Ismael Ledesma Campos
Expediente 830/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 830/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/12/2020
Partes del expediente
- Ismael Ledesma Campos
- Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México
- Ismael Ledesma Campos y Otros.
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, cuatro de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. En acatamiento al artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación en el punto 8.1.2, numeral 4, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; una vez que transcurran tres años de archivado, el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda de amparo.
- Principal
Agréguese el oficio del Secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, por medio del cual desahoga el requerimiento de once de los cursantes y remite copias certificadas de las constancias que acreditan su dicho; por tanto, téngase por cumplido el requerimiento. DESECHAMIENTO Ahora, previamente deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo. Así, del estudio integral del escrito de demanda, se advierte actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Dicho precepto regula el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, cuya justificación estribó en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que les produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Ello es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses existe -de acuerdo a la naturaleza del acto- un medio extraordinario de defensa, que es precisamente el juicio de amparo. Bajo esa premisa, conviene destacar que del contenido de la demanda de amparo, se advierte que los quejosos en esencia se duelen de: El auto de veintinueve de octubre de dos mil veinte, a través del cual, el juez del proceso declaró improcedente el traslado voluntario solicitado por los aquí quejosos, en la causa penal **** del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en esta ciudad. Sin embargo, en contra del citado acto reclamado, previamente de acudir a la instancia constitucional y en aras de cumplir con el principio de definitividad, los quejosos debieron interponer el recurso ordinario contemplado en la ley de la materia, en el caso, apelación, previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, específicamente en los artículos 131 y 132 fracción VII, que establecen: Artículo 131. Apelación. El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación. El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: (.) VII. Traslados; (.).". Luego, si los quejosos fueron omisos en interponer contra el acto que constituye el acto reclamado, el recurso ordinario, en esta caso el de apelación, resulta evidente que incumplieron o no agotaron el principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional; por tanto, resulta evidente que se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo; de ahí que, con fundamento en el numeral 113 de la normatividad en cita, se desecha de plano la demanda de amparo. Máxime, que el acto reclamado se emitió por autoridad judicial; por ende, es claro que antes de acudir al amparo los quejosos estuvieron jurídicamente constreñidos a agotar el medio de defensa (recurso de apelación), previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, que es del tenor siguiente: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad.". Así también, apoya a lo anterior, la jurisprudencia 573, visible en la página 515, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional.". Sin que obste a lo anterior, que los quejosos interpusieron recurso de apelación y posteriormente se desistieron del mismo; sin embargo, al día de la fecha la responsable no ha emitido el pronunciamiento respecto al desistimiento del citado medio de impugnación, pues refirió que se encuentra trascurriendo la vista de tres días, otorgada en proveído de trece de los cursantes, a los defensores públicos de los aquí quejosos, al Fiscal de la Federación adscrito al juzgado de origen, así como al asesor jurídico de las victimas M.H.C. y sus hijos M.A.O.H.; R.A.A.M.; J.M.J.B; O.I.B.M.; A.R.P.; T.A.R.; J.L.H.T y E.H.A; por lo que, es inconcuso que a la data no se ha realizado pronunciamiento alguno del multicitado medio de defensa. Lo anterior es así, pues basta que esté acreditado que se interpuso el recurso ordinario en contra del acto reclamado, para que opere la causa de improcedencia que nos ocupa, con independencia de que no se haya admitido o se deseche o se tenga por no admitido, esto de ninguna manera trae como consecuencia que debe tenerse como no interpuesto, pues al hablar que se está tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso, se está haciendo referencia a la existencia de un medio de defensa que puede tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; además, la calificativa del recurso de apelación corresponde al tribunal de alzada, emitir el pronunciamiento respectivo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. XXII/98, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, página 61, de rubro y texto siguientes: "RECURSO ORDINARIO INTERPUESTO EN CONTRA DEL ACTO RECLAMADO. HACE IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO SE HAYA ACORDADO SU TRÁMITE. En términos del artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional de garantías es improcedente cuando se está tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, por lo que basta que esté acreditado que se interpuso un recurso ordinario en contra del tal acto para que opere la causal en comento, independientemente de que no se haya admitido, pues lo cierto es que se encuentra pendiente de trámite, máxime si no se demuestra que ha habido desistimiento del mismo. Es decir, aun suponiendo que en el recurso todavía no hubiera sido admitido, por estar pendiente de acuerdo, esto no implica, para efectos del juicio de amparo, que no se esté tramitando, debido a que si bien, en términos procesales, todavía no se le da trámite o se desecha o se tiene por no admitido, esto de ninguna manera trae como consecuencia que deba tenerse por no interpuesto, porque conforme a lo dispuesto en el citado numeral, al hablar de que se está tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso, se está haciendo referencia a la existencia de un medio de defensa que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, independientemente de que se alegue que no ha sido admitido, ya que sigue subsistiendo esa posibilidad.". *
- Principal
Toluca, Estado de México, trece de noviembre de dos mil veinte. Agréguese la constancia de notificación realizada al representante común de los quejosos el doce de los cursantes, de la cual se colige lo siguiente: "Si interpusimos la apelación, pero por la misma vía los suscritos nos desistimos y la determinación fue resuelta en un escrito ordinario y no en un incidente.". En ese tenor, se tiene por desahogada la prevención realizada en auto de once del mes y año en curso. Atento a ello, se reserva acordar lo conducente hasta en tanto la autoridad responsable dé cumplimiento al requerimiento realizado en esa misma fecha, y remita las constancias que le fueron requeridas; lo anterior, a fin de poder dilucidar conforme a derecho, respecto a la procedencia de la demanda propuesta, en relación a las manifestaciones que realiza el quejoso.
