Ismael Hernández Garrido
Expediente 1152/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 16 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1152/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 17/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Ismael Hernández Garrido
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintisiete de enero de dos mil veintitrés, en la que se determinó sobreseer en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción **************************************** y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en S********************SE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema ********************ntegral de Seguimiento de Expedientes (S********************SE). Archivo Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, envíese el presente juicio constitucional al ARCH********************VO, toda vez que se encuentra totalmente concluido. Valoración del expediente. Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el veinticinco de marzo dos mil veinte, por haberse sobreseído en el juicio. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15 del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Cuaderno original del incidente de suspensión. Ahora, mediante oficio CAP/DGAD/392/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a la consulta formulada por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, informó que únicamente será depurable el original del incidente de suspensión cuando se concedan la suspensión definitiva o ambas medidas cautelares, de ocurrir lo contrario, es decir, si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva, lo procedente será que el órgano jurisdiccional lo destruya al carecer dicho documento de relevancia jurídica. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión fue negada la medida provisional y definitiva; el incidente de suspensión es susceptible de destrucción. Así, respecto al original del incidente de suspensión, al haberse negado la suspensión provisional y definitiva, de conformidad con el numeral 21, inciso c), del citado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de tres años, es susceptible de destrucción. Por lo que respecta al duplicado del referido incidente, de conformidad con el numeral 20, fracción ****************************************, inciso a), del multicitado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de seis meses, procédase a la destrucción de este expediente. Resguárdese por el término de seis meses, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Documentos originales. Sin que sea necesario requerir a las partes para devolución de documentos o billetes de depósito al no constar en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.lomelí
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ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 1152/2022-Ill, promovido por Ismael Hernández Garrido, contra el acto y autoridades responsables en términos del considerando tercero de esta sentencia.
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Apizaco, Tlaxcala, diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Parte quejosa pretende ampliar su demanda. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ******************** mediante el cual pretende ampliar su escrito inicial de demanda. No ha lugar ampliación respecto de diversos actos y autoridades. Al respecto debe decirse que en relación a la ampliación de demanda de amparo que intenta, hágase saber a la parte promovente que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, en tanto que en el caso no se surten los requisitos de procedibilidad establecidos legal y jurisprudencialmente, para que la demanda de amparo sea ampliada. En efecto, en el artículo 111 de la Ley de Amparo se incluyó la figura de la ampliación de la demanda, condicionando la procedencia de dicha institución procesal a la satisfacción de los siguientes requisitos: I. No hayan transcurrido los plazos para la presentación de la demanda; II. Cuando el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. No obstante, como se dijo en líneas que anteceden, no pueden soslayarse los requisitos establecidos jurisprudencialmente, pues a pesar de que la Ley de Amparo ya incluyó la figura de la ampliación de demanda, lo cierto es que la Jurisprudencia constituye un criterio integrador que además optimiza la institución procesal en comento, a efecto de dar eficacia al derecho humano a la tutela judicial, en sus vertientes de debido proceso y acceso a la justicia. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 15/2003, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, julio de dos mil tres, página 12, Novena Época, cuyo rubro y contenido son los siguientes: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional.". Así como la diversa jurisprudencia VI.2o.C. J/240 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la página 1339, Tomo XIX, enero de 2004, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO ES POSIBLE TRATÁNDOSE DE AUTORIDADES RESPONSABLES, ACTOS RECLAMADOS O CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DISTINTOS A LOS ORIGINALMENTE PLANTEADOS, PERO QUE GUARDEN VINCULACIÓN CON ELLOS. La ampliación de la demanda de amparo es una figura jurídica creada por la jurisprudencia, que confiere al peticionario de garantías un derecho para incorporar a la Litis constitucional ya iniciada, autoridades responsables, actos reclamados o conceptos de violación distintos a los originalmente planteados; sin embargo, el ejercicio de esta prerrogativa debe sujetarse a determinados requisitos de procedencia tales como el que no se haya cerrado o integrado la litis, que los nuevos actos tengan relación con los originalmente planteados, o bien, que al rendirse el o los informes justificados, de ellos se desprenda que fueron otras las autoridades que los llevaron a cabo, pero debe existir siempre una relación o vinculación con los actos primigenios, ya que de no existir ese elemento sine qua non, todos aquellos actos que pudieran causar perjuicio a la amparista podrán tener remedio, sí a través del juicio de garantías, pero a consecuencia de tantas demandas de amparo, como juicios o procedimientos de los que deriven los actos que le irroguen perjuicio existan, ya que en este supuesto no pueden incorporarse a una Litis constitucional elementos que le son ajenos." Así, de acuerdo con lo anterior, la demanda