido ni durante las audiencias ni una vez notificado de ellas. Si el Defensor no comparece a la audiencia, o se ausenta de la misma sin causa justificada, se considerará abandonada la defensa y se procederá a su reemplazo con la mayor prontitud por el Defensor público que le sea designado, salvo que el imputado designe de inmediato otro Defensor. Si el Ministerio Público no comparece a la audiencia o se ausenta de la misma, se procederá a su remplazo dentro de la misma audiencia. Para tal efecto se notificará por cualquier medio a su superior jerárquico para que lo designe de inmediato. En el caso de que el Defensor, Asesor jurídico o el Ministerio Público se ausenten de la audiencia sin causa justificada, se les impondrá una multa de diez a cincuenta días de salario mínimo vigente, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan. Si la víctima u ofendido no concurren, o se retiran de la audiencia, la misma continuará sin su presencia, sin perjuicio de que pueda ser citado a comparecer en calidad de testigo. En caso de que la víctima u ofendido constituido como coadyuvante se ausente, o se retire de la audiencia intermedia o de juicio, se le tendrá por desistido de sus pretensiones." La disposición en cuestión, resulta aplicable a la segunda instancia en la que se substanció la apelación que culminó con la resolución controvertida en el juicio de amparo indirecto, porque se encuentra ubicado en el Capítulo II, inherente a las disposiciones de las audiencias en general contempladas en el Código Nacional aplicable al caso; aunado a que el título referente a los recursos que contempla dicho ordenamiento no tiene una disposición específica para el desarrollo de las audiencias en alzada; de ahí que le resulten aplicables las disposiciones comunes antes aludidas. Por otra parte, no podemos perder de vista el Capítulo III, de las "Resoluciones judiciales", en su precepto 67, segundo párrafo del propio cuerpo legal mencionado, que señala: ".En ningún caso, la resolución escrita deberá exceder el alcance de la emitida oralmente, surtirá sus efectos inmediatamente y deberá dictarse de forma inmediata a su emisión en forma oral, sin exceder de veinticuatro horas, salvo disposición que establezca otro plazo."; en este caso, la primera parte de la porción normativa transcrita le es aplicable a las resoluciones de apelación en segunda instancia, de la que se destaca que la versión escritural no puede exceder la exposición oral, de manera que de ese precepto podemos comprender que todas las decisiones jurisdiccionales vinculadas con las audiencias se encuentran aparejadas de un ejemplar escrito, que constituye una derivación de las consideraciones que hubiese aportado el órgano jurisdiccional al resolver, en cualquiera de los supuestos; sin que en el particular, el Tribunal de Apelación se encuentre constreñido a emitir la pieza escrita dentro del plazo de veinticuatro horas al que alude dicho precepto legal, porque el diverso 478 ídem, faculta a que este instrumento lo emita dentro de los tres días siguientes a la celebración de la audiencia, resultando este plazo uno específico que contempló el legislador para asuntos en sede de apelación. Bajo ese orden de ideas, los dos supuestos que refiere el dispositivo legal 478 para resolver el recurso de apelación, representan únicamente momentos temporales diferenciados para emitir una sentencia sobre dicho medio de impugnación, y no formas distintas para su dictado, esto es, la porción que señala: "La sentencia que resuelva el recurso al que se refiere esta sección, podrá ser dictada de plano, en audiencia o por escrito dentro de los tres días siguientes a la celebración de la misma.", esta última parte, no significa que el fin teleológico del creador de la norma haya sido exentar al Tribunal de Apelación de celebrar una audiencia para resolver al asunto, cuando todos los artículos examinados expresan la idea de dirimir controversias a través de audiencias públicas, y con la asistencia de las partes, sino que debe interpretarse en el sentido de que el plazo para la emisión de la versión escrita es el de tres días de celebrada la audiencia correspondiente, en la que se debe expresar los fundamentos y motivaciones que le den sustento lógico jurídico a la decisión adoptada por el tribunal. En esa tesitura, el artículo 63 del propio Código Nacional de Procedimientos Penales, constriñe a los titulares que conocen de un recurso, a tener que dictar en audiencia pública, la decisión que ellos emiten en ejercicio de sus funciones, fundando y motivando sus determinaciones, para comunicar simultáneamente a las partes los argumentos que formaron el sentido de la sentencia, debido a que el aludido precepto señala que las resoluciones dictadas durante las audiencias judiciales se entenderán notificadas a los intervinientes, incluso para quienes no asistan y estaban obligados a asistir, estableciendo la norma mecanismos para agilizar el trámite de las