Isaías Hernández Borja

Expediente 986/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
986/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
27/10/2021

Partes del expediente

  • Isaías Hernández Borja

Actuaciones

  1. Principal

    I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Visto que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto del siete de octubre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Isaías Hernández Borjas, con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme ese proveído. En ese sentido, toda vez que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos del artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior en atención a que se dictó un acuerdo en el que se desechó la demanda de amparo. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado conforme al artículo 15 del acuerdo antes mencionado. Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno.Visto que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto del siete de octubre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Isaías Hernández Borjas, con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme ese proveído. En ese sentido, toda vez que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos del artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior en atención a que se dictó un acuerdo en el que se desechó la demanda de amparo. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado conforme al artículo 15 del acuerdo antes mencionado. Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de octubre de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por **********, por derecho propio, contra actos del Juzgado de Control Especializado y Cateos y Órdenes de Aprehensión en Línea en el Estado de México, y otras autoridades; háganse las anotaciones respectivas bajo el número 986/2021-I. En este asunto el quejoso reclama la orden de presentación emitida dentro de la carpeta de investigación NIC: CGV/VIZ/00/MPI/184/00107/21/06, para declarar respecto de varios delitos, ante la representación social responsable, así como su ejecución. En ese sentido, el suscrito considera que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5, fracción I, cuarto párrafo, ambos de la Ley de Amparo, y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los artículos antes aludidos contemplan el principio general de procedencia del juicio de amparo, consistente en que sólo puede promoverse si existe una afectación al interés jurídico o legítimo del quejoso. Ello, en razón de que conforme a lo establecido en la primera de las disposiciones legales citadas, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien afecte el acto o la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame; esto es, la legitimación para iniciar y seguir el amparo indirecto, debe fundarse en el agravio causado por un acto de autoridad o por la ley al interés jurídico del particular, el cual debe entenderse como todo menoscabo, toda ofensa a la persona física o moral -sea de naturaleza jurídica o patrimonial- siempre que sea material y apreciable objetivamente, pues la afectación aducida debe ser real y no de carácter subjetivo. De ahí que, ese agravio debe recaer en algún derecho jurídicamente tutelado en favor de quien acude en demanda de amparo, concretarse en él y no ser abstracto o genérico, así como también, debe ser de realización pasada, presente o inminente. En efecto, es improcedente el presente juicio de amparo respecto de los actos reclamados consistentes en la orden de presentación para rendir su declaración en relación a la carpeta de investigación NIC: CGV/VIZ/00/MPI/184/00107/21/06; toda vez que constituye el conjunto de diligencias para la integración de una indagatoria y, por ende no irroga ningún perjuicio al quejoso, en razón que la autoridad ministerial cumple con su deber constitucional al integrar una carpeta de investigación respecto de hechos probablemente constitutivos de delitos, de los cuales la sociedad tiene interés de que se castigue a los responsables; máxime que dicho perjuicio se materializará, en su caso, hasta que la autoridad judicial que conozca de la carpeta administrativa determine si resulta procedente o no librar, en su caso, una orden de aprehensión, o bien, se dicte un auto de vinculación a proceso en su contra, pues estimar lo contrario, entorpecería las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público anteponiendo el interés particular en este caso, del quejoso, al de la sociedad. Esto, pues de los artículos 212 y 213 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en la misma; asimismo, que la investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión, con el objeto de reunir indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño. Ello es así, pues la facultad de investigación que ejerce el ministerio público, no involucra el análisis de los hechos delictuosos, ni de la probable participación de la justiciable en su comisión, pues simplemente se encuentra orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión. De ahí que, la facultad de investigación del ministerio público no puede considerarse una actuación que afecte la libertad personal, pues el hecho de que se tenga que presentar a rendir su declaración, debe considerarse como un acto para la integración de la carpeta de investigación, lo que revela la improcedencia del juicio de amparo indirecto. Asimismo, apoya lo anterior la tesis aislada II.2o.P.51 P (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en el libro 47, octubre de 2017, tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". No obsta a lo anterior el hecho de que, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el aquí quejoso no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del quejoso. Sustenta lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 07 de diciembre de 2018 10:19 h, Décima Época, cuyo rubro es: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]". Por lo anterior, se desecha la demanda de amparo en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Téngase por autorizado al usuario que proporciona, para las notificaciones electrónicas y la consulta del expediente electrónico en este juicio de amparo, en virtud de que cuenta con el registro correspondiente. Se instruye al analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a efecto de que realice las autorizaciones correspondientes y al actuario judicial adscrito para que efectúe vía electrónica las notificaciones a la parte quejosa. Se tienen por autorizadas en los términos que refiere a las personas que cita en la demanda de amparo. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo atendiendo a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese, vía electrónica al quejoso. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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