Ismael Quintero García
Expediente 88/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 88/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 28/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Ismael Quintero García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Visto el estado procesal, se advierte que el ocho de abril pasado se ordenó el archivo del sumario; por ello, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la Secretaria encargada de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. Cúmplase.
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Vista la certificación precedente de la cual se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días concedido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia que negó el amparo, sin que se haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Tomando en consideración que las autoridades responsables remitieron legajos de constancias, devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO. ARCHÍVESE EL EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas anotaciones en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio,...; se concluye que no es de relevancia documental. ......; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, en razón de que se negó el amparo y protección de la justicia federal. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese la razón de cuenta, donde se informa la imposibilidad para notificar en forma personal al quejoso, la sentencia dictada en autos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27 fracción II, de la Ley de Amparo, NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA el fallo aludido, este auto y las subsecuentes determinaciones. NOTIFÍQUESE. LA SENTENCIA DICTADA EN AUTOS, SEÑALA: "V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 88/2020, promovido por ..., por propio derecho, contra actos de la Cuarta Sala y Juez Trigésimo, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda. El treinta de enero de dos mil veinte, la parte quejosa demandó el amparo contra actos considerados contrarios a sus derechos previstos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. Segundo. Admisión. El cuatro de febrero siguiente, se admitió a trámite; dio intervención a la Representante Social de la Federación adscrita; requirió informes justificados; ordenó emplazar a la parte tercera interesada, y señaló fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional. Tercero. Trámite. Se rindieron los informes de ley; la representante social adscrita no formuló pedimento; se emplazó a la tercera interesada; y, finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta precedente; y C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgador es legalmente competente para resolver, conforme a los artículos 103, párrafo primero, fracción I, 107, párrafo primero, fracción VII, de la Constitución Federal; 54, párrafo primero, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos derivados de un juicio de naturaleza familiar, seguido ante un tribunal del orden común, con jurisdicción dentro del ámbito territorial, donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. Segundo. Litis. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado es: La sentencia dictada el ocho de enero de dos mil veinte, por la Cuarta Sala Familiar de la Ciudad de México en el toca 1348/2019, que confirmó la interlocutoria emitida por el Juez Trigésimo de la propia especialidad y residencia, el catorce de marzo de dos mil diecinueve, donde se absolvió a las codemandadas de la acción de cancelación alimentaria. La ejecución de dicha resolución. Tercero. Existencia. Son ciertos los actos reclamados, como lo aceptaron las autoridades responsables y se corrobora con las constancias certificadas remitidas, de valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Cuarto. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron al acto reclamado: I. En audiencia de cinco de agosto de dos mil diez, las partes celebraron un convenio para regular las cuestiones inherentes a la disolución del vínculo familiar, cuya cláusula tercera dice: "(.) TERCERA. Ambas partes manifiestan su conformidad a favor de que el demandado otorgara por concepto de pensión alimenticia definitiva a favor de la actora ... y las menores hijas de las partes el 41.25% CUARENTA Y UNO PUNTO VEINTICINCO POR CIENTO de todas sus prestaciones ordinarias y extraordinarias, previos los descuentos de ley, que obtiene mensualmente por su trabajo, por lo que solicitan desde este momento se gire el oficio correspondiente a la fuente laboral del deudor alimentario para que proceda a descontar el porcentaje antes aludido, dejando sin efectos la pensión alimenticia fijada con el carácter de provisional ordenada mediante oficio número 5177 de fecha seis de julio del mismo año." II. El seis de febrero de dos mil dieciocho, se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de once de agosto de dos mil diecisiete, donde el Juez Trigésimo Familiar de la Ciudad de México canceló la pensión alimentaria a Claudia Merino Cortés; en su lugar, la alzada modificó el fallo recurrido y absolvió a la enjuiciada de la cancelación de alimentos avenida a favor de la infanta Saray Quintero Merino, y ordenó la subsistencia del porcentaje establecido únicamente en beneficio de las menores. III. El trece de agosto de dos mil dieciocho, se admitió en la vía incidental la acción donde el quejoso demandó la cancelación de pensión alimenticia, respecto de Claudia Merino Cortés y Saray Quintero Merino. IV. En primera instancia se dictó sentencia el catorce de marzo de dos mil diecinueve, conforme a los siguientes puntos resolutivos: "R E S U E L V E PRIMERO.- Ha resultado improcedente el incidente de cancelación de pensión alimenticia, en la que el actor incidentista ..., no acreditó los extremos de su acción. SEGUNDO.- Se absuelve a las codemandadas incidentales ... y ... de las prestaciones que les fueron reclamadas en el presente juicio. V. Inconforme, el quejoso recurrió el fallo, el cual fue resuelto el ocho de enero de dos mil veinte en el toca 1348/2019 por la Cuarta Sala Familiar de la Ciudad de México, que confirmó el acto impugnado. Esta última resolución y su ejecución integran la materia de los actos reclamados. Quinto. Conceptos de violación, donde la parte quejosa alega: A) El acto reclamado contraviene las garantías previstas en los artículos 14, 16 y 17, en relación a los ordinales 291 Quintus, 311 y 320 fracción IV del Código Civil para la Ciudad de México, porque la autoridad no valoró las pruebas ofrecidas, donde se demostró que la colitigante obtiene ingresos propios. La autoridad dejó de considerar que ya transcurrió el tiempo que duró el concubinato. B) Tampoco se analizó que el inconforme tiene nuevos acreedores, lo cual cambia las circunstancias en las que se originó la obligación alimentaria, aunado a que se demostró que la capacidad económica es menor. C) La menor acreedora ya cumplió la mayoría de edad y no continua estudiando, por lo cual se acredita el supuesto del artículo 320 fracciones I, III y IV del Código Civil de la Ciudad de México. La sentencia reclamada es ilegal porque se omitió estudiar el informe ofrecido del director de la universidad, como injustificado es omitir valorarlo y Remitir al