Isis Corona Vázquez
Expediente 875/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 875/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Isis Corona Vázquez
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Causa estado auto que desechó la demanda. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, en el que desechó la demanda de amparo promovida por Isis Corona Vázquez,; por tanto, con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Expediente destruible y sin relevancia documental Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso d), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo 21. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 21 del citado acuerdo (tres años), deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. Devolución de documentos Por otra parte, no obstante, que los documentos exhibidos por la parte quejosa, no se ubican en la hipótesis del artículo tercero, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días comparezca a las instalaciones de este Juzgado Federal en día y hora hábil debidamente identificada para recogerlos, apercibido que de no hacerlo así, dichos documentos serán depurados junto con el expediente. Se precisa procedimiento para devolución de documentos. En términos del artículo 3 del capítulo II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el Micrositio de servicios jurisdiccionales y procesos de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, encontraran el sistema de "Agenda OJ", en el que se aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos, la generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona cuyo nombre se solicite, un código QR que a su vez, permitirá que ella y otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingrese al órgano jurisdiccional, procedimiento que deberá realizar la parte interesada para la obtención de los documentos cuya devolución solicita.. Asimismo, para estar en posibilidad de coordinar la entrega de los documentos de mérito, el solicitante deberá comunicarse al teléfono 241 418 81 90 extensión 1308 con la licenciada Sonia López Márquez, (dentro de un horario de doce treinta a dieciocho horas, de lunes a viernes), una vez que quede debidamente notificado del presente proveído. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. Cumple prevención Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa Isis Corona Vázquez, mediante el cual desahoga el requerimiento formulado en auto de cuatro de octubre de dos mil veintiuno; en consecuencia, se provee: Antecedentes Del escrito de demanda, escrito de aclaración de la misma y tomando como hecho notorio el juicio de amparo 678/2021-3, del índice de este Juzgado de Distrito, en términos del numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se desprenden los siguientes antecedentes que originan los actos reclamados por esta vía constitucional, mismos que son los siguientes: 1. El dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, se tuvo por recibida la demanda de amparo indirecto firmada por Isis Corona Vázquez, en contra del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, a la cual se le asignó el número de juicio de amparo 678/2021, cuyo acto reclamado 2. Seguido el trámite del mismo por auto de seis de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvieron por recibidas las constancias relativas a las copias certificadas del expediente 323/2020, relativo al juicio de usucapión promovido por María Adelina Flores Padilla en contra de Matilde Hernández de Vázquez y Enrique Vázquez Zempoalteza, así como quien o quienes se crean con derecho; por lo que se dio vista a la parte quejosa -Isis Corona Vázquez-, a fin de que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo, respecto de actos recamados, autoridades responsables, o bien, ampliar sus conceptos de violación. 3. En auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el escrito signado por la quejosa Isis Corona Vázquez, por el cual pretendía ampliar su demanda en relación a los actos reclamados y autoridades responsables, señaladas como: La expedición del certificado de no inscripción de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, atribuido al Director de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala. La expedición de la constancia de no inscripción de diecinueve de octubre de dos mil veinte, atribuido al Director General del Instituto de Catastro. Ahora bien, debido a que, dicho certificado y constancia de no inscripción, fueron exhibidas en el juicio de usucapión 323/2020, por la parte actora, a fin de demostrar sus pretensiones, resulta evidente que las mismas no derivan de dicho juicio, dado que, fueron expedidas con antelación; de tal manera, al no encontrase vinculados los actos reclamados en la ampliación de demanda con los señalados inicialmente, en auto de veintiocho de septiembre del año que transcurre, se ordenó remitir el escrito de ampliación de demanda a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, a fin de que se le dé trámite independiente. 3. Mediante auto de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio 25298/2021, que contenía la demanda de amparo, a la cual se le asignó el número 875/2021-3, por lo que, en términos del artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, se previno a la parte quejosa. Desechamiento de demanda. Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, se advierte que el quejoso reclama: La expedición del certificado de no inscripción de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, atribuido al Director de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala. La expedición de la constancia de no inscripción de diecinueve de octubre de dos mil veinte, atribuido al Director General del Instituto de Catastro. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la lectura del numeral referido, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Definitividad. En el caso concreto, de oficio este Juzgado de Distrito advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del numeral 61, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (...)". El artículo transcrito regula el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual, como juicio excepcional que es, sólo procede contra aquellas resoluciones o actos de autoridad que no admitan recurso o medio de defensa alguno conforme al cual puedan ser revocados, modificados o nulificados; de modo que aquellas resoluciones susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas, a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo (como ocurre en la especie), sino sólo lo serán aquellas resoluciones que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto. Ahora bien, como ya se dijo los actos que por esta vía se impugna, consiste en la expedición de las constancias de no inscripción de veintiuno de septiembre y diecinueve de octubre, ambos de dos mil veinte, expedidos por la Dirección de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala y el Director General de Catastro; por tanto, es evidente que tal acto es susceptible de ser impugnado a través de un juicio contradictorio, ya sea por vía de acción o de excepción, que se tramite ante tribunales de jurisdicción ordinaria. Ahora, de la propia fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, se advierte que a fin de que se actualice la causal de improcedencia en estudio, se deben reunir los siguientes requisitos: a) Que en contra del acto reclamado proceda un juicio, un recurso o medio ordinario de defensa que pueda nulificar, modificar o revocar el acto reclamado. b) Que dicho recurso se encuentre establecido en una ley formal, es decir, expedida por el órgano legislativo competente. c) Que la Ley que establezca el recurso o que rija el acto, no exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva en el amparo, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Precisado o anterior, es dable señalar que los artículos del 1228 al 1231 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano del Estado de Tlaxcala, prevén lo siguiente: "Artículo 1228.- Las inscripciones no se extinguen en cuanto a tercero, sino por cancelación, o por el registro de la transmisión del dominio, o derecho real inscrito a otra persona. Artículo 1229.- Las inscripciones pueden cancelarse por consentimiento de las partes o por decisión judicial. Tratándose de derechos reales distintos de la propiedad, la cancelación podrá hacerse por renuncia unilateral que haga el titular del derecho, que conste en documento auténtico, siempre y cuando no reporte ese derecho ningún gravamen a favor de otro, caso en el cual será menester la conformidad de éste, expresada en forma indubitable. Articulo 1230.- La cancelación de las inscripciones podrá ser total o parcial. Articulo 1231.-Podrá pedirse y deberá ordenarse, en su caso, la cancelación total: I.- Cuando se extinga por completo el inmueble objeto de la inscripción; II.- Cuando se extinga también por completo el derecho inscrito; III.- Cuando se declare la nulidad del título en cuya virtud se haya hecho la inscripción; IV.- Cuando se remate judicial o administrativamente el inmueble que reporte el gravamen. V.- Cuando tratándose de un embargo hayan transcurrido tres años desde la fecha de la inscripción." La transcripción que antecede revela que las inscripciones y anotaciones efectuadas en la Dirección de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, pueden cancelarse total o parcialmente por consentimiento de las partes o por orden judicial; incluso pueden ser canceladas a petición de parte sin dichos requisitos, cuando el derecho inscrito o anotado quede extinguido por disposición de la ley o por la extinción por completo del inmueble objeto de la inscripción. Además destaca que puede pedirse y deberá ordenarse, en su caso, la cancelación total, ente otros casos, cuando se declare la nulidad del título en cuya virtud se haya hecho la inscripción o anotación. De este modo, es posible establecer que si bien los actos que se tildan de inconstitucionales pudieran derivar de una actuación indebidamente realizada; lo cierto es que ello no puede declararse en un juicio constitucional, debido a que no podrían concretarse los efectos de un eventual fallo protector, pues las inscripciones y anotaciones que se hayan realizado no podrían quedar insubsistentes mientras que subsista el acto que las originó. Máxime que no es posible anular autónomamente las anotaciones registrales, si lo que causa afectación al quejoso es la expedición del certificado de no inscripción expedido para que fungiera como prueba en el juicio de usucapión 323/2020, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, en relación al bien inmueble que defiende Así, la cancelación de la anotación registral controvertida, sólo puede derivar de una decisión judicial dictada en un juicio contradictorio, en el que se otorgue derecho de audiencia a las personas que hayan sido beneficiadas con esas anotaciones o, en su caso, aquéllas que intervinieron el acto que le dio origen. Esto es relevante para el caso concreto porque