Isaí Morales Uribe

Expediente 1316/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1316/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Isaí Morales Uribe

Actuaciones

  1. Principal

    III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para impugnar a través del recurso de queja el auto del once de octubre del año que transcurre, donde se desechó la demanda de amparo; con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme dicho proveído. En ese sentido, toda vez que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos del artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior en atención a que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado conforme al artículo 15 del acuerdo antes mencionado. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo el actuario judicial adscrito para notificar personalmente al quejoso ********************, el proveído del once de octubre del año en curso, por los motivos ahí expuestos; por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese a dicha parte por medio de lista electrónica que se genera por este juzgado el acuerdo en comento, así como éste y las subsecuentes determinaciones dado que cuenta con autorizados. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe. "Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de octubre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ******, por derecho propio, contra actos del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de Servicios de Agua Potable SAPASNIR y otra autoridad; realícense las anotaciones correspondientes bajo el número 523/2020-I. Del estudio e interpretación integral de la demanda de amparo y anexos que se exhiben, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la restricción del servicio de agua potable a la que refiere tiene derecho, conforme a la cuenta 1020202000, con número de medidor 20160420036. En la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I, y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo. Preceptos de los que se desprende que el juicio de amparo únicamente procede contra actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección, y que autoridad para los efectos del juicio de amparo es aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Es decir, todo acto de autoridad reclamable a través del juicio de amparo, debe provenir de una autoridad constituida y facultada por la ley, lo cual constituye una potestad cuyo ejercicio es irrenunciable, con la investidura para tomar decisiones o resoluciones con las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad, y que el resultado de su actuar cree, modifique o extinga situaciones jurídicas que afecten al particular. Luego, al constituir el suministro de agua la prestación de un servicio público por el Estado como medio para la realización de un fin, que es el interés general y que se lleva a cabo mediante la celebración de un contrato administrativo de adhesión, en el que se estipulan las obligaciones y contraprestaciones entre las partes, donde el prestador de servicios y el beneficiario adquieren derechos y obligaciones recíprocos, bajo condiciones que fija el proveedor, la relación jurídica existente entre el prestador y el usuario del servicio, no corresponde a la existente entre una autoridad y un gobernado, sino a la de coordinación voluntaria y de correspondencia entre el interés del prestador del servicio de suministro de agua y el particular, y aun cuando la prestación del mencionado servicio público está sujeta a una contraprestación, consistente en el pago de una cantidad de dinero proporcional al servicio recibido, cuando aquél no se cubre, dará lugar a que el prestador del mismo ejerza la facultad legal de suspenderlo. Acto que, al ser consecuencia del incumplimiento, no exige que deba cumplirse con la garantía de audiencia y legalidad a que se refieren los artículos 14 y 16 de la propia Constitución Federal, pues la suspensión del servicio no es un acto de autoridad, que deba atender a la garantía de audiencia, así como estar fundado y motivado, sino que resulta del ejercicio de una facultad que se ejerce cuando se surte el incumplimiento del contrato. Lo que en la especie cobra vigencia, ya que atento a la documental que se adjunta, consistente en el aviso de restricción del servicio de agua potable, de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, se tiene en principio que existe una adhesión en la contraprestación del suministro de agua potable conforme a la cuenta 1020202000 y número de medidor 20160420036; así como, en tal documental, se desprende que el prestador del servicio ejerció su facultad para suspender el suministro de agua potable al usuario. En estas condiciones, resulta inconcuso que el ejercicio de la facultad del prestador de servicios para suspender el suministro de agua potable a los usuarios, en los casos de falta de pago (como en la especie), o cuando se comprueben derivaciones no autorizadas o un uso distinto al convenido, de acuerdo con lo estipulado en el contrato de prestación de servicios, no implica que se prive al usuario de la vida, de la libertad, propiedades, posesiones o derechos, pues lo que acontece es una consecuencia lógica y jurídica del incumplimiento de un contrato de suministro de agua; de ahí que el prestador del servicio no tenga que acudir a los tribunales para exigir el cumplimiento del contrato, ya que, por regla general, en este tipo de relaciones jurídicas de adhesión se establece que si no se cubre el pago por el servicio, éste se suspenderá, previa oportunidad de cumplimiento de pago por el usuario, cuando se le aperciba de que se encuentra en los casos de suspensión. Además, si bien la falta de pago o la desviación, o uso indebido del agua, traen como consecuencia la suspensión del servicio, ello no se puede equiparar a la hipótesis de hacerse justicia por propia mano o de ejercer violencia para reclamar un derecho, prohibida en el numeral 17 de la Carta Magna, toda vez que dicha suspensión deriva del incumplimiento del contrato de suministro y adhesión y encuentra su fundamento en la ley relativa a la que esté sujeto. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 92/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIV, Julio de 2001, materia Constitucional, página 693, de rubro: "AGUA POTABLE. CUANDO EL ESTADO PRESTA EL SERVICIO MEDIANTE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE ADHESIÓN, LA RELACIÓN JURÍDICA ENTRE LAS PARTES NO CORRESPONDE A LA DE SUPRA A SUBORDINACIÓN QUE EXISTE ENTRE UNA AUTORIDAD Y UN GOBERNADO, SINO A UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN VOLUNTARIA ENTRE EL PRESTADOR DEL SERVICIO Y EL PARTICULAR"; criterio jurisprudencial que establece que cuando el Estado presta servicios públicos mediante contraprestación (adhesión) con los usuarios, la relación es de coordinación, pues aunque el tipo de acuerdo de voluntades el proveedor fija las condiciones, el beneficiario las acepta, estableciéndose derechos y obligaciones entre ambas partes, por lo que, cuando el prestador del servicio actúa suspendiéndolo, no se requiere del cumplimiento a lo previsto en los artículos 14 y 16 de la Constitución, pues no se trata de un acto de autoridad, sino de una facultad que se ejerce con motivo del incumplimiento del acuerdo de voluntades. En tal virtud, se desecha la demanda de amparo con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Dado que el domicilio que precisa para oír y recibir notificaciones se encuentra fuera de la residencia de este juzgado, se le tiene como tal la lista electrónica que se publica por este órgano jurisdiccional. Sin embargo tomando en consideración el contenido del presente auto, por única ocasión notifíquesele personalmente al quejoso en el domicilio que señala en su demanda el presente proveído. Se habilitan días y horas inhábiles, para que se realicen las notificaciones que ameriten ser practicadas de manera personal en este sumario constitucional. Téngase como autorizadas a las personas que señala para los efectos que establece, en la inteligencia que en el supuesto de ser en amplios términos deberán contar con el registro respectivo. Se toma conocimiento del correo electrónico que proporciona a fin de establecer contacto en caso de que se considere necesario durante la tramitación de este juicio. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe."

  3. Principal

    III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos del que se desprende que el pasado diez de agosto del año en curso, este asunto se mandó al archivo; en cumplimento a lo establecido en el multicitado Acuerdo General, requiérase a la parte quejosa por medio de su autorizado para que en lapso de noventa días acuda a este órgano jurisdiccional a efecto de recoger los documentos que anexó a su escrito inicial, bajo apercibimiento que de no hacerlo en ese plazo, tendrán el mismo destino del presente asunto, con relación a las constancias que no resulten conservables. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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