Isis Shanan Cruz Cruz y Otros.
Expediente 343/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 343/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Isis Shanan Cruz Cruz y Otros.
Actuaciones
- Principal
Visto el oficio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, se ordena remitir al Juez Séptimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, previa copia simple que se deje en autos; pues es la autoridad a quien se envió este asunto. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese el oficio del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual informa que no insiste en declinar competencia; y envió el asunto al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Archívese como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del caso, tomando en consideración que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, el ambiente o gestión ambiental; que no contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de uno de trascendencia jurídica, política, social o económica, el presente cuaderno de antecedentes no es de relevancia documental. De conformidad con el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace la observación de que el cuaderno es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se declaró carecer de competencia legal. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Visto el oficio proveniente del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, que contiene la demanda que promueven **** e *****, por propio derecho; contra actos de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y otras autoridades, por violación a los derechos fundamentales reconocidos en los preceptos 1, 4, 14, 16, 22 y 133 constitucionales, al efecto se acuerda: Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno electrónico con el número 343/2023. Tramítese el presente asunto observando los términos del ordinal 3° de la Ley de Amparo. NO SE ACEPTA COMPETENCIA: Respetuosamente se disiente de la postura del oficiante, y este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, NO ACEPTA LA COMPETENCIA DECLINADA, debiendo devolverse el asunto al requirente como marca el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo. I. Del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la peticionaria se duele de los siguientes actos: Daños y riesgos de salud generados por un accidente con un autobús de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP). Afectación patrimonial a los quejosos, los gastos erogados para solventar los tratamientos necesarios para atender las consecuencias del percance que sufrieron. Negativa de las autoridades administrativas de la Ciudad de México y de la aseguradora del vehículo de trasporte público contratada de cubrir los gastos médicos generados por el siniestro. Dolor físico, angustia emocional, tortura física y psicológica con motivo de las consecuencias del incidente referido. La fijación del acto reclamado en los términos anteriores, encuentra justificación en los principios de congruencia y exhaustividad que rigen en el juicio constitucional, pues los juzgadores de amparo deben examinar en su totalidad los ocursos iniciales y sus aclaraciones para desentrañar la verdadera lesión y, de esa manera, emitir un pronunciamiento congruente e integral. Al respecto se invoca por analogía, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 181810, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." También es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 55/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 195745, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." II. Conforme a los artículos 38 de la Ley de amparo y 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los jueces de distrito en materia administrativa conocerán de los amparos que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial. Atendiendo a esta regla, la preeminencia competencial entre dos jueces de distrito de distinta materia, se obtiene en razón de la naturaleza del órgano o autoridad responsable y sus actos materiales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.3o.C.100 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con registro digital 163502, que dice: "COMPETENCIA. CRITERIOS DE ESPECIALIZACIÓN POR MATERIA (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 51, 52, 54 Y 55 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN). De la lectura armónica y sistemática de los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se deriva un conjunto de reglas para la distribución de las competencias tratándose de Juzgados de Distrito especializados por diversas materias con base en dos elementos fundamentales: a. La materialidad o naturaleza intrínseca de los actos reclamados, porque se refiera a actos o leyes federales o locales sobre una materia o un bien jurídico tutelado determinado que puede referirse a una cuestión penal, civil, administrativa o laboral. b. El origen del acto reclamado, según sea la naturaleza de la autoridad responsable, esto es, si proviene de una autoridad judicial que tiene una materia asignada o si no es judicial, lo que conduce a que pueda tener la calidad de autoridad administrativa; y si se trata de leyes, la competencia atiende a la materia regulada y, en todo caso, debe atenderse a cada supuesto para establecer qué criterio se privilegia. Así, conocerá un Juez de Distrito en materia penal, de los actos dictados por la autoridad judicial penal, inclusive de resoluciones dictadas en incidentes de reparación del daño o responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; o de cualquier autoridad que afecte la libertad personal, salvo las correcciones disciplinarias y medidas de apremio impuestas fuera de procedimiento penal; en estos casos, la competencia la define el carácter material del órgano judicial o la naturaleza penal del acto reclamado. En tratándose del amparo contra los actos dictados por la autoridad laboral o en un procedimiento seguido por la autoridad del