dada la forma en que se plantea esta demanda, se requiere el examen de pruebas sobre la buena o mala fe de aquel que formalizaron contratos traslativos de dominio, cuestiones que no pueden dirimirse en el juicio constitucional. Resulta aplicable la tesis XI.2o.96 C, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Diciembre de 2000, página 1423, época novena, registro digital: 190803, de rubro y texto: "REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, INSCRIPCIONES EN EL. EL JUICIO DE AMPARO NO ES LA VÍA LEGAL ADECUADA PARA OBTENER SU CANCELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN). El artículo 2854 del Código Civil dispone que las inscripciones hechas en el Registro Público de la Propiedad, pueden cancelarse por consentimiento de las partes o por decisión judicial; de lo que se deduce que fuera del caso en que la cancelación de una inscripción registral se haga por consentimiento de las partes, para realizarla válidamente, es necesario oír a los interesados, o sea, que cuando exista controversia respecto a la inscripción de un derecho en el Registro Público de la Propiedad, sólo por orden de una autoridad jurisdiccional puede cancelarse. Ahora bien, como las inscripciones están vinculadas con la declaración de un derecho real cuyo reconocimiento judicial compete a las autoridades del ramo, según el artículo 1o. del Código de Procedimientos Civiles, es evidente que quien pretenda su cancelación debe agotar el juicio correspondiente, previo al ejercicio de la acción constitucional, pues de no hacerlo así, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo. Así como la tesis XXXI.1 A (10a.), del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, visible en la página 1747, del Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo título y contenido es: "INSCRIPCIONES REGISTRALES QUE NO HAN SIDO DECLARADAS NULAS JUDICIALMENTE. ANTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE LA SENTENCIA RELATIVA PRODUZCA EFECTOS RESTITUTORIOS, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO EN SU CONTRA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE). En términos del artículo 2916 del Código Civil del Estado de Campeche, las inscripciones en el Registro Público sólo podrán cancelarse por decisión judicial o por consentimiento de las partes, de manera que fuera del segundo supuesto, para realizar válidamente ese acto, es necesario promover el juicio civil en el que podrá escucharse a los interesados, es decir, para impedir que surtan sus efectos jurídicos los actos que derivan de aquéllas, es menester que previamente se declare judicialmente su nulidad. En estas condiciones, la validez de las anotaciones, por ley, no puede decidirse en el amparo sin que antes haya sido resuelta por la autoridad del orden común en la litis contradictoria correspondiente. Por tanto, aun cuando en el juicio de garantías se concluyera que el mencionado acto es inconstitucional, sería imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, en la medida en que la realización de sus efectos importaría ordenar los alcances de la inscripción, lo cual está encomendado a los tribunales de instancia; de ahí que contra las inscripciones registrales que no han sido declaradas nulas judicialmente sea improcedente el juicio de garantías." De igual forma, la diversa tesis VIII.2o.45 C, de la Novena Época, registro 194448, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, marzo de 1999, página 1452, de rubro y texto siguientes: "REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. INSCRIPCIONES QUE NO HAN SIDO DECLARADAS NULAS JUDICIALMENTE. Los actos o contratos que otorgaron y celebraron personas, que según la inscripción del registro, aparecían con derecho para ello, no pueden dejar de surtir efectos mientras la nulidad de esa inscripción no se declare judicialmente; por lo tanto, como el juicio constitucional no constituye el medio idóneo para examinar pruebas, o para resolver cuestiones de propiedad, por encontrarse estas facultades encomendadas exclusivamente a los tribunales de instancia, es evidente que no puede ampararse al quejoso para que se impida que surtan sus efectos tales actos, porque esto sería en provecho del promovente del amparo, pero con evidente menoscabo de la protección jurídica que la Constitución y la ley secundaria garantizan al adquirente de un derecho que procede de buena fe y que no ha sido oído ni vencido en el juicio correspondiente.". Así como, la diversa tesis III.1o.A.125 A, de la Novena Época, registro 176975, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, octubre de 2005, página 2386, de rubro y texto siguientes: "INSCRIPCIONES REGISTRALES. SU VALIDEZ NO PUEDE DECIDIRSE DIRECTAMENTE EN EL AMPARO, SIN QUE TAL CUESTIÓN HAYA SIDO RESUELTA PREVIAMENTE POR LAS AUTORIDADES JUDICIALES DEL ORDEN COMÚN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). En el Estado de Jalisco, la validez de las anotaciones e inscripciones registrales, por ley, no puede decidirse en el amparo, sin que antes haya sido resuelta por la autoridad del orden común en el juicio contradictorio correspondiente, atento a lo previsto por los artículos 1252 a 1256 del Código Civil del Estado, en relación con los numerales 127 y 131, fracciones III y IV, de la Ley del Registro Público de la Propiedad de la entidad, y los preceptos 20, 25 y 26 del Reglamento del Registro Público de Comercio, conforme a los cuales, basta que la inscripción de un documento la solicite una persona (física o moral) que en principio tenga derecho a ello, para