Ismael Ignacio Maldonado Barrera

Expediente 460/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
460/2020
Año
2020
Actuaciones
12
Última actuación
22/03/2021

Partes del expediente

  • Ismael Ignacio Maldonado Barrera
  • Juez Civil de Primera Instancia de Jilotepec, Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintidós de marzo de dos mil veintiuno, el Secretario da cuenta al Juez, con el oficio registrado con el número de folio 2117 correspondiente al juicio de amparo 460/2020-IV. Conste. El Secretario. Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Civil de Jilotepec, México, por medio del cual acusa recibo del oficio en el que se devolvieron las copias certificadas del expediente 233/2006, que remitió dicha oficiante en apoyo a su informe justificado. En consecuencia, se tiene por cumplido el requerimiento formulado, por lo que se deja sin efectos el apercibimiento de multa con que se conminó al oficiante. Notifíquese por lista a las partes, en términos de lo que establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a dieciocho de marzo de dos mil veintiuno.Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese para que obre como corresponda el escrito de cuenta signado por Salvador Maldonado de la Cruz, autorizado de la parte quejosa, a través del cual solicita copia certificada de todo lo actuado en el presente expediente así como todo dentro del cuaderno incidental derivado del presente juicio de amparo. En atención a lo solicitado, dígasele que no ha lugar de acordar de conformidad, tomando en consideración que el quejoso Ismael Ignacio Maldonado Barrera, no autorizó al promovente en términos del primer párrafo, del artículo 12 de la Ley de Amparo, a efecto de que estuviera en posibilidad de ejercer las facultades que señala dicho numeral, pues así se desprende del escrito inicial de demanda. Aunado a lo anterior, de la certificación de cuenta, se desprende que Salvador Maldonado de la Cruz, no cuenta con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En tales circunstancias, queda expedito el derecho de la parte quejosa para solicitar las copias a que se hace referencia. Notifíquese por lista a las partes, en términos de lo que establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 460/2020-IV, promovido por -----------, por su propio derecho, contra actos del Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jilotepec, Estado de México y otras autoridades; y R E S U L T A N D O. PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el seis de agosto de dos mil veinte, en la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Naucalpan de Juárez, recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez el trece de agosto siguiente, el cual se turnó a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, el día siguiente, -----------, por su propio derecho, demandó la protección constitucional contra las autoridades y actos que a continuación se precisan: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORAS: El ciudadano JUEZ CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE JILOTEPEC DEL DISTRITO JUDICIAL DE JILOTEPEC (sic). COMO AUTORIDADES EJECUTORAS: Ciudadano Diligenciario, encargado de los expedientes nones del Juzgado Civil de Primera Instancia de Jilotepec del Distrito Judicial de Jilotepec, con domicilio oficial en el Distrito Judicial de Jilotepec." "IV. LEY O ACTO RECLAMADO: Bajo protesta de decir verdad, lo hago consistir en: AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA C. LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2020, DERIVADO DEL ESCRITO presentado el trece de febrero del año de dos mil veinte, se interpuso recurso de revocación en contra del auto de fecha once de febrero del año en curso, deducido de la promoción número 2564, sin fundar y motivar los agravios planteados, resolvió. "PRIMERO. Los agravios expuestos por ----------, resultan infundados para revocar el auto de once de febrero de dos mil veinte, deducido de la promoción 2564, por tanto, este debe quedar firme, para los efectos legales conducentes. SEGUNDO." D. El acuerdo del auto de fecha once de febrero del año en curso, en el cuadernillo de incidente de nulidad de actuaciones del quejoso en el cual determina con fundamento en los artículos 1.165 y 1.185, del ordenamiento legal en consulta. . Por lo que, por los razonamientos anteriormente vertidos, y por ser notoriamente improcedente, se inadmite de plano el incidente planteado, todas las notificaciones que el mismo se señala. DEL NOTIFICADOR ADSCRITO A LA SECRETARIA DE ACUERDOS. a).- La falta de emplazamiento legal; la omisión y evación en el desempeño de sus funciones, omisión de notificación personal de las actuaciones realizadas en el juicio 233/2006, en donde el suscrito tengo el carácter de heredero, de los autos de fechas 12 y 14 de diciembre de 2018, del cuadernillo de la Segunda Sección del Inventario y Avalúo, 14 de octubre de 2019 del Cuadernillo de la Tercera Sección consistente en la Rendición de Cuentas y Administración y acuerdo de fecha 16 de diciembre del año 2019 del cuadernillo de Incidente de Nulidad de actuaciones a nombre del suscrito, así como la desatención en el ejercicio de sus funciones, dentro del expediente número 233/2006. b) Así mismo, todas y cada una de las consecuencias procesales que en forma lógica natural o legal se deriven de los actos específicamente reclamados y que se traduzcan en un acto de molestia." SEGUNDO. Derechos humanos que se aducen violados. El