mismo orden, así como de las leyes y disposiciones de observancia general en materia de trabajo, conocerá un Juez de Distrito en materia laboral, según el caso; en este supuesto, la competencia la define la naturaleza material del órgano judicial o administrativo laboral o la naturaleza laboral del acto reclamado. Entonces, el Juez de Distrito en materia de trabajo conocerá de los juicios de amparo promovidos contra actos de la autoridad judicial; en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido del mismo orden; que se promuevan contra leyes y disposiciones de observancia general en materia de trabajo o que sobre esa materia se dicten por una autoridad distinta de la judicial y los promovidos contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido o que afecten a personas extrañas al juicio. En los juicios de amparo promovidos en contra de los actos dictados por la autoridad judicial administrativa conocerá un Juez de Distrito en materia administrativa; en todos estos casos, la naturaleza del órgano o autoridad responsable y sus actos materiales definen la competencia. Por otro lado, el artículo 54, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece, con especial referencia a la competencia de los Jueces de amparo en materia administrativa, una vis atractiva especial, al indicar que deben conocer de los juicios de amparo contra autoridad distinta de la judicial, salvo los casos de extradición y de las demandas de amparo promovidas contra leyes y disposiciones de observancia general en materia penal. De modo que por esta regla general, la preeminencia la tiene la autoridad origen del acto reclamado, esto es, si no es judicial, en principio el competente será el Juez en materia administrativa, salvo que el acto afecte la libertad, porque entonces, atendiendo a este bien jurídico, el más importante después de la vida, el competente será el Juez de amparo penal. Finalmente, en tratándose del amparo promovido contra actos dictados por la autoridad judicial civil, en el cumplimiento y aplicación de leyes federales o tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, conocerá un Juez de Distrito en materia civil; por lo que en este supuesto, la competencia la define la naturaleza formal del órgano judicial y, en su caso, cuando se promueve el juicio de amparo en contra de leyes y disposiciones de observancia general en materia civil, es la naturaleza del bien regulado, lo que define la competencia." En el caso, la parte quejosa reclama diversas afectaciones patrimoniales y riesgos a la salud generados con motivo de un accidente automovilístico con un autobús de la red de transporte de la Ciudad de México; y la negativa de la aseguradora del vehículo de transporte público de cubrir los gastos médicos generados por el siniestro. Tales actos se los atribuye a la Jefa y Secretario de Gobierno, Secretario de Movilidad y Director General de la Red de Transporte; así como, al Director General de GNP Seguros, todos de la Ciudad de México. Como se ve, la queja radica en la falta de atención de salud y patrimonial con motivo de un siniestro para el cual, se alega, la administración pública cuenta con un seguro del cual los quejosos no se han visto beneficiados, aun cuando sufrieron un accidente a causa de un transporte de la Ciudad de México. Sin embargo, tales reclamos no tienen relación con algún procedimiento judicial, sino con la afectación de la salud y patrimonial derivados de accidente y los gastos erogados para solventar sus tratamientos; así como, las deficiencias en los servicios de salud brindados por las autoridades administrativas a través del ente asegurador del vehículo de transporte público, lo cual es, en su caso, una cuestión que radica en el análisis de las facultades administrativas que despliegan las responsables en el ejercicio de sus tareas, encabezadas por la Jefa de Gobierno y la entonces Secretaría de Transportes y Vialidad, conforme al Decreto de creación de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP) de siete de enero de dos mil, como órgano público descentralizado de la administración pública de la Ciudad de México, según el artículo 1º de ese decreto, 2º y 54 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México. Lo anterior es así, aun tomando en consideración lo referido por el juzgado oficiante en el sentido de que se señale como autoridad responsable al Director General de GNP Seguros de la Ciudad de México, ya que la intervención de dicha autoridad en los hechos que motivaron el reclamo deviene de la relación contractual, que se dice, existe con las autoridades administrativas que prestan el servicio público de transporte con cuya unidad se ocasionó el percance, no así con los directos quejosos; esto es, su carácter no es destacado como causante de los actos, sino que estos dependen, primero, del siniestro que ni siquiera se ha judicializado, por lo que en el caso opera el supuesto del artículo 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal. No es óbice a lo anterior, la existencia de la Jurisprudencia PC.I.C. J/22 C (11a.), emitida por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, con número de registro 2025790, de rubro: "VÍA CIVIL. PROCEDE CUANDO LA VÍCTIMA O TERCERO DAÑADO EJERCE LA ACCIÓN DIRECTA CONTRA LA ASEGURADORA PARA EXIGIR LA INDEMNIZACIÓN POR LOS DAÑOS CAUSADOS CON MOTIVO DEL SERVICIO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE PRESTA LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE), DETERMINADO EN UN CONTRATO DE SEGURO CONTRA LA RESPONSABILIDAD, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 147 DE LA LEY SOBRE EL CONTRATO DE SEGURO", en la que se determinó que cuando se ejerza la acción directa contra la aseguradora para exigir el cumplimiento de la obligación de indemnizar a la víctima o tercero dañado por los daños causados con motivo de la prestación del servicio público (en ese caso el de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad) determinado en un contrato de seguro