Isidro Paredes Hernández

Expediente 504/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
504/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
22/06/2018

Partes del expediente

  • Isidro Paredes Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de siete de junio de dos mil dieciocho (fojas 25 a 37), en el que se desechó la demanda de amparo promovida Isidro Paredes Hernández y Estela Ahuactzin Paredes; con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Se ordena archivo y destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Ahora, de autos se obtiene que este expediente está concluido y que es de aquellos a los que se refiere el Capítulo Quinto, punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por tanto, en términos de lo establecido en el punto segundo, fracción VI, cuarto, noveno, fracción I, décimo, fracción I, décimo primero, párrafo segundo y vigésimo primero del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 en comento, se autoriza la destrucción de este expediente relativo al juicio de amparo 504/2018, dado que no existen actuaciones pendientes, ni se está dentro de alguna de las causas de excepción a que se refiere el acuerdo en cita y al tratarse de un asunto concluido remítase al archivo, sin que pueda calificarse de relevancia documental, valor jurídico e histórico, inclusive, no contiene información reservada, conforme al punto vigésimo tercero, Capítulo Quinto del acuerdo citado; datos que deberán insertarse en la carátula del expediente en conformidad con el punto décimo primero, segundo párrafo, de la normatividad en consulta, en el entendido de que la destrucción de este expediente procederá transcurridos cinco años posteriores a la notificación del presente; por tanto, inclúyase en la relación de asuntos susceptibles de destrucción; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales correspondientes. Dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente principal, deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Devolución de documentales. Por otra parte, tomando en consideración que se encuentran glosados a este expediente documentos aportados por la parte quejosa; con fundamento en el segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009; requiérasele para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlos en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo, los referidos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente.

  2. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de veintidós de junio de dos mil dieciocho: Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de siete de junio de dos mil dieciocho (fojas 25 a 37), en el que se desechó la demanda de amparo promovida Isidro Paredes Hernández y Estela Ahuactzin Paredes; con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Se ordena archivo y destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Ahora, de autos se obtiene que este expediente está concluido y que es de aquellos a los que se refiere el Capítulo Quinto, punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por tanto, en términos de lo establecido en el punto segundo, fracción VI, cuarto, noveno, fracción I, décimo, fracción I, décimo primero, párrafo segundo y vigésimo primero del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 en comento, se autoriza la destrucción de este expediente relativo al juicio de amparo 504/2018, dado que no existen actuaciones pendientes, ni se está dentro de alguna de las causas de excepción a que se refiere el acuerdo en cita y al tratarse de un asunto concluido remítase al archivo, sin que pueda calificarse de relevancia documental, valor jurídico e histórico, inclusive, no contiene información reservada, conforme al punto vigésimo tercero, Capítulo Quinto del acuerdo citado; datos que deberán insertarse en la carátula del expediente en conformidad con el punto décimo primero, segundo párrafo, de la normatividad en consulta, en el entendido de que la destrucción de este expediente procederá transcurridos cinco años posteriores a la notificación del presente; por tanto, inclúyase en la relación de asuntos susceptibles de destrucción; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales correspondientes. Dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente principal, deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Devolución de documentales. Por otra parte, tomando en consideración que se encuentran glosados a este expediente documentos aportados por la parte quejosa; con fundamento en el segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009; requiérasele para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlos en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo, los referidos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente.