inconforme a la resolución de once de agosto de dos mil diecisiete. Es incorrecto dejar de analizar las pruebas ofrecidas y considerar que fueron consentidas por las partes, porque el primer incidente promovido fue respecto de la menor involucrada, y se opuso la existencia de diversos acreedores con mejor derecho a recibir alimentos. Los conceptos de violación en una parte son inoperantes y en otra, infundados, los cuales serán analizados como fueron agrupados, por englobar temas afines, aunque no corresponda a la forma planteada por el quejoso, como lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo. El motivo de inconformidad marcado con la letra A) es inoperante porque la pensión alimentaria de la ex cónyuge, ya no es materia de controversia y por ende, es ajena a la litis. En efecto, al resolver el toca de apelación 2420/2017 el seis de febrero de dos mil dieciocho, la Cuarta Sala Familiar de la Ciudad de México hizo cesar la pensión de Claudia Merino Cortés, al amparo del artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles y 320 fracción II, del Código de Procedimientos, ambos de la Ciudad de México. En dicho fallo la alzada acreditó que la ex cónyuge del inconforme a la fecha de resolver tenía ingresos propios, acorde al informe laboral expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde consta su alta laboral en la empresa Soluciones y Sinergia Corporativa sociedad anónima de capital variable, con un ingreso mensual por ... Con tales constancias la sala responsable concluyó que las situaciones que imperaban al inicio del deber alimentario, con motivo del convenio de once de agosto de dos mil diez, se habían modificado, que tuvieron como base de la obligación la falta de empleo remunerado e ingresos propios. Aunado a que la remuneración económica obtenida en la empresa en la cual se prestan los servicios, como fue demostrado, son incluso superiores a la cuantía de la propia pensión. Ante tal escenario, la sala responsable concluyó que el porcentaje de pensión pactado por las partes debía subsistir, aunque sólo para las diversas menores de edad acreedoras, y cancelarse para la ex cónyuge, por la modificación en las condiciones, y porque ese parámetro fue avenido por el deudor en ejercicio de su libertad contractual. Como se ve, previo a dictarse el acto reclamado ya se había resuelto la cancelación de la pensión alimentaria de la ex cónyuge de la parte quejosa, de modo que, ya no es posible analizar la duración del vínculo matrimonial, o la falta de necesidad de los alimentos, como causa extintiva o modificativa en general del deber de ministrar alimentos, porque tales condiciones tampoco pueden oponerse a las actuales acreedoras, que son las dos menores hijas del inconforme. En ese sentido, el lapso de la relación familiar sostenida por el quejoso y la entonces acreedora alimentaria Claudia Merino Cortés, como punto de referencia o límite a la obligación alimentaria ya no son materia de la litis, pues dejó de ser un deber que el impetrante debiera cumplir, previo al acto reclamado; en ese sentido resulta ajeno a la litis constitucional, y por ende inoperante. Al efecto se cita la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, tomo XII, de diciembre de 2000, página 1194, en materia común, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES CUANDO COMBATEN CONSIDERACIONES NO EXPRESADAS EN LA SENTENCIA RECLAMADA. Si en los conceptos de violación se hacen valer argumentos en relación a consideraciones o razonamientos que no fueron expresados o abordados en la sentencia reclamada para resolver en la manera en que se hizo en la misma, deben entonces desestimarse tales conceptos por inoperantes, puesto que con ellos no se desvirtúa la legalidad de la referida sentencia, a menos de que se esté en alguna de las hipótesis del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en cuyo caso deberá suplirse la deficiencia de la queja." Tocante al concepto de violación identificado con la letra B) es infundado, porque los elementos de valoración aportados por el informe no son aptos para regular la pensión. En efecto, en el escrito inicial de demanda el actor únicamente indicó tener como deudores alimentarios novedosos, a sus padres, a su actual cónyuge respecto de la cual exhibió acta de matrimonio. Al amparo de las afirmaciones planteadas por la parte actora, se contesta al quejoso que aun cuando cuente con nuevas obligaciones alimentarias, el deber de auxilio que ahora se discute respecto de su actual pareja debe entenderse trasladado a quien estableció nuevos vínculos con él, con motivo de la nueva relación familiar que formó, pues ese suceso generó lazos de solidaridad y ayuda mutua, insuficiente para cancelar y/o disminuir los alimentos a su actuales acreedoras. Respecto de los diversos acreedores invocados por el inconforme, tampoco aportó elementos contemporáneos para determinar sus posibilidades económicas, o bien, que su realidad financiera fuera diversa a la pactada cuando estableció el porcentaje de sus ingresos a enterar. Esto es, el quejoso sólo afirmó que a la fecha de instar la acción incidental, sus padres dependían económicamente de él, lo cual por sí sólo no genera un indicador que permita establecer proporcional y razonablemente una cantidad o porcentaje de las posibilidades del deudor. Lo cual, no significa que se deban probar a detalle los gastos del deudor alimentario, pues basta que de los hechos demostrados se advierta un parámetro de dependencia y que se aporten elementos probatorios, que razonablemente permitan inferir que sólo el quejoso puede satisfacer las necesidades impuestas, con el fin de permitirle al juzgador familiar regular prudencialmente la pensión alimentaria. De ahí lo infundado del concepto de violación. Apoya lo expuesto, por sus consideraciones, la tesis aislada I.3o.C.69 C (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la Décima Época, de registro 2002698, que dice: "ALIMENTOS. LA MUJER QUE HA PROCREADO HIJOS, TIENE DERECHO A RECIBIRLOS DEL PADRE DE ELLOS, CON INDEPENDENCIA DE QUE EXISTA UN MATRIMONIO PREVIO, QUE IMPIDA CONFIGURAR EL CONCUBINATO O ALGUNA OTRA INSTITUCIÓN DE FAMILIA, YA QUE ES UN TRATO DISCRIMINATORIO EXIGIR ALGUNO DE ESOS VÍNCULOS, PORQUE ES EL MEDIO NATURAL DE LA PROCREACIÓN EL QUE ORIGINA LA NECESARIA RELACIÓN DE SOLIDARIDAD Y AYUDA MUTUA ENTRE MADRE E HIJOS Y PADRE. El ordenamiento jurídico del Distrito Federal establece categorías de quienes tienen derecho a recibir alimentos, como son los cónyuges; los concubinos; los hijos; los hermanos; los padres; el adoptante y el adoptado; así como quiénes tienen la obligación correlativa, hasta llegar al pariente colateral dentro del cuarto grado, según lo previenen los artículos 301, 302, 303, 304, 305, 306 y 307 del Código Civil para el Distrito Federal, comprendiéndose también lo previsto por el artículo 13 de la Ley de Sociedad de Convivencia para el Distrito Federal; dentro de esas categorías no existe más limitación que el obligado y beneficiario se encuentren dentro del cuarto grado y el denominador común es que exista una relación de parentesco o un vínculo jurídico, que por la especial situación del menor o mayor de edad, sea necesario que otra persona mayor de edad y con capacidad económica, le suministre los alimentos indispensables