Ismael Castro Ramírez
Expediente 741/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 741/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Ismael Castro Ramírez
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Vista cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguense a los autos para que surtan sus efectos legales el oficio y constancias procedentes del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, por medio de las cuales devuelve debidamente diligenciado el exhorto con número de orden y origen 277/2021, de este índice jurisdiccional, enviado con la finalidad de notificar a los quejosos ******************** y ********************, el contenido del auto de cuatro de agosto de la anualidad en curso, sin que sea necesario emitir el acuse correspondiente, por así haberlo indicado la autoridad exhortada; en consecuencia, se tiene por notificados de los referidos autos a los quejosos en comento, lo anterior para los efectos legales conducentes. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, por el cual informa que el órgano de su adscripción se avocó al conocimiento del presente asunto, mismo que fue registrado con el amparo indirecto *******/2021-VII, de su índice; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, vista la certificación secretarial de cuenta en la que consta que en el presente asunto no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar, archívese como totalmente concluido, háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno de este juzgado y dése de baja este expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numeral 21, inciso a), que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; ." "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DESTRUIBLES Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados;. En este sentido, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional sobreseyó el juicio de amparo. No se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del citado acuerdo, no es considerado asunto de relevancia documental, ni tiene valor jurídico e histórico para su conservación. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de agosto de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Ismael Castro Ramírez y José Luis Hernández Hurtado, ambos por propio derecho, contra actos de la Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y otras autoridades responsables; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 87, 88 y 89 del Acuerdo General Conjunto 12/2020, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se instruye a los Secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 741/2021-III. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora bien, con fundamento en la facultad derivada del artículo 48 de la Ley de Amparo, y luego de examinar en su integridad el escrito de demanda; se considera que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de este asunto. La competencia, es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal. En ese orden de ideas, la competencia es la facultad que tienen las autoridades jurisdiccionales para conocer y decidir sobre determinados asuntos y materias que se someten a su conocimiento, la cual deriva de las disposiciones orgánicas o constitutivas de los tribunales que componen los distintos fueros judiciales, y se surte de acuerdo con la naturaleza de las prestaciones exigidas y de los preceptos jurídicos fundatorios invocados por el titular de la acción correspondiente, o con la condición jurídica de las partes en litigio. Por su parte, la jurisdicción es una institución de derecho que reviste a la autoridad de potestad legal para impartir justicia y, a su vez, es la potestad de que se hallan investidos los jueces para administrarla, la cual se clasifica en atención a razones territoriales, a la cuantía de los asuntos, a la materia misma de la controversia y al grado, lo cual origina la competencia de determinado tribunal para conocer de un negocio. Bajo las anteriores premisas, este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, carece de competencia legal para conocer de la demanda de mérito, en atención a las siguientes consideraciones: El artículo 37, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del precepto transcrito con antelación, derivan tres reglas básicas de competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, a saber: 1) Si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente el Juez que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y continúa ejecutándose en otro, será competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, 3) Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Con base en lo antes expuesto, se deduce que para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, conforme a las diversas hipótesis previstas en el aludido precepto legal, es de relevancia la naturaleza jurídica del acto reclamado y sus consecuencias. Así tenemos que al realizar un análisis de la demanda de amparo que nos ocupa, la parte quejosa señala como actos reclamados, las actuaciones de investigación realizadas por la Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en particular una diligencia de reconocimiento de persona; por su parte del Juez de Control Especializado en Cateos y Ordenes de Aprehensión en línea del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México reclama la orden de aprehensión librada y ejecutada contra los aquí quejosos Ismael Castro Ramírez y José Luis Hernández Hurtado; y del Juez de Control del Distrito Judicial de Otumba Tepachico, Estado de México, ratificación de la detención y el auto de vinculación a proceso, dictado en su contra. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo, se desprende que dichos actos tuvieron y siguen teniendo ejecución material en el municipio de Otumba, Estado de México, ya que ahí fue donde se ejecutó la orden de aprehensión en comento y en donde se encuentran recluidos los quejosos como consecuencia del acto de vinculación que reclaman; consecuentemente tiene aplicación el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, y por ende, el Juez competente para conocer de dicho acto es aquél en donde se trate de ejecutar, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Así, conforme a lo que establece el artículo 38 de la Ley de Amparo, la competencia se actualiza a favor del JUEZ DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, toda vez que el lugar donde se ejecutaron y tienen efectos materiales los actos reclamados, de manera específica en donde se ejecutó la orden privativa de libertad de los quejosos, y donde se encuentran recluidos con motivo del auto de vinculación a proceso emitido en su contra por el Juez de Control de dicho Distrito Judicial, lo es en Otumba, Estado de México. Es decir los efectos y consecuencias se surten precisamente en ese lugar, al ser el sitio en que se ejecutan los actos reclamados en la presente demanda de amparo y donde este órgano de control constitucional, no ejerce jurisdicción. En esas condiciones, dado que este Juzgado de Distrito no podría válidamente, pronunciarse respecto a la legalidad o ilegalidad de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, estima que es legalmente incompetente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme al Acuerdo General Número 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, y con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir el juicio de amparo en que se actúa al JUEZ DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, EN TURNO, para que dentro del término que señala el artículo 48 de la ley de la materia, y en observancia a las disposiciones contenidas en dicho precepto determine si acepta la competencia declinada y, en su caso, se sirva acusar el recibo correspondiente. En mérito de lo anterior, con copia de las constancias necesarias fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, en prevención a un conflicto competencial. Ahora bien, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el interior del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Otumba Tepachico, Estado de México, lugar en donde se encuentran recluidos, mismo que se localiza fuera de la jurisdicción de este Juzgado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 298 a 301, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicación supletoria a la Ley de Amparo y el Acuerdo 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en relación con los diversos artículos 28 y 31, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de esta anualidad, así como con los numerales 79 a 82 y 96, del diverso Acuerdo General 12/2020, del propio Pleno, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, gírese atento exhorto vía electrónica al JUEZ DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, EN TURNO, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene al Actuario de su adscripción se constituya en el centro carcelario en comento, con copia simple de la presente determinación y notifique a los quejosos Ismael Castro Ramírez y José Luis Hernández Hurtado. Hecho que sea, a efecto de racionalizar los recursos materiales con que cuenta el Consejo de la Judicatura Federal, se solicita comedidamente a la autoridad exhortada, que remita a este Órgano Jurisdiccional de manera electrónica, únicamente el oficio por el que informe sobre la posibilidad de cumplimentar o no con lo encomendado, y en su caso, la constancia respectiva de la notificación practicada y no así, la totalidad de constancias que integren el cuadernillo de la presente comunicación oficial. En ese sentido y a fin de evitar dilaciones en el presente asunto, en términos del numeral 21, de la Ley de la materia, se faculta al Juez exhortado, para que de ser necesario, habilite al fedatario de su adscripción días y horas inhábiles, a efecto de que lleve a cabo la diligencia que se encomienda. También, se hace del conocimiento al actuario judicial de la adscripción, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. Asimismo, con fundamento en el artículo 13, de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de la parte quejosa a Ismael Castro Ramírez, sin perjuicio que durante la substanciación del presente pueda ser sustituido. De igual forma, se tiene como autorizados de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo a José Manuel Saucedo Ortiz, Ignacio Corona Zarco, Benigno Hipólito Lozano Santos y Jessica Anahí Ubilla Rodríguez, ya que tienen registrada su cedula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a los demás profesionistas, por así haberlo indicado en el ocurso que se atiende. En otro orden de ideas, en términos de los artículos 22 y cuarto transitorio, ambos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se sugiere a las partes, que de ser posible transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales; además, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se pueda entablar el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, y así estar en mayor posibilidad de dar la expedites y celeridad para la integración del asunto, como lo prevé el precepto 17, constitucional. De igual modo, se hace del conocimiento de las partes el número telefónico oficial en el que puede ser contactada el Secretario encargado del asunto, Óscar Durán Valdés, a saber: 5553870500, extensión 1391, dentro de un horario de nueve a quince horas, de lunes a viernes, para la atención correspondiente al presente asunto. En diverso aspecto, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Asimismo, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese personalmente a la parte quejosa por medio de exhorto.Así lo proveyó y firma René Ramos Pérez, Juez Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, asistido de Rodrigo Alejandro Ramos Gómez, Secretario que da fe."
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