diligencias, pues señala que en el caso de que estuvieren asignados varios defensores o varios Ministerios Públicos, la presencia de cualquiera de ellos bastará para celebrar la audiencia respectiva (artículo 57 del Código Nacional), pero también buscando garantizar que ambos contendientes se encuentren presentes, así, este dispositivo también establece que para el caso de incomparecencia del defensor, se entenderá abandonada la defensa y se procederá a su reemplazo con la mayor prontitud por el defensor público que le sea designado; y si se trata de la inasistencia del fiscal, igualmente se procederá a la sustitución por otro, no sin antes notificar dicha omisión al superior jerárquico para que designe a otro de inmediato; de tal forma, que el conocimiento a los sujetos procesales de las consideraciones y fundamentos de lo resuelto en ellas (notificación), se lleve a cabo en ese mismo instante, de manera simultánea a todos los que comparecieron o debieron hacerlo así. Por ello, la oralidad que se verifica en las audiencias, no constituye un mero requisito formal para sostener la legalidad, sino que viene a formar parte de un requisito esencial que permite garantizar el derecho a un verdadero debido proceso que faculta a los intervinientes imponerse de lo ahí decidido, pero sobre todo a comprender, en un lenguaje sencillo y claro el sentido de la resolución. En ese sentido, no resulta viable analizar la sentencia escrita, cuando su dictado no se efectuó en la audiencia prevista por el mencionado precepto, amén de que, en el dictamen de reforma al artículo 20 constitucional, se sostuvo que un proceso no es público, cuando sus actuaciones se desarrollan por escrito; y, por ende, no se cumplirían las características del sistema penal acusatorio. Además, no debe soslayarse que la decisión escrita tiene su origen en la audiencia que resuelve el recurso de apelación, esto es, en la determinación que, de manera verbal, emiten los Magistrados, debiendo contener ésta todos los argumentos que la rijan, en tanto que la escrita sólo constituye un registro de las consideraciones que se expresaron oralmente en la audiencia; por lo que, no es viable que tenga validez la pieza escritural, cuando no se desahogó la audiencia que le diera legitimidad a lo escrito, incluso no se estaría en aptitud de comprobar si la resolución escrita excede o no el alcance de lo que se hubiera determinado en la resolución oral. Esta decisión, se insiste, contraviene lo previsto por los artículos 14 y 20 de la Constitución Federal, en relación con los diversos 63, 67, segundo párrafo y 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales; dado que el Segnso Tribunal de Alzada en Materia Penal no celebró la audiencia de apelación, lo que implica infracción de la "oralidad" que sirve como principal herramienta del nuevo sistema de justicia penal, objeto de la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho. Ello es así, porque la responsable inexactamente consideró que estaba relevada de celebrar la audiencia de apelación y emitir la resolución de manera verbal y turnó los autos a la ponencia respectiva a fin de elaborar el proyecto de resolución escrito. Así, como se ha expuesto la autoridad no se encuentra facultada para no realizar la audiencia del dictado de la resolución correspondiente y plasmar la sentencia solamente por escrito bajo la excusa de que no se hizo valer en el momento procesal oportuno la audiencia de alegatos aclaratorios, ya que está obligada a dirimir la controversia de manera pública y oralmente, sin perjuicio de que posteriormente agreguen el registro documentado. No se desconoce que, dentro del apartado inherente al trámite de la apelación, el artículo 476 del Código Nacional Procesal aplicable, establece: "Artículo 476. Emplazamiento a las otras partes. Si al interponer el recurso, al contestarlo o al adherirse a él, alguno de los interesados manifiesta en su escrito su deseo de exponer oralmente alegatos aclaratorios sobre los agravios, o bien cuando el Tribunal de alzada lo estime pertinente, decretará lugar y fecha para la celebración de la audiencia, la que deberá tener lugar dentro de los cinco y quince días después de que fenezca el término para la adhesión. El Tribunal de alzada, en caso de que las partes soliciten exponer oralmente alegatos aclaratorios o en caso de considerarlo pertinente, citará a audiencia de alegatos para la celebración de la audiencia para que las partes expongan oralmente sus alegatos aclaratorios sobre agravios, la que deberá tener lugar dentro de los cinco días después de admitido el recurso." Del contenido de dicho precepto legal, se aprecia que existen dos momentos para celebrar la audiencia de alegatos aclaratorios de agravios, que puede ser: a) Dentro de cinco y quince días de que fenezca el plazo para la adhesión; o b) Dentro de los cinco días después de admitido el recurso principal; con entera independencia de que en efecto existe la posibilidad