Isabel Vargas Osorio

Expediente 378/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
378/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
20/10/2021

Partes del expediente

  • Isabel Vargas Osorio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    En la Ciudad de México, veinte de octubre de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por la Magistrada Presidenta y el Secretario de Acuerdos, ambos de la Tercera Ponencia de la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa por medio del cual, solicita se le remitan los autos del juicio de nulidad 14786/19-17-03-3 de su índice. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo agréguese a los autos para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar. Atento a lo solicitado por el Tribunal oficiante mediante atento oficio que al efecto se gire, devuélvanse los autos del juicio de nulidad 14786/19-17-03-3 a la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sin que haya lugar a requerir el correspondiente acuse de recibo, toda vez que la constancia de notificación del oficio que para tal efecto se expida, hará las veces del mismo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Salvador Leyva Nava, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    En la Ciudad de México, a seis de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa, que es a quien pudiera causarle perjuicio la sentencia dictada el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, en la que se determinó negar el amparo y protección de la justicia de la unión, no la recurrió dentro del plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en la fracción II, del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, por lo que, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 1, del Manual referido, toda vez que se negó la protección constitucional en el presente asunto. Por lo tanto, deberá conservarse el presente juicio de amparo, por el término de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, y una vez concluido este plazo, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el expediente, conservando la demanda, la sentencia, en su caso las resoluciones recurridas, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y el presente proveído. Asimismo, toda vez que obra por separado un legajo de pruebas consistente en los autos del juicio de nulidad 14786/19-17-03-3 del índice de la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, devuélvase el legajo de mérito a la citada autoridad, sin que haya lugar a requerir el correspondiente acuse de recibo, toda vez que la constancia de notificación del oficio que para tal efecto se expida, hará las veces del mismo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alonso Antonio Hernández Flores, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    En la Ciudad de México, a treinta de agosto de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio signado por la Magistrada Presidenta de la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a través del cual, acusa recibo de diverso oficio e informa que se encuentra a la espera de la devolución del expediente 14786/19-17-03-3, a fin de proveer lo que en derecho corresponda. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar; reservándose acordar la devolución del expediente referido hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alonso Antonio Hernández Flores, quien autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    En Ciudad de México, a las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de garantías número 378/2021-II, en audiencia pública el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México Francisco Javier Rebolledo Peña, asistido por el Secretario Alonso Antonio Hernández Flores, que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes ni representante de ellas. Acto seguido, el Secretario hace relación de las constancias que obran en autos, dando lectura de ellas, entre las que se encuentra la demanda de garantías, que dio origen al presente asunto, promovida por Isabel Vargas Osorio por propio derecho, proveído de trece de abril de dos mil veintiuno, en el que se admitió a trámite la demanda, informe justificado rendido por la autoridad responsable y las pruebas, constancias de notificación a las partes, y proveídos que acordaron lo conducente. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias de autos y por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables. En período probatorio: El Secretario da cuenta con las documentales ofrecidas por las partes. El Juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza las pruebas ofrecidas por las partes. No existiendo pruebas pendientes que desahogar se cierra el periodo probatorio. Periodo de alegatos, abierto éste, el Secretario da cuenta con los alegatos formulados por la parte tercero interesada, derecho que le confiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, y hace constar que el Agente del Ministerio Público no presentó el pedimento que a su representación social compete. El Juez acuerda: Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las manifestaciones que vierte la tercero interesada a manera de alegatos, sin perjuicio de ser tomados en consideración al momento de resolver, y por hecha la certificación de cuenta. Sin existir pruebas, diligencias o pedimento alguno, pendientes por desahogar, se tienen por celebradas las presentes etapas de la audiencia constitucional en términos de esta acta. Doy Fe. Vistos; para resolver los autos del juicio de amparo indirecto número 378/2021-II, promovido por Isabel Vargas Osorio, por propio derecho, contra actos de la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; y, R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el nueve de abril de dos mil veintiuno, remitido por razón de turno a este Juzgado de Distrito en la materia y jurisdicción citados, Isabel Vargas Osorio, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y por el acto que a continuación se indican: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: ÚNICA. Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (.) IV.- ACTO RECLAMADO: ÚNICO.- Lo constituye la sentencia interlocutoria de queja de fecha 26 de febrero 2021, dictada por la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (.)" SEGUNDO. Por acuerdo de trece de abril de dos mil veintiuno, se admitió la demanda registrada con el número 378/2021-II; se requirió a la autoridad responsable su informe justificado; se ordenó dar la intervención que en derecho corresponde al Fiscal Ejecutivo adscrito; se tuvo como tercero interesado al Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Regional Oriente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, 37, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclaman actos administrativos a una autoridad de la misma naturaleza con residencia en la jurisdicción que corresponde a este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del análisis integral que al efecto se realiza de la demanda, se colige que el acto reclamado por el quejoso es el siguiente: ? La resolución de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno en la que se declaró improcedente la instancia de queja por defecto, dictado en autos del juicio de nulidad 14786,19-17-03-3 del índice de la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. TERCERO. Es cierto el acto reclamado a los Magistrados integrantes de la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues al rendir su respectivo informe justificado así lo manifestó, lo que se corrobora con las copias certificadas de dicho juicio, que obran en un legajo de pruebas por cuerda separada; documental a la que se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, de la que se desprende que la autoridad referida es la que emitió el acto reclamado en el presente juicio. CUARTO. Al no existir causa de improcedencia propuesta por las partes, además de que este juzgado no advierte alguna que deba analizarse de oficio, se procede al estudio de la litis fijada en el presente asunto. QUINTO. Previamente al examen de los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, y para una mejor comprensión del asunto, conviene hacer una relación sucinta de los antecedentes más relevantes del caso, los cuales se obtienen del legajo de pruebas que obra por separado, relativo a las constancias que integran el juicio 14786,19-17-03-3, del índice de la mencionada Sala; documentales a las que previamente se les otorgó valor probatorio pleno, y de las que se advierte lo siguiente: 1. Mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes Común de las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Isabel Vargas Osorio promovió juicio contencioso administrativo en contra de la negativa ficta atribuida al Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Regional Oriente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 2. El conocimiento de la demanda mencionada correspondió a la Tercera Sala Regional Metropolitana del citado Tribunal, quien por sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve declaró la nulidad de la resolución negativa ficta impugnada. 3. En cumplimiento a lo anterior, la autoridad demandada emitió el oficio SP/JEF/5633/2020 de veintiuno de agosto de dos mil veinte, en la que se determinó una cuota diaria de pensión a la quejosa por la cantidad de $643.98 (seiscientos cuarenta y tres pesos 98/100) y como diferencias de la retroactividad, resultó a su favor, el monto de $39, 783.98 (treinta y nueve mil setecientos ochenta y tres pesos 98/100). 4. Mediante comparecencia de quince de diciembre de dos mil veinte, se entregó a la quejosa el cheque 0019155 de cuatro de diciembre de dos mil veinte, expedido por la institución bancaria HSBC México, sociedad anónima, institución de banca múltiple, Grupo Financiero HSBC, por la cantidad de $39, 783.98 (treinta y nueve mil setecientos ochenta y tres pesos 98/100). 5. Por escrito presentado el doce de enero de dos mil veintiuno en las Oficialía de Partes de las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la parte actora interpuso recurso de queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia de nulidad, el cual se admitió el tres de febrero siguiente. 6. El veintiséis de febrero del año en curso, la Sala responsable resolvió el recurso de referencia, al tenor de las siguientes consideraciones: ? Que la queja interpuesta es improcedente porque se promovió fuera del término legal de quince días a que se refiere el artículo 58, fracción II, inciso b) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. ? Que la quejosa manifestó expresamente que el siete de octubre de dos mi veinte, tuvo conocimiento del oficio SP/JEF/5633/2020 de veintiuno de agosto de dos mil veinte, emitido por la autoridad demandada para dar cumplimiento a la sentencia de nulidad; misma que se valoró como una confesión expresa de su parte. ? Que en términos del artículo 38 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la notificación del oficio materia de la queja, surtió sus efectos el mismo día que manifestó conocerlo, esto es, el siete de octubre de año próximo pasado, y por tanto el plazo para promover la instancia de queja, transcurrió del ocho al veintinueve de octubre de dos mil veinte. ? Que si la actora interpuso el recurso queja hasta el doce de enero de dos mil veintiuno, su presentación resultó extemporánea. Este es el acto reclamado en el presente juicio. SEXTO. Sin que se transcriban los conceptos de violación por considerarlo innecesario, es conveniente adentrarse a su análisis, amén del criterio sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, la cual es del rubro siguiente: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.