  3. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de siete de junio de dos mil dieciocho: Agréguese el escrito signado por los promoventes Isidro Paredes Hernández y Estela Ahuactzin Paredes, mediante el cual dan cumplimiento a la prevención formulada en proveído de fecha veintiocho de mayo de dos mil dieciocho fojas 16 a 19. Ahora, por cuanto hace al acto reclamado consistente en: Las notificaciones realizadas el tres de mayo del presente año, a Isidro Paredes Hernández y cuatro de mayo de dos mil dieciocho a Estela Ahuactzin Paredes del auto de nueve de abril del presente año, emitidos dentro del expediente 246-2016 del índice del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicoténcatl. El acuerdo de nueve de abril de dos mil dieciocho, dictado en el expediente 246-2016 del índice Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicoténcatl. Procede desechar la demanda de amparo, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; . De los numerales transcritos se desprende que el juicio de amparo procede contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo en ese momento reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Es corolario de lo anterior, que el artículos 107, fracciones III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el transcrito numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece dos hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, después de concluido el juicio de origen, en los términos siguientes: Actos que gozan de autonomía en relación con la ejecución de sentencia; esto es, actos que no tienen como finalidad directa e inmediata cumplimentar la sentencia o laudo dictados en el juicio natural, por lo que pueden ser impugnados de manera inmediata (previo cumplimiento del principio de definitividad que rige en el juicio de amparo); Actos dictados en ejecución de sentencia. Hipótesis en la cual el juicio constitucional procede, únicamente contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; tratándose de remates contra aquella que los aprueba o desaprueba -en lo sustantivo-, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento.... Ahora, la hipótesis de procedencia del juicio de amparo respecto de los actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, prevé que sólo procede contra la última resolución dictada en esa etapa procesal; entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, la que lo da por concluido, o en su caso, la que ordena el archivo definitivo del expediente; pudiendo en ese momento reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. ... Las consideraciones expuestas en el criterio transcrito, parten de la premisa de que no puede entorpecerse la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada y que por la naturaleza propia del procedimiento, es posible que las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución puedan analizarse cuando se reclame la última resolución, porque de demostrarse que hubo la infracción legal y que se dejó sin defensa al quejoso, tendrá que reponerse el procedimiento a partir de esa violación, y de ser infundada, no se habrá obstaculizado el cumplimiento de una ejecutoria, lo que equilibra el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de amparo, que no permite ser utilizado como instrumento para retardar la administración de justicia. Debe destacarse que la razón que inspiró la creación de esta regla de procedencia fue impedir que el juicio de amparo sea utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva, de la que se presume que la sociedad está interesada en que la ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible; y la certidumbre de que la violación que entrañe una afectación meramente adjetiva a las defensas de un sujeto, sólo conllevará perjuicio si es que la resolución final con la que culmina el procedimiento es adversa a sus intereses. Por tal motivo, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante el mismo que hubieran afectado las defensas de la parte quejosa . Ahora, debe destacarse que los supuestos de procedencia del juicio de amparo una vez concluido el juicio natural tampoco son absolutos, pues jurisprudencialmente se han establecido casos de excepción, que si bien se encuentran estrechamente vinculados con las hipótesis precisadas, conviene analizarla de modo particular. .. Conforme a la ejecutoria y jurisprudencia transcritas, nuestro Máximo Tribunal del país interpretó la fracción III, del artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada, en el sentido que el juicio de amparo indirecto sí es procedente en contra de actos intermedios emitidos en la etapa de ejecución de sentencia, siempre que dichos actos: a) Afecten de manera directa derechos sustantivos, y b) Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. En la ejecutoria transcrita se señaló que los derechos sustantivos afectados se considerarán ajenos a la cosa juzgada cuando sean ajenos a los derechos que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, cuando la afectación a dichos derechos no sea una consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. En ese contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 32/2010, también sostuvo la procedencia excepcional del juicio de amparo de manera inmediata -una vez agotados los recursos ordinario que en su caso procedan-, respecto de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, cuando se reclame la interlocutoria firme que desestima las excepciones sustanciales y perentorias, así como las defensas u otros actos que tiendan a detener o interrumpir la ejecución de una sentencia, ya que resultan actos de imposible reparación. La hipótesis de referencia fue plasmada en la jurisprudencia de rubro: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN; misma que se transcribió en párrafos precedentes. De conformidad con lo anterior, el juicio de amparo indirecto no sólo es procedente en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, sino que también es procedente, de manera excepcional, en contra de actos intermedios emitidos dentro de dicho procedimiento, en la medida en que afecten en forma directa derechos sustantivos que sean ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, o cuando se reclame la interlocutoria firme que desestima las excepciones sustanciales y perentorias, así como las defensas u otros actos que tiendan