para las partes intervinientes para solicitar una audiencia de aclaración de agravios, lo cierto es que, en esa diligencia o en una posterior que dirima el recurso de apelación, el Tribunal de Alzada tendrá que emitir su resolución en forma oral, en la que exponga los sustentos jurídicos y consideraciones en las que fundamente su decisión judicial; de ahí que este artículo no puede constituir o representar una facultad conferida a los gobernados para que se celebre o no una audiencia en la que se resuelva la apelación, sino que esa prerrogativa únicamente se ciñe a la expresión en audiencia de alegatos aclaratorios, no para decidir si se dicta sentencia en forma oral o por escrito, porque de interpretarlo así, las formalidades esenciales inherentes al debido proceso, al menos en segunda instancia, quedaría a merced de las partes, cuando las disposiciones adjetivas del Código Nacional de Procedimientos Penales ".son de orden público y de observancia general en toda la República Mexicana.", según lo establece el artículo 1° del mismo cuerpo legal invocado. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia II.2o.P.J/12 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la Página: 2004, Libro 59, octubre de 2018, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época Número de Registro 2018037, de rubro y texto siguientes: "APELACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. EL ARTÍCULO 476 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES NO FACULTA A LAS PARTES NI AL TRIBUNAL DE ALZADA PARA QUE DECIDAN SI SE CELEBRA O NO UNA AUDIENCIA EN LA QUE SE RESUELVA DICHO RECURSO, PUES EL DICTADO DE LA SENTENCIA RESPECTIVA DEBE REALIZARSE EN FORMA ORAL Y EN LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE (INTERPRETACIÓN ARMÓNICA DE DICHO PRECEPTO, CON LOS DIVERSOS 4, 52, 58 A 63, 67, 477 Y 478 DEL PROPIO CÓDIGO). El artículo 476 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece: "Si al interponer el recurso, al contestarlo o al adherirse a él, alguno de los interesados manifiesta en su escrito su deseo de exponer oralmente alegatos aclaratorios sobre los agravios, o bien cuando el Tribunal de alzada lo estime pertinente, decretará lugar y fecha para la celebración de la audiencia, la que deberá tener lugar dentro de los cinco y quince días después de que fenezca el término para la adhesión.-El Tribunal de alzada, en caso de que las partes soliciten exponer oralmente alegatos aclaratorios o en caso de considerarlo pertinente, citará a audiencia de alegatos para la celebración de la audiencia para que las partes expongan oralmente sus alegatos aclaratorios sobre agravios, la que deberá tener lugar dentro de los cinco días después de admitido el recurso.". De su contenido se advierte que en el recurso de apelación en el sistema penal acusatorio existen dos momentos para celebrar la audiencia de alegatos aclaratorios de agravios, que puede ser dentro: a) de cinco y quince días de que fenezca el plazo para la adhesión; o b) de los cinco días después de admitido el recurso principal. Así, con independencia de que existe la posibilidad para las partes intervinientes de solicitar una audiencia de aclaración de agravios, conforme a una interpretación armónica de dicho precepto, con los diversos 4o., 52, 58 al 63, 67, 477 y 478 del propio código, en esa diligencia o en una posterior que dirima el recurso de apelación, el tribunal de alzada tendrá que emitir su resolución en forma oral, en la que exponga los sustentos jurídicos y consideraciones en las que fundamente su decisión judicial; de ahí que el artículo 476 invocado no puede constituir o representar una facultad conferida a las partes ni al tribunal de alzada para que se celebre o no una audiencia en la que se resuelva la apelación, sino que esa prerrogativa únicamente se ciñe a la expresión en audiencia de alegatos aclaratorios, no para decidir si se dicta sentencia en forma oral o por escrito, porque de interpretarlo así, las formalidades esenciales inherentes al debido proceso, al menos en segunda instancia, quedarían a merced de las partes, cuando las disposiciones adjetivas del código referido "son de orden público y de observancia general en toda la República Mexicana", según lo establece su artículo 1o. En esa virtud, puede sostenerse que existen dos tipos de audiencias, la de aclaración de agravios o alegatos aclaratorios y la de fondo, sin perjuicio de que en la primera el tribunal de alzada pueda resolver de plano el fondo del asunto, como ya se explicó; luego, si en el particular, para resolver el recurso de apelación, no se celebró ninguna audiencia pública, se concluye que se violaron los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que resguardan el debido proceso." De la interpretación del criterio en estudio se advierte que la audiencia de alegatos aclaratorios se puede llevar en dos momentos; no obstante ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la audiencia para