contra la responsabilidad, en términos del artículo 147 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, sin la intervención de la Comisión Federal de Electricidad, es procedente la vía civil. Lo anterior, porque en el presente caso, dicho supuesto no se actualiza, debido a que ni siquiera se ha ejercido una acción, ya que la parte quejosa no reclama de forma directa y aislada el cumplimiento de un contrato únicamente por lo que hace a la aseguradora, sino que su reclamo se encuentra dirigido a señalar las omisiones de las autoridades administrativas en el cumplimiento de sus obligaciones de vigilar la calidad de la prestación del servicio de salud que debe brindárseles, así como los gastos inherentes a los tratamientos requeridos a consecuencia del percance automovilístico que sufrieron con el vehículo del transporte público, de ahí que la naturaleza de las autoridades y reclamo, tengan un carácter administrativo; máxime, que dicha afectación se crea por un vehículo de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP), esto es, lo que se busca es que se hagan efectivas las medidas de reparación por el empleador de un vehículo a cargo de la Administración Pública de la Ciudad de México. Es aplicable, por analogía, la Jurisprudencia P./J. 4/2021 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital ..., que dispone: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE). EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN POR LOS DAÑOS GENERADOS COMO CONSECUENCIA DE LA ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ES RECLAMABLE EN LA VÍA ADMINISTRATIVA, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. Hechos: Las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación examinaron casos en los que diversas personas sufrieron daños con motivo de la transmisión y distribución de energía eléctrica, específicamente por descargas eléctricas provenientes de las líneas o los cables de conducción de energía eléctrica. En los juicios de origen la persona afectada o un familiar demandaron diversas prestaciones con motivo de los daños ocasionados por la descarga eléctrica con la búsqueda de una indemnización, y la reparación de los daños fue reclamada en diversas vías, en unas ocasiones por la vía civil y en otras por la vía administrativa a través del procedimiento previsto en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Esto dio lugar que a la postre se examinara en los juicios de amparo cuál era la vía adecuada para demandar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), si la administrativa o la civil. A partir de ello, la Primera Sala determinó que debía ser por la vía administrativa, a través del procedimiento previsto en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, mientras que la Segunda Sala se decantó por la civil, en términos del artículo 1913 del Código Civil Federal. Criterio jurídico: Las actividades de transmisión o distribución de energía eléctrica que realiza la Comisión Federal de Electricidad pueden llegar a actualizar la responsabilidad patrimonial del Estado, cuando dicha empresa productiva del Estado presta el servicio público de transmisión o distribución de energía eléctrica de manera irregular, pues se actualiza un acto materialmente administrativo y, en consecuencia, resulta aplicable el régimen de responsabilidad patrimonial; por tanto, el pago de la indemnización por los daños generados con la prestación de dicho servicio es reclamable en la vía administrativa, a través del procedimiento previsto en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Justificación: Lo anterior es así, ya que con motivo de la transformación de la Comisión Federal de Electricidad en empresa productiva del Estado ésta se rige, en lo que concierne a su estructura y operación, por su ley, por el reglamento de ésta, y por el derecho civil y mercantil; y si bien su ley y la Ley de la Industria Eléctrica no establecen la vía para exigir el pago indemnizatorio a dicha empresa, ello se debe a los objetos que tienen dichas normatividades, siendo que es la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado la que tiene por objeto, en términos de su artículo 1, fijar las bases y los procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado. La naturaleza inherente a la Comisión Federal de Electricidad, así como la cuestión de que el derecho común le sea supletorio, no la excluye por completo del ámbito del derecho público en el que se halla el fundamento de su existencia como empresa productiva del Estado, en tanto no sólo ha de cumplir los valores y principios tutelados en los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, sino también otros igualmente tutelados en la Norma Fundamental, como los que derivan del último párrafo del artículo 109. En cuanto a las funciones que realiza, con motivo de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, aun cuando se transformó a la Comisión Federal de Electricidad en una empresa productiva del Estado y se estableció un régimen comercial en relación con los actos o las cuestiones derivadas de los contratos, lo cierto es que respecto de la transmisión y distribución de energía eléctrica se definió que tales actividades son un servicio público por involucrar la existencia de redes en la prestación del servicio, por lo que el Estado Mexicano conserva el dominio de las distintas actividades involucradas en la prestación de dicho servicio público, actividad administrativa que exclusivamente corresponde al Estado prestar. Dicha reforma constitucional fue enfática en mantener la titularidad del Estado sobre los servicios de transmisión y distribución eléctrica, reiterando a su vez su carácter público. En consecuencia, con independencia de la transformación orgánica de esa Comisión, sigue siendo un ente del Estado, y no todo su actuar se rige conforme a la legislación civil y mercantil, aunado a que el artículo 2 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado que define la responsabilidad estatal incluye