Isidro Vazquez Avila
Expediente 293/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 293/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Isidro Vazquez Avila
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, contra el acuerdo de veinticuatro de febrero del año en curso, en el que se desechó de plano la presente demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. En consecuencia, en cumplimiento a los dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio, y en el libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso d), del citado punto artículo, éste debe ser destruible, toda vez que en el mismo se desechó de plano la demanda de amparo. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el escrito aclaratorio signado por ISIDRO VÁZQUEZ AVILA, con el que cumple la prevención realizada en acuerdo de catorce de febrero del presente año Ahora bien, vista nuevamente la demanda de amparo de cuenta promovida por ISIDRO VAZQUEZ AVILA, contra los actos que reclama del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad y otras autoridades, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Para demostrar lo anterior, debe traerse a colación el contenido de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución y del citado artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que son del texto siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria sin exigir mayores requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación y motivación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución. [.]".Ley de Amparo Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:[.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Así, los preceptos transcritos establecen la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso, juicio o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. En la especie, el quejosa reclama la emisión del oficio ISS100.310140.I.2368.12.2021 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por virtud del cual se resolvió improcedente su trámite de pensión por retiro voluntario, y en consecuencia, los diversos oficios HRM/CRH/CP/1793/2021 y HRM/CRH/CP/2331/01/2022 a través de los cuales se le insta a reincorporarse a sus labores como médico del Hospital Regional Elvia Carrillo Puerto de dicha institución, y se le notifica. Al respecto, es necesario hacer referencia al artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual establece: Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: [.] VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; Del artículo transcrito, se desprende que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es competente para conocer de los juicios de nulidad que se promuevan en contra de los actos administrativos o resoluciones que dicten las autoridades administrativas en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Por su parte, del análisis de las disposiciones que rigen el juicio de nulidad en sede federal, establecidas en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se desprende que el referido juicio podrá promoverse dentro de los treinta días siguientes, salvo las excepciones señaladas. De igual manera, se prevé la posibilidad de solicitar como medida cautelar la suspensión del acto impugnado, a fin de mantener la situación de hecho existente en el estado que se encuentra, debiendo proveer lo relativo dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud. En ese orden, este juzgado considera que en el presente asunto se reclama un acto respecto del cual existe un medio ordinario de defensa por virtud del cual puede ser confirmado, modificado, o anulado, toda vez que la quejosa impugna la emisión del oficio ISS100.310140.I.2368.12.2021 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por virtud del cual se resolvió improcedente su trámite de pensión por retiro voluntario, y en consecuencia, los diversos oficios HRM/CRH/CP/1793/2021 y HRM/CRH/CP/2331/01/2022 a través de los cuales se le insta a reincorporarse a sus labores como médico del Hospital Regional Elvia Carrillo Puerto de dicha institución, y se le notifica. Por tanto, se trata de un acto administrativo que encuadra dentro de la hipótesis de procedencia del juicio de nulidad establecida en el artículo 3, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. De este modo, en observancia al principio de definitividad, resultaba necesario que el quejoso agotara ese medio ordinario de defensa previamente a acudir al juicio de amparo, toda vez que con ello, puede obtener una resolución favorable a sus intereses; es decir, la modificación o revocación de lo decidido por las aludidas autoridades responsables y debe recordarse que la acción constitucional es un medio extraordinario de defensa al cual puede acudirse una vez que se hayan desahogado las herramientas procesales mediante las cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o anulado. Cabe precisar que no se actualiza en el caso alguna hipótesis de excepción al principio de definitividad. En primer lugar, porque a través de la promoción del juicio contencioso administrativo pueden suspenderse los efectos del acto combatido, ya que la ley que lo rige prevé dicha medida cautelar sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo. En efecto, la medida suspensional se advierte en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, sin exigir mayores requisitos de los establecidos en la Ley de Amparo, tal y como se desprende de los numerales 24 y 28 de la citada Ley. Así del análisis comparativo de los señalados artículos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 128, 132, 135 y 139 de la Ley de Amparo se concluye lo siguiente: 1. Que en ambas legislaciones, cuando la suspensión es solicitada al promover la demanda, es suficiente que la autoridad competente determine si están satisfechos los presupuestos para otorgarla; 2. Tanto el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo como el diverso 130 de la Ley de Amparo