quejoso estimó violados en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del amparo. El dieciocho de agosto de dos mil veinte, se previno al quejoso para el efecto de que aclarara los actos reclamados, lo que desahogó mediante la promoción recibida el uno de octubre de dos mil veinte, en los siguientes términos: AUTORIDADE RESPONSABLES ORDENADORA C. La SENTENCIA INTERLOCUTORIA DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2020, DERIVADO DEL ESCRITO presentado el trece de febrero del año de dos mil veinte, se interpuso recurso de revocación en contra del auto de fecha once de febrero del año en curso, deducido de la promoción número 2564, sin fundar y motivar los agravios planteados, resolvió. "PRIMERO. Los agravios expuestos por -----------, resultan infundados para revocar el auto de once de febrero de dos mil veinte, deducido de la promoción 2564, por tanto, este debe quedar firme, para los efectos legales conducentes. SEGUNDO." D. El acuerdo de auto de fecha once de febrero del año en curso, en el cuadernillo de incidente de nulidad de actuaciones del quejoso en el cual determina con fundamento en los artículos 1.165 y 1.185, del ordenamiento legal en consulta. . Por lo que, por los razonamientos anteriormente vertidos, y por ser notoriamente improcedente, se inadmite de plano el incidente planteado. DEL NOTIFICADOR ADSCRITO A LA SECRETARIA DE ACUERDOS. a).- La falta de emplazamiento legal; de la notificacioón personal, en los autos de fecha 28 de noviembre de 2019, que se encuentran en el cuaderno de incidente de liquidación y cobro de gastos, 14 de octubre de 2019, que se encuentra en el cuadernillo de la tercera sección de administración y rendición de cuentas, de fecha 24 de enero de 2020, cuadernillo de incidente de reposición de actuaciones , autos de fechas 12 y 14 de diciembre de 2018, del cuadernillo de la Segunda Sección del Inventario y Avalúo." Aclarado lo anterior, mediante auto de dos de octubre de dos mil veinte, se tuvo por desahogada la prevención antes precisada y se desechó la demanda respecto de los actos reclamados anteriores al dictado de la sentencia interlocutoria de veintisiete de febrero de dos mil veinte, asimismo, se admitió la demanda respecto de dicha resolución interlocutoria, demanda que se registró en el libro de gobierno bajo el juicio de amparo indirecto 460/2020-IV, se requirió informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el procedimiento en todas sus etapas, la audiencia constitucional se desahogó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para conocer el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I y VII, de la Constitución General de la República; 33 fracción IV, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintitrés de enero de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en relación al Acuerdo General 53/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el quince de enero de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación, que reforma el numeral segundo,fracción II número tres del citado Acuerdo General 3/2013; pues se combate un acto de autoridad judicial de índole civil, cuya residencia se ubica dentro de la circunscripción territorial en que este órgano de control de constitucionalidad ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, ha de precisarse que la demanda de amparo se admitió unicamente respecto del acto reclamado por el quejoso consistente en: La resolución interlocutoria de veintisiete de febrero de dos mil veinte, dictada en el recurso de revocación interpuesto contra el auto de once de febrero de ese mismo año, emitido en el expediente 233/2006, por el Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jilotepec, Estado de México, a través de la cual declaró infundado el citado recurso. Precisado lo anterior, por técnica jurídica se procede al estudio de la certeza o inexistencia del acto reclamado que fue señalado de manera destacada por el quejoso. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jilotepec, Estado de México, aceptó la existencia del acto reclamado, pues señaló que a través de la resolución interlocutoria de veintisiete de febrero de dos mil veinte, dictada en el expediente 233/2006, declaró infundados los agravios expresados por el ahora quejoso contra el auto de once de febrero anterior. Certeza que se corrobora de las constancias que en copia certificada remitió el juez responsable en apoyo a su informe justificado, relativas al expediente 233/2006 de su índice; documentales que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del presente juicio de amparo, procede analizar las causas de improcedencia, sea que las hagan valer las partes, o que de oficio advierta este Juzgado Federal, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, cualquiera que sea la instancia, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo. El suscrito advierte oficiosamente la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." La fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece que la improcedencia del juicio de amparo no sólo deriva de cada una de las fracciones previstas en el precepto anunciado, sino que puede tener sustento tanto en la Constitución Federal, como en la legislación de amparo. Por su parte, el diverso artículo 107, fracción V, de la legislación de la materia, establece que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Ahora bien, ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en dichas disposiciones, puede