para su subsistencia. Hay entre el deudor y la madre de sus hijos -como acreedor alimentario- una situación de dependencia económica y un vínculo jurídico que se extiende por el solo hecho de haber procreado hijos aunque no se surta el supuesto del matrimonio o del concubinato; incluso, aceptar que solamente la mujer casada o que vive en concubinato tiene derecho a alimentos, tendría un efecto discriminatorio hacia otra mujer que al igual que aquélla también ha procreado hijos con el deudor alimentario y necesita alimentos. Más aún, se desconocería el derecho a los alimentos de la mujer que ha procreado hijos, lo cual viola lo previsto en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política Mexicana que establece la obligación de respetar y proteger los derechos humanos, como es el derecho a los alimentos y se infringe el principio de igualdad del hombre y de la mujer; también se desconoce el artículo 1, en relación con los artículos 2, inciso d) y 13 inciso a), de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de la cual el Estado Mexicano es parte, publicada en el Diario Oficial de la Federación el doce de mayo de mil novecientos ochenta y uno. Así es, el derecho a las prestaciones familiares, que incluye el derecho a los alimentos sobre una base de igualdad entre hombre y mujer, y por mayoría de razón, de cualquier mujer frente a otra mujer cuyo denominador común sea el haber procreado hijos o incluso haber tenido la misma situación de una cónyuge, aunque no pueda reunir la calidad de concubina por el obstáculo jurídico de un matrimonio anterior, queda menoscabado cuando se exige por la ley o la autoridad judicial nacional al interpretarla, que exista una relación de matrimonio o concubinato, no obstante que haya procreado hijos con el deudor alimentista y se dedique al hogar y al cuidado de ellos, con lo cual no está en posibilidad real de proveerse a sí misma los ingresos económicos suficientes para satisfacer sus necesidades alimentarias. Por tanto, sobre la presunción de que la mujer es dependiente económica por dedicarse a cuidar a los hijos menores de edad que procreó con el presunto deudor alimentario, con independencia del estado civil de éste o de ella, y de que no pueda configurarse el concubinato, ni estén unidos en matrimonio civil, el acreedor y deudor alimentario, basta ese vínculo jurídico que surge de la relación padre, hijo, madre y que ésta no pueda proveerse a sí misma los ingresos necesarios para subsistir, para que se genere el derecho a los alimentos, que no se trata de otra cosa más que de satisfacer el derecho a la subsistencia, por lo que no puede depender de que exista una relación matrimonial o de concubinato, o de que no se demuestre la disolución de un matrimonio anterior, porque no se trata de un derecho exclusivo o excluyente de una persona frente a otra (como incluso lo prevé expresamente el artículo 17 de la Ley de Sociedad de Convivencia para el Distrito Federal), sino que resulta exigible cuando nace un vínculo de solidaridad entre personas, determinado no solamente por razones de familia o de establecer un hogar común, con voluntad de permanencia y de ayuda mutua, a través del matrimonio, concubinato, sociedad en convivencia o el parentesco, sino que es el hecho natural consistente en la procreación de hijos mutuos o adoptados, lo que motiva que la mujer se haga cargo del hogar donde viven y del cuidado de los menores, para la atención de sus necesidades, lo que genera una situación de dependencia. La mujer tiene el derecho a alimentos y podrá reclamar de su pareja o del padre de sus hijos menores, esos alimentos que no surgen de un específico estado civil en que se encuentran, sino de las relaciones de solidaridad y ayuda mutua que han entablado, que se reflejan en la procreación de los hijos y en la atención y cuidado de estos últimos. En tal virtud, no constituye una razón válida para negar la existencia del derecho a reclamar y la obligación de pagar alimentos, a quien como mujer tiene esa relación de solidaridad y ayuda con el deudor alimentista y que ha procreado hijos, con independencia de que exista un matrimonio previo, que impida configurar el concubinato o alguna otra institución de familia, porque no se discute la titularidad de un derecho patrimonial que derive de ese régimen a favor de uno de los cónyuges o concubinos, como es una donación, la herencia o la administración de la sociedad conyugal, que son derechos personalísimos en su goce y ejercicio por los cónyuges y concubinos, sino el cumplimiento de un mínimo deber de solidaridad entre personas que guardan un nexo que debe ser tutelado por la ley y por la autoridad judicial, por tener hijos en común. Así las cosas, la condición de mujer no casada o no concubina pero que cuida un hijo procreado con el deudor alimentista, no puede servir de base para excluirla del reconocimiento a una prestación familiar, como los alimentos, porque implica una discriminación por razón de sexo y estado civil proscrita por el artículo 1o. in fine de la Constitución Federal y los artículos enunciados de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer." Respecto del concepto de violación identificado con la letra C), es infundado porque no se demostró la falta de necesidad, de la menor de edad acreedora. Al respecto, el inconforme sostiene que se omitió valorar el oficio remitido por el rector del centro educativo donde está inscrita la menor acreedora, lo cual es incorrecto porque consta en el acto reclamado un pronunciamiento sobre el particular, en los siguientes términos: "Respecto de la acreedora ..., su necesidad de continuar recibiendo alimentos, quedó acreditada en autos con la documental consistente en el informe rendido por el Profesor ..., Director de la Universidad ..., visible a foja 48 del Incidente de Cancelación de Pensión Alimenticia, del que se desprende que se encuentra estudiando estilismo, terapia física, barbería y cosmiatría; documental que, al no haber sido objetada, cuenta con valor probatorio en términos del artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles sin que conste en autos prueba ofrecida por el apelante para demostrar la temporalidad de los estudios de su hija, circunstancia que es atribuible a él, pues desde la contestación de la demanda tuvo conocimiento del centro educativo al que acude ..., omitiendo durante la secuela procesal, objetar la prueba o realizar gestiones encaminadas a conocer con certeza, la duración de los estudios de su hija. (.)" Como se advierte, la sala responsable sí se pronunció sobre la documental objeto del concepto de violación, estableció el valor probatorio, el mérito convictivo que le merecía y las razones por las cuales lo apreció como consta en el acto reclamado, además, indicó los hechos que tuvo por demostrados, las circunstancias que desestimaban la acción, y las conclusiones del ejercicio judicial; en ese sentido es infundado lo alegado por el quejoso. Por otra parte, el impetrante alega que la menor de edad acreedora dejó de necesitar alimentos porque abandonó los estudios, argumento que es infundado. Al respecto el artículo 320 del Código Civil para la Ciudad de México, dice: "Artículo 320.- Se suspende o cesa, según el caso, la obligación de dar alimentos, por cualquiera de las siguientes causas: I.