(Novena Época, Registro 164618, Segunda Sala, Jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de dos mil diez (2010), Materia Común, Página 830). En su único concepto de violación, la quejosa alega que la Sala responsable violó en su perjuicio los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, pues indebidamente resuelve que la presentación de la instancia de queja fue extemporánea, cuando previamente la admitió por acuerdo de tres de febrero de la anualidad que transcurre. Refiere que en términos del artículo 38 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la notificación del oficio por el que se materializó el cumplimiento de la sentencia de nulidad, surtió sus efectos el mismo día que le fue notificado, esto es el quince de diciembre de dos mil veinte, por lo que el plazo de quince días a que se refiere el artículo 58, fracción II, inciso b) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, transcurrió, a su consideración, del quince de diciembre de dos mil veinte al uno de febrero de dos mil veintiuno, por lo que si la instancia de queja se presentó el doce de enero del presente año, se promovió en tiempo y forma. Agrega que la determinación de la Sala impide que se estudie los argumentos que hizo valer en su escrito de queja, y se analice la actuación de la autoridad demandada, a efecto de que cumpla correctamente con la sentencia de nulidad. Alega que la Sala responsable también viola en su perjuicio el artículo 17 Constitucional, porque su determinación le impide acceder al derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva, en lo relativo a la plena ejecución de sus sentencias. Sostiene que la resolución reclamada, carece de fundamentación y motivación, lo que la deja en total estado de indefensión. Por otra parte, aduce que la autoridad demandada no cumple con lo ordenado en la sentencia definitiva porque no determina en forma correcta el porcentaje de incremento que sufrieron los sueldos básicos de los trabajadores en activo, y que el porcentaje de incremento que aplicó el Instituto es inferior a lo ordenado en la sentencia de nulidad, dando como resultado que se determinara como cantidad a pagar a la actora la de $39, 783.98 (treinta y nueve mil setecientos ochenta y tres pesos 98/100). Además, el Instituto demandado no motivo el oficio de quince de diciembre de dos mil veinte, de conformidad con lo establecido en el artículo 57, inciso c) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Con el propósito de resolver lo que se plantea, es oportuno citar el artículo 16 constitucional, cuya parte que interesa es del tenor siguiente: Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Este precepto consagra los requisitos mínimos que debe contener todo acto de autoridad, los cuales consisten en que dicho acto sea emitido por escrito por autoridad competente y, que se encuentre fundado y motivado, entendiéndose por esto último que se realice una adecuación entre las disposiciones normativas y la situación en concreto en que éstas se apliquen, de tal suerte que con ello se proporcione seguridad jurídica a la persona a la cual se dirige dicho acto. Por otra parte, debe precisarse que cuando el acto reclamado constituye una determinación jurisdiccional, la fundamentación la constituye el análisis exhaustivo de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda dicho acuerdo, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar sus determinaciones citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa. Sirve de apoyo la tesis P. CXVI/2000, de rubro y texto siguientes: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa. (Novena Época, Registro: 191358, Instancia: Pleno, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, Materia(s): Constitucional, Común, Tesis: P. CXVI/2000, página 143) Asimismo, cabe citar la jurisprudencia I.1o.C. J/1 que dice: FUNDAMENTACIÓN. GARANTÍA DE. SE CUMPLE AUN CUANDO LA AUTORIDAD OMITA CITAR LOS PRECEPTOS QUE APOYAN SU DECISIÓN.- Si bien el artículo 16 de la Constitución General de la República consagra las garantías de fundamentación y motivación y por ende, toda resolución debe de respetarlas; en materia civil, si los razonamientos hechos en la parte considerativa son jurídicos y resuelven con acierto la controversia, aunque la autoridad omita citar expresamente los preceptos de la ley en que apoya su decisión, si del estudio que se haga se advierte que es jurídicamente correcta, porque sus razonamientos son legales y conducentes para la resolución del caso debe considerarse debidamente fundada, aunque sea en forma implícita, pues se resuelve conforme a la petición en los agravios, por lo que no puede existir duda respecto de los preceptos supuestamente transgredidos, cuando es el propio promovente quien plantea los supuestos a resolver, por lo que aun cuando no haya sido explícitamente citados, debe estimarse que si fueron cabalmente respetados y, en consecuencia, la resolución intrínsecamente fundada. (Novena Época, Registro: 203518, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Enero de 1996, Materia(s): Civil, Tesis: I.1o.C. J/1, Página 134) Por su parte, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el derecho fundamental de acceso a la justicia, el