Isaul Alexander Murillo

Expediente 1230/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1230/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Isaul Alexander Murillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión, en contra del auto de siete de noviembre de dos mil veintitrés, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la aludida determinación ha causado estado; háganse las anotaciones conducentes. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido y realícense las anotaciones correspondientes. Ahora, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, En términos del artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos 22 y 23 del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en los artículos 14 y 34 del Acuerdo General mencionado. En atención a lo expuesto, devuélvanse a la autoridad responsable Juez de Control Especializada en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate; el disco versátil digital, relativo a la audiencia celebrada en el cuaderno de ejecución 439/2021, mismo que envío en sustento a su informe con justificación. Sin que se estime necesario requerir acuse de recibo, ya que fungirá como tal, el comprobante de entrega del oficio que se envíe para tal fin. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a siete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta rendido por la autoridad responsable Juez de Control Especializada en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado que le fue requerido. Se tiene a la responsable ofreciendo como pruebas de su intención las documentales adjuntas a su informe justificado lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo. En ese contexto, del estado de autos, se advierte que el acto reclamado por ********************en la presente instancia constitucional se hizo consistir en la omisión de dar contestación a la solicitud presentada a su defensora el nueve de agosto de dos mil veintitrés, por la que solicitó se fijara fecha para llevar a cabo la audiencia relativa al beneficio de libertad condicionada o anticipada. En mérito de lo anterior, se estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado...". Ello, en virtud de que, en el informe justificado de cuenta, la autoridad responsable refiere que el dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, emitió una determinación en la que tuvo por recibidos los escritos signados por el quejoso y su defensora en donde solicitaron se analizara el beneficio de remisión parcial de la pena o el beneficio que le corresponda, por lo que señaló, las diez horas del diez de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo una audiencia en la que se realicen los planteamientos que el quejoso y su defensa estimen conducentes para resolver la petición solicitada; todo lo cual aconteció con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (dos de octubre de dos mil veintitrés). De esta manera, es claro que para los efectos del amparo el acto reclamado ha cesado en sus efectos y, por consiguiente la posible violación del derecho alegado, al no advertirse que prevalezca algún efecto del acto tildado de inconstitucional, actualizándose de esta manera la hipótesis de la Jurisprudencia establecida por Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página treinta y ocho, Tomo IX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, cuyo contenido íntegro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo se sobresee fuera de audiencia en el presente asunto, por lo que queda sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (doce horas del uno de diciembre de dos mil veintitrés); comuníquese lo anterior a las partes. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, a treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Visto estado que guardan los autos, se advierte que transcurre el término de quince días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, a efecto de que de que las autoridades responsables rindan los informes justificados que les fueron solicitados. En consecuencia, toda vez está señalada para el día de hoy la audiencia constitucional, a efecto de dar margen a lo anterior, se difiere y en su lugar se señalan las doce horas del uno de diciembre de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, a nueve de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio enviado por el Coordinador Área Penal Zona Costa de la Defensoría Pública Estatal, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de tres de octubre de dos mil veintitrés, informa que propone a Marianna Lizbeth García, Jesús Mendoza Medina y Octavio Daniel Sifuente********************, como asesores jurídicos del quejoso en la tramitación del presente juicio de amparo. Por lo anterior, se designa con tal carácter a los profesionistas que refiere; por ello, con fundamento en los artículos 1 y 14 constitucionales, resulta procedente dar vista con la totalidad de las actuaciones, que conforman el presente juicio de amparo, a los asesores jurídicos antes mencionados, para que vigilen la representación legal de los intereses del quejoso en el presente asunto, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, debiendo emprender las acciones conducentes para evitar dejar al directamente agraviado en estado de indefensión, pese a que la misma deba ser examinada de oficio por la suscrita al tratarse de una cuestión de orden público. Lo anterior, acorde a los lineamientos previstos en los artículos 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, instituido en el Estado Mexicano a través del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J. 43/2019, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1301, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO." Por consiguiente, túrnense los autos a un actuario adscrito, a fin de que notifique el contenido del presente proveído y del auto admisorio, a los defensores antes mencionados, adscritos a la Coordinación Penal Zona Costa de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, respecto de quienes, el remitente indica como domicilio al calce del comunicado de cuenta, el ubicado en ********************, ********************, ********************locales ********************, fraccionamiento ********************, código postal ********************, de esta ciudad; lo anterior de conformidad con el numeral 26 de la Ley de Amparo. Finalmente, se toma conocimiento de las personas que designa como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones, en términos del numeral 24 de la Ley de Amparo. Notifíquese; personalmente al quejoso y a sus asesores jurídicos.

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