- Cuando el que la tiene carece de medios para cumplirla; II.- Cuando el alimentista deja de necesitar los alimentos; III.- En caso de violencia familiar o injurias graves inferidas, por el alimentista mayor de edad, contra el que debe prestarlos; IV.- Cuando la necesidad de los alimentos dependa de la conducta viciosa o de la falta de aplicación al estudio del alimentista mayor de edad; V.- Si el alimentista, sin consentimiento del que debe dar los alimentos, abandona la casa de éste por causas injustificables; VI.- Las demás que señale este Código u otras leyes." De la interpretación funcional al precepto transcrito se colige que integra una regla de reconocimiento al derecho del acreedor a cuyo favor se decreta una pensión alimenticia, sujeto a límites susceptibles de la carga probatoria, para determinar su temporalidad al amparo de las causas también previstas en la propia norma. La función que dicha norma tiene dentro de la figura de los alimentos es determinar la vigencia formal del derecho, mediante una garantía bilateral para las partes, en tanto que sólo en esos supuestos se podrá extinguir el derecho y que éste cesa únicamente ante aquellos; lo cual debe leerse en el sentido que al actualizarse y/o demostrarse cualquiera de los supuestos, la propia legislación considera extinguido ese derecho y, por consiguiente, el deudor alimentario se libera de la obligación legal de proporcionar la pensión alimenticia. Lo cual implica que una vez actualizada la situación jurídica prevista por la ley, se entiende desaparecida la causa legal que originó la obligación, sin que sea menester una declaratoria judicial que así lo decrete, pues al estar sujeta a la actualización de la hipótesis jurídica, una vez suscitada, fenece su vigencia por ministerio de la propia ley -que no por resolución judicial-, pues la circunstancia de que eventualmente se haga necesario instaurar una acción para que el juez declare judicialmente su extinción únicamente tiene por efecto que se reconozca que se produjo el supuesto previsto por la ley. De modo que el supuesto extintivo surtió efectos desde su realización; en tal supuesto, la liberación de la obligación no surge como consecuencia de esa declaratoria judicial, sino por virtud de la consecuencia legal y, por ende, sus efectos se retrotraen al momento en que surgió el hecho liberador. Máxime si se trata de los alimentos definitivos, porque estos ya no parten de una presunción que rige en absoluto la necesidad de asegurar cautelarmente los derechos del demandante, sino que se basan en los resultados de la función probatoria para justificar los términos del desplazamiento patrimonial, por ende, si el acreedor alimentario oculta el hecho previsto por la norma que fija el límite del derecho y sigue disponiendo de las cantidades que por ese concepto le son ministradas por virtud del mandato judicial, resulta inconcuso que ese actuar ya no encuentra sustento jurídico, porque presentarse el hecho que causó la extinción del derecho a los alimentos; una estimación en contrario conllevaría concluir que existen derechos absolutos en el orden jurídico, y sujetar a deberes a los gobernados de manera indeterminada y discrecional. Por consiguiente, adversamente a lo sostenido por el quejoso, no consta en el expediente que la acreedora ...hubiere dejado de necesitar alimentos, por terminar sus estudios y/o ya no estudiar. En el oficio en comento se hicieron constar las siguientes circunstancias: "(.) HACE CONSTAR Que la Srita. (de identidad protegida e iniciales ...), con clave única ... es alumna de esta institución, Cursando la Especialidad en: ESTILISMO, TERAPIA FÍSICA, BARBERÍA Y COSMIATRIA de acuerdo al programa de estudios. Los archivos se encuentran en esta institución. Se expide la presente para fines de la interesada a los 17 días del mes de Noviembre de 2018. ATENTAMENTE DIRECTOR DE LA ESCUELA PROF. ... (rúbrica) FIRMA Vigencia del 17 de noviembre del 2018 al 17 de Enero de 2019. (.)" Como se advierte del documento valorado en el acto reclamado, a la fecha de instarse la acción rescisoria la acreedora alimentaria todavía estaba cursando sus estudios, porque se reportó que era alumna con matricula, identificada como estudiante de una especialidad impartida por la institución educativa. Aunado a que el oficio remitido da cuenta de la vigencia de la capacitación impartida a la acreedora, porque no indica que ésta hubiere culminado las materias o módulos respectivos, o bien, que habiéndolas terminado se encuentre tramitando su cédula y/o documento que la acredite como profesional. Sobre esa base, los autos son evidencia que la causal extintiva de los derechos del acreedor alimentario invocada como punto jurídico en el acto reclamado, fue haber dejado de necesitar alimentos por dejar de estudiar. Empero, las pruebas ofrecidas y las incorporadas en el proceso no corroboran la circunstancia extintiva invocada, tampoco informan que la edad del acreedor no corresponda al grado y/o nivel de estudios indicado en la constancia transcrita, o bien, que tenga ingresos propios para su subsistencia. Aunado a que bajo las circunstancias descritas correspondía al deudor demostrar que la acreedora cuenta con los elementos necesarios para subsistir y, por ende, ya no necesita los alimentos que le proporciona, particularmente debía acreditar la duración de los estudios, el estatus de estudiante, la vigencia del informe, o bien, si se encuentra tramitando su cédula o documento que la acredite como especialista. De modo que si el deudor no asume esa carga probatoria, entonces surte plenos efectos la presunción de que el acreedor alimentario necesita los alimentos; por ello, no sería jurídico condenar a la acreedora a la pérdida de ese derecho. Ante tal contexto es infundado el concepto de violación. Apoya lo expuesto, por sus consideraciones, la tesis aislada I.3o.C.808 C, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de la Novena Época, de registro 164281, que dice: "PENSIÓN ALIMENTICIA. NO PROCEDE SU CONDENA CUANDO EL ACREEDOR ES MAYOR DE EDAD Y CUENTA CON PREPARACIÓN Y ESTUDIOS TÉCNICOS SUFICIENTES PARA OBTENER INGRESOS PROPIOS, AUN CUANDO SU INTENCIÓN SEA LA DE SEGUIR ESTUDIOS PROFESIONALES. El artículo 320 del Código Civil para el Distrito Federal, en su fracción II, establece la figura de la suspensión o cesación de la obligación de dar alimentos, con motivo de que el acreedor alimentista alcance la mayoría de edad (supuesto en el que la propia ley establece la presunción de que una persona puede disponer libremente de su persona y de sus bienes) sólo por excepción sus padres deben otorgarlos hasta los veinticinco años de edad de dicho acreedor, si él demuestra que sigue estudiando en grado acorde a su edad; sin embargo, si de los elementos probatorios allegados al juicio se advierte que existe constancia de que el acreedor cuenta con preparación y estudios técnicos, debe considerársele capacitado para obtener ingresos, aunque manifieste y demuestre su intención de seguir estudios profesionales, atento a que en el sistema educativo los estudios técnicos evidencian una capacitación educativa plena." Consecuentemente, al ser inoperantes e infundados los conceptos de violación, procede negar el amparo solicitado. Negativa extensiva a los actos de ejecución, por no combatirse por vicios propios, sino en vía de consecuencia, conforme a la jurisprudencia 91 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de registro 917625, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía." Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 1 fracción primera, 73 a 77, 216 y 217, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ..., por propio derecho, contra actos de la Cuarta Sala y Juez Trigésimo, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México, precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso último de esta sentencia. Notifíquese en su oportunidad personalmente a las partes. "