cual fue instituido por el constituyente con el fin de que cualquier sujeto pueda acudir ante los tribunales y que éstos le administren justicia en forma pronta y expedita, ya que las contiendas que surgen entre los gobernados necesariamente deben ser dirimidas por un órgano del Estado facultado para ello, ante la prohibición constitucional de que los particulares se hagan justicia por sí mismos. En ese orden de ideas, el mencionado derecho fundamental de acceso a la justicia, otorga en favor de los gobernados el disfrute de diversas garantías relacionadas con la administración de justicia, a saber, contiene dentro de sí, cuatro subgarantías, a saber: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de los órganos y las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, esto es, que la autoridad que conoce del asunto y va a resolver la controversia, emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, lo que garantiza al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no razón sobre la totalidad de los derechos cuya tutela jurisdiccional ha solicitado; 3. Justicia imparcial, lo que implica que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no se advierta favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en el sentido de la resolución; y, 4. Justicia gratuita, lo que quiere decir que los órganos del Estado encargados de la impartición de justicia, así como los servidores públicos a quienes se encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de dicho servicio público. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 192/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, página 209, cuyo rubro es del tenor siguiente: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." En ese contexto, resulta oportuno imponerse del contenido del artículo 58, fracción II, incisos a) y b), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que es del tenor siguiente: "ARTÍCULO 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: (.) II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes: a) Procederá en contra de los siguientes actos: 1.- La resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia. 2.- La resolución definitiva emitida y notificada después de concluido el plazo establecido por los artículos 52 y 57, fracción I, inciso b) de esta Ley, cuando se trate de una sentencia dictada con base en las fracciones II y III del artículo 51 de la propia ley, que obligó a la autoridad demandada a iniciar un procedimiento o a emitir una nueva resolución, siempre y cuando se trate de un procedimiento oficioso. 3.- Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia. 4.- Si la autoridad no da cumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo federal. La queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez, con excepción de los supuestos contemplados en el subinciso 3, caso en el que se podrá interponer en contra de las resoluciones dictadas en cumplimiento a esta instancia. b) Se interpondrá por escrito acompañado, si la hay, de la resolución motivo de la queja, así como de una copia para la autoridad responsable, se presentará ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que dictó la sentencia, dentro de los quince días siguientes a aquél en que surtió efectos la notificación del acto, resolución o manifestación que la provoca. En el supuesto previsto en el inciso anterior, subinciso 3, el quejoso podrá interponer su queja en cualquier tiempo, salvo que haya prescrito su derecho. (.)." El precepto legal transcrito, en lo que aquí interesa, establece que, para asegurar el pleno cumplimiento de las sentencias dictadas por las salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la parte actora podrá ocurrir en queja en contra del acto o resolución que incurra en defecto, para lo cual, cuenta con un plazo de quince días siguientes a aquél en que surtió efectos la notificación del acto, resolución o manifestación que la provoca. Ahora bien, de la resolución reclamada se advierte que la sala responsable determinó declarar improcedente el recurso de queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia de nulidad interpuesto por la quejosa, porque se presentó fuera del plazo de quince días establecido en el inciso b), de la fracción II, del artículo 58, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Para lo cual, consideró que la quejosa se encontraba obligada a interponer dicho recurso desde el momento en que tuvo conocimiento del oficio SP/JEF/5633/2020 de veintiuno de agosto de dos mil veinte, lo cual la propia promovente manifestó, ocurrió el siete de octubre siguiente. Por su parte, la quejosa argumenta que el plazo de quince días para presentar la instancia de queja, transcurrió a partir del quince de diciembre de dos mil veinte, fecha en la que se materializa el cumplimiento de la sentencia de nulidad, a través de la entrega del cheque 0019155 de cuatro de diciembre de dos mil veinte, expedido por la institución bancaria HSBC México, sociedad anónima, institución de banca múltiple, Grupo Financiero HSBC, por la cantidad de $39, 783.98 (treinta y nueve mil setecientos ochenta y tres pesos 98/100), y por tanto, promovió el aludido recurso en tiempo y forma. En tales condiciones, no asiste la razón a la quejosa, toda vez que la determinación de su cuota diaria de pensión, así como el monto que le corresponde por concepto de diferencias, se determinó en el oficio SP/JEF/5633/2020 de veintiuno de agosto de dos mil veinte, por lo que desde el momento en que tuvo conocimiento de este último, también conoció su nueva cuota de pensión, y el monto de las diferencias correspondientes. En efecto, si bien el pago por la