que una vez hecha la inscripción o anotación de que se trate la misma no pueda cancelarse, sino por orden de autoridad judicial y en esa medida, la ley exige a los interesados acudir necesariamente al juicio contradictorio correspondiente." Correlativo a ello, es importante señalar que el juicio de amparo no tiene como objeto resolver conflictos entre particulares; así que la existencia de una controversia suscitada entre dos personas, como sucede en el caso, la autoridad constitucional no puede sustituirse a la función jurisdiccional ordinaria para resolver el conflicto. Sobre todo porque los planteamientos de la lectura íntegra de la demanda de amparo conlleva a establecer que la parte quejosa no propone realmente una controversia contra la autoridad registral, sino más bien, trata de que en esta instancia extraordinaria se resuelva un conflicto entre particulares; lo que no es técnicamente factible. Es decir, dicho juicio se encuentra establecido en una ley formal, en la que se contempla expresamente la posibilidad de instaurar la cancelación del certificado de no inscripción de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, expedido por el Director de Notarías y Registros Públicos del Estado, cumpliendo así con el primer requisito establecido en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, lo procedente es desechar en el juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por lo que hace al acto reclamado a las autoridades responsables, en virtud de no haberse agotado el principio de definitividad. Se hace efectivo apercibimiento quejosa. Finalmente, vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que la quejosa Isis Corona Vázquez, no dio cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, en el sentido de señalar domicilio en la zona metropolitana Apizaco-Tlaxcala, para oír y recibir todo tipo de notificaciones, ante este Juzgado Federal, con el apercibimiento que de no hacerlo así en el término de tres días contados a partir de la fecha en que quedara notificada del proveído en comento, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harían por medio de lista. En consecuencia y toda vez que la quejosa de referencia no dio cumplimiento a lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho proveído; por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción II y 29 de la Ley de Amparo, practíquese la presente y subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, a la quejosa Isis Corona Vázquez, por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, cuatro de octubre de dos mil veintiuno. Radicación de demanda. Agréguese el oficio signado por la Secretaria de este juzgado, el cual contiene como anexo el escrito de ampliación de demanda de amparo que promueve Isis Corona Vázquez, por propio derecho, contra actos del Director de Notarias y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, mismo que se le dio trámite de una demanda de amparo nueva porque el acto reclamado no deriva del juicio de origen dentro del juicio de amparo 678/2021-3, de la lista de este Juzgado de Distrito. Por tanto, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 875/2021-III. Prevención. Ahora, debe destacarse que el artículo 108, de la Ley de Amparo en vigor prevé los requisitos que debe contener la demanda de amparo indirecto, entre los que se encuentra el establecido en la fracción V, que a la letra señala: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; (.)". Del precepto legal transcrito se desprende que la parte quejosa se encuentra obligada a manifestar bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado, pues ello constituye información indispensable para que el Juez de Distrito esté en aptitud de analizar la constitucionalidad de los actos que se les atribuyen. Por tanto, a fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto a la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 108, fracción V, además del 114, fracción II, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, realice lo siguiente: Manifieste "bajo protesta de decir verdad", fecha en que le fue notificado los actos reclamados o tuvo conocimiento de los mismos, consistentes en: La expedición del certificado de no inscripción de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, atribuido al Director de Notarias y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, y, La expedición de la constancia de no inscripción de diecinueve de octubre de dos mil veinte, atribuido al Director General del Instituto de Catastro. Lo anterior, toda vez que en su capítulo de hechos y abstenciones no sé advierte fecha en que tuvo conocimiento de dichos actos reclamados. Además, se le requiere para que al momento de desahogar la prevención anteriormente indicada exhiba las copias necesarias de su escrito aclaratorio, para estar en aptitud de correr traslado a cada una de las partes. Apoya a lo anterior, por su idea jurídica, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 79, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Asimismo resulta aplicable, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable: [J]; 10a. Época; P./J. 8/2017 (10a.). Publicada: viernes 12 de mayo de 2017, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "COPIAS DE TRASLADO. LA CONSECUENCIA JURÍDICA DE TENER POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO O LOS RECURSOS DE REVISIÓN O DE QUEJA, POR NO DESAHOGARSE EN SUS TÉRMINOS EL REQUERIMIENTO PREVIO PARA SU ENTREGA, NO VULNERA EL DERECHO DE ACCESO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. El