- Principal
Agréguese la razón de cuenta, donde se informa la imposibilidad para notificar en forma personal a las terceras interesadas, la sentencia dictada en autos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27 fracción II, de la Ley de Amparo, NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA la sentencia aludida, este auto y los subsecuentes. NOTIFÍQUESE. LA SENTENCIA DICTADA EN AUTOS SEÑALA: "V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 88/2020, promovido por ..., por propio derecho, contra actos de la Cuarta Sala y Juez Trigésimo, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda. El treinta de enero de dos mil veinte, la parte quejosa demandó el amparo contra actos considerados contrarios a sus derechos previstos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. Segundo. Admisión. El cuatro de febrero siguiente, se admitió a trámite; dio intervención a la Representante Social de la Federación adscrita; requirió informes justificados; ordenó emplazar a la parte tercera interesada, y señaló fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional. Tercero. Trámite. Se rindieron los informes de ley; la representante social adscrita no formuló pedimento; se emplazó a la tercera interesada; y, finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta precedente; y C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgador es legalmente competente para resolver, conforme a los artículos 103, párrafo primero, fracción I, 107, párrafo primero, fracción VII, de la Constitución Federal; 54, párrafo primero, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos derivados de un juicio de naturaleza familiar, seguido ante un tribunal del orden común, con jurisdicción dentro del ámbito territorial, donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. Segundo. Litis. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado es: La sentencia dictada el ocho de enero de dos mil veinte, por la Cuarta Sala Familiar de la Ciudad de México en el toca 1348/2019, que confirmó la interlocutoria emitida por el Juez Trigésimo de la propia especialidad y residencia, el catorce de marzo de dos mil diecinueve, donde se absolvió a las codemandadas de la acción de cancelación alimentaria. La ejecución de dicha resolución. Tercero. Existencia. Son ciertos los actos reclamados, como lo aceptaron las autoridades responsables y se corrobora con las constancias certificadas remitidas, de valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Cuarto. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron al acto reclamado: I. En audiencia de cinco de agosto de dos mil diez, las partes celebraron un convenio para regular las cuestiones inherentes a la disolución del vínculo familiar, cuya cláusula tercera dice: "(.) TERCERA. Ambas partes manifiestan su conformidad a favor de que el demandado otorgara por concepto de pensión alimenticia definitiva a favor de la actora ... y las menores hijas de las partes el 41.25% CUARENTA Y UNO PUNTO VEINTICINCO POR CIENTO de todas sus prestaciones ordinarias y extraordinarias, previos los descuentos de ley, que obtiene mensualmente por su trabajo, por lo que solicitan desde este momento se gire el oficio correspondiente a la fuente laboral del deudor alimentario para que proceda a descontar el porcentaje antes aludido, dejando sin efectos la pensión alimenticia fijada con el carácter de provisional ordenada mediante oficio número 5177 de fecha seis de julio del mismo año." II. El seis de febrero de dos mil dieciocho, se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de once de agosto de dos mil diecisiete, donde el Juez Trigésimo Familiar de la Ciudad de México canceló la pensión alimentaria a Claudia Merino Cortés; en su lugar, la alzada modificó el fallo recurrido y absolvió a la enjuiciada de la cancelación de alimentos avenida a favor de la infanta Saray Quintero Merino, y ordenó la subsistencia del porcentaje establecido únicamente en beneficio de las menores. III. El trece de agosto de dos mil dieciocho, se admitió en la vía incidental la acción donde el quejoso demandó la cancelación de pensión alimenticia, respecto de Claudia Merino Cortés y Saray Quintero Merino. IV. En primera instancia se dictó sentencia el catorce de marzo de dos mil diecinueve, conforme a los siguientes puntos resolutivos: "R E S U E L V E PRIMERO.- Ha resultado improcedente el incidente de cancelación de pensión alimenticia, en la que el actor incidentista ..., no acreditó los extremos de su acción. SEGUNDO.- Se absuelve a las codemandadas incidentales ... y ... de las prestaciones que les fueron reclamadas en el presente juicio. V. Inconforme, el quejoso recurrió el fallo, el cual fue resuelto el ocho de enero de dos mil veinte en el toca 1348/2019 por la Cuarta Sala Familiar de la Ciudad de México, que confirmó el acto impugnado. Esta última resolución y su ejecución integran la materia de los actos reclamados. Quinto. Conceptos de violación, donde la parte quejosa alega: A) El acto reclamado contraviene las garantías previstas en los artículos 14, 16 y 17, en relación a los ordinales 291 Quintus, 311 y 320 fracción IV del Código Civil para la Ciudad de México, porque la autoridad no valoró las pruebas ofrecidas, donde se demostró que la colitigante obtiene ingresos propios. La autoridad dejó de considerar que ya transcurrió el tiempo que duró el concubinato. B) Tampoco se analizó que el inconforme tiene nuevos acreedores, lo cual cambia las circunstancias en las que se originó la obligación alimentaria, aunado a que se demostró que la capacidad económica es menor. C) La menor acreedora ya cumplió la mayoría de edad y no continua estudiando, por lo cual se acredita el supuesto del artículo 320 fracciones I, III y IV del Código Civil de la Ciudad de México. La sentencia reclamada es ilegal porque se omitió estudiar el informe ofrecido del director de la universidad, como injustificado es omitir valorarlo y Remitir al inconforme a la resolución de once de agosto de dos mil diecisiete. Es incorrecto dejar de analizar las pruebas ofrecidas y considerar que fueron consentidas por las partes, porque el primer incidente promovido fue respecto de la menor involucrada, y se opuso la existencia de diversos acreedores con mejor derecho a recibir alimentos. Los conceptos de violación en una parte son inoperantes y en otra, infundados, los cuales serán analizados como fueron agrupados, por englobar temas afines, aunque no corresponda a la forma planteada por el quejoso, como lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo. El motivo de inconformidad marcado con la letra A) es inoperante porque la pensión alimentaria