Isidro Martín Novelo
Expediente 952/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 952/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 17/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Isidro Martín Novelo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
MESA V. Habiendo transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio el veinte de septiembre del año en curso; con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo vigente, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, aparece que se negó y se concedió la suspensión provisional y definitiva; por tanto, provéase únicamente respecto de la destrucción del duplicado de dicho incidente debiendo conservarse el original del mismo, por el término de tres años, y una vez transcurrido éste deberá depurarse tal como lo establece la fracción I del Punto Décimo Primero, Capítulo III del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y haciéndose la certificación correspondiente en dicho original; asimismo, háganse las anotaciones en el libro respectivo; notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el Punto Undécimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al Punto Vigésimo Primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del Punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. Ahora bien, de conformidad con lo previsto en la fracción III del Punto Vigésimo del Capítulo Quinto del Acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, también es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Finalmente, en cuanto al valor jurídico no lo tiene el presente juicio de amparo y el incidente de suspensión derivado del mismo, sí tiene valor jurídico.
- Incidental
MESA V-. Visto lo informado por el Secretario en la cuenta que antecede, en el sentido de que ha transcurrido el término de cinco días fijado a la parte quejosa, para que exhiba la garantía que les fue impuesta en resolución de tres de septiembre del año en curso, a fin de que continuara surtiendo sus efectos la suspensión definitiva que se le concedió, sin que haya colmado tal condición; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 136 de la Ley de Amparo en vigor, se declara que deja de surtir efectos la suspensión definitiva concedida a la parte quejosa, quedando expedita la jurisdicción de la autoridad responsable para la ejecución del acto reclamado. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
MESA V. Agréguense a estos autos el informe justificado rendido por el Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán con residencia en esta ciudad, y anexo que acompaña, mediante los cuales informa que es cierto el acto que se le reclama, toda vez que en fecha tres de agosto del año en curso, en autos del expediente 2697/2004, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria promovido por la parte quejosa a fin de que sean aprobadas judicialmente las bases que se acordaron para llevar a cabo el divorcio voluntario con Ana María Rejón Moreno, el Juez responsable con fundamento en el artículo 235 del Código Civil del Estado, actualizó la pensión alimenticia decretada a favor de una menor de edad, quedando en la actualidad dicha pensión en la cantidad de nueve mil trece pesos moneda nacional con sesenta y nueve centavos mensuales, en sustitución de la cantidad de cinco mil pesos sin centavos moneda nacional mensuales anteriormente fijada y la cantidad de ochenta y cuatro mil cuatrocientos veinticuatro pesos con treinta y un centavos moneda nacional en concepto de diferencias de dichos incrementos; asimismo, ordenó el embargo de los sueldos y/o emolumentos de la parte quejosa como trabajador de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, a fin de garantizar el derecho de alimentos de la menor de edad involucrada. Ahora bien, de la revisión del oficio y las constancias que fueron anexadas por el Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán con residencia en esta ciudad, se advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que amerita el sobreseimiento en este asunto, en términos de la fracción V del numeral 63, de la citada ley de la materia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." De manera que la parte quejosa reclama del Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán con residencia en esta ciudad, la determinación de tres de agosto del año en curso, emitida en autos del expediente 2697/2004, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria. En este sentido, de las constancias que adjuntó a su informe justificado el Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán con residencia en esta ciudad, documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se aprecia que en fecha tres de agosto del año en curso, en autos del expediente 2697/2004, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria promovido por la parte quejosa a fin de que sean aprobadas judicialmente las bases que se acordaron para llevar a cabo el divorcio voluntario con Ana María Rejón Moreno, el Juez responsable con fundamento en el artículo 235 del Código Civil del Estado, actualizó la pensión alimenticia decretada a favor de una menor de edad, quedando en la actualidad dicha pensión en la cantidad de nueve mil trece pesos moneda nacional con sesenta y nueve centavos mensuales, en sustitución de la cantidad de cinco mil pesos sin centavos moneda nacional mensuales anteriormente fijada y la cantidad de ochenta y cuatro mil cuatrocientos veinticuatro pesos con treinta y un centavos moneda nacional en concepto de diferencias de dichos incrementos; asimismo, ordenó el embargo de los sueldos y/o emolumentos de la parte quejosa como trabajador de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, a fin de garantizar el derecho de alimentos de la menor de edad involucrada. En este orden de ideas, se desprende que el juicio de amparo se rige por el principio de definitividad, en atención al cual, la acción constitucional procede únicamente respecto de actos definitivos; esto es, que no sean susceptibles de modificación, revocación o invalidación, por recurso ordinario o medio de defensa legal alguno; entonces, para estar en tal supuesto, deben agotarse los recursos ordinarios o medios de defensa, cuando exista la posibilidad de que el acto reclamado pueda modificarse o invalidarse. Efectivamente, antes de promover la demanda de amparo, la parte agraviada debe agotar todos los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto reclamado y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución recurrida. La razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, radica en que por ser un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo en los casos de excepción previstos en la ley y en la jurisprudencia que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de la calidad de tercero extraño, de constitucionalidad de leyes y violaciones directas a la Constitución Federal. Es aplicable la tesis de jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." Ciertamente, los elementos que integran la causal de improcedencia invocada, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley que rige el acto reclamado conceda contra el mismo, algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y, d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial, administrativa o laboral pueda ser modificada, revocada o nulificada. En el caso concreto, el justiciable reclama el auto de tres de agosto del año en curso, dictado por el Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán con residencia en esta ciudad. Establecido lo anterior, tenemos que los artículos 851 y 369 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, disponen: "Artículo 851. Las providencias que se dicten en los negocios de jurisdicción voluntaria, serán apelables, salvo los casos en que la ley disponga otra cosa.". "Artículo 369. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución inferior.". De lo anterior se concluye que, en la especie, el amparista estaba en aptitud de interponer en forma oportuna el recurso de apelación en contra del acto reclamado, porque precisamente es parte del procedimiento natural y existe la certeza de tal medio de impugnación, según quedó demostrado del numeral transcrito, del que se desprende la procedencia del recurso de apelación contra la determinación impugnada por esta vía; además de que dicho auto no se encuentra previsto en los casos de excepción a los que se ha hecho referencia. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causa de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable, habida cuenta de que en opinión de quien esto resuelve, existe la certeza de su existencia; y que, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegarse las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia P/J-11/2018 (10a.) visible en la página 8, del Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Materia Común, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo.". Los razonamientos expuestos con antelación, apoyados en las consideraciones de las jurisprudencias invocadas, ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable y, por tanto, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia de análisis. Por consiguiente, este Juzgador Federal decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de control constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVIII, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL NUEVE DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por otra parte, agréguese también a estos autos el escrito del quejoso Isidro Martín Novelo y en atención a lo que solicita en el mismo, dígasele al ocursante que se éste a lo acordado en líneas precedentes. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido por Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
MESA V. Agréguese a estos autos el alegato ministerial número 581/2018, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, en el que, por los motivos que expone, solicita se sobresea en el presente juicio de amparo; lo anterior, para que sea relacionado y tomado en consideración al celebrarse la audiencia constitucional respectiva, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo en vigor. Asimismo, como lo solicita la Fiscal Federal adscrita, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley de la materia, entréguesele, en el momento procesal oportuno, copia certificada de la sentencia que se pronuncie en este juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
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