permiten al interesado solicitar la medida suspensional sin algún límite procesal más que el dictado de la resolución respectiva; 3. Conforme al artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el magistrado instructor deberá conceder o negar la paralización de la ejecución del acto impugnado, mientras que en el juicio de amparo, el órgano jurisdiccional competente para resolver al respecto, es aquel que conoce del juicio, acorde con lo dispuesto por los diversos 125 y 138 de la Ley de Amparo, en cuanto a que la suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición de parte en los casos de la competencia de los jueces de distrito, los que decidirán en la audiencia incidental sobre la concesión o la negativa de dicha medida; 4. Tanto el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, como el artículo 128, fracción II de la Ley de Amparo, exigen para el otorgamiento de la medida que no se cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; 5. Ambos ordenamientos consignan, esencialmente, que si la concesión de la medida cautelar es susceptible de causar daños o perjuicios a terceros, se concederá condicionada al otorgamiento, por parte del solicitante, de garantía bastante para reparar el daño e indemnizar al tercero, en el evento que no obtenga resolución favorable; 6. El artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y el artículo 135 de la Ley de Amparo, prevén que en las demandas de nulidad que involucren cobro de contribuciones, aprovechamientos o créditos tributarios, la suspensión de la ejecución del acto impugnado surtirá efectos si se constituye garantía del interés fiscal por cualquiera de los medios permitidos por las leyes hacendarias. 7. Conforme a la reforma constitucional de seis de junio de dos mil once, en vigor a partir del cuatro de octubre siguiente, en relación con el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, tratándose del amparo en materia administrativa, no será necesario agotar previamente el medio ordinario de defensa si establece un plazo mayor que el previsto por la ley reglamentaria del juicio constitucional para el otorgamiento de la suspensión provisional (artículo 107, fracción IV, primer párrafo). Ahora, en términos de lo dispuesto por los artículos 112 y 139 de la Ley de Amparo, el Juzgador cuenta con el término de veinticuatro horas para resolver si admite o desecha la demanda de amparo y, además, decidir si concede o niega la suspensión de los actos reclamados, esto es, dentro del lapso de veinticuatro horas debe proveer sobre la admisión y también sobre el otorgamiento de la medida cautelar. Por otro lado, de conformidad con el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se tiene que tratándose del juicio de nulidad, el magistrado instructor deberá conceder o negar la suspensión de la ejecución, a más tardar, dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud, ya que refiere "tan luego como sea presentada. Así las cosas, de los numerales trascritos en párrafos precedentes, para la solicitud de la suspensión ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y dado el carácter del acto que por esta vía se pretende impugnar, no se requieren mayores requisitos de los que señala la Ley de Amparo, por lo que pueden ser combatidos ante dicho Tribunal Administrativo. Asimismo, como se analiza a continuación, no se actualiza alguna otra excepción al principio de definitividad, reconocidas jurisprudencialmente por los tribunales del Poder Judicial de la Federación, y que podrían estar relacionadas con un asunto de carácter administrativo. En esas condiciones la amparista estaba obligada a observar el principio de definitividad. Apoya lo anterior, por su sentido y en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 111/2005, de la Segunda Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, perteneciente a la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial del al Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Septiembre de dos mil cinco, página trescientos veintiséis, que a la letra dice: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Conforme a los artículos 51, antepenúltimo y último párrafos, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 46, fracción II, del Estatuto Orgánico del propio Instituto, éste está facultado legalmente para conceder, negar, suspender, modificar o revocar las pensiones; resoluciones que constituyen actos de autoridad en tanto que afectan en forma unilateral la esfera jurídica del particular sin necesidad de contar con su consenso o de acudir previamente a los tribunales. Por tanto, en términos del artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tales actos son impugnables optativamente a través del recurso de revisión o por medio del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previamente al juicio de garantías, acorde con el precepto 11, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal citado, con la salvedad de que no habrá obligación de agotar el juicio ordinario indicado cuando se actualice alguna excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo. En esta tesitura, se concluye que debe abandonarse parcialmente el criterio establecido en la tesis 2a. XLVII/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, NovenaÉpoca, Tomo XIII, mayo de 2001, página 454, con el rubro: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. PARA DETERMINAR CUÁL ES EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DE LOS JUICIOS LABORALES EN LOS QUE SE RECLAME EL PAGO DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL A ESE ORGANISMO, DEBE ATENDERSE AL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL QUE RIGE EL VÍNCULO LABORAL DEL QUE ÉSTAS DERIVAN.", para establecer que no es aplicable en los casos en que únicamente se demanden al referido Instituto las resoluciones (órdenes) mediante las cuales haya concedido, negado, suspendido, revocado, modificado o reducido la pensión respectiva. En tal virtud, al