Isaías Trejo Estrada
Expediente 153/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 153/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Isaías Trejo Estrada
Actuaciones
- Principal
II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Visto que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto del dieciséis de febrero del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por **********, con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme ese proveído. En ese sentido, toda vez que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos del artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior en atención a que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado conforme al artículo 15 del acuerdo antes mencionado. Notifíquese, vía electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por *********, por derecho propio, contra actos de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México y otras autoridades; realícense las anotaciones respectivas bajo el número 153/2023-II. De la lectura integral de la demanda de cuenta se advierte que se señala como acto reclamado en esta instancia la abstención de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, de emitir el laudo respectivo en el expediente J.8/760/2020, a pesar de que el cierre de instrucción se efectuó el uno de febrero de dos mil veintitrés. Asentado lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, toda vez que de su estudio integral se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, éste interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Es indudable para este juzgado que el referido acto reclamado no constituye un acto procesal de ejecución irreparable que produzca una afectación material a los derechos sustantivos de la parte quejosa. De la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad, específicamente en el capítulo de antecedentes, que el tribunal señalado como responsable, el uno de febrero de dos mil veintitrés, declaró cerrada la instrucción y turnó los autos para el dictado de la resolución en forma de laudo, por lo que han transcurrido en exceso los plazos previstos para su emisión. En este sentido, sobre la omisión de dictar laudo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 2a./J.8/2004 pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 226, tomo XIX, Febrero 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro "LAUDO. LA OMISIÓN DE SU DICTADO, A PESAR DE HABER TRANSCURRIDO EL PLAZO LEGAL PARA ELLO, ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO". Conforme a dicha jurisprudencia, el plazo previsto para el dictado del laudo, se desprende principalmente de los artículos 885, 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo, ya que el diverso 889, únicamente dispone que aprobado que sea, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. En ese sentido, a fin de verificar si existe o no la dilación que reclama, resulta idóneo tomar como base los plazos que prevé la Ley Federal del Trabajo, para el dictado del laudo correspondiente. Ahora, los artículos 885, 886 y 887 de la ley laboral, establecen lo siguiente: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos Artículo 886.- Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. Artículo 887.- Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas". En suma, salvo que medie el desahogo de las diligencias a que alude el segundo párrafo del artículo 886 de la Ley Federal del Trabajo, el plazo para dictar laudo es de treinta y tres días hábiles contado a partir del día hábil siguiente al cierre de instrucción y turno para emisión de proyecto de laudo. El plazo transcurrió de esta forma: Periodo Días que los conforman y lapsos que abarcaron Primero. Elaboración de proyecto de laudo fundado en el artículo 885. Diez días hábiles a partir del día hábil siguiente al cierre de instrucción. Cierre de instrucción: uno de febrero de dos mil veintitrés. Plazo: del dos al dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Sin contar los días cuatro, cinco, seis, once y doce de febrero de dos mil veintitrés, por corresponder -algunos días- a sábados y domingos y días inhábiles. Segundo. Examen del proyecto por los integrantes de la autoridad responsable, previsto en el artículo 886. Cinco días hábiles siguientes a la recepción de la copia del proyecto. Del diecisiete al veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Sin contar los días dieciocho y diecinueve de febrero del año en curso, en virtud de ser sábado y domingo. Tercero. Desahogo de pruebas o práctica de diligencias pendientes previsto en el artículo 886. Ocho días hábiles siguientes a la recepción de la copia del proyecto. Del veinticuatro de febrero al siete de marzo de dos mi veintitrés. Cuarto. Discusión y votación establecidas por el artículo 887. Diez días hábiles siguientes a la conclusión del plazo anterior. Del ocho al veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Entonces, el plazo de treinta y tres días hábiles para el dictado del laudo, trascurrirá del dos de febrero al veintitrés de marzo, todos de dos mil veintitrés. Bajo esas directrices, es inconcuso que la abstención reclamada por la parte quejosa, no causa una afectación material a su derecho sustantivo a recibir justicia, porque no puede determinarse generadora de una abierta dilación del procedimiento y menos de una paralización total, por las siguientes razones. El artículo 837 de la Ley Federal del Trabajo, establece cuáles son las resoluciones que puede dictar la autoridad laboral y en qué consisten. Dichas resoluciones pueden ser: 1) acuerdos; 2) autos incidentales o resoluciones incidentales; 3) y laudos. El laudo es la resolución que decide el fondo del conflicto. Ahora, se citan los artículos 840, 841, 842, 843 y 844 de la legislación laboral: "Artículo 840. El laudo contendrá: I. Lugar, fecha y Junta que lo pronuncie; II. Nombres y domicilios de las partes y de sus representantes; III. Un extracto de la demanda y su contestación que deberá contener con claridad y concisión, las peticiones de las partes y los hechos controvertidos; IV. Enumeración de las pruebas y apreciación que de ellas haga la Junta; V. Extracto de los alegatos; VI. Las