a todo ente público de carácter federal. Así, si bien la Comisión Federal de Electricidad puede llevar a cabo actos y actividades cuyo objeto puede estar sujeto a normas de derecho privado, como son los contratos que se rigen por la legislación mercantil o común aplicable, lo cierto es que la actividad de transmisión y distribución de energía eléctrica se realiza bajo el régimen de servicio público, el cual se presta por cuenta y orden del Estado, de acuerdo con lo previsto desde la Constitución General en sus artículos 27 y 28, así como en la propia Ley de la Comisión Federal de Electricidad, en su artículo 5, párrafo primero, de ahí que se encuentra regido por el derecho administrativo. La naturaleza de un ente público, así como las normas que son supletorias a las leyes que lo rigen no pueden tener la aptitud de transformar la naturaleza de las funciones que desde la Constitución General se le encomiendan, de ahí que una función materialmente administrativa no se puede tornar en civil o mercantil sólo porque se haya diseñado a un ente público con un régimen de tipo corporativo, o bien porque en lo que atañe a sus actividades sea supletoria la normatividad civil y mercantil, pues todo ello está encaminado a la forma de operar de la Comisión Federal de Electricidad y a su estructura, con el propósito de generar valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano. Además, en aras de crear un auténtico Estado de derecho, es que se implementó el sistema de responsabilidad patrimonial del Estado, razón por la que se reconoció constitucionalmente el derecho fundamental de los particulares a una reparación integral o justa indemnización del daño como consecuencia de una actividad administrativa irregular del Estado, y en ese sentido, del proceso legislativo que dio origen al segundo párrafo del artículo 113 constitucional, que con posterioridad pasó a ser el último párrafo del artículo 109, deriva que la intención del Poder Reformador de la Constitución fue de manera clara y enfática reconocer la responsabilidad que pudiera derivarse para el Estado proveniente de un acto administrativo, y a la par, impulsar la eficiencia y el control de las actividades estatales en su conjunto, entre ellas los servicios públicos. De esta forma, es claro que la actividad administrativa irregular del Estado comprende la prestación de un servicio público deficiente y la vía idónea para demandar del Estado la reparación de los daños con motivo de la prestación deficiente de los servicios es la vía administrativa. Asimismo, al margen de que el artículo 1913 del Código Civil Federal prevea la acción de responsabilidad civil objetiva que procede cuando una persona hace uso de un mecanismo peligroso por sí mismo, como una obligación que surge de un acto ilícito, la cuestión es que el último párrafo del artículo 109 de la Constitución General resulta determinante al señalar que la responsabilidad objetiva procede por los daños que cause no cualquier persona, sino precisamente el Estado, con motivo de su actividad administrativa irregular, lo cual comprende la prestación deficiente de un servicio público, como es la transmisión y distribución de energía eléctrica. Por ello es que la vía procedente para reclamar la indemnización por los daños que se generen con motivo de la prestación de un servicio público, como es la transmisión y distribución de energía eléctrica, cuando éste sea deficiente, es la administrativa. En cambio, la vía ordinaria civil sólo es procedente cuando se demande a un ciudadano en lo particular, de forma que en ella no se puede demandar a las entidades públicas, siendo además que el artículo 1927 del Código Civil Federal fue derogado precisamente cuando entró en vigor la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, el 1 de enero de 2005. En ese sentido, el análisis de los actos reclamados se debe efectuar a partir de su naturaleza intrínseca, y para ello deberán aplicarse las normas que regulan la actividad de dichas autoridades. Estimar lo contrario, entrañaría soslayar que son las relaciones entre autoridad y gobernado las que informan la competencia por materia en el juicio constitucional, como ha sido definido reiteradamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin que en el caso exista judicialización del tema del seguro, sino que se reclama a la autoridad administrativa por el ejercicio de las funciones de un operador de autobús de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP). Al respecto, se cita la jurisprudencia P./J. 83/98, de la Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 195007, que dice: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda." Entonces, de conformidad con la fracción IV, del artículo 57, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien debe conocer del asunto es una autoridad en materia administrativa y no el suscrito, pues este órgano considera que es una cuestión que envuelve al derecho administrativo en su análisis sobre las relaciones que originan la causa de pedir de los quejosos. No se hace un pronunciamiento distinto sobre la suspensión de plano solicitada, pues el órgano federal que remite el asunto proveyó lo conducente, y no se advierte alguna cuestión novedosa que implique una decisión distinta. Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 57 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el suscrito respetuosamente rechaza la competencia planteada por el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: Primero. Este Juzgado de Distrito no acepta la competencia legal para conocer del presente juicio de amparo indirecto promovido por **** e ****, por propio derecho; contra actos de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y otras autoridades. Segundo. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias necesarias y remítase el presente juicio de amparo indirecto al Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. Notifíquese.
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