a detener o interrumpir la ejecución de una sentencia. Finalmente, en esa línea del pensamiento, otro caso excepcional de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, se actualiza cuando se emitan actos que de manera total, impidan u obstaculicen dicho procedimiento de ejecución. ... Del criterio transcrito se desprende la excepción a la regla general -que tratándose de actos de ejecución el amparo indirecto sólo procede contra la última resolución dictada en esa etapa- relativa a que el acto reclamado impida que se continúe con la ejecución de la sentencia, es decir, se obstaculice en forma total la continuación de la ejecución del laudo o sentencia definitiva, pues en ese supuesto, no podría obligarse al quejoso a esperar el dictado de la última resolución en esa fase, precisamente, porque el acto reclamado impide la continuación de la ejecución y, por ende, no podría llegarse a esa última resolución, haciendo nugatorio el derecho del quejoso de hacer efectiva la cosa juzgada, constituyendo incluso un acto que afecta de manera directa derechos sustantivos de imposible reparación ajenos a esa figura. En conclusión, tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto es procedente: Por regla general: Contra la última resolución dictada en esa etapa procesal; entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, la que lo da por concluido, o en su caso, la que ordenan el archivo definitivo del expediente; pudiendo en ese momento reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. De manera excepcional: Contra actos intermedios dictados en esa etapa, siempre que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Contra la interlocutoria firme que desestima las excepciones sustanciales y perentorias, así como las defensas u otros actos que tiendan a detener o interrumpir la ejecución de una sentencia, ya que resultan actos de imposible reparación. Contra actos definitivos que de manera total, impidan u obstaculicen el procedimiento de ejecución de sentencia. Una vez establecidas las hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, se colige que el acto reclamado en esta vía no se ubica en alguna de tales hipótesis. En primer término, de los antecedentes expuestos por la parte quejosa Isidro Paredes Hernández y Estela Ahuactzin Paredes, se desprende que los días tres y cuatro de mayo de dos mil dieciocho respectivamente, les fue notificado el auto de nueve de abril de dos mil dieciocho dictado dentro del expediente 246/2016 radicado en el Juzgado Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicoténcatl, donde les indican que tenían un término de cinco días para desocupar el inmueble que poseen denominado Hueyecuentla, ubicado en Avenida Juárez número 21-B en Tizatlán, Tlaxcala; lo que revela que no es de forma alguna la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia. De lo anterior se advierte que el acto reclamado fue emitido por un tribunal judicial y que fue dictado en una etapa ejecutiva del juicio civil de origen; empero, no se trata de la última resolución dentro del procedimiento respectivo. Atento a lo expuesto, el acuerdo de nueve de abril de dos mil dieciocho y sus notificaciones de tres y cuatro de mayo de dos mil dieciocho, en el que se le notifica el término de cinco días para desocupar el inmueble del cual dicen ser poseedores, no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, pues no es posible arribar a la conclusión que dicho pronunciamiento constituya la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución de que se trata, pues no reconoce el cumplimiento de lo sentenciado, ni consiste en aquella que aprueba el remate o la adjudicación del bien; tampoco desestima alguna excepción sustancial o perentoria, o impide la ejecución de la sentencia, en un juicio que formó parte el impetrante de amparo. En ese tenor, si bien el acto se dirige a preparar y lograr la ejecución de la sentencia firme; lo cierto es que todavía se encuentra supeditado a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, pues depende de la voluntad del condenado, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado. ....Además, debe precisarse que si el acto a examen se encamina a preparar la ejecución de la ejecutoria, es incuestionable que no tiene autonomía propia. Máxime que el acuerdo de nueve de abril de dos mil dieciocho que se reclama, así como las notificaciones de tres y cuatro de mayo del mismo año, sólo se trata de un acto procesal que ordena la realización voluntaria de una conducta dentro de un plazo determinado, conducta que de no realizarse, ocasionaría que se haga efectivo el apercibimiento por su contumacia y que se lleve a cabo el lanzamiento, lo que implica que hasta en tanto se realice éste no existe afectación a los derechos sustantivos del demandado. ... Con base en lo anterior, se puede concluir que el acto analizado tampoco representa excepción a la regla de última resolución conforme a los razonamientos expuestos, dado que el acuerdo de nueve de abril de dos mil dieciocho, dictado en el expediente 246-2016 del índice Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicoténcatl, así como la notificación realizada en tres y cuatro de mayo del año en curso, no constituyen el último acto procesal en el procedimiento de ejecución de sentencia que dirimió el contradictorio de origen; ya que está supeditado a que el juez responsable emita la resolución conducente para poder advertir si se aprueba o se reconoce el cumplimiento total de la sentencia, o bien, declare la imposibilidad material o judicial para darle cumplimiento total a la sentencia dictada en el juicio de origen; de lo que se concluye que no se está en la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, pues se reitera, el acto reclamado no es la última resolución dictada del procedimiento de ejecución y no afecta materialmente derechos sustantivos de los quejosos. En tales condiciones, resulta manifiesto e indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, respecto del contenido del acuerdo de nueve de abril de dos mil dieciocho, dictado en el expediente 246-2016 del índice del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicoténcatl, así como las notificaciones de tres y cuatro de mayo del año actual, por tanto, SE DESECHA por notoriamente improcedente la demanda de amparo.

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