razones legales o de equidad; la jurisprudencia y doctrina que les sirva de fundamento; y VII. Los puntos resolutivos. Artículo 841. Los laudos se dictarán a verdad sabida, y buena fe guardada y apreciando los hechos en conciencia, sin necesidad de sujetarse a reglas o formulismos sobre estimación de las pruebas, pero expresarán los motivos y fundamentos legales en que se apoyen. Artículo 842. Los laudos deben ser claros, precisos y congruentes con la demanda, contestación, y demás pretensiones deducidas en el juicio oportunamente. Artículo 843. En los laudos, cuando se trate de prestaciones económicas, se determinará el salario que sirva de base a la condena; cuantificándose el importe de la prestación se señalarán las medidas con arreglo a las cuales deberá cumplirse con la resolución. Sólo por excepción podrá ordenarse que se abra incidente de liquidación. Artículo 844. Cuando la condena sea de cantidad líquida, se establecerán en el propio laudo, sin necesidad de incidente, las bases con arreglo a las cuales deberá cumplimentarse". De acuerdo con los preceptos transcritos, el laudo tiene, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes pormenores: ( Debe dictarse a verdad sabida y buena fe guardada. ( Si bien la autoridad no está obligada a sujetarse a reglas o formulismos sobre estimación de las pruebas, debe apreciar los hechos en conciencia. ( Debe ser claro, preciso y congruente con la demanda, contestación y demás pretensiones deducidas oportunamente en el juicio. ( Lo resuelto debe estar fundado y motivado. ( Cuando se trate de prestaciones económicas, la autoridad determinará el salario que sirva de base a la condena. ( De ser posible, se liquidarán las prestaciones, de modo que solo por excepción se abrirá incidente de liquidación. En suma, el laudo debe cumplir con el imperativo constitucional de fundamentación y motivación de todo acto de autoridad, impuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que también conlleva que guarde los principios de congruencia y exhaustividad. El primero de esos principios implica que el laudo debe ser congruente no solo consigo mismo sino con la litis; mientras que el segundo significa que la resolución debe ocuparse de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, so pena que el laudo sea incompleto y por tanto, transgresor del derecho a la impartición de justicia. Al respecto, es aplicable esta tesis IV.2o.T.J/44, pronunciada por el Tribunal Colegiado de Circuito, visible en la página 959, tomo XXI, marzo 2005, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro "CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS". Así, el laudo no es una resolución de mero trámite, antes, resuelve el fondo del litigio, por lo que su elaboración y dictado definitivo precisa tiempo, incluso más del que prevé la ley, pues como quedó apuntado, la autoridad debe examinar profusamente los hechos y lo que resuelva debe ser congruente y exhaustivo, fundado y motivado, a lo que se suma el hecho que algunos asuntos son más complejos que otros y por consiguiente, su examen requiere mayor cantidad de horas-hombre; máxime que al decidir el fondo del negocio se constituye en un acto privativo, por lo que indefectiblemente debe ser estudiado y elaborado a conciencia; incluso, si se toma en consideración la carga de trabajo, la falta de recursos humanos y materiales, de la Junta responsable. Luego, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la fecha en que debe dictar el laudo y la presentación de la demanda (nueve de febrero de dos mil veintitrés), se obtiene que del uno al nueve de febrero del presente año, no han transcurrido cuarenta y cinco días naturales, sino cinco días únicamente. En consecuencia, no puede decirse que se ha configurado una abierta dilación o paralización total del procedimiento derivado de la omisión de dictar el referido laudo, pues el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, establece un periodo máximo de cuarenta y cinco días naturales en que el juicio de origen pudiera permanecer inmóvil, lo cual resulta un referente útil, por identidad de razones, para determinar cuándo debe considerarse que se ha configurado una dilación excesiva que se traduce en una paralización del procedimiento. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que al determinarse la procedencia del juicio de amparo contra actos en juicio que sean de imposible reparación, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: ( La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. ( La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Es así que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones, de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. Al respecto, se invoca la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que derivó de la contradicción de tesis 294/2018, que dio vida jurídica a la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), con número de registro 2019400, publicada el viernes, uno de marzo de dos mil diecinueve, décima época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS". En relatadas condiciones, ante la notoria e indudable improcedencia, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. En otro orden de ideas, téngase por autorizados al usuario "********************", para las notificaciones electrónicas y consulta del expediente electrónico de este juicio, en virtud de que cuenta con el registro correspondiente. Se instruye al oficial judicial "A" a efecto de que realice las habilitaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y al actuario judicial adscrito para que realice vía electrónica las notificaciones a la parte quejosa. Sin que haya lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en su escrito de demanda, pues al solicitar la autorización electrónica implicaría que fuese posible que una notificación se ordenara por ambas vías, lo que generaría incertidumbre a la parte garante; máxime que se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado federal. Téngase por autorizados a las personas que designa para los efectos que precisa. Se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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