Isabel Lara Gabino

Expediente 1391/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1391/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
02/10/2023

Partes del expediente

  • Isabel Lara Gabino

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, dos de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y considerando que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del que las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, y tomando en cuenta que en el fallo judicial se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, es conveniente precisar lo siguiente: Los artículos 192; 193; 194 y 197, 238 y 258 de la Ley de Amparo, disponen, respectivamente, el procedimiento que debe seguirse para lograr el cumplimiento de las sentencias en las que se concedió la protección constitucional, al efecto, en el artículo 192 de la ley de la materia, se prevé que una vez que haya causado ejecutoria, en la notificación que se haga a la autoridad responsable, se le requerirá para que cumpla con ella dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa con base en el artículo 258 de la ley referida y que, a su vez, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y sancionado penalmente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo, previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Que la finalidad objetiva perseguida por la Ley de Amparo es que el procedimiento de ejecución de sentencias protectoras sea simple, expedito y rápido, entonces debe considerarse que en todo caso debe procurarse que el único plazo que se conceda a las autoridades responsables sea el de tres días, previsto en el segundo párrafo del artículo 192, razón por la cual las dos excepciones a este lapso deben ser de aplicación estricta y limitada, pues de lo contrario no se respetaría la finalidad antedicha, lo cual, a su vez, está relacionada con el deber de garantía derivado de los derechos humanos, así como con los derechos fundamentales de acceso a la justicia y recurso efectivo. En relación con lo anterior, los criterios jurisprudenciales emitidos por los órganos del Poder Judicial de la Federación facultados para ello, han establecido que el juzgador tiene la obligación de fijar un término prudente y determinado para que se cumpla la sentencia de amparo, para lo cual se debe considerar que el acto que debe realizar la autoridad responsable para cumplir con el fallo protector, no se trata de un asunto ordinario, sino extraordinario al haberse declarado la inconstitucionalidad del acto, por lo que dicha autoridad no debe darle el trato de un asunto ordinario, es decir, no debe someterlo a los mismos trámites administrativos ni los plazos máximos que tiene para ello, sino que se debe efectuar en un menor plazo, pues la parte quejosa ya obtuvo una sentencia ejecutoria que constituye una norma individualizada a su favor y, que por ende, no puede ser condicionada su cumplimiento a los trámites burocráticos de la autoridad regulados por disposiciones administrativas internas ni a las cargas de trabajo de la autoridad. Asimismo, prevé el citado artículo 192 que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados dicho ordenamiento legal. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo y tomando en consideración que el fallo judicial otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, se requiere a Yolanda Carolina Salcedo Pérez DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para que dentro del plazo de diez días, contado a partir del momento en que quede legalmente notificado del presente proveído, acredite ante este Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En el entendido de que para dar cumplimiento la autoridad debe realizar lo siguiente: ? Pagar la cantidad neta de $123,419.60 (ciento veintitrés mil cuatrocientos diecinueve pesos 60/100 moneda nacional), por concepto de noventa días de salario integral correspondiente en la actualidad a la plaza de Agente del Ministerio Público, la cual ocupaba en la fecha en que fue suspendida (doce de julio de dos mil dos),a la quejosa. Así las cosas, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a Laura Ángeles Gómez COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para que en su calidad de superior jerárquico de la DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS de dicha institución, la conmine en cumplir con el fallo protector y remita a este órgano jurisdiccional, dentro del término de diez días, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, dada la naturaleza de los actos a realizar, las constancias con las que acredite haber ordenado a la responsable el cumplimiento a la ejecutoria de garantías, o bien, haber dado cumplimiento por sí mismo a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo en cita, ejerce sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en los términos forma exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismo. Apercibidos que, en caso de no cumplir lo anterior, sin causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero, del artículo 193 de la Ley de Amparo. b) En términos de los artículos 238 y 258 de la citada ley, se impondrá a las personas físicas que ostenten los cargos de las citadas autoridades, una multa por cien veces la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y sancionado penalmente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo, previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Por otra parte, se tiene por recibido el oficio signado por el delegado de la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual solicita se le conceda una prórroga para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar, debiéndose estar a lo acordado en líneas que anteceden. Notifíquese

  2. Principal

    Ciudad de México, a diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio signado por la Directora General de Especialidades Periciales Documentales de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República, por medio del cual, informa que Yanira Yvette Valle Robledo, perito oficial, fue notificada del diverso oficio 38461/2023, de uno de septiembre de dos mil veintitrés, del índice de este juzgado, el catorce de septiembre del año en curso. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese

  3. Principal

    Ciudad de México, a cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado en que se encuentran los presentes autos, de los cuales se advierte que ha transcurrido el término a efecto de impugnar el pronunciamiento de siete de junio de dos mil veintitrés, y toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, en consecuencia, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las 25/01/24 10:35:32 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.af JUAN DE DIOS GARCIA MUNGUIA disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; se determina que este expediente es conservable, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo en cita, toda vez que en el presente asunto se concedió la protección constitucional. Remítase el presente expediente al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, que para tal efecto en su momento se designe, una vez que haya transcurrido el término de tres años, a que se refiere el primer párrafo del artículo 17 del Acuerdo aludido. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa

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