de la ex cónyuge, ya no es materia de controversia y por ende, es ajena a la litis. En efecto, al resolver el toca de apelación 2420/2017 el seis de febrero de dos mil dieciocho, la Cuarta Sala Familiar de la Ciudad de México hizo cesar la pensión de Claudia Merino Cortés, al amparo del artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles y 320 fracción II, del Código de Procedimientos, ambos de la Ciudad de México. En dicho fallo la alzada acreditó que la ex cónyuge del inconforme a la fecha de resolver tenía ingresos propios, acorde al informe laboral expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde consta su alta laboral en la empresa Soluciones y Sinergia Corporativa sociedad anónima de capital variable, con un ingreso mensual por ... Con tales constancias la sala responsable concluyó que las situaciones que imperaban al inicio del deber alimentario, con motivo del convenio de once de agosto de dos mil diez, se habían modificado, que tuvieron como base de la obligación la falta de empleo remunerado e ingresos propios. Aunado a que la remuneración económica obtenida en la empresa en la cual se prestan los servicios, como fue demostrado, son incluso superiores a la cuantía de la propia pensión. Ante tal escenario, la sala responsable concluyó que el porcentaje de pensión pactado por las partes debía subsistir, aunque sólo para las diversas menores de edad acreedoras, y cancelarse para la ex cónyuge, por la modificación en las condiciones, y porque ese parámetro fue avenido por el deudor en ejercicio de su libertad contractual. Como se ve, previo a dictarse el acto reclamado ya se había resuelto la cancelación de la pensión alimentaria de la ex cónyuge de la parte quejosa, de modo que, ya no es posible analizar la duración del vínculo matrimonial, o la falta de necesidad de los alimentos, como causa extintiva o modificativa en general del deber de ministrar alimentos, porque tales condiciones tampoco pueden oponerse a las actuales acreedoras, que son las dos menores hijas del inconforme. En ese sentido, el lapso de la relación familiar sostenida por el quejoso y la entonces acreedora alimentaria Claudia Merino Cortés, como punto de referencia o límite a la obligación alimentaria ya no son materia de la litis, pues dejó de ser un deber que el impetrante debiera cumplir, previo al acto reclamado; en ese sentido resulta ajeno a la litis constitucional, y por ende inoperante. Al efecto se cita la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, tomo XII, de diciembre de 2000, página 1194, en materia común, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES CUANDO COMBATEN CONSIDERACIONES NO EXPRESADAS EN LA SENTENCIA RECLAMADA. Si en los conceptos de violación se hacen valer argumentos en relación a consideraciones o razonamientos que no fueron expresados o abordados en la sentencia reclamada para resolver en la manera en que se hizo en la misma, deben entonces desestimarse tales conceptos por inoperantes, puesto que con ellos no se desvirtúa la legalidad de la referida sentencia, a menos de que se esté en alguna de las hipótesis del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en cuyo caso deberá suplirse la deficiencia de la queja." Tocante al concepto de violación identificado con la letra B) es infundado, porque los elementos de valoración aportados por el informe no son aptos para regular la pensión. En efecto, en el escrito inicial de demanda el actor únicamente indicó tener como deudores alimentarios novedosos, a sus padres, a su actual cónyuge respecto de la cual exhibió acta de matrimonio. Al amparo de las afirmaciones planteadas por la parte actora, se contesta al quejoso que aun cuando cuente con nuevas obligaciones alimentarias, el deber de auxilio que ahora se discute respecto de su actual pareja debe entenderse trasladado a quien estableció nuevos vínculos con él, con motivo de la nueva relación familiar que formó, pues ese suceso generó lazos de solidaridad y ayuda mutua, insuficiente para cancelar y/o disminuir los alimentos a su actuales acreedoras. Respecto de los diversos acreedores invocados por el inconforme, tampoco aportó elementos contemporáneos para determinar sus posibilidades económicas, o bien, que su realidad financiera fuera diversa a la pactada cuando estableció el porcentaje de sus ingresos a enterar. Esto es, el quejoso sólo afirmó que a la fecha de instar la acción incidental, sus padres dependían económicamente de él, lo cual por sí sólo no genera un indicador que permita establecer proporcional y razonablemente una cantidad o porcentaje de las posibilidades del deudor. Lo cual, no significa que se deban probar a detalle los gastos del deudor alimentario, pues basta que de los hechos demostrados se advierta un parámetro de dependencia y que se aporten elementos probatorios, que razonablemente permitan inferir que sólo el quejoso puede satisfacer las necesidades impuestas, con el fin de permitirle al juzgador familiar regular prudencialmente la pensión alimentaria. De ahí lo infundado del concepto de violación. Apoya lo expuesto, por sus consideraciones, la tesis aislada I.3o.C.69 C (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la Décima Época, de registro 2002698, que dice: "ALIMENTOS. LA MUJER QUE HA PROCREADO HIJOS, TIENE DERECHO A RECIBIRLOS DEL PADRE DE ELLOS, CON INDEPENDENCIA DE QUE EXISTA UN MATRIMONIO PREVIO, QUE IMPIDA CONFIGURAR EL CONCUBINATO O ALGUNA OTRA INSTITUCIÓN DE FAMILIA, YA QUE ES UN TRATO DISCRIMINATORIO EXIGIR ALGUNO DE ESOS VÍNCULOS, PORQUE ES EL MEDIO NATURAL DE LA PROCREACIÓN EL QUE ORIGINA LA NECESARIA RELACIÓN DE SOLIDARIDAD Y AYUDA MUTUA ENTRE MADRE E HIJOS Y PADRE. El ordenamiento jurídico del Distrito Federal establece categorías de quienes tienen derecho a recibir alimentos, como son los cónyuges; los concubinos; los hijos; los hermanos; los padres; el adoptante y el adoptado; así como quiénes tienen la obligación correlativa, hasta llegar al pariente colateral dentro del cuarto grado, según lo previenen los artículos 301, 302, 303, 304, 305, 306 y 307 del Código Civil para el Distrito Federal, comprendiéndose también lo previsto por el artículo 13 de la Ley de Sociedad de Convivencia para el Distrito Federal; dentro de esas categorías no existe más limitación que el obligado y beneficiario se encuentren dentro del cuarto grado y el denominador común es que exista una relación de parentesco o un vínculo jurídico, que por la especial situación del menor o mayor de edad, sea necesario que otra persona mayor de edad y con capacidad económica, le suministre los alimentos indispensables para su subsistencia. Hay entre el deudor y la madre de sus hijos -como acreedor alimentario- una situación de dependencia económica y un vínculo jurídico que se extiende por el solo hecho de haber procreado hijos aunque no se surta el supuesto del matrimonio o del concubinato; incluso, aceptar que solamente la mujer casada o que vive en concubinato tiene derecho a alimentos, tendría un efecto discriminatorio hacia otra mujer que al igual que aquélla también ha procreado hijos con el deudor alimentario y necesita alimentos. Más aún, se desconocería el derecho a los alimentos de la mujer que ha procreado hijos, lo cual viola lo previsto en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política