- Principal
Toluca, Estado de México, once de noviembre de dos mil veinte. RADICACIÓN Y REGISTRO. Vista la demanda que promueve Ismael ***************, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 830/2020-I-B. PREVENCIÓN A fin de acordar lo conducente respecto de la procedencia o desechamiento de la demanda, con fundamento en los artículos 108, fracciones IV, 112 y 114, fracción IV de la Ley de Amparo, requiérase a los promoventes para al momento de la diligencia o bien dentro del término de cinco días, bajo protesta de decir verdad, realicen lo siguiente: Informen si la determinación de treinta de octubre de dos mil veinte, fue emitida en un incidente no especificado, derivado de la causa penal 31/2007-I, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en esta ciudad, con motivo del traslado voluntario solicitado por los promoventes de amparo. Para el caso de haberse tramitado vía incidental, especifiquen si en contra de la resolución de treinta de octubre del año en curso, interpusieron algún medio ordinario de impugnación. Lo anterior genera incertidumbre para el suscrito, dado que los antecedentes no se advierte dato alguno donde se pueda dilucidar tal circunstancia, y en razón de que como está planteada la demanda se pueden tener al alcance mayores datos de los que fueron proporcionados por la parte agraviada con el fin de precisar el acto que tilda inconstitucional; además, que con ello se podrá estudiar la legalidad o no del mismo. Hágase del conocimiento de los impetrantes las penas a que se hacen acreedores los que afirman hechos falsos ante la autoridad jurisdiccional, de conformidad con lo que establece el artículo 261, fracción I, de la ley de la materia; por tanto, se le apercibe que para el caso de desahogar el requerimiento de mérito, pero manifieste hechos falsos u omita los que les consten, en el momento procesal oportuno se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, por la probable comisión de algún delito. Dado que los datos que se solicitan son requisitos esenciales de la demanda de conformidad con el artículo 108, fracción I y 114 fracción II y III, de la Ley de Amparo; deberán exhibir, las copias necesarias del ocurso en que desahogue la prevención de mérito y anexos respectivos, en términos de lo que establece el numeral 110 de dicha normatividad, en el entendido de que deben ser suficientes para correr traslado a todas las partes. APERCIBIMIENTO Con el apercibimiento que de no cumplir con las prevenciones formuladas dentro del término concedido, se tendrá por no presentada la demanda de mérito, atento a lo que dispone el numeral 114 penúltimo párrafo de la ley de la materia. REQUERIMIENTO DE CONSTANCIAS AUTORIDAD Con independencia de lo anterior, requiérase al Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días contadas a partir de su legal notificación: Informe si atendiendo al escrito presentado por los aquí quejosos Ismael Ledesma Campos y Claudio Ledesma Campos, referente a la solicitud de traslado voluntario, dentro de la causa penal 31/2007-I, de su índice, se tramitó vía incidental. Precise la fecha en la cual fueron notificados los aquí quejosos de la resolución de treinta de octubre del año en curso, referente a su solicitud de traslado voluntario y si contra dicha determinación los promoventes de amparo interpusieron algún medio ordinario de impugnación. Remitiendo para tal efecto, copia certificada de las constancias que acrediten su dicho, incluyendo el acto reclamado. Con el apercibimiento que para el caso de ser omiso, o bien, no manifestar su imposibilidad para ello, se le impondrá a su titular, una multa de cincuenta unidades de Medida y Actualización, con base en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. REPRESENTANTE COMÚN. Se tiene como representante común de los quejosos a C************** DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 26, fracción I, inciso k), de la ley de la materia, practíquense las notificaciones que este Juzgador considere necesarias, personalmente a los quejosos por conducto de su representante común, en el centro de reclusión en el que se encuentran privados de su libertad. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Notifíquese como legalmente corresponda. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido del secretario Erik Roberto Frías Guerrero, que da fe.
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