evidenciarse que existía un medio de impugnación ordinario procedente contra la resolución reclamada, ésta carece de definitividad, puesto que la quejosa no agotó el juicio de nulidad previo al juicio de amparo, que estaba en aptitud de interponer. De puntualizarse que los oficios HRM/CRH/CP/1793/2021 y HRM/CRH/CP/2331/01/2022 a través de los cuales se le insta y notifica para reincorporarse a sus labores como médico del Hospital Regional Elvia Carrillo Puerto de dicha institución, son una consecuencia del diverso ISS100.310140.I.2368.12.2021 por el cual se resolvió improcedente su trámite de pensión por retiro voluntario, y en ese sentido, la falta de notificación de éste que alega en su demanda puede ser reclamada también la vía contenciosa administrativa federal. A mayor abundamiento debe agregarse que contra dicha determinación en la que se declara la improcedencia de su trámite de pensión y como consecuencia de ello, se le insta a reincorporarse a sus labores la suscrita considera que también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la ley de la materia. El precepto citado en primer término, es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. En ese sentido, la interpretación, a contrario sensu, de los artículos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la ley de la materia, evidencian que el presente juicio de amparo es improcedente en razón de lo siguiente: En primer término, es necesaria la remisión al texto de estas últimas normas, las cuales establecen: "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Según la primera disposición en cita, el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por su parte, el segundo artículo define, para los efectos del juicio de amparo, el concepto de autoridad, estableciéndose por ésta la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos citados, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Conforme a lo anterior, se debe verificar si en el caso concreto el acto reclamado constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Cobra aplicación al caso la tesis I.13o.A.29 K, del Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1620, febrero de dos mil cinco, Tomo XXI, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, , del siguiente rubro y texto son del siguiente tenor: "ACTO DE AUTORIDAD. ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO ESTABLECER SI LA ACCIÓN U OMISIÓN DEL ÓRGANO DEL ESTADO REVISTE ESA NATURALEZA. La concepción del acto reclamado es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para ello, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1o. de la Ley de Amparo, preceptos que consagran la procedencia del amparo, en primer lugar, contra leyes o actos de autoridad; así, conforme a la doctrina, el acto reclamado consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituye un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu), imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. En este aspecto, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de garantías, sino únicamente los actos de autoridad; y no todos aquellos que el órgano del Estado realice tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo ineludiblemente involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Consecuentemente, el juzgador, a fin de establecer si el acto reclamado tiene la naturaleza de acto de autoridad, debe ante todo constatar si éste afectó de manera unilateral la esfera jurídica de la parte quejosa y si se impuso contra y sobre la voluntad de ésta; adicionalmente, de acuerdo con su naturaleza, debe considerar si puede exigirse su cumplimiento, pues de no concurrir estas condiciones, el juicio de amparo resulta improcedente en contra de actos que no son de autoridad." Atendiendo a las consideraciones contenidas en el criterio invocado, quien resuelve, concluye que una autoridad para efectos del juicio de amparo es, la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aún en contra de ella; todo lo cual, válidamente permite a la vez estimar que los elementos necesarios para la conformación de un acto de autoridad, son los siguientes: 1. Que su emitente tenga características de órgano público; 2. Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar; y, 3. Que sea emitido unilateralmente afectando la esfera jurídica de los gobernados. En ese orden de ideas, también se concluye con todo sustento que el concepto de autoridad para efectos del amparo, excluye los actos de particulares, sobre los cuales, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo determinan que éste sea improcedente. Ahora, conviene atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las relaciones de coordinación corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. Establecido lo anterior, se concluye que los actos reclamados no pueden catalogarse como una relación de autoridad-gobernado, para que se traduzca en un acto de autoridad. En efecto, el acto reclamado carece de las notas que definen todo acto de autoridad como son la imperatividad, coercitividad y unilateralidad; sin que dicho acto se desdoble en efectos que de alguna manera o en alguna medida modifiquen, restrinjan o alteren los derechos de los gobernados. De ahí que el hecho de que a dicha autoridad señala como responsable, se le reclama la determinación que declara la improcedencia de la pensión por retiro voluntario y como consecuencia directa, la orden de reincorporarse a su trabajo, es claro que el acto impugnado no participa de las características de un acto de autoridad, sino que se trata de una controversia entre un trabajador y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado como ente patronal en materia de las prestaciones que con tal carácter adquiere. En tales condiciones, las causas de improcedencia resultan notorias, manifiestas e indudables, por lo que procede desechar de plano la demanda de mérito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la Materia. Notifíquese personalmente.