de amparo podrá ampliarse siempre y cuando: Del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso; En el mismo informe se fundamente o motive el acto reclamado; o, Cuando el quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados. A partir de ese panorama legal, puede afirmarse que la parte promovente pretende ampliar la demanda de amparo, bajo el supuesto de relación o vinculación entre los nuevos actos que reclama y los que señaló en su escrito inicial de demanda. Ello obliga a explicar que para que la demanda de amparo pueda ser ampliada porque los nuevos actos están vinculados con los reclamados inicialmente, es necesario que tal relación sea tan estrecha en la medida que aquéllos sean una consecuencia directa de éstos, de manera que al ser analizados el juzgador de amparo no divida la continencia de la causa y se hagan pronunciamientos que deben ser motivo de sentencias diversas; por ejemplo, porque los nuevos actos se impugnen por vicios propios, es decir, por razones que no derivan ni dependen de los actos inicialmente impugnados. Ahora bien, la parte quejosa pretende ampliar su demanda respecto de las autoridades y actos siguientes: Al respecto, se advierte que los actos respecto de los cuales pretende ampliar la demanda no se encuentran estrechamente relacionados con el inicialmente planteado pues el acto reclamado en el escrito inicial de demanda de amparo es: Mientras que los actos reclamados en la ampliación de demanda, consisten en: Aunado a que de los presentes autos se advierte que mediante proveído de siete de noviembre de dos mil veintidós (fojas 121 a 123), se requirió el quejoso ******************** para que dentro del plazo de quince días manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo, respecto de la falta de llamamiento al procedimiento extraordinario ********************, iniciado en su contra; citatorio de espera domiciliaria de doce de octubre del año en curso y, notificación de trece de octubre posterior; así como si deseaba señalar como autoridad responsable a la Comisión Municipal del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia del Ayuntamiento de Huamantla, Tlaxcala; con el apercibimiento que de no hacerlo se continuaría el presente juicio de amparo únicamente por los actos y autoridades señalados en su demanda de amparo. Sin que hubiera realizado manifestación alguna dentro del plazo que se le concedió; por lo que mediante acuerdo de seis de diciembre de dos mil veintidós (foja 132), se hizo efectivo el apercibimiento y se ordenó continuar el presente juicio de amparo únicamente por los actos y autoridades señalados en la demanda de amparo. Lo que pone de manifiesto que no guarda relación el acto reclamado del escrito inicial de demanda y el escrito de cuenta, dado que el acto reclamado en el presente juicio de amparo, se hizo consistir en la orden verbal de separar al quejoso del cargo de policía, el cual adujo se llevó a cabo sin que se hubieran seguido las formalidades esenciales del procedimiento, es decir, no fue emplazado al procedimiento administrativo respectivo y no se le respetó su garantía de audiencia; mientras que los actos que pretende ampliar su demanda en el escrito de cuenta, reclama la resolución definitiva emitida en el procedimiento extraordinario ********************, emitida por la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia de Huamantla, Tlaxcala, en el que decretó la separación del quejoso del puesto de Policía por no haber aprobado los exámenes de confianza, por lo que no puede tenerse por ampliada la demanda que intenta. Se remite escrito de ampliación a Oficina de Correspondencia Común. No obstante lo anterior y toda vez que se advierte que los actos por los que se pretende ampliar la demanda resultan ser nuevos actos reclamados, debe indicarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión remota del Tribunal Pleno, al resolver la Contradicción de Tesis 83/2019, determinó que cuando una ampliación de demanda no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo, por no guardar estrecha vinculación con los actos reclamados señalados inicialmente, el Juez de Distrito debe remitirla a la Oficina de Correspondencia Común para que se le dé trámite de demanda independiente. Lo anterior, en virtud de que la ampliación de demanda de amparo es una institución encaminada a dar una solución completa y adecuada a una controversia, equiparable a una acción de amparo. En consecuencia, remítanse el original del escrito de referencia (previa copia certificada que se glose al presente expediente); así como las copias de la misma, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de este circuito judicial para que se le dé trámite de demanda independiente al escrito de cuenta. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en auto de siete de diciembre de dos mil veintidós, se requirió a la autoridad responsable al Presidente de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, para que inmediatamente que emita resolución en el procedimiento administrativo extraordinario ********************, remita a este juzgado de distrito copia certificada. Se requiere a autoridad responsable. Ahora bien, toda vez que la autoridad responsable, no ha remitido información alguna respecto de dicha sentencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase al Presidente de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, para que dentro del plazo de tres días computados legalmente, informe si ya dicto dicha resolución; apercibido que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la contradicción de tesis 8/96, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 108, del tomo V, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a febrero de 1997, en sesión de fecha diez de febrero de mil novecientos noventa y siete, cuyos rubro y texto son los siguientes: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Diferimiento de audiencia constitucional. Por tanto, para dar margen a ello y no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS DEL VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Encargada del Despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, comunicado a este órgano jurisdiccional mediante oficio CCJ/ST/6055/2022 de la misma fecha, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", ante Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
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