resolver sobre el recurso de apelación debe llevarse de forma oral, con independencia de que si existió o no una audiencia de aclaración de alegatos, ya que puede llevarse en la misma audiencia en que se aclararon los alegatos o en una diversa. Finalmente, se precisa que este Juzgador no pasa por alto la jurisprudencia 1a./J. 16/2021 (11a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "RECURSO DE APELACIÓN. EL ARTÍCULO 476 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES QUE ESTABLECE LA AUDIENCIA DE ALEGATOS ACLARATORIOS SOBRE LOS AGRAVIOS HECHOS VALER POR ESCRITO, NO TRANSGREDE LA ORALIDAD DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO NI LOS PRINCIPIOS DE INMEDIACIÓN, PUBLICIDAD Y CONTRADICCIÓN"; sin embargo, la misma no es aplicable en el presente juicio, en virtud de que en el caso que se analiza no es lo referente a la audiencia de aclaración de alegatos, si no a la que dirima el recurso de apelación, ya que el Tribunal de Alzada tendrá que emitir su resolución en forma oral, en la que exponga los sustentos jurídicos y consideraciones en las que fundamente su decisión judicial. Lo que es acorde a la ratio decidendi del criterio que nos ocupa, pues en el párrafo 145 de la ejecutoria, la Primera Sala del Máximo Tribunal del País precisó que era importante aclarar que la audiencia de alegatos no debe confundirse con la prevista en el artículo 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en cuanto éste señala que la sentencia que resuelva el recurso de apelación podrá ser dictada en audiencia, entre otro supuesto, pues refirió -párrafo 146 ídem- que la intención de legislador fue establecer el derecho de las partes para que, a su potestad, sean escuchados oral y públicamente en una audiencia por el Tribunal de Alzada, de ahí que el objeto de esta audiencia -alegatos- es distinto a la señalada por el citado artículo 478. Máxime, que el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, la Sala en mención declaró improcedente la contradicción de tesis en el expediente 71/2021, derivado de los criterios sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito -jurisprudencia II.2o.P.J/12 (10a.), que fundamenta el presente asunto- y otros tribunales colegiados, pues en el segundo resolutivo señaló que no existe tal contradicción https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=281514-. Por tanto, procede declarar la inconstitucionalidad del acto reclamado, porque su origen se encuentra viciado, al no celebrarse la audiencia que prevén los artículos 63, 67 y 478 del código adjetivo penal aplicable, en la que debió pronunciarse la sentencia de apelación Por lo cual es necesario celebrar una audiencia pública en segunda instancia para resolver el recurso de apelación, previa citación de los sujetos procesales para realizar debate verbal, garantizando el acceso integral y efectivo al recurso idóneo, máxime que en el trámite de la alzada habrán de aplicarse los mismos principios que rigen en la primera. Es aplicable a lo anterior la tesis de Jurisprudencia III.2o.P. J/1 P, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, registro digital: 2024927, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 15, Julio de 2022, Tomo V, página 4372, Undécima Época, que establece: "RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. CUANDO EL DICTADO DE LA SENTENCIA QUE LO RESUELVE NO SE EFECTÚA EN LA FORMA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 478 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, ESTO ES, ORALMENTE EN AUDIENCIA, SINO SÓLO POR ESCRITO, CON LA JUSTIFICACIÓN DE QUE LAS PARTES NO SOLICITARON LA AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE AGRAVIOS ESTABLECIDA EN EL DIVERSO 476 DEL PROPIO CÓDIGO, NI EL TRIBUNAL DE ALZADA LA ESTIMÓ NECESARIA, ELLO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN. Hechos: Al resolver el recurso de apelación en el proceso penal acusatorio contra el auto que resolvió sobre la vinculación a proceso de la persona imputada, el Tribunal de Alzada omitió dictar la sentencia respectiva en la forma prevista por el artículo 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, oralmente en audiencia pública, sino que sólo lo hizo por escrito, bajo la justificación de que las partes recurrentes no solicitaron la audiencia de aclaración de agravios establecida en el diverso 476 del propio código, ni aquél la consideró necesaria. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el Tribunal de Alzada no está facultado para dejar de realizar la audiencia del dictado de la resolución correspondiente, a que se refiere el artículo 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales y plasmar la resolución solamente por escrito, ni siquiera bajo el supuesto de que las partes no manifestaran su interés de exponer oralmente alegatos aclaratorios, o que el propio tribunal no lo considerara necesario, ya que está obligado a dirimir la controversia de manera pública y oralmente, sin perjuicio de que posteriormente agregue el registro documentado; de ahí que al no haber actuado así, se actualiza una violación a las leyes del procedimiento que amerita su reposición. Justificación: Lo anterior, porque con independencia de que existe la posibilidad para las partes intervinientes de solicitar una audiencia de aclaración de alegatos sobre los agravios, lo cierto es que en esa diligencia o en una posterior que dirima el recurso de apelación, el Tribunal de Alzada tendrá que emitir su resolución en forma oral, en la que exponga los sustentos jurídicos y consideraciones en los que fundamente su decisión judicial. En ese sentido, no resulta viable analizar la resolución escrita, cuando su dictado no se efectuó en la audiencia prevista en el artículo 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, no debe soslayarse que la decisión escrita tiene su origen en la audiencia que resuelve el recurso de apelación, esto es, en la determinación que, de manera verbal, emite la autoridad de alzada, debiendo contener todos los argumentos que la rijan, en tanto que la escrita sólo constituye un registro de las consideraciones que se expresaron oralmente en la audiencia, por lo que no es viable que tenga validez la pieza escritural cuando no se desahogó la audiencia que le diera legitimidad a lo escrito; incluso, no se estaría en aptitud de comprobar si la resolución escrita excede o no el alcance de lo que se hubiera determinado en la oral. Igualmente, esta decisión contraviene los artículos 14 y 20 de la Constitución General, en relación con los diversos 63, 67, segundo párrafo y 478 del código mencionado, dado que el Tribunal de Alzada no celebró la audiencia de apelación, lo que implica infracción al principio de oralidad que sirve como principal herramienta del nuevo sistema de justicia penal. Máxime que, como lo aclaró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 2666/2020, la audiencia de alegatos aclaratorios sobre los agravios no debe confundirse con la prevista en el artículo 478 indicado, en cuanto que éste señala que la sentencia que resuelva el recurso de apelación podrá ser dictada en audiencia, entre otro supuesto; de ahí que si en el particular, para resolver la apelación que dio origen al juicio de amparo indirecto no se celebró ninguna audiencia pública, puede válidamente sostenerse que se trastocaron los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 20 constitucionales, que resguardan el debido proceso". Por lo tanto, al contener vicios de forma la resolución reclamada, este juzgado se encuentra imposibilitado para analizar el fondo del asunto, pues de hacerlo, esta autoridad se sustituiría en la autoridad responsable lo cual no es jurídicamente posible. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 171, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 155, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACION POR VICIOS DE FORMA DEL ACTO RECLAMADO, SU PROCEDENCIA EXCLUYE EL EXAMEN DE LOS QUE SE EXPRESEN POR FALTAS DE FONDO. (AUDIENCIA, FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DEL ACTO EN CITA).". .... Ante ese contexto, lo procedente es otorgar a *** el amparo y protección de la Justicia Federal, para que el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México realice lo siguiente: 1) Deje insubsistente la resolución de la resolución de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, dictada en el toca de apelación 356/2023. 2) Conforme a lo destacado en esta resolución celebre audiencia pública, la que deberá llevarse a cabo siguiendo los lineamientos previstos en los artículos del 57 al 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por lo que citará a las partes que intervendrán en la misma, con los apercibimientos que considere necesarios para el caso de inasistencia. En esta audiencia deberá emitirse la resolución de segunda instancia de manera verbal, con la exposición de sus fundamentos y motivaciones que le den sustento al sentido de la determinación adoptada. Con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda, en el entendido de que también debe emitirla en versión escrita, en términos de lo establecido en el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el entendido de que la sentencia quedará cumplida una vez que se celebre oralmente la audiencia respectiva y se resuelva el recurso. Concesión de amparo que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados a la Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, autoridad que deberá de actuar conforme lo determine el Tribunal de Alzada ordenador en cumplimiento a la presente ejecutoria. Por lo expuesto, fundado y, además, con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 73, 74, 75, 76, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a Ismael Ramírez Gar***cía, contra el acto reclamado a las autoridades precisadas, en el considerando tercero, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia.

