Isidro Manuel Ortega Bayona

Expediente 429/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 11 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
429/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
11/07/2023

Partes del expediente

  • Isidro Manuel Ortega Bayona
  • Juez de Control Especializado En Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California. Tijuana, Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, once de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en veintiuno de junio de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio de garantías; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones correspondientes. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, envíese al archivo. En cumplimiento a lo ordenado en los artículos 14 y 15 del Acuerdo General, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transparencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el segundo de los numerales citados. Asimismo, se establece que el expediente principal, al haberse sobreseído, es susceptible de destrucción, una vez que se cumplan tres años a partir de esta fecha, en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General en consulta. Por lo que se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda de "destruible", que determina su destino, en términos del artículo 34 del mencionado acuerdo. Respecto al original del incidente de suspensión al haberse negado la suspensión definitiva solicitada, es destruible, lo anterior, al encuadrar en la hipótesis del artículo 20, fracción III, del mismo acuerdo. Se ordena estampar en la carátula del original del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "destruible", que determina su destino, lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo 34 del Acuerdo General multicitado. Notifíquese.

  2. Principal

    S E N T E N C I A Vistos para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 429/2023-C, promovido por ********************, contra actos del Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California con sede en Tijuana y de otra autoridad. R E S U L T A N D O Primero. Mediante escrito depositado el catorce de abril de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, ********************, presentó demanda de amparo contra los actos y autoridad responsable que señaló como: AUTORIDADES RESPONSABLES: Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad Titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana ACTO RECLAMADO ".El acto que reclamo de la Primera Señalada como responsable es el no dar seguimiento a lo decretado por ella misma en una audiencia en donde resolvió dar vista al Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales a fin de que investigara el delito de Violencia Sexual que aduje fui objeto (víctima) mediante una Controversia Planteada por mi ante ella; omitiendo aplicar las medidas de apremio debidas a fin de que se de cumplimiento a la orden. De la Segunda señalada como responsable reclamo el acto de privarme de mi derecho de acceso a la Justicia al no dar inicio a la Investigación ordenada por el Juez de Ejecución citado:". (sic) Segundo. Mediante auto de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda, se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se requirió el informe justificado a la autoridad responsable y sin reconocer a alguien el carácter de tercero interesado, se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional conforme al acta que antecede, por lo que se procede al dictado de la sentencia. C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es legalmente competente para resolver el juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1, 2, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; precepto 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, en los artículos 12 y 13 del Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de dos mil veintitrés, por tratarse de actos que derivan de una omisión y la demanda, se presentó en esta ciudad, donde este Juzgado ejerce jurisdicción por razón de territorio. Segundo. Fijación del acto reclamado. Previo a verificar la certeza de los actos reclamados, conforme a lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a fin de estar en posibilidad de resolver la litis efectivamente planteada y determinar lo que la parte quejosa dijo o quiso decir, es preciso señalar que de una lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que se reclama lo siguiente: Respecto al acto atribuido a la Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad. La omisión de darle seguimiento a lo decretado por ella misma en la audiencia de catorce de septiembre de dos mil veintidós, donde se resolvió dar vista al Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales a fin de que investigara el delito ante ella denunciado. Respecto al acto atribuido a la Agente del Ministerio Público, Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos contra Mujeres por razón de género. - No dar inicio a la Investigación ordenada por el Juez de Ejecución. Tercero. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Jueza de Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California y Agente del Ministerio Público, Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales, adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales, adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos contra Mujeres por razón de género, ambos de esta ciudad, ya que al rendir su informe justificado la última en cita negó el acto que se le atribuye y para acreditar su dicho, informó las gestiones realizadas para dar inicio y continuación a la carpeta de investigación, motivo de la denuncia hecha por el quejoso en audiencia celebrada el catorce de septiembre de dos mil veintidós, lo que acreditó con las documentales que adjuntó a su informe justificado relativas a la referida carpeta registrada con el número único de caso ********************, de las que se advierte su formación desde el día diecisiete de septiembre de dos mil veintidós, siendo su última actuación el dos de mayo pasado, documento público que detenta pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, que es del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ante tales precisiones y no obstante de que la Juez responsable acepta el acto reclamado, no ha lugar a tenerlo por cierto, toda vez que el quejoso, le atribuye la omisión de darle seguimiento