Ismael Maravilla Moreno

Expediente 544/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
544/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
23/08/2022

Partes del expediente

  • Ismael Maravilla Moreno

Actuaciones

  1. Principal

    Por recibido el oficio proveniente del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al que adjunta los autos del juicio en que se actúa y testimonio de la resolución dictada en la Q.C. ..., mediante la cual declara INFUNDADO el recurso hecho valer contra la resolución en la que se desechó la demanda de amparo. Glósese el cuaderno de antecedentes formado en ausencia del principal; acúsese recibo. Archívese este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente asunto, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...risdiccionales; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo. No obra en autos documento original, en los términos que establece el numeral 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, acorde a la certificación inicial, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la secretaria encargada de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Por recibido el oficio del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, mediante el cual remite el diverso del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil en la Ciudad de México, donde acusa recibo de las constancias que refiere e informa que admitió el medio de impugnación que indica, de lo que se toma conocimiento. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Agréguense los ocursos del quejoso; atento a sus contenidos, con fundamento en los artículos 97 fracción I inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR INTERPUESTO EL RECURSO DE QUEJA, contra el auto que desechó la demanda; en consecuencia, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en turno, el informe respectivo, los presentes autos, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios, para la substanciación del mismo. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Con copia del ocurso de cuenta, córrase traslado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para los efectos legales correspondientes. Se ordena que, una vez que se tenga conocimiento de quién es el Tribunal que resolverá el medio de impugnación referido, se haga disponible este asunto en el sistema aludido, para lo cual se deberá agregar sin previo acuerdo la constancia que se tenga para ello. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve ...; contra actos de la Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por violación a los derechos humanos reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, al respecto se acuerda: Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 544/2022. Tramítese el presente asunto en su versión de expediente físico y electrónica, observando el ordinal 3° de la Ley de Amparo. SE DESECHA LA DEMANDA. I. El precepto 113 de la legislación de la materia establece que el Juzgador Federal tiene la obligación de analizar la demanda y si encontrare un motivo de improcedencia, la desechará de plano, pues de conformidad con el diverso 62 de la propia legislación, las causales de improcedencia deben estudiarse de oficio. II. El quejoso reclama la resolución de seis de mayo de dos mil veintidós, emitida por la Octava Sala Civil de la Ciudad de México en el toca ..., que confirmó el auto de veintidós de marzo de dos mil veintidós, dictado por el Juez Segundo Civil de Proceso Escrito, en el Juicio Especial Hipotecario ..., que dejó sin efectos el emplazamiento y ordenó su reposición. III. El juicio de amparo es improcedente, pues el acto reclamado no es de imposible reparación, esto es, no afecta material e inmediatamente los derechos humanos de la parte quejosa, conforme a la fracción XXIII, del dispositivo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" Al respecto de lo anterior, el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, indica: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan. [.]" Estas disposiciones instituyen la procedencia del juicio de amparo para combatir actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando su ejecución se hace irreparable; sin embargo, la Constitución Federal se limita a enunciar esta categoría de actos, pero no ofrece su definición, dado que en ésta se establecen principios esenciales de las instituciones, dejando el Constituyente Permanente para el legislador la tarea de pormenorizar y explicar lo que debe entenderse en torno a dicha figura. En cambio, el artículo 107 de la Ley de Amparo, sí define qué debe entenderse por actos de imposible reparación, al describir que serán aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. De esta forma, el legislador proporcionó seguridad jurídica, ya que mediante una definición reiteró su propósito de que tanto en procedimientos judiciales, como en procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser examinados en amparo indirecto necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán impedir el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Al resolver la contradicción de tesis 377/2013, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos derechos revistan la categoría de "sustantivos"; expresión que excluye a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, es decir, en los