cantidad de $39, 783.98 (treinta y nueve mil setecientos ochenta y tres pesos 98/100), se materializó hasta el quince de diciembre de dos mil veinte, fecha en la que únicamente se levantó una comparecencia de entrega del título de crédito; los motivos y fundamentos, en específico los cálculos aritméticos realizados por el Instituto demandado, a efecto de otorgar los incrementos correspondientes a la cuota pensionaria de la quejosa, se encuentran contenidos en el oficio oficio SP/JEF/5633/2020 de veintiuno de agosto de dos mil veinte. Aunado a lo anterior, del contenido del escrito por el cual la quejosa interpuso la queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia de nulidad que nos ocupa, se advierte que sus agravios se encuentran dirigidos a combatir los incrementos otorgados a su cuota pensionaria, los cálculos realizados para determinarla y con la cantidad que por concepto de diferencias resultó, lo que como se adelantó, no se llevó a cabo en la entrega del cheque el quince de diciembre de dos mil veinte, si no en el oficio SP/JEF/5633/2020 de veintiuno de agosto de dos mil veinte; en consecuencia, es evidente que el plazo para interponer la instancia de queja, transcurrió a partir de la notificación o fecha en que la promovente tuvo conocimiento de este último. En ese orden de ideas, la Sala responsable señaló que la actora manifestó expresamente que tuvo conocimiento del oficio aludido el siete de octubre de dos mil veinte, manifestación que valoró como una confesión expresa de su parte, en términos de los artículos 199 y 123 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de su materia, por lo que el plazo de quince días para interponer el recurso de queja de que se trata, transcurrió del ocho al veintinueve de octubre de dos mil veinte. En efecto, en términos de los artículos 123 y 199 del código aludido, se reconoce el valor probatorio de las expresiones realizadas respecto de hechos propios, cuyo contenido dice: ARTICULO 123.- Contra la confesión expresa de hechos propios no se admitirá, a la parte que la hubiere hecho, prueba de ninguna clase; a no ser que se trate de demostrar hechos ignorados por ella al producir la confesión, debidamente acreditados, o de hechos posteriores, acreditados en igual forma. "ARTÍCULO 199.- La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran, en ella, las circunstancias siguientes: I.- Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II.- Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III.- Que sea de hecho propio o, en su caso, del representado o del cedente, y concerniente al negocio. En ese sentido, del contenido del escrito de agravios de queja, se observa en del punto seis del capítulo de hechos, que la quejosa manifestó expresamente que tuvo conocimiento del oficio SP/JEF/5633/2020 de veintiuno de agosto de dos mil veinte, el siete de octubre posterior, sin que de las constancias que obran en el juicio de nulidad, se advierte elemento probatorio, que demuestre lo contrario, por lo que se estima acertado que la responsable tomara dicha fecha como sustento para realizar el computo de la oportunidad del recurso intentado. Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones, por analogía y en lo conducente la jurisprudencia número 2a./J. 64/2004, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Mayo de 2004, página: 589, que establece lo siguiente: "QUEJA POR EXCESO O DEFECTO EN LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA DE AMPARO. EL PLAZO DE UN AÑO PARA SU INTERPOSICIÓN PREVISTO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 97 DE LA LEY DE LA MATERIA, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE LAS PARTES HAYAN TENIDO CONOCIMIENTO DE LOS ACTOS QUE ENTRAÑEN ESOS VICIOS (INTERRUPCIÓN DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 437, PUBLICADA EN EL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1995, TOMO VI, MATERIA COMÚN, PÁGINA 291). El recurso de queja por exceso o defecto en el cumplimiento de una ejecutoria de garantías previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley de Amparo podrá interponerse dentro de un año contado desde el día siguiente al en que se notifique al quejoso el auto en que se haya mandado cumplir la sentencia, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro, o de alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en que la queja podrá interponerse en cualquier tiempo, según lo previene la fracción III del artículo 97 de la ley citada. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis, de rubro: "QUEJA POR DEFECTO O POR EXCESO DE EJECUCIÓN. TÉRMINO PARA INTERPONERLA.", estableció que dicho término empieza a correr "cuando se cometieron los actos que entrañan, en la estimación del quejoso, exceso o defecto de ejecución del fallo constitucional.". Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a separase de dicho criterio, ya que esa interpretación es imprecisa, puesto que la sola realización de los actos de ejecución no es un hecho que por sí mismo permita su impugnación, en virtud de que esa posibilidad está ligada al conocimiento que de ellos tenga el afectado. Por tanto, resulta aplicable, por identidad de razón, el artículo 21 de la ley de la materia, que se funda en un principio de conocimiento de los actos reclamados y desarrolla a través de tres reglas la forma de computar el plazo para pedir amparo, en la inteligencia de que dichas reglas deberán entenderse referidas no a los actos reclamados, sino a los actos de ejecución de una sentencia de amparo realizados por las autoridades responsables. Así, el plazo del que disponen las partes en el juicio de garantías para deducir el recurso de