Isis de la Caridad Artimez Hernandez

Expediente 1621/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 18 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1621/2022
Año
2022
Actuaciones
18
Última actuación
07/12/2022

Partes del expediente

  • Isis de la Caridad Artimez Hernandez
  • Comisionado del Instituto Nacional de Migracion En la Ciudad de Mexico
  • Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia definitiva, pues si bien no obra en autos el acuse de recibo del oficio por medio del cual se le comunicó la citada sentencia a la autoridad que tiene su sede fuera de esta ciudad, ello no les causa perjuicio alguno, si no únicamente a la moral quejosa, en virtud de que se sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA la citada sentencia que en su único resolutivo, sobreseyó en el presente juicio de amparo, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Amparo, archívese el presente juicio como asunto concluido. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que en el mismo se sobreseyó el presente juicio. Asimismo, se hace notar que no se tramitó incidente de suspensión y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto destruible. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con treinta y un minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, estando en audiencia pública el licenciado Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el Secretario con quien actúa, autoriza y da fe, Miguel Alejandro Patrón Ballote, procede a celebrar la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo. Abierta la audiencia de ley, el Secretario hace constar la inasistencia de las partes. Acto continuo, hace una relación de todas y cada una de las constancias que se encuentran integradas al juicio de amparo en que se actúa, y da cuenta con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables pertenecientes al Instituto Nacional de Migración y, con los informes respecto a la suspensión de plano correspondientes a la Directora del Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo y al Director del Hospital General Doctor Agustín O´Horan, los cuales obran agregados a los autos. Seguidamente, la Jueza acuerda: Téngase por hecha la relación secretarial y por rendidos en tiempo y forma los aludidos informes de las responsables. En el período de pruebas, el Secretario da cuenta a la Jueza con la documental que la Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado acompañó a su informe respecto a la suspensión de plano y justificado. A lo que la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite la prueba de referencia, misma que queda desahogada por su propia y especial naturaleza, por lo que se declara cerrado este período. Abierta la etapa de alegatos no se da cuenta con promoción alguna, por lo cual se declara cerrada esta etapa de la audiencia. No habiendo diligencias por desahogar, la Jueza declara visto el expediente y procede a dictar la siguiente resolución. Visto para resolver el juicio de amparo número 1621/2022, promovido por Víctor Moisés Sánchez Ramírez a favor de Isis de la Caridad Artimez Hernández y G. A. B. A., contra los actos que reclama del Comisionado del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el treinta de junio de dos mil veintidós, Víctor Moisés Sánchez Ramírez a favor de Isis de la Caridad Artimez Hernández y G. A. B. A., el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclamó del Comisionado del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México y de otras autoridades, consistentes en la detención, tratos crueles e inhumanos y falta de atención médica en su perjuicio. SEGUNDO. En esa propia fecha, se admitió la demanda de amparo, a reserva de ser ratificada, se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados; se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, como de los informes rendidos por las autoridades responsables, se tiene que la parte quejosa reclama: La detención, tratos crueles e inhumanos y falta de atención médica en su perjuicio. TERCERO. Inexistencia de actos. No son ciertos los actos reclamados del Director del Hospital General Agustín O´Horan y del Comisionado del Instituto Nacional de Migración, toda vez que al rendir sus informes respecto a la suspensión de plano y con justificación, negaron categóricamente la existencia de dichos actos; sin que la parte quejosa aportara prueba alguna que desvirtuara dicha negativa. Por otro lado, también resultan inexistentes los actos de tratos crueles e inhumanos y falta de atención médica reclamados de la Titular de la Oficina de Representación, Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos y Director de la Estación Migratoria, todos del Instituto Nacional de Migración, así como del Director del Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo, todos con sede en esta ciudad, pues dichas autoridades también negaron la existencia de esos actos reclamados en sus informes justificados sin que exista prueba alguna en contrario que las desvirtué. En tales condiciones, ante la negativa expresada por la autoridad responsable respecto de los referidos actos reclamados y autoridades, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y por identidad de criterio la jurisprudencia 310, que textualmente dice: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan ésta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de actos. Es cierto el acto reclamado consistente en la detención de la parte quejosa reclamado del Titular de la Oficina de Representación, Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos y Director de la Estación Migratoria, todos del Instituto Nacional de Migración, así como del Director del Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo, pues así lo aceptaron al rendir sus informes con justificación. Circunstancia que se corrobora de las constancias relativas al procedimiento migratorio EA/1s.9/YUC/OR/SCVM/017/09-06-2022, que fueron acompañadas en copia certificada al informe justificado, las cuales gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo. QUINTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, se deben analizar las causas de improcedencia propuestas por las partes o de oficio por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal y como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, la suscrita juzgadora considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En el caso concreto , ha quedado establecido, que se debe tener como acto reclamado por la parte quejosa la detención que fue ejecutada en su contra dentro del procedimiento migratorio EA/1s.9/YUC/OR/SCVM/017/09-06-2022; sin embargo, se advierte que en resolución de quince de junio de dos mil veintidós, se les reconoció a ambos quejosos el carácter de visitantes por razones humanitarias, con una vigencia de treinta días, quedando albergados en la estancia temporal SEDESOL de esta ciudad. Asimismo, se advierte que el día ocho de julio de dos mil veintidós, ambos peticionarios de amparo abandonaron voluntariamente dicha estancia y hasta la fecha se desconoce su paradero, tal y como fue informado por la Auxiliar Jurídica de la Unidad de Primer Contacto de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán. Circunstancia que además guarda relación con la resolución de veintiuno de junio de dos mil veintidós, donde se resolvió otorgar a los peticionarios de amparo el beneficio de retorno asistido a su país de origen. Determinación contra la cual los peticionarios de amparo no instaron la ampliación de la demanda de forma personal y por tal motivo es la determinación que actualmente rige su situación migratoria. Bajo esas consideraciones, es claro que la detención reclamada por los quejosos cesó en sus efectos, al menos desde el ocho de julio de dos mil veintidós, así como que su actual situación jurídica y migratoria se encuentra sujeta a una determinación que no fue combatida en este juicio. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido al impetrante del amparo la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma al peticionario en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77, fracción I, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud del sobreseimiento derivado de la improcedencia que se actualizó. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Isis de la Caridad Artimez Hernández por su propio derecho y en representación de su hijo menor de edad G. A. B. A., contra los actos que reclamó del Comisionado del Instituto Nacional de Migración, con sede en la ciudad de México, del Titular de la Oficina de Representación, Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos y Director de la Estación Migratoria, todos del Instituto Nacional de Migración, así como del Director del Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo y del Director del Hospital General Agustín O´Horan, con sede en esta ciudad. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, once de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial de cuenta, de la que se advierte que aún se encuentra transcurriendo la vista del informe justificado rendido por Sub Comisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en representación del Comisionado del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México, puestos a las partes mediante proveído de siete de los corrientes, por lo que aún no se cumplen con los ocho días de anticipación a que se contrae el artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fijan como nueva hora y fecha para su celebración a las DIEZ HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS DEL DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Lo antes expuesto encuentra apoyo, por identidad de razón, la tesis de rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Sub Comisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en representación del Comisionado del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista con dicho documento a las partes en este juicio y relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona en su informe de ley y como sus delegados a las personas a que hace alusión en el mismo, de conformidad con lo reseñado en el numeral 9 de la ley de la materia. Finalmente y como lo solicita la autoridad responsable téngase como su correo electrónico juiciosdeamparoscj@inami.gob.mx, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

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