que la afectación depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Como esta tesis lo señala, por la connotación legislativa con que ahora cuenta la Ley de Amparo, no pueden seguir siendo aplicables los criterios que trataban el aspecto de la imposible reparación, ya que son criterios generados con una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión; lo que además, se apoya con el contenido del sexto artículo transitorio de la propia legislación. En el particular, el accionante reclama la determinación que confirmó el auto que dejó sin efectos el emplazamiento practicado a su contrario y ordenó reponerlo; actuación que únicamente envuelve cuestiones adjetivas o procedimentales que inciden en la integración del proceso de origen. De ahí que no se afecten los derechos sustantivos constitucionales de la accionante de amparo, como la vida, la propiedad, la familia, o la libertad, etc. -y que son algunos ejemplos de los derechos que pueden afectarse en forma irreparable-. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 37/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 741 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, Décima Época, registro 2000789, que dice: "EMPLAZAMIENTO. LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA NULO EL REALIZADO POR EDICTOS, Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO A FIN DE QUE SE EMPLACE NUEVAMENTE A LA DEMANDADA POR ESE MEDIO, NO GENERA UNA AFECTACIÓN CIERTA E INMEDIATA A LOS DERECHOS SUSTANTIVOS DEL ACTOR RESPECTO DEL PAGO QUE HIZO DE LAS PUBLICACIONES, POR LO QUE LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE HABERLAS PAGADO NO HACE PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (MATERIA CIVIL). La determinación judicial que en definitiva declara nulo el emplazamiento por edictos y ordena reponer el procedimiento para que se emplace nuevamente a la demandada por ese medio no constituye una afectación a los derechos sustantivos de la actora respecto del pago que hizo de las publicaciones respectivas, sino una de tipo adjetivo, ya que la sola circunstancia del impacto patrimonial consistente en dejar sin efectos los edictos cuya publicación subvencionó, jurídicamente está vinculada con su respectiva carga procesal en el litigio, de las que son propias e inherentes a todo procedimiento judicial. Esto último encuentra explicación en que si el contenido del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, revela que fue voluntad del legislador proscribir que el juicio de amparo indirecto proceda indiscriminadamente respecto de cualquier acto en el juicio, y si es máxima de la experiencia que en la prosecución de los juicios civiles, es regla general que las partes se ven determinadas a efectuar diversas erogaciones de tipo patrimonial a fin de responder a las cargas procesales, o hacer peticiones derivadas del interés que tienen en que se resuelva el juicio a favor de sus pretensiones, entonces debe admitirse que jurídicamente y para efectos de fijar el alcance conducente del citado artículo 114, fracción IV, la sola circunstancia consistente en el impacto patrimonial que sufre el actor al cumplir con la carga procesal de pagar las publicaciones de edictos para emplazar a su contrario en la tramitación de un juicio, no afecta sus derechos sustantivos, sino sólo los adjetivos, pues las anotadas erogaciones patrimoniales no pueden desligarse ni entenderse sin atender a la conducta procesal que le dio origen. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda analizar en cada caso particular, si es que existen otras consecuencias de la reposición del procedimiento (diferentes a la sola circunstancia de que el actor tuvo que erogar los gastos de la publicación de los edictos correspondientes) que puedan significar una afectación de imposible reparación para los efectos de decidir sobre la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados dentro de juicio." También, se cita la Jurisprudencia 2a./J. 23/2008, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Febrero de 2008, Materia: común, página 593, registro 170244, cuyo rubro y texto son: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta." Por lo expuesto, al demostrarse la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretada contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, procede DESECHAR LA DEMANDA. Se tiene como lugar para oír y recibir notificaciones las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional, ya que no proporcionó domicilio procesal; y para los mismos efectos a la persona que menciona. Respecto de aquella que autoriza en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo, gozará de las facultades amplias que prevé si tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; pues de lo contrario únicamente se tendrá por autorizada para oír y recibir notificaciones. Como lo solicita, en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena realizar la autorización electrónica correspondiente, con el nombre de usuario proporcionado, para consultar el expediente a través de la vía electrónica. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Por ser notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que promueve ...; contra actos de la Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. NOTIFÍQUESE.

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