Isabel Meza Salazar

Expediente 431/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 12 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
431/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
19/07/2023

Partes del expediente

  • Isabel Meza Salazar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; a diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia dictada en este asunto, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal e incidental son susceptibles de destrucción, conforme lo establece el numeral 20, fracciones I y III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, al haberse sobreseído este juicio de amparo y negado la suspensión definitiva. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de tres años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente expediente principal e incidental, lo cual, deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Finalmente, se califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las demás partes. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de junio de dos mil veintitrés. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 431/2023-II, promovido por *******, contra actos del Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua y el Director del Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, ambos con sede en la ciudad del mismo nombre. Resultando Primero. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez y turnado a este juzgado en la misma fecha, ******* demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua y el Director del Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, ambos con sede en la ciudad del mismo nombre. Segundo. Derechos constitucionales que la parte quejosa estimó transgredidos. La parte quejosa consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos fundamentales contemplados en los artículos 1º, 14, 16, 17, 31, fracción IV, 73 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. A través de acuerdo de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, se registró la demanda bajo el consecutivo 431/2023-II y se admitió a trámite, se pidieron a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; con relación al Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio, se desprende que la quejosa reclamó lo siguiente: I. Del Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre: La expedición del acuerdo por el que se estableció la tarifa oficial de Servicio de Transporte Público Colectivo Urbano en todos los municipios del Estado de Chihuahua, publicado en la página 1,574 de la edición veintisiete, del Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, de cinco de abril de dos mil veintitrés. II. Del Director del Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre: La publicación del citado acuerdo. Tercero. Existencia de los actos reclamados. En el informe justificado rendido de forma conjunta por el Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua y el Director del Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, ambos con sede en la ciudad del mismo nombre (foja 45), aceptaron la existencia de los actos reclamados. Además, la existencia del ordenamiento legal reclamado, se tiene por acreditada, pues esa circunstancia se pone de manifiesto desde su misma publicación oficial, por tratarse de una norma general, abstracta e impersonal, que no está sujeta a prueba, sino que resulta presupuesto y materia propia de conocimiento de esta juzgadora, en términos de lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del citado Código Federal de Procedimientos Civiles, conforme a los cuales, las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no son objeto de prueba, sino que basta que estén publicadas en el Periódico Oficial respectivo, como acontece en este asunto. Al respecto, se cita la jurisprudencia por contradicción de criterios, antes, por contradicción de tesis 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 260, del Tomo XII, Agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia Común, Novena Época, con registro digital 191452, del rubro y texto siguientes: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo. Cuarto. Improcedencia del juicio. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo, es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para que el juzgador constitucional determine si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional, o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que no se dirima la controversia constitucional planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman tal figura; hipótesis normativas debidamente descritas en la Ley de Amparo, que deben analizarse de acuerdo con el texto del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sentado lo anterior, se advierte que en este asunto, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5º, fracción I, del propio ordenamiento legal y con el diverso 107, fracción I, Constitucional, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) De los preceptos legales transcritos se desprende que no posee legitimación para acudir al juicio de amparo, quien no acredite resentir algún perjuicio por cierto acto u omisión de la autoridad, en su derecho subjetivo o en su interés legítimo. Al respecto, conforme a la actual redacción del artículo 107, fracción I, Constitucional, la posibilidad de ejercer la acción de amparo se ha ampliado, pues no sólo se ha posibilitado a quien ve afectados sus intereses jurídicos -como anteriormente se preveía- sino que ahora, además, se ha contemplado que también puede ejercerse dicha acción constitucional por quien estima resentir una afectación en sus intereses legítimos. En consecuencia, debe entenderse que a partir de los cambios acaecidos al artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, sólo operará si la parte quejosa no acredita una afectación a sus intereses jurídicos, o bien, legítimos, pues sólo de esa manera puede armonizarse el contenido de dicho numeral con las nuevas disposiciones de la Constitución Federal, con relación a los actos distintos a los meramente jurisdiccionales. Así es, tal causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el presente juicio, como será demostrado a continuación. Primero, debe decirse que la quejosa en el presente asunto, aduce que le asiste el interés legítimo necesario para ejercitar la acción de amparo. Tal como quedó precisado en el considerando segundo, la parte quejosa reclamó de las responsables, su intervención en el acuerdo por el que se estableció la tarifa oficial de Servicio de Transporte Público Colectivo Urbano en todos los municipios del Estado de Chihuahua, publicado en la página 1,574, de la edición veintisiete, del Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, de cinco de abril de dos mil veintitrés. En torno a la norma reclamada, la parte quejosa aduce tener un interés legítimo; empero, como se explicará en párrafos subsecuentes, ostenta únicamente un simple interés, mismo que deviene insuficiente para estimar que se ubica en una especial situación frente al orden jurídico que combate. En efecto, no se aprecia que la parte accionante del amparo cuente con interés legítimo para acudir a la instancia constitucional en la vía indirecta, con relación a los actos reclamados, indicados supra líneas, pues no acreditó debidamente el agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, que adujo tener, esto es, el suyo no se trata de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante; de ahí que la supuesta lesión a sus derechos se traduce en una aseveración que redunda en un interés simple cuyo objetivo o intención es insuficiente, por sí mismo, para acudir a esta instancia constitucional. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya invocado, el juicio biinstancial es improcedente cuando el acto reclamado no afecta el interés jurídico o legítimo del quejoso, dependiendo del planteamiento que se haga en la demanda de amparo. Respecto del interés jurídico, los numerales 5°, fracción I y 6° de la Ley de Amparo, establecen que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado; fijándose así uno de los principios rectores del juicio de amparo, que es el interés jurídico, mismo que se entiende como la afectación real que una persona sufre en sus bienes jurídicos reales u objetivos; y sólo en el caso de que se produzca dicha afectación, en forma personal, puede estimarse que ha nacido ese interés en quien concurre ante la potestad federal, reclamando el respeto a sus derechos públicos subjetivos. Esto es, el interés jurídico, consiste en el derecho que asiste a un particular (persona física o moral) para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio; es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, que se ve afectado por el acto de autoridad, ocasionando así, un perjuicio a su titular. Afectación que, se insiste, concierne demostrar la parte quejosa a través de medios de convicción fehacientes, pues en los términos antes expuestos, el interés jurídico es un elemento esencial para la procedencia del juicio de amparo, cuya carga probatoria corresponde a aquélla y no de forma alguna al Juez Constitucional. Apoya lo anterior, en lo conducente, la tesis 1a./J. 1/2002 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, Febrero de 2002, página 15, que señala: INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto. Además, el interés jurídico debe probarse fehacientemente y no con base en presunciones, lo que así se extrae de la jurisprudencia 2a./J. 16/94 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 82, Octubre de 1994, página 17, de rubro y texto siguientes: INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. Por su parte, respecto al interés legítimo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha establecido que para su actualización no se exige la acreditación de una afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción. Indicó que se requiere de una transgresión a la esfera jurídica (entendida ésta en sentido amplio), ya sea porque dicha intromisión sea directa o porque el agravio deriva de una situación particular que la persona tiene respecto del orden jurídico. Además, precisó que para su configuración se debe contar con una titularidad potencial de una ventaja o utilidad jurídica, es decir, que la anulación del acto que se reclama le produzca un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro, pero cierto, no hipotético. En mérito de lo anterior, concluyó que para que exista un interés legítimo se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica (no exclusivamente en una cuestión patrimonial), apreciada bajo un parámetro de razonabilidad (debe ser razonable la existencia del perjuicio a la esfera jurídica de la parte quejosa), en la que el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal. Por otra parte, cabe destacar que el Alto Tribunal del país indicó que la sola manifestación del interesado en el sentido de que goza con interés legítimo, no basta para tenerlo por acreditado. Tomando en consideración los anteriores elementos, el Alto Tribunal precisó que es posible establecer que las notas distintivas del interés legítimo previsto en la fracción I del artículo 107 constitucional; que son las siguientes: a) Implica la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso. b) El vínculo no requiere de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, la persona con interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. c) Consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, es decir, implica el acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. Así pues, debe existir un vínculo con una norma jurídica, pero basta que la misma establezca un derecho objetivo, por lo que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción. d) La concesión del amparo, se traduciría en un beneficio jurídico en favor del quejoso, es decir, un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, mismo que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. e) Debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. f) Así, el quejoso tiene un interés propio distinto del de cualquier otro gobernado, consistente en que los poderes públicos actúen de conformidad con el ordenamiento jurídico, cuando con motivo de tales fines se incide en el ámbito de dicho interés propio. g) La situación jurídica identificable, surge por una relación específica con el objeto de la pretensión que se aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial. h) Si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible. i) Debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica; es decir, no es un concepto cerrado o acabado, sobre el interés legítimo, sino que contiene los elementos suficientes para adaptarse a diversas situaciones, así como notas distintivas para no confundirse con otros tipos de interés. j) Finalmente, el interés debe responder a la naturaleza del proceso del cual forma parte, es decir, el interés legítimo requiere ser armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo, consistentes en la protección de los derechos fundamentales del quejoso. Sobre el particular es dable concluir que los elementos constitutivos destacados son concurrentes; por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el juicio de amparo sea improcedente. Sobre las nociones de interés jurídico, legítimo y simple, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 366/2012, en sesión de