afirmarse que el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que los actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, esto es, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Lo anterior, permite distinguir que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables, es la afectación que producen a derechos sustantivos, y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza material de la lesión que producen. Por las razones jurídicas que la sustentan, específicamente en torno a la definición de los actos de imposible reparación para efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto, tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 39, libro 7, junio de dos mil catorce, tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." (Lo resaltado es propio) Como corolario de lo anterior, debe precisarse que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, siempre y cuando sus consecuencias, sean susceptibles de afectar en forma inmediata y directa alguno de los llamados derechos fundamentales que tutela la Constitución por medio de las antes llamadas garantías individuales, ahora derechos humanos, tales como la vida, la integridad personal, la libertad personal en sus diversas manifestaciones, la propiedad y la posesión, sólo por citar algunos; en tanto que los actos de ejecución reparable, no tocan por sí mismos tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia en la medida en que influyen para que el fallo sea adverso a los intereses de los agraviados. Es aplicable al caso, por analogía, el criterio contenido en la jurisprudencia P./J. 24/92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, volumen número 56, agosto de mil novecientos noventa y dos, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Asimismo, es de precisarse que el procedimiento sucesorio está configurado como un juicio, puesto que por éste se entiende la controversia y decisión legítima de una causa ante y por el Juez competente; esto es, la legítima discusión de un negocio entre el actor y demandado ante el juez competente que la dirige y la termina con su decisión; de ahí que para que exista un juicio, constituye un requisito la existencia de dos o más partes, con intereses opuestos sobre sus respectivos derechos u obligaciones. De igual modo, resulta importante señalar que el fin último del juicio sucesorio, es la adjudicación de los bienes de la herencia entre quienes hayan justificado su carácter y derecho hereditario; el mismo se compone de cuatro secciones independientes, siendo las tres primeras la de sucesión (comprendida por la declaración de validez del testamento, reconocimiento de derechos hereditarios y nombramiento y remoción de albacea e interventores, así como de tutores); la de inventarios; y la de administración; concluyendo el procedimiento con una sentencia definitiva que se pronuncia en la cuarta y última sección, denominada de partición, la que no comprende la totalidad de actuaciones, sino que cada una de las secciones se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente. En ese orden de ideas, se tiene que los artículos 4.28, 4.29, 4.30, 4.31 y 4.32 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, establecen lo siguiente: "Artículo 4.28. En el juicio sucesorio se formarán cuatro secciones, las que podrán iniciarse simultáneamente". "Artículo 4.29. La primera sección es de sucesión y contendrá, en sus respectivos casos: I. La denuncia acompañando el testamento, en su caso; II. La citación de los herederos y a los que se consideren con derecho a la herencia; III. El nombramiento y remoción de albacea e interventores; IV. El reconocimiento de derechos hereditarios; V. Los incidentes sobre nombramiento o remoción de tutores; VI. Las resoluciones sobre la validez del testamento, la capacidad legal para heredar y la preferencia de derechos". "Artículo 4.30. La sección segunda es de inventario y avalúos y contendrá: I. El inventario provisional del interventor; II. El inventario y avalúo; III. Los incidentes que se promuevan; IV. La resolución sobre inventario y avalúo". "Artículo 4.31. La tercera sección es de administración y contendrá: I. Todo lo relativo a la administración; II. Las cuentas, su glosa y calificación." "Artículo 4.32. La cuarta sección es de partición y contendrá: I. El proyecto de distribución provisional de los productos de los bienes hereditarios; II. El proyecto de partición de los bienes; III. Los incidentes que se promuevan al respecto; IV. Los convenios relativos; V. Las resoluciones sobre los proyectos mencionados; VI. Lo relativo a la adjudicación de los bienes". Conforme a la transcripción que antecede, el juicio sucesorio es de naturaleza especial, y se integra por cuatro secciones o etapas distintas, cada una de ellas tiene un objeto especial, por lo que se resuelven por separado. Consecuentemente, las violaciones procesales que en cada una de esas secciones se cometa, con excepción de la última, solo podrán ser reclamadas en juicio de amparo indirecto cuando se impugne la resolución que cierre y decida el fondo de la sección en la que hayan sido cometidas. En ese orden de ideas, es evidente que este órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado legalmente para analizar la resolución de veintisiete de febrero de dos mil veinte dictada en el juicio sucesorio intestamentario a bienes de Elena Barrera Miranda, registrado con el número 233/2006, de la estadística judicial del Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jilotepec, Estado de México, que señaló como acto reclamado, en virtud de que no se ataca como consecuencia de la última resolución que se haya emitido en alguna de las primeras tres etapas que conforman el juicio sucesorio. Apoya lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia VI.2o.C. J/316, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1311, tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. LAS VIOLACIONES PROCESALES OCURRIDAS DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE LAS TRES PRIMERAS SECCIONES PREVISTAS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE PUEBLA ABROGADO SON RECLAMABLES EN EL AMPARO INDIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LES PONGA FIN. Si se parte de la base de que los juicios sucesorios intestamentarios sustanciados al tenor de las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, constan de cuatro secciones; que cada una de ellas concluye con una resolución o sentencia; y que la pronunciada en las tres primeras, correspondientes a la declaración de herederos, inventarios y avalúos, y de administración son reclamables en amparo indirecto que se promueva contra el fallo definitivo que se pronuncie, resulta evidente que las violaciones procesales que pudieren haber ocurrido durante la sustanciación de esas secciones, serán reclamables en esta vía, cuando se promueva el juicio biinstancial contra la resolución definitiva que las concluya y decida en cuanto al fondo." También orienta lo anterior la tesis aislada I.3o.C.439 C, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1546, tomo XIX, enero de dos mil cuatro, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido siguiente: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. ES DE CARÁCTER UNIVERSAL Y PROCEDE AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE DECIDEN EL FONDO DE LAS TRES PRIMERAS ETAPAS DE DECLARACIÓN DE HEREDEROS, INVENTARIOS Y AVALÚOS Y DE ADMINISTRACIÓN, O QUE SEAN UN OBSTÁCULO PARA SU CONCLUSIÓN. La sucesión constituye un juicio de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que en el proyecto de partición, el objeto principal es liquidar un patrimonio y adjudicarlo a una persona determinada, componiéndose de cuatro etapas: la de sucesión (que en su caso comprende declaración de validez del testamento, reconocimiento de derechos hereditarios o declaratoria de herederos y, nombramiento y remoción de albacea e interventores, así como de tutores); la de inventarios y avalúos; la de administración; y el juicio finaliza con una sentencia que se pronuncia en la cuarta y última sección, denominada de partición y adjudicación, que guarda relación con las tres anteriores, en tanto que la adjudicación se realiza a favor del declarado heredero y se transmite formalmente la propiedad de los bienes inventariados y valuados, atendiendo, en su caso, a las cuentas de la administración aprobadas durante la sección respectiva; sin embargo, conforme al principio de preclusión inherente a todo proceso judicial, al aprobarse la partición y declararse la adjudicación ya no es posible volver a analizar la totalidad de las actuaciones efectuadas dentro del juicio, sino que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente, que adquiere firmeza para quienes son llamados al juicio sucesorio y tuvieron intervención como herederos; por tanto, las violaciones procesales habidas durante cada sección no son impugnables en el juicio de amparo indirecto, porque éste solamente procede contra la que decide el fondo de esa sección o representa un obstáculo para su conclusión, y excepcionalmente procederá la acción de amparo contra resoluciones que guarden autonomía o independencia de la resolución que ponga fin a la sección correspondiente." Así las cosas, en virtud de que los actos reclamados se hacen consistir en lo resuelto en el recurso de revocación interpuesto contra el auto que inadmitió el incidente de nulidad de notificaciones intentado por el ahora quejoso contra las practicadas respecto de diversos autos emitidos en la segunda y tercera sección dentro del juicio sucesorio testamentario número 233/2006, se deduce que la resolución reclamada de veintisiete de febrero de dos mil veinte, no afecta de manera directa algún derecho sustantivo de la parte quejosa, como pudiera ser la propiedad, posesión de sus bienes, así como los que pudiera adjudicarse en la sucesión, o incluso la restricción de su libertad. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en concordancia con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la ley de la materia. Causa de sobreseimiento que impide realizar el análisis de los conceptos de violación planteados en la demanda de amparo, pues la principal consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia número II.3º. J/58, del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 57, Octubre de 1993, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Sólo resta destacar que no se realiza mayor pronunciamiento en relación con los alegatos propuestos por el quejoso, pues atento a lo dispuesto por los artículos 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, sólo los planteamientos formulados en los conceptos de violación contenidos en la demanda constitucional y los aducidos en el informe con justificación forman parte de la litis en el juicio constitucional. Ello, pues dada la naturaleza de los alegatos, éstos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que tengan