a lo decretado por ella misma en la audiencia en donde se resolvió dar vista al Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales a fin de que investigara el delito ante ella denunciado; sin embargo, el seguimiento a la integración de la carpeta de investigación, no es una omisión atribuible a la referida autoridad, ello tomando en consideración que una vez que le fue denunciado el hecho, lo hizo del conocimiento de la Agente del Ministerio Público responsable de manera inmediata a fin de que integrara la carpeta de investigación correspondiente, sin que ello implique no obstante de que el quejoso lo señale como controversia, que el acto atribuido a ésta pudiera ser tratado como tal, en virtud de que no se advierte precedente alguno del procedimiento administrativo ante la autoridad penitenciaria; o bien que éste se tratara de la presentación del recurso previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales en lo conducente señalan: "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; [.]" "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." [Énfasis añadido] Lo anterior toda vez que el último de los preceptos citados establece que corresponde a la autoridad judicial el control de legalidad de las actuaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público en la investigación de los delitos, para lo cual, el legislador estableció en favor de la víctima u ofendido un medio de impugnación innominado que le permite controvertir las determinaciones de la representación social en relación a cuatro hipótesis, a saber: 1) sobre la abstención de investigar, 2) el archivo temporal, 3) la aplicación de un criterio de oportunidad y 4) el no ejercicio de la acción penal. Lo que en el caso no acontece, en virtud de que la Juez responsable sólo intervino en el acto a fin de hacer del conocimiento del Agente correspondiente del hecho denunciado por el quejoso a fin de que iniciara la carpeta de investigación respectiva, quien una vez enterado de lo anterior lo hizo del conocimiento del penal para que realizara lo conducente para garantizar la seguridad del interno hoy quejoso, esto es, no existía en ese momento una abstención de investigar, en virtud de que fue hasta la audiencia de fecha catorce de septiembre de dos mil veintidós que el quejoso lo hizo del conocimiento de la Juez responsable y ésta a su vez del Agente respectivo, es por tanto evidente que la inicial petición realizada a la Juez precitada, no se trata del recurso anteriormente precisado; asimismo, ante las actuaciones informadas por la Agente del Ministerio Público queda establecido que no existe resistencia para la continuación de la investigación y si el quejoso considera que durante la integración de ésta se actualiza alguno de los supuestos anteriormente señalados, el quejoso queda obligado a agotar los recursos que la ley le otorga, entre ellos el procedimiento denominado petición administrativa a través del cual en primer término puede solicitar a la autoridad penitenciaria, la seguridad en el centro penitenciario en que se encuentra, dado que atañe a las condiciones de internamiento al cual se encuentra sujeto, con independencia de su calidad de procesado o sentenciado, así como el diverso contemplado en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por tanto ante lo expuesto, queda evidenciado que a la fecha de la presentación de la demanda, no existían los actos atribuidos a las autoridades responsables en la forma planteada por el quejoso, por lo que sin prueba en contrario, se sobresee en el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 284 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, tomo VI, apéndice 2000, Sexta Época, Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Cuarto. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos reclamados al Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tijuana y de otra autoridad, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. Segundo. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistida por María Elizabeth Reyes Moreno, secretaria de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos para que surtan los efectos legales a que haya lugar el oficio remitido por la autoridad responsable Jueza de Control Especializada en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tijuana y documentales que anexa; en tal virtud, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por el término de ocho días hábiles para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se le tiene ofreciendo como pruebas las documentales de cuenta, mismas que se relacionarán al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y se fija como nueva fecha para su celebración las diez horas con treinta minutos del veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, quince de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar el informe justificado rendido por la autoridad responsable en el oficio de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por el término de ocho días hábiles para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga. Con fundamento en los numerales 119 y 123, ambos de la ley de la materia, téngase a la autoridad remitente, ofreciendo como medio de convicción la documental que refiere, la presuncional en su doble aspecto legal y humana e instrumental de actuaciones, probanzas que se tienen por anunciadas, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Por otra parte y toda vez que del estado de autos se advierte que el veintiocho de abril del año en curso, se tuvo a la Jueza de Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, rindiendo su informe justificado, en el que además manifestó que remitiría copia de la totalidad de las constancias que integran el cuaderno de ejecución ********************, sin que a la fecha haya realizado lo propio. En consecuencia, en obvio de mayores dilaciones procesales, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad precitada para que en el término de tres días legalmente computados, remita la totalidad de constancias que integra el cuaderno de ejecución ********************, con las que refirió justificar su actuar, en el entendido que de no hacerlo en el plazo fijado o de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, se le hará efectivo el apercibimiento de dieciocho de abril del año en curso, por el que se le conminó. Notifíquese.

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