Mexicana que establece la obligación de respetar y proteger los derechos humanos, como es el derecho a los alimentos y se infringe el principio de igualdad del hombre y de la mujer; también se desconoce el artículo 1, en relación con los artículos 2, inciso d) y 13 inciso a), de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de la cual el Estado Mexicano es parte, publicada en el Diario Oficial de la Federación el doce de mayo de mil novecientos ochenta y uno. Así es, el derecho a las prestaciones familiares, que incluye el derecho a los alimentos sobre una base de igualdad entre hombre y mujer, y por mayoría de razón, de cualquier mujer frente a otra mujer cuyo denominador común sea el haber procreado hijos o incluso haber tenido la misma situación de una cónyuge, aunque no pueda reunir la calidad de concubina por el obstáculo jurídico de un matrimonio anterior, queda menoscabado cuando se exige por la ley o la autoridad judicial nacional al interpretarla, que exista una relación de matrimonio o concubinato, no obstante que haya procreado hijos con el deudor alimentista y se dedique al hogar y al cuidado de ellos, con lo cual no está en posibilidad real de proveerse a sí misma los ingresos económicos suficientes para satisfacer sus necesidades alimentarias. Por tanto, sobre la presunción de que la mujer es dependiente económica por dedicarse a cuidar a los hijos menores de edad que procreó con el presunto deudor alimentario, con independencia del estado civil de éste o de ella, y de que no pueda configurarse el concubinato, ni estén unidos en matrimonio civil, el acreedor y deudor alimentario, basta ese vínculo jurídico que surge de la relación padre, hijo, madre y que ésta no pueda proveerse a sí misma los ingresos necesarios para subsistir, para que se genere el derecho a los alimentos, que no se trata de otra cosa más que de satisfacer el derecho a la subsistencia, por lo que no puede depender de que exista una relación matrimonial o de concubinato, o de que no se demuestre la disolución de un matrimonio anterior, porque no se trata de un derecho exclusivo o excluyente de una persona frente a otra (como incluso lo prevé expresamente el artículo 17 de la Ley de Sociedad de Convivencia para el Distrito Federal), sino que resulta exigible cuando nace un vínculo de solidaridad entre personas, determinado no solamente por razones de familia o de establecer un hogar común, con voluntad de permanencia y de ayuda mutua, a través del matrimonio, concubinato, sociedad en convivencia o el parentesco, sino que es el hecho natural consistente en la procreación de hijos mutuos o adoptados, lo que motiva que la mujer se haga cargo del hogar donde viven y del cuidado de los menores, para la atención de sus necesidades, lo que genera una situación de dependencia. La mujer tiene el derecho a alimentos y podrá reclamar de su pareja o del padre de sus hijos menores, esos alimentos que no surgen de un específico estado civil en que se encuentran, sino de las relaciones de solidaridad y ayuda mutua que han entablado, que se reflejan en la procreación de los hijos y en la atención y cuidado de estos últimos. En tal virtud, no constituye una razón válida para negar la existencia del derecho a reclamar y la obligación de pagar alimentos, a quien como mujer tiene esa relación de solidaridad y ayuda con el deudor alimentista y que ha procreado hijos, con independencia de que exista un matrimonio previo, que impida configurar el concubinato o alguna otra institución de familia, porque no se discute la titularidad de un derecho patrimonial que derive de ese régimen a favor de uno de los cónyuges o concubinos, como es una donación, la herencia o la administración de la sociedad conyugal, que son derechos personalísimos en su goce y ejercicio por los cónyuges y concubinos, sino el cumplimiento de un mínimo deber de solidaridad entre personas que guardan un nexo que debe ser tutelado por la ley y por la autoridad judicial, por tener hijos en común. Así las cosas, la condición de mujer no casada o no concubina pero que cuida un hijo procreado con el deudor alimentista, no puede servir de base para excluirla del reconocimiento a una prestación familiar, como los alimentos, porque implica una discriminación por razón de sexo y estado civil proscrita por el artículo 1o. in fine de la Constitución Federal y los artículos enunciados de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer." Respecto del concepto de violación identificado con la letra C), es infundado porque no se demostró la falta de necesidad, de la menor de edad acreedora. Al respecto, el inconforme sostiene que se omitió valorar el oficio remitido por el rector del centro educativo donde está inscrita la menor acreedora, lo cual es incorrecto porque consta en el acto reclamado un pronunciamiento sobre el particular, en los siguientes términos: "Respecto de la acreedora ..., su necesidad de continuar recibiendo alimentos, quedó acreditada en autos con la documental consistente en el informe rendido por el Profesor ..., Director de la Universidad ..., visible a foja 48 del Incidente de Cancelación de Pensión Alimenticia, del que se desprende que se encuentra estudiando estilismo, terapia física, barbería y cosmiatría; documental que, al no haber sido objetada, cuenta con valor probatorio en términos del artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles sin que conste en autos prueba ofrecida por el apelante para demostrar la temporalidad de los estudios de su hija, circunstancia que es atribuible a él, pues desde la contestación de la demanda tuvo conocimiento del centro educativo al que acude ..., omitiendo durante la secuela procesal, objetar la prueba o realizar gestiones encaminadas a conocer con certeza, la duración de los estudios de su hija. (.)" Como se advierte, la sala responsable sí se pronunció sobre la documental objeto del concepto de violación, estableció el valor probatorio, el mérito convictivo que le merecía y las razones por las cuales lo apreció como consta en el acto reclamado, además, indicó los hechos que tuvo por demostrados, las circunstancias que desestimaban la acción, y las conclusiones del ejercicio judicial; en ese sentido es infundado lo alegado por el quejoso. Por otra parte, el impetrante alega que la menor de edad acreedora dejó de necesitar alimentos porque abandonó los estudios, argumento que es infundado. Al respecto el artículo 320 del Código Civil para la Ciudad de México, dice: "Artículo 320.- Se suspende o cesa, según el caso, la obligación de dar alimentos, por cualquiera de las siguientes causas: I.- Cuando el que la tiene carece de medios para cumplirla; II.- Cuando el alimentista deja de necesitar los alimentos; III.- En caso de violencia familiar o injurias graves inferidas, por el alimentista mayor de edad, contra el que debe prestarlos; IV.- Cuando la necesidad de los alimentos dependa de la conducta viciosa o de la falta de aplicación al estudio del alimentista mayor de edad; V.- Si el alimentista, sin consentimiento del que debe dar los alimentos, abandona la casa de éste por causas injustificables; VI.