la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no constituye una obligación para el juzgador pronunciarse sobre los referidos razonamientos expresados en esos alegatos. Sin que esto implique que no se hubieran analizado y considerado, sino sólo que no hay obligación de darles respuesta en la sentencia. Por lo antes expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 37, 74 a 76, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por -----------, por propio derecho, en contra de la autoridad y por acto reclamado precisado en el considerando segundo y por los motivos expuestos en el último considerando de la presente determinación. Notifíquese por lista a las partes, una vez que se reanuden las actividades de los órganos jurisdiccionales, en los términos que al efecto establece el artículo 11, fracción I del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiocho de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, se advierte que Circulares CAP/2/2020 y CAP/3/2020, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal determinó que a partir del diecinueve de diciembre y hasta el diez de enero se con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se dará trámite a los escritos iniciales que se califiquen como "urgentes", ya sea que se presenten de manera física o electrónica, y se dará seguimiento a los asuntos ya radicados que tengan esa misma calidad. Asimismo, se recibirán y tramitarán los casos nuevos y los que puedan tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea [.]" para los casos restantes, "se suspenden los plazos y términos procesales, con la única salvedad de que podrán resolverse aquellos expedientes que estén listos para sentencia." De esa forma, a partir del diecinueve de diciembre de dos ml veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno, se regresa al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, II y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, de conformidad con los artículos 2, fracción III y 10 del referido acuerdo, a pesar de la suspensión de plazos, se advierte que podrán resolverse aquellos expedientes tramitados físicamente que estén listos para sentencia, siempre y cuando no esté pendiente de desahogarse alguna diligencia judicial distinta. En esos términos, del estado de autos que el presente juicio así como de la certificación de cuenta, se desprende que este juicio, entra dentro del supuesto mencionado, en el Acuerdo General 13/2020, artículos 2 fracción III y 10, toda vez que no se encuentra pendiente de desahogar ninguna diligencia judicial ni resulta necesaria la presencia física de las partes; por lo tanto, SE CONTINUARÁ LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE ASUNTO HASTA SU RESOLUCIÓN. A efecto de no dejar en estado de indefensión a las partes y se encuentren en aptitud de manifestar si es su deseo comparecer a la audiencia constitucional relativa al presente asunto, la cual se celebrará de manera virtual, lo procedente es diferir de manera anticipada la audiencia constitucional señalada para las diez horas con diez minutos del veintiocho de diciembre de dos mil veinte, y en su lugar se fijan las once horas con veinte minutos del siete de enero de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo dicha audiencia, día y hora disponibles en la agenda que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional. Al respecto, con apoyo en el numeral 25, del Acuerdo General 21/2020, para el efecto de que si las partes estiman conveniente estar presentes en la audiencia constitucional, de manera virtual, a través de videoconferencia, es menester que soliciten por escrito su deseo de dicha circunstancia; para lo cual, se les concede el plazo de tres días legalmente computados, de conformidad con el precepto 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, a fin de que manifiesten tal situación, escrito que deberá ser presentado vía electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se les tendrá por desinteresados y se llevará a cabo sin su asistencia. Para el caso de que las partes asistan al desahogo de la audiencia constitucional, de manera virtual, a través de videoconferencia, es menester que cuenten con la aplicación 'Cisco Webex Meetings', misma que deberán descargar en cualquier dispositivo móvil o computadora personal (PC), y que se encuentra a su disposición en Apple store y google play. Por otro lado, conforme el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea"; es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para ello, conforme a ese Acuerdo General, las partes o sus representantes, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, deberán: 1. Solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones; y 2. Proporcionar el nombre de usuario respectivo. En el entendido de que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, en atención a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, a efecto de resguardar la integridad de los servidores públicos que realicen las notificaciones derivadas del presente acuerdo, se les autoriza para que éstas se hagan a través de medios electrónicos, con la razón actuarial correspondiente. Notifíquese a las partes por lista electrónica, en los términos que al efecto establecen los artículo 2, fracción XII y 16, fracción II del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; así como por los correos electrónicos que al efecto las partes hayan proporcionado.

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