- Principal
Mérida, Yucatán, catorce de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el escrito de Isidro Vázquez Ávila, parte quejosa en estos autos mediante el cual pretende dar cumplimiento a la prevención contenida en proveído de cuatro de febrero del año en curso. Ahora bien, en el auto de referencia se previno a la parte promovente para que cumpliera con precisar lo siguiente: "Manifieste el o los actos reclamados, debiendo precisar en concreto la determinación reclamada." Lo anterior, en virtud de que se destacó en el referido auto de prevención, que de la lectura de la demanda no era posible conocer con precisión el acto o actos que en concreto pretendía reclamar, puesto que si bien en términos generales se dolía de la improcedencia de la pensión solicitada, y en consecuencia, su reincorporación a sus labores, era necesario que señalara si reclamaba alguna de las determinaciones contenidas en los oficios HRM/CRH/CP/1793/12/2021 y HRM/CRH/CP/233/01/2022 a que hacía referencia en su demanda, el oficio ISS100.310140.1.2368.12.2021 cuyo contenido adujo desconocer por no haberle sido entregada al momento de la notificación, o bien, su falta de notificación. Sin embargo, del escrito aclaratorio de cuenta se advierte que la parte promovente no cumple con dicha prevención, pues nuevamente refiere en términos generales que reclama la improcedencia de la pensión solicitada, la de reincorporarse a sus labores y la de firmar su renuncia, pero sin aclarar si reclama en concreto alguna de las determinaciones contenidas en los oficios antes citados. En consecuencia, y en virtud de lo anterior, subsiste la prevención realizada a la parte promovente contenida en auto de cuatro de febrero en curso y se le previene para que en lo que resta del término otorgado en el citado proveído, dé cumplimiento a la prevención. Al caso, resulta aplicable al caso la jurisprudencia cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEB EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO". Se hace del conocimiento de la promovente, que en virtud de que el proveído de cuatro de los corrientes, se le notificó el siete de febrero en curso, el término de cinco días otorgado en dicha data, transcurre del nueve al quince de febrero en curso; en consecuencia, toda vez que su escrito aclaratorio fue presentado el nueve de este mes, esto es, el primer día del término otorgado, cuenta con el término restante de cuatro días para cumplir con la prevención realizada, término que, desde luego, empezará a contar a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que de este acuerdo se le haga. Al caso, cobra aplicación la tesis cuyo rubro y texto rezan: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo." Se reitera el apercibimiento realizado en proveído de cuatro de febrero en curso, en el sentido de que de no dar cumplimiento a lo antes expuesto, dentro del plazo que para tal fin se le confiere, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán; cuatro de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y el Actuario adscrito a dicha Junta, hasta la presente fecha no han cumplido con la ejecutoria de amparo; con fundamento en los artículos 192, último párrafo y 193, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se requiere a las citadas autoridades responsables, para que en el término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, cumplan con la ejecutoria de amparo y lo informen a este Juzgado. Finalmente, se les apercibe que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme al numeral 258, en armonía con el diverso ordinal 238, ambos de la Ley de Amparo, y en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para seguir el trámite de inejecución. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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