cinco de septiembre de dos mil doce, estableció lo siguiente: El interés legítimo se traduce en una legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple. El primero de ellos ha sido desarrollado de manera abundante por la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como muestra representativa, se cita a continuación un pasaje del Amparo en Revisión 315/2010, resuelto por el Tribunal Pleno el veintiocho de marzo de dos mil once, en donde se recupera el concepto de interés jurídico a partir de su evolución desde la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación (se añade énfasis): "Finalmente, en la Novena época tenemos un criterio que -siguiendo un precedente de la Octava- destaca, por ejemplo, que la tutela de un derecho que puede obtenerse en el amparo sólo cubre la protección de bienes jurídicos reales y objetivos: las afectaciones del interés jurídico deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; el interés jurídico, ha dicho la Primera Sala, debe acreditarse de forma fehaciente, no puede inferirse con base en presunciones: "la naturaleza intrínseca del acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". La Segunda Sala ha destacado, por su parte, que para acreditar el interés jurídico, el promovente debe ser titular del derecho que se aduce violado con el acto reclamado y que éste produzca una afectación a su esfera jurídica. Haciéndose eco de los precedentes históricos ha subrayado que el interés jurídico es considerado por la doctrina como un derecho subjetivo, el cual supone una facultad de exigir y una obligación correlativa que se traduce en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia -la tesis lo ejemplifica con una apelación al caso concreto: "los alumnos del curso para ingresar a la institución del Ministerio Público de la Federación cuentan con interés jurídico para impugnar en amparo la declaratoria de baja o separación del citado curso, en cuanto ello trae como consecuencia la pérdida de su calidad de alumnos, pues el derecho a la permanencia en aquél deriva del cumplimiento de los requisitos exigidos para su aceptación y los relativos a su desarrollo"-. Del recorrido anterior se desprende que el entendimiento del concepto de interés jurídico no ha sufrido una gran variación en su interpretación. Lo que ciertamente ha cambiado es lo que se entiende que está detrás de los conceptos jurídicos a los que hacen referencia las tesis sobre interés jurídico y, en particular, el entendimiento de la situación en la cual podemos hablar de la existencia de un derecho "objetivo" conferido por las normas del ordenamiento jurídico, en contraposición a una situación de la que simplemente los individuos derivan lo que las tesis denominan "un beneficio", una ventaja "fáctica" o "material" (como hemos visto hay referencias reiteradas a los beneficios económicos). Ése es el primer gran criterio definicional, estimamos, que recorre la noción clásica de "interés jurídico". El segundo consideramos que puede sintetizarse en la apelación a la necesidad de que exista un daño individualizado susceptible de ser remediado mediante la adaptación de una medida individualizada por parte de las autoridades responsables (.)". Luego de la reforma del artículo 107 constitucional, del 6 de junio de 2011, el concepto de interés jurídico fue sustituido por el de interés legítimo, para quedar de la siguiente manera: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Naturalmente, este cambio cualitativo abre el abanico de posibilidades para acudir al juicio de amparo, pues han quedado proscritas exigencias tales como la acreditación, a cargo del quejoso, de la existencia de un derecho objetivo conferido por las normas del ordenamiento jurídico, o la necesidad de probar un daño individualizado susceptible de ser remediado mediante la concesión del amparo. No obstante lo anterior, la reforma constitucional señalada no puede ser traducida en una apertura absoluta para que cualquier persona por cualquier motivo que se le ocurra acuda al juicio de amparo. Dicho en otras palabras, el constituyente permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o, si se quiere, mantuvo la prohibición de que tan solo con este tipo de interés pueda acudirse al juicio de amparo. El interés legítimo puede definirse, pues, como aquél interés personal -individual o colectivo-, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso. Dicho interés deberá estar garantizado por un derecho objetivo, sin que dé lugar a un derecho subjetivo; debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra índole. Por su parte, el interés simple o jurídicamente irrelevante, es aquél que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traduce en ningún tipo de beneficio personal para el interesado. Por la misma razón, el interés simple no supone afectación alguna a la esfera jurídica del quejoso en ningún sentido. En tercer lugar, como se señaló líneas arriba, para que proceda el juicio de amparo es necesario que se pruebe la existencia de un interés legítimo, esto es, un interés personal, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante que, de prosperar la acción, se traduzca en un beneficio jurídico en favor del quejoso. [.] En cuarto lugar, en el caso concreto no se detecta en el sistema jurídico un derecho objetivo que tutele el interés del quejoso a contar con una nueva Ley de Amparo. La existencia de ese derecho es indispensable para la procedencia del amparo aunque no diera lugar a un derecho subjetivo. Y, finalmente, relacionado con lo anterior, los principios y reglas de carácter adjetivo que ordenan al juicio de amparo, -como el artículo 107, fracción I, de la Constitución- tienen como finalidad esencial respetar el carácter institucional del Derecho, mismo que en uno de sus sentidos, alude al carácter regimentado de los procedimientos jurídicos de resolución de disputas. Esto es, para que la maquinaria del Derecho funcione, es necesario que se cumplan las reglas adjetivas que lo hacen posible, como es el caso del principio de parte agraviada. De lo contrario, el juicio de amparo quedaría desnaturalizado y dejaría de cumplir con la finalidad para la que fue creado. De la ejecutoria mencionada, el Alto Tribunal estableció que: Con la reforma constitucional en materia judicial se dotó al justiciable de mayores posibilidades para acudir al juicio de amparo, al quedar proscritas exigencias tales como la acreditación, a cargo del quejoso, de la existencia de un derecho subjetivo conferido por las normas del ordenamiento jurídico. Empero, la reforma constitucional no puede ser traducida en una apertura absoluta para que cualquier persona, por cualquier motivo que estime, acuda al juicio de amparo. El órgano reformador introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple; es decir, reiteró la prohibición de que tan sólo con este tipo de interés pudiera acudirse al juicio de amparo. Asimismo, definió las nociones de interés jurídico, legítimo y simple, de la forma siguiente: a) Interés jurídico. Para la procedencia del juicio de amparo bajo el principio de agravio personal y directo en relación con la noción de interés jurídico, se requiere que la parte promovente acredite contar con un derecho subjetivo público derivado de una norma particular cuyos efectos se concreten en forma individual, otorgándole a su titular la facultad de exigencia oponible a la autoridad cuando ésta le ha ocasionado algún perjuicio; así, el interés jurídico para efectos de procedencia del juicio de amparo y a fin de hacer exigible una pretensión, surge a partir de la titularidad tanto de un derecho subjetivo de carácter individual, como de uno de carácter objetivo o universal, con tal que se cause un daño cualificado e individualizado con la posibilidad de ser restituido. b) Interés legítimo. Es aquel interés personal -individual o colectivo-, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse -si llegara a concederse el amparo- en un beneficio jurídico en favor del quejoso. Dicho interés deberá estar garantizado por un derecho objetivo, sin que dé lugar a un derecho subjetivo; debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Sin embargo, para el surtimiento del interés legítimo (tratándose de la impugnación de normas, actos u omisiones no provenientes de tribunales) se requiere acreditar, necesariamente, que la materia reclamada produzca alguna afectación real y actual en la esfera jurídica de la parte quejosa. La razón estriba en que, por un lado, el juicio de amparo resulta improcedente contra actos inexistentes, futuros o de realización incierta y, por otro, aunque exista la norma, acto u omisión materia del reclamo no basta con tener algún interés simple para acudir al amparo, por ser condición necesaria demostrar objetivamente alguna afectación real y actual (no futura o de realización incierta) en la esfera jurídica de la parte quejosa, sea directa o indirecta con motivo de la especial situación que se tenga frente al orden jurídico; ya que si la afectación no es cierta, real y actual, entonces el examen de constitucionalidad versaría sobre un análisis abstracto de constitucionalidad, ajeno al objeto y fin del juicio de amparo. De ahí que, contra normas, actos u omisiones que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el interés legítimo para la procedencia del juicio de amparo, si bien no exige la existencia de algún agravio personal y directo, sí es condición el acreditamiento de cierta afectación real y actual en la esfera jurídica de la parte quejosa, aunque sea indirecta, en función de su especial situación frente al orden jurídico. c) Interés simple o jurídicamente irrelevante. Es aquél que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traduce en ningún tipo de beneficio personal o diferenciado para el interesado. Por la misma razón, el interés simple no supone afectación alguna a la esfera jurídica del quejoso en ningún sentido. La ejecutoria en comento implicó la creación de la jurisprudencia por reiteración 1a./J. 38/2016 (10a.), localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, página 690, que establece: INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Precisado lo anterior, desde la perspectiva de este órgano jurisdiccional, la aquí quejosa no cuenta con interés legítimo, como adujo, para demandar la inconstitucionalidad de los actos reclamados en su demanda de amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1598, que es del tenor siguiente: INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. En efecto, conviene recordar que la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, por virtud del cual reclamó a las autoridades responsables ya referidas, su intervención, dentro del ámbito de sus competencias, en el acuerdo por el que se estableció la tarifa oficial de Servicio de Transporte Público Colectivo Urbano en todos los municipios del Estado de Chihuahua, publicado en la página 1574, de la edición veintisiete, del Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, de cinco de abril de dos mil veintitrés. Dicha impugnación obedece básicamente a que, desde la perspectiva de la parte quejosa, el aumento en las tarifas de transporte público colectivo -de $12.00 (doce pesos moneda nacional) en transporte público de pasajeros colectivo urbano y de $10.00 (diez pesos moneda nacional) en el transporte público de pasajeros masivo, esto es, las troncales 1 y 2 de esta ciudad, así como la pre-troncal de esta ciudad, hasta en tanto no se incorporen modelos nuevos de vehículos, momento en el que subirá la tarifa también a $12.00 (doce pesos moneda nacional)- a pesar del descuento del cincuenta por ciento (50%) que se estipula para diversos grupos, entre ellos, el relativo a adultos mayores de sesenta años, grupo etario al que dice pertenecer (disminución que, dicho sea de paso, ya se efectuaba previo a la emisión del acuerdo aquí reclamado), le provoca una afectación económica, debido a que, menciona, es usuaria cotidiana de esa índole de transporte; asimismo, considera que el grupo etario al que pertenece, debió tener intervención previo a la emisión del acuerdo reclamado y ser representados en la sesión donde surgió. En los artículos primero y segundo de tal acuerdo, se establece tanto el aumento de tarifas, como el descuento para personas mayores de sesenta años, como se aprecia de la siguiente transcripción: ARTÍCULO PRIMERO.- Se establece la tarifa oficial del Servicio de Transporte Público de Pasajeros Colectivo Urbano en todos los municipios del Estado, al público en general, de $12.00 (Doce pesos 00/100 M. N). Para el caso de la tarifa en el Transporte Público de Pasajeros Masivo, como lo son las troncales 1 de Chihuahua y 1 y 2 de Ciudad Juárez, así como la pre-troncal de Ciudad Juárez, la tarifa oficial será de $10.00 (Diez pesos 00/100 M.N.) hasta en tanto no se incorporen camiones nuevos año modelo 2023. Una vez que se incorpore la totalidad de unidades de tal modelo, la tarifa oficial para este servicio será de $12.00 (Doce pesos 00/100 M.N.). ARTÍCULO SEGUNDO.