- Las demás que señale este Código u otras leyes." De la interpretación funcional al precepto transcrito se colige que integra una regla de reconocimiento al derecho del acreedor a cuyo favor se decreta una pensión alimenticia, sujeto a límites susceptibles de la carga probatoria, para determinar su temporalidad al amparo de las causas también previstas en la propia norma. La función que dicha norma tiene dentro de la figura de los alimentos es determinar la vigencia formal del derecho, mediante una garantía bilateral para las partes, en tanto que sólo en esos supuestos se podrá extinguir el derecho y que éste cesa únicamente ante aquellos; lo cual debe leerse en el sentido que al actualizarse y/o demostrarse cualquiera de los supuestos, la propia legislación considera extinguido ese derecho y, por consiguiente, el deudor alimentario se libera de la obligación legal de proporcionar la pensión alimenticia. Lo cual implica que una vez actualizada la situación jurídica prevista por la ley, se entiende desaparecida la causa legal que originó la obligación, sin que sea menester una declaratoria judicial que así lo decrete, pues al estar sujeta a la actualización de la hipótesis jurídica, una vez suscitada, fenece su vigencia por ministerio de la propia ley -que no por resolución judicial-, pues la circunstancia de que eventualmente se haga necesario instaurar una acción para que el juez declare judicialmente su extinción únicamente tiene por efecto que se reconozca que se produjo el supuesto previsto por la ley. De modo que el supuesto extintivo surtió efectos desde su realización; en tal supuesto, la liberación de la obligación no surge como consecuencia de esa declaratoria judicial, sino por virtud de la consecuencia legal y, por ende, sus efectos se retrotraen al momento en que surgió el hecho liberador. Máxime si se trata de los alimentos definitivos, porque estos ya no parten de una presunción que rige en absoluto la necesidad de asegurar cautelarmente los derechos del demandante, sino que se basan en los resultados de la función probatoria para justificar los términos del desplazamiento patrimonial, por ende, si el acreedor alimentario oculta el hecho previsto por la norma que fija el límite del derecho y sigue disponiendo de las cantidades que por ese concepto le son ministradas por virtud del mandato judicial, resulta inconcuso que ese actuar ya no encuentra sustento jurídico, porque presentarse el hecho que causó la extinción del derecho a los alimentos; una estimación en contrario conllevaría concluir que existen derechos absolutos en el orden jurídico, y sujetar a deberes a los gobernados de manera indeterminada y discrecional. Por consiguiente, adversamente a lo sostenido por el quejoso, no consta en el expediente que la acreedora ...hubiere dejado de necesitar alimentos, por terminar sus estudios y/o ya no estudiar. En el oficio en comento se hicieron constar las siguientes circunstancias: "(.) HACE CONSTAR Que la Srita. (de identidad protegida e iniciales ...), con clave única ... es alumna de esta institución, Cursando la Especialidad en: ESTILISMO, TERAPIA FÍSICA, BARBERÍA Y COSMIATRIA de acuerdo al programa de estudios. Los archivos se encuentran en esta institución. Se expide la presente para fines de la interesada a los 17 días del mes de Noviembre de 2018. ATENTAMENTE DIRECTOR DE LA ESCUELA PROF. ... (rúbrica) FIRMA Vigencia del 17 de noviembre del 2018 al 17 de Enero de 2019. (.)" Como se advierte del documento valorado en el acto reclamado, a la fecha de instarse la acción rescisoria la acreedora alimentaria todavía estaba cursando sus estudios, porque se reportó que era alumna con matricula, identificada como estudiante de una especialidad impartida por la institución educativa. Aunado a que el oficio remitido da cuenta de la vigencia de la capacitación impartida a la acreedora, porque no indica que ésta hubiere culminado las materias o módulos respectivos, o bien, que habiéndolas terminado se encuentre tramitando su cédula y/o documento que la acredite como profesional. Sobre esa base, los autos son evidencia que la causal extintiva de los derechos del acreedor alimentario invocada como punto jurídico en el acto reclamado, fue haber dejado de necesitar alimentos por dejar de estudiar. Empero, las pruebas ofrecidas y las incorporadas en el proceso no corroboran la circunstancia extintiva invocada, tampoco informan que la edad del acreedor no corresponda al grado y/o nivel de estudios indicado en la constancia transcrita, o bien, que tenga ingresos propios para su subsistencia. Aunado a que bajo las circunstancias descritas correspondía al deudor demostrar que la acreedora cuenta con los elementos necesarios para subsistir y, por ende, ya no necesita los alimentos que le proporciona, particularmente debía acreditar la duración de los estudios, el estatus de estudiante, la vigencia del informe, o bien, si se encuentra tramitando su cédula o documento que la acredite como especialista. De modo que si el deudor no asume esa carga probatoria, entonces surte plenos efectos la presunción de que el acreedor alimentario necesita los alimentos; por ello, no sería jurídico condenar a la acreedora a la pérdida de ese derecho. Ante tal contexto es infundado el concepto de violación. Apoya lo expuesto, por sus consideraciones, la tesis aislada I.3o.C.808 C, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de la Novena Época, de registro 164281, que dice: "PENSIÓN ALIMENTICIA. NO PROCEDE SU CONDENA CUANDO EL ACREEDOR ES MAYOR DE EDAD Y CUENTA CON PREPARACIÓN Y ESTUDIOS TÉCNICOS SUFICIENTES PARA OBTENER INGRESOS PROPIOS, AUN CUANDO SU INTENCIÓN SEA LA DE SEGUIR ESTUDIOS PROFESIONALES. El artículo 320 del Código Civil para el Distrito Federal, en su fracción II, establece la figura de la suspensión o cesación de la obligación de dar alimentos, con motivo de que el acreedor alimentista alcance la mayoría de edad (supuesto en el que la propia ley establece la presunción de que una persona puede disponer libremente de su persona y de sus bienes) sólo por excepción sus padres deben otorgarlos hasta los veinticinco años de edad de dicho acreedor, si él demuestra que sigue estudiando en grado acorde a su edad; sin embargo, si de los elementos probatorios allegados al juicio se advierte que existe constancia de que el acreedor cuenta con preparación y estudios técnicos, debe considerársele capacitado para obtener ingresos, aunque manifieste y demuestre su intención de seguir estudios profesionales, atento a que en el sistema educativo los estudios técnicos evidencian una capacitación educativa plena." Consecuentemente, al ser inoperantes e infundados los conceptos de violación, procede negar el amparo solicitado. Negativa extensiva a los actos de ejecución, por no combatirse por vicios propios, sino en vía de consecuencia, conforme a la jurisprudencia 91 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de registro 917625, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía." Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 1 fracción primera, 73 a 77, 216 y 217, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ..., por propio derecho, contra actos de la Cuarta Sala y Juez Trigésimo, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México, precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso último de esta sentencia. Notifíquese en su oportunidad personalmente a las partes. "
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