  2. Principal

    OFICIO Agréguese el oficio proveniente de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a través del cual en alcance al oficio de registro interno 4004, de su adscripción, informa que está material y jurídicamente imposibilitado para rendir los informes justificados solicitados a el Notificador Primero y Notificador Segundo, adscritos a la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, toda vez que no existe servidor público con tal denominación. VISTA CON DENOMINACIÓN En tal virtud, dese vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, siguiente aquél en que surta efectos la notificación de esta determinación, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA respecto de la denominación correcta y actual de las autoridades mencionadas, en la inteligencia que de ser omisa, se dejaran de tener como responsables para los efectos del sumario en que se actúa; por tanto, se suspenderá toda comunicación con las mismas. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 153/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Noviembre de 2019, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2021029, que establece: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. PREVIAMENTE A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y APERCIBIRLO PARA QUE ACLARE LA DENOMINACIÓN DE AQUELLA QUE NO FUE POSIBLE EMPLAZAR. En términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el quejoso tiene la carga de señalar correctamente la denominación de las autoridades responsables, porque ello constituye un requisito de su demanda; el Juez, por su parte, tiene la facultad de declarar la inexistencia de la autoridad y suspender toda comunicación cuando ésta no fue localizada o se informe que no existe. Ahora bien, la declaratoria de inexistencia de una autoridad responsable debe estar precedida de la notificación personal y del apercibimiento al quejoso de que, si una vez enterado de esa eventualidad omite corregir o aclarar el nombre de la autoridad que designó como responsable o no prueba que sí existe bajo la denominación que indicó en la demanda, se le sancionará declarándola inexistente; notificación que encuentra fundamento en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que se encuentre en condiciones de subsanar o corregir el error en que incurrió." ESTADO DE AUTOS Vista la certificación de cuenta, se advierte que en términos de las Circulares 28/2023 y 29/2023, de diecinueve y veinticinco, ambas de octubre de dos mil veintitrés, signadas por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declararon inhábiles los días del dieciséis al veintinueve de mes y año en curso, en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo que generó que no se celebrara la audiencia constitucional señalada para el veinte de octubre del año en curso. Por tanto, se señalan para la celebración de la audiencia constitucional las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Finalmente, se hace del conocimiento que el suscrito es consciente de que el paro de labores de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, generó un impacto en la administración de justicia; por lo que de conformidad con los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia y paridad de género, que rigen la carrera judicial, en términos de lo dispuesto en el artículo 100, en relación con el 17, ambos constitucionales, se tomarán las medidas correspondientes a fin de subsanar el impacto que se haya podido generar a las partes. Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el informe justificado rendido por el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un término continuo de ocho días para que manifiesten lo que a su interés convenga. De conformidad con el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba de la responsable las que adjunta a la misiva que se acuerda consistentes en dos discos, y dada su naturaleza por admitidos y desahogados sin perjuicio de dar cuenta con ellos en la audiencia constitucional.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese el informe justificado rendido por el Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un término continuo de ocho días para que manifiesten lo que a su interés convenga.

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