- Las personas adultas mayores de 60 años, personas con movilidad limitada, los pertenecientes a una etnia en el Estado y estudiantes, gozarán de un 50% de descuento en la tarifa establecida en el presente instrumento Lo anterior, presupone que en el presente juicio debió probarse razonablemente que la quejosa resentía una afectación en cierta esfera jurídica -apreciada bajo un parámetro de razonabilidad- al encontrarse en una situación jurídica identificable surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que adujo; es decir, que con motivo directo e inmediato del aumento en la tarifa de transporte público, le hubiera provocado alguna afectación, dada la relación, que dijo tener, como usuaria recurrente del servicio de transporte público, que sólo adujo y no demostró de forma alguna. En efecto, no acreditó de forma alguna (1) la forma en que considera que guarda una relación específica respecto al objeto de la pretensión que adujo en este juicio de amparo, a través de algún vínculo con relación a las normas reclamadas, que le otorgara la potestad de ostentar un agravio diferenciado respecto del resto de la población, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante; y, (2) la presunción fundada, objetiva y razonable, de que, a través de este juicio de amparo biinstancial, podría obtener un beneficio particular -ya sea actual o futuro pero cierto-. Al respecto, la parte accionante del amparo ofreció únicamente los siguientes medios de convicción: Copia simple de la credencial de elector a su nombre. Copia simple de la credencial del Instituto Nacional de las personas Adultas Mayores (INAPAM), a su nombre. Documental consistente en la liga web que contiene la edición número veintisiete del Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, de donde se advierte la norma reclamada. La instrumental de actuaciones. Presuncional, legal y humana. Los documentos reseñados, aun valorándolos en su conjunto, no son suficientes para evidenciar la afectación real, actual y directa que aduce tener la parte quejosa, quien alega tener interés legítimo; pues los mismos, no acreditan la afectación al interés legítimo a que se ha hecho referencia, por la accionante del amparo. Ello es así, pues no se advierten mayores datos que demuestren de forma contundente, razonable y objetiva, alguna afectación real y actual que con la emisión de los actos aquí reclamados, se le provoque. Así es, de las primeras dos documentales, presentadas en copia fotostática simple, quien suscribe, no puede cerciorarse de la veracidad de su contenido. Y la tercera, consistente en la publicación de donde se advierte la norma reclamada, como se dijo ya previamente, es del conocimiento de esta Juzgadora Federal. Apoya el primer argumento del párrafo anterior, el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988, página 183, del contenido siguiente: COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE LAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por tanto, esta Sala en ejercicio de dicho arbitrio, considera que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen, por sí mismas, de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen, pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculadas con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho o derecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado, que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer. Por su parte, la presuncional legal y humana es la consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos y probados al momento de hacer la deducción respectiva; mientras que la instrumental de actuaciones se constituye con las constancias que obran en el juicio; probanzas que de cualquier forma el juzgado debe tomar en consideración al emitir la resolución correspondiente, pues no tienen entidad propia, al ser medios de convicción que se obtienen del seguimiento del juicio respectivo. Sin embargo, de ninguna de ellas se deduce, ni en lo particular ni analizadas en su conjunto, que la aquí quejosa se vio afectada, como dijo, con la mera emisión de la normatividad reclamada, lo que, indudablemente, debía probar ante este Juzgado Constitucional. En efecto, si bien pudiera existir la presunción simple, con las primeras dos documentales, exhibidas en copia simple, de que la quejosa es residente de esta localidad y que es una adulta mayor, ésta no probó de forma fehaciente ni objetiva alguna, que con los actos aquí reclamados se ve afectada; pues no demostró que es, como dijo, usuaria del transporte público colectivo; ni tampoco demostró, fehacientemente, que es, como lo dijo, una adulta mayor de sesenta años, que reside en esta localidad. No se pierde de vista que en su demanda de amparo, la quejosa ofreció como prueba, una tarjeta de prepago de transporte público del Estado de Chihuahua; empero, tal como se dijo en la admisión de la demanda de amparo, no exhibió adjunta a aquélla, tal probanza, no la presentó durante el curso de este juicio de amparo, ni aún para la celebración de la audiencia constitucional que precede a este fallo. De modo que, el que exista la mera presunción simple, de que la quejosa pudiera vivir en esta localidad y que probablemente es mayor de sesenta años de edad, como adujo; en modo alguno demuestra, por sí mismo, que la norma reclamada le irroga algún perjuicio, o que la coloque en un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, diferenciado del resto de la población, con el que pudiera obtener un beneficio a través de este juicio de amparo biinstancial, ya sea actual o futuro pero cierto, con relación a la norma reclamada; pues se repite, no demostró ser usuaria, como manifestó, del referido medio de transporte. Lo anterior, pues las consecuencias genéricas estimadas, que aduce la parte quejosa, son meras afirmaciones, pues de ello no se tiene dato objetivo y real que lo permita sustentar. En consecuencia, aun y cuando las dos copias simples reseñadas con antelación merecen valor de indicio, se considera que no demuestran la afectación real y actual a sus derechos fundamentales o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, lo que tampoco se deduce del resto de sus probanzas, como ya se expuso; y que resulta imprescindible para acreditar la existencia del interés legítimo personal y actual requerido para accionar la instancia constitucional. De manera que, no bastan las meras afirmaciones que realiza la parte quejosa, ni las pruebas que ofreció, para tener por demostrada fehacientemente la afectación a su interés legítimo individual, y poder considerar que sí existe una vulneración a su esfera jurídica; pues de estimar lo contrario, bastaría con que cualquier persona, alegara que vive, trabaja o transita por esta localidad o en general, en el Estado de Chihuahua, y que en apariencia usa regularmente el transporte público colectivo, para tener por colmado su interés legítimo -respecto a los actos aquí reclamados- a que refiere el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, se insiste, la carga procesal consistente en que la parte promovente del juicio de amparo debe demostrar su interés, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto combatido; en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra, el perjuicio al interés legítimo alegado, que éste pueda deparar a la persona en concreto. En esa línea, se repite, con las pruebas antes señaladas, la quejosa no demuestra la afectación que dice, le causan los actos aquí reclamados, ni el interés legítimo relativo que adujo poseer. Además, el hecho de que, en apariencia, la peticionaria del amparo sea una persona mayor de sesenta años de edad -que, como lo refiere, da pie a la suplencia de la deficiencia de sus conceptos de violación- no implica que también, con motivo de tal prerrogativa, este juzgado sustituya el deber de la parte accionante del amparo de demostrar, en un ámbito de racionabilidad, el interés legítimo de que adujo gozar, pues la figura jurídica de referencia tiene por objeto únicamente perfeccionar, completar o aclarar las deficiencias en que la parte quejosa haya incurrido al formular sus conceptos de violación en el escrito de demanda, siempre que, obvio es, hubiere sido fehacientemente probado el interés jurídico o demostrado en un grado de razonabilidad, el interés legítimo alegado. Lo anterior, pues como ya se dijo, el juzgado constitucional no puede sustituir a la parte quejosa y allegarse, por sí, de los medios de prueba necesarios para probar razonablemente que goza de interés jurídico o legítimo, pues, como ya se expuso, ello le concierne exclusivamente a la parte quejosa, quien cuenta con todo el transcurso del trámite del juicio de amparo biinstancial, para efectuarlo; sin que así se haya realizado en el caso. Por tanto, respecto de los actos que reclama la parte quejosa en esta instancia, queda evidenciada la ausencia del interés legítimo, ya que sólo existe un interés simple sobre el cual descansan las pretensiones descritas en su demanda; pues como se vio, los medios de prueba que exhibió a lo largo del juicio, son insuficientes para justificar la procedencia del juicio de amparo indirecto, y más, porque durante la instrucción del procedimiento prescindió de acreditar ese interés relevante con el que se hiciera patente la lesión que aduce, resiente. Así, al no existir materialmente una afectación a cierto derecho colectivo o difuso, para con ello determinar el interés que le asiste, implica que el interés legítimo que pretende sostener se diluya en el concepto de interés simple, pues no puede considerarse como un estigma la afectación ideológica que produce el acto de la autoridad en ciertos miembros de la población en general, ni permite hacer pasar como interés legítimo la mera percepción subjetiva de la quejosa. Es decir, no es el sentido de legalidad o la opinión particular sobre este concepto lo que puede llevar a una declaratoria de inconstitucionalidad, ya que de ser así, todos los habitantes estarían legitimados para impugnar cualquier tipo de acto y se llegaría al absurdo de permitir que por cada uno se admitiera el amparo cuando se reclamaran derechos abstractos, lo que traería como consecuencia la existencia de un número indeterminable de procedimientos y, sobre todo, que el examen de constitucionalidad versara sobre un análisis abstracto de constitucionalidad, ajeno al objeto y fin del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materia Común, Décima Época, página 60, Registro 2007921, de rubro y texto siguiente: INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas. Así, en el caso concreto, se estima que la quejosa no tiene el interés legítimo, ni jurídico, a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 5°, fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, y por ende, procede sobreseer en el juicio de amparo. Por identidad de razón y en lo conducente, se cita como refuerzo a lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, Materia Común, Página 1078, Décima Época, Registro 2014433, que dice: INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, resulta innecesario el estudio de la diversa que hacen valer las autoridades responsables, pues en nada variaría el sentido del fallo que se emite. Es aplicable a lo anterior, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, consultable en el Tomo XI, Marzo de mil novecientos noventa y tres, visible a página doscientos treinta y tres, cuyo rubro y texto son los siguientes: CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS AGRAVIOS. Al estimarse que en el juicio de garantías se surte una causal de improcedencia y que debe sobreseerse en el mismo con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, resulta innecesario el estudio de las demás que se aleguen en el caso y de los restantes agravios, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Finalmente, dado el sobreseimiento decretado, esta juzgadora se encuentra imposibilitada para abordar el estudio de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, en atención al contenido de la tesis 58, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, página cincuenta y siete, volumen 70, de octubre de 1993, cuyo rubro y testo se leen: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *******, con relación a los actos reclamados a las autoridades responsables, por los razonamientos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese: 1) mediante oficio a las responsables (que se envíen vía acelerada) y al agente del Ministerio Público adscrito; 2) a la quejosa por lista electrónica, al haberse emitido esta sentencia en su propia fecha. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, catorce de junio de dos mil veintitrés. Informe justificado Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Director de Análisis Jurídicos dependiente de la Subsecretaría de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Secretaria General de Gobierno en representación del Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua y el Director del Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Delegados y domicilio Por último, con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a las autoridades oficiantes, designando como delegados a las personas que indican y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refieren en su informe, emitido de forma conjunta. Notifíquese por lista electrónica a las partes. Lo proveyó y firma la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Incidental