requisito de las copias de traslado no constituye un formalismo sin sentido o un obstáculo para el acceso a la justicia, toda vez que la existencia de formas concretas para acceder a ésta responde a la intención del Constituyente de facultar al legislador ordinario para establecer mecanismos que proporcionen a las partes todos los elementos para intervenir en el procedimiento, a fin de garantizar el respeto a los derechos de seguridad jurídica, legalidad e igualdad procesal. En ese sentido, la consecuencia jurídica prevista en los artículos 146 de la Ley de Amparo abrogada, así como 88 y 100 de la vigente, relativa a tener por no presentada la demanda de amparo o los recursos de revisión o de queja, por no desahogarse en sus términos el requerimiento de las copias de traslado correspondientes, no vulnera el derecho de acceso a la tutela judicial efectiva, porque dicha consecuencia no se actualiza automáticamente cuando el justiciable promueve el juicio constitucional o interpone los recursos mencionados sin las copias de traslado correspondientes, pues ante tal escenario el juzgador debe requerirlo para que en el plazo de 3 días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación respectiva, entregue las copias faltantes, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentado su medio de defensa, lo que permite al interesado corregir su omisión; al tribunal contar con los elementos suficientes para ejercer su función jurisdiccional; y a las partes preparar la defensa de sus intereses. De ahí que no haya lugar a que el tribunal de amparo requiera nuevamente al justiciable para que desahogue en sus términos el requerimiento respectivo, o que expida por su cuenta las copias faltantes, salvo que se trate de los supuestos previstos en ese sentido en los artículos 88, párrafo cuarto, 100, párrafo tercero y 110, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente." Apercibimiento. Por tanto, se le apercibe que en caso de no dar cumplimiento a los requerimientos antes formulados en el plazo de cinco días contados a partir de que surta sus efectos la notificación de este proveído, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otro lado, debido a que el presente juicio se apertura con el escrito de ampliación de la demandas dirigida al juicio de amparo 678/2021, del índice de este Juzgado de Distrito; por tanto, por única ocasión se comisiona a uno de los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, a fin de que le notifique la presente determinación en el domicilio ubicado en calle Bugambilias número ciento cuatro, de la Colonia Adolfo López Mateos, Tlaxcala, Tlaxcala, que es el mismo que señaló en la demanda inicial del juicio antes citado. Asimismo, le requiera para que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, señale domicilio donde recibir notificaciones de carácter persona, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes que se ordenen de forma personal se harán por lista de estrados. Resguardo de documentos Por otro lado, se ordena el resguardo de los documentos originales que exhibió la parte quejosa, previa copia certificada que se agregue a los presentes autos. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Integración de expediente electrónico. Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafos sexto y octavo, de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Exhortación a las partes para el uso del portal de servicios en línea. No obstante lo anterior, tomando en consideración que la pandemia originada por el virus COVID-19 subsiste, se exhorta a las partes, para que, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 ya invocado, con el fin de reguardar la salud e integridad de todos, de ser posible, hagan uso del Portal de Servicios en Línea, en su caso, propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido en su caso, deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En el entendido que, tal como lo señala el artículo 3 del Acuerdo invocado, a partir de la presente data, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" dentro del cual las partes encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a ello, debe resaltarse que el acceso a las instalaciones del propio juzgado, estará condicionado a una cita previa y con la asistencia no mayor de dos personas; máxime que las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme lo contempla el artículo 29 de la Ley de Amparo y en la ley adjetiva correspondiente. Atender protocolos y lineamientos de salud. Ahora bien, con el fin de llevar a cabo las diligencias encomendadas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar su integridad física así como de las partes, se instruye a los fedatarios judiciales para que, al momento de practicar las notificaciones que tienen encomendadas observen lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 precitado. Supresión de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa en los términos indicados en el presente acuerdo. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.EDUARDO
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · 10,223 expedientes
- Isidro Paredes Hernández504/2018
- Isidro Pérez Lira652/2018
- Isidro Sosa Alvarado125/2022
- Isidro Sosa Alvarado1231/2021
- Isidro Zarate Rodríguez660/2023
- Isis Corona Vázquez678/2021
- Isis Corona Vázquez1005/2021
- Ismael Barrón Olmos1214/2022
- Ismael Escalante Aguilar1575/2023
- Ismael Escalante Aguilar433/2019
- Ismael González Ramos832/2023
- Ismael Hernández Garrido1152/2022