    Interlocutoria Ciudad Juárez, Chihuahua; uno de junio de dos mil veintitrés. Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 431/2023-II; Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en el Buzón Judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, y turnado el mismo día a éste órgano jurisdiccional, *******, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del Secretario General de Gobierno y del Periódico Oficial, ambos del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre. Segundo. Tramitación del incidente. Por auto de veinticinco de abril del año en curso, se admitió a trámite la demanda de mérito, se ordenó aperturar el presente incidente de suspensión; les fue solicitado sus informes previos a las autoridades responsables; y se señalaron día y hora para celebrar la audiencia incidental, la cual se verificó al tenor del acta que antecede. Considerando Primero. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que los actos reclamados tienen ejecución en el lugar donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Existencia de los actos reclamados. El Secretario General de Gobierno y el Periódico Oficial, ambos del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre, al rendir su informe previo aceptaron la existencia de los actos que les fueron atribuidos, por ende, se tienen como ciertos los mismos. Tercero. Se niega la suspensión definitiva solicitada. Respecto de la suspensión definitiva solicitada, los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 y 138 de la Ley de Amparo, precisan los aspectos que el Juzgador debe tomar en cuenta, así como los requisitos que el peticionario del amparo debe reunir para otorgar la suspensión del acto reclamado. En ese orden de ideas, conforme al artículo 128 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión definitiva es necesario que: a) la solicite el quejoso; b) no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva. Asimismo, el juzgador de amparo deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social; entendiendo lo primero, como el conocimiento superficial del asunto dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, de modo tal que según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado; y el segundo, si bien es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha definido lo que debe entenderse por interés social, cabe señalar que la apreciación de su existencia depende del caso concreto, el cual debe ser analizado por el juzgador al otorgar o no la suspensión de los actos reclamados. En este sentido, con fundamento en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados a las autoridades responsables, lo siguiente: -Del Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua: La aprobación, promulgación y auto-aplicabilidad del acuerdo por el que se establece la tarifa oficial del Servicio de Transporte Público Colectivo Urbano, publicado en la página 1574 de la edición número 27 de fecha cinco de abril de dos mil veintitrés. -Del Director del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Chihuahua: La publicación del acuerdo por el que se establece la tarifa oficial del Servicio de Transporte Público Colectivo Urbano, publicado en la página 1574 de la edición número 27 de fecha cinco de abril de dos mil veintitrés. Asimismo, en la demanda de amparo, la parte quejosa adujo contar con interés legítimo para la concesión de la medida cautelar instada; y justificó la concesión que solicita de ésta, de la siguiente forma: [.] IV. INTERÉS LEGÍTIMO A fin de acreditar el interés legítimo, me permito acompañar al presente escrito copia de la credencial de elector y copia de la tarjeta de prepago general, preferencial o especial que me acreditan como usuario del servicio de transporte público. Se ha establecido que los usuarios del transporte público colectivo urbano, que promuevan amparo contra el acuerdo que incremente la tarifa para acreditar su interés legítimo, deben demostrar que son usuarios del servicio de transporte público colectivo, porque con ello se acredita su posición cualificada y relevante en el orden jurídico y, consecuentemente, la afectación indirecta. También se ha establecido que pueden acreditar su interés legítimo, con cualquier prueba que legalmente sea susceptible de admitirse en el juicio de amparo y de conformidad a la eficacia que corresponda a cada una de ellas. Sirve de fundamento, la jurisprudencia PC')(XII. J/13 A (10a.), de título y subtítulo: "INTERÉS LEGÍTIMO. LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO URBANO DE QUERÉTARO, AL PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, TIENEN LA CARGA PROCESAL DE ACREDITAR TAL CARÁCTER.". Por otra parte, pero en este mismo orden de ideas, el artículo 158 de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua dispone las tarifas de los usuarios, pueden ser pagadas en efectivo o mediante el sistema de cobro que autorice la Subsecretaría. Se considera usuario del servicio de transporte público, a la persona a la que se le expide la tarjeta de prepago. Sin embargo, la calidad de usuario puede también atribuirse racional y válidamente a toda persona que se encuentre dentro de la zona donde aquél se brinda. Por tanto, los accionantes del juicio de amparo que reclaman el incremento de las tarifas relativas, sobre la base de un interés legítimo, están relevados de la carga de la prueba acerca del uso habitual u ocasional del servicio en circunstancias precisas de tiempo, modo y lugar, pues el carácter de usuario es inherente a su derecho de utilizarlo en el momento que lo requieran o deseen, ya que todo individuo tiene el derecho fundamental a la movilidad personal que, en consonancia con los principios de unidad, interdependencia y universalidad de los derechos humanos, permite la satisfacción de otro cúmulo de derechos fundamentales. [.] Mientras que, en los antecedentes de lo reclamado, la parte quejosa acotó lo siguiente: [.] d. El que suscribe la presente demanda de AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN, soy usuario cotidiano por diversas razones, atención médica, atención de trabajos domésticos, visitas a familiares, parques, centro de convivencia para adultos mayores y movilidad en general, por lo que me veo en la necesidad por las distancias a utilizar el del Transporte Público Colectivo Urbano en el estado de Chihuahua, razón por la cual me impacta de manera directa el acuerdo impugnado como acto reclamado y su auto aplicación. A tal efecto y para demostrar además la legitimación en el juicio Amparo, se anexa mi identificación y tarjeta del transporte público. [.] Para resolver sobre la medida precautoria solicitada, debe examinarse si conforme a su naturaleza sus efectos son susceptibles o no de ser paralizados; enseguida, si se satisfacen o no las exigencias previstas en el artículo 128 de la Ley de Amparo. Conforme a su naturaleza, es necesario que los actos reclamados sean suspendibles, ya que de no serlo se debe negar la medida cautelar, pues ésta no tiene efectos restitutorios o destructivos de los actos que con antelación a ella se hubiesen realizado, ya que por regla general opera sólo contra actos positivos, para impedir que se ejecuten o que generen sus consecuencias. Tiene aplicación a lo anterior, en lo conducente, la tesis propugnada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, Octava Época, consultable en la página 312, Tomo XI, de junio de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, con registro 216236, del texto siguiente: SUSPENSIÓN, NATURALEZA DEL ACTO QUE SE RECLAMA PARA CONCEDER O NEGAR LA. En el juicio de amparo es importante precisar la naturaleza del acto que se reclama para estar en aptitud de decidir si existe algún efecto que pudiera ser susceptible de suspenderse, o se trata de actos consumados contra los cuales no procede la medida cautelar por carecer de materia sobre la cual recaen. Existen dos tipos de actos para efectos suspensionales, a saber: los positivos y los negativos. Los primeros se traducen siempre en una conducta de hacer de la autoridad y se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea, b) de ejecución continuada o inacabada y c) actos de ejecución de tracto sucesivo. Si la ejecución es instantánea, únicamente podrá otorgarse la suspensión antes de que el acto se consume, nunca después, porque carecería de materia y de concederse se darían efectos restitutorios propios de la sentencia de fondo; los actos de ejecución continuada o inacabada son aquellos en los que la autoridad debe actuar un númerodeterminado de veces para consumar el acto reclamado, entonces, al otorgar la suspensión el efecto será impedir que se siga materializando la ejecución al momento en que se concede la medida cautelar, pero lo ya consumado no puede afectarse porque se darían efectos restitutorios también; por lo que toca a la ejecución de tracto sucesivo, la autoridad actúa constantemente y un número ilimitado de ocasiones, ejerciendo presión fáctica sobre la situación de la persona del quejoso, de sus bienes, de su familia, posesiones, etcétera, pues de no hacerlo así la ejecución cesaría de inmediato; por lo que, la suspensión concedida actúa desde el momento mismo en que se otorga hacia el futuro, pero nunca sobre el pasado. En relación con los actos negativos, la clasificación se da de la siguiente manera: a) abstenciones, b) negativas simples y c) actos prohibitivos; las abstenciones carecen de ejecución, pues implican un no actuar de la autoridad, por lo tanto, no existe materia para conceder la suspensión; las negativas simples sólo implican el rechazo a una solicitud del particular, y dada su naturaleza, tampoco admiten suspensión porque se darían efectos constitutivos de derechos a la medida cautelar; finalmente, los actos prohibitivos no son iguales a los negativos simples, porque implican en realidad una orden positiva de autoridad, tendiente a impedir una conducta o actividad del particular previamente autorizada por el gobierno. En este último supuesto, la suspensión sí es procedente, pero debe examinarse cada caso concreto, sopesándose cuidadosamente, por una parte, el interés legítimo del gobernado en realizar la conducta prohibida y por la otra, el interés público de la autoridad en impedirla, así como las consecuencias o perjuicios que a cada uno de ellos se puede seguir con la concesión o negativa de la medida. Así, del señalado escrito de demanda, como ya se indicó, se advierte que la parte quejosa impugna los actos reclamados aduciendo gozar con un interés legítimo, por su especial posición frente al ordenamiento jurídico. En ese sentido, para decidir acerca de la suspensión definitiva, es necesario considerar, además de lo ya acotado supra líneas, que el artículo 131 de la Ley de Amparo estatuye: Artículo 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda. Como se deduce de esta transcripción, cuando la parte que solicita la suspensión aduce gozar de un interés legítimo, deberá acreditar el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue la medida, así como el interés social que justifique el otorgamiento de aquella. Lo anterior, en el entendido de que, el otorgamiento de la medida cautelar no podrá tener por efecto modificar o restringir derechos de terceros, ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda. A la luz de estas premisas legales, la parte quejosa no acredita el daño inminente e irreparable que le ocasionan los actos reclamados de manera real y actual a su esfera jurídica, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, ya que solamente se limita a señalar que, al ser una usuaria frecuente del transporte público colectivo urbano de esta ciudad, su esfera jurídica se ve trastocada; sin embargo, la promovente no evidencia ni exhibe prueba eficaz alguna que ponga de relieve el daño inminente e irreparable a su pretensión, que se le ocasionaría con motivo de la negativa de la medida. Sin que resulte viable tener por acreditado su interés legítimo con las documentales anexadas a su demanda de amparo consistentes en copias simples de la credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral y de la credencial del Instituto nacional de Personas Adultas Mayores, ambas a nombre de la aquí quejosa; pues inclusive, quien suscribe, no puede cerciorarse de su contenido, ante su exhibición en copia simple. De igual manera es omisa en acreditar la afectación al interés social que pudiera justificar el otorgamiento de aquella medida cautelar, más allá del simple interés general que corresponde a todos los ciudadanos para que se respete determinada norma jurídica; pues no señala de qué manera o en qué forma se lesionan el interés social, de manera particular, con la emisión de los actos que reclama. Máxime que, tratándose del interés legítimo, el otorgamiento de la medida cautelar no debe tener por efecto modificar o restringir derechos, lo que podría suceder si se otorga la medida cautelar, pues es precisamente acuerdo materia que se impugna en la vía constitucional y su eventual ilegalidad es un pronunciamiento que, en su caso, es materia de lo que se pronunciará en el juicio principal. En esta tesitura, al no colmarse los extremos señalados en el artículo 131 de la Ley de Amparo, dado que no se encuentra evidenciado el daño inminente e irreparable que para el otorgamiento de la suspensión definitiva exige el precepto aludido, ni se justificó la afectación al interés social que justifique su otorgamiento, se niega la suspensión definitiva, solicitada por la parte quejosa. Por lo expuesto y fundado, en términos del artículo 146, de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se niega la suspensión definitiva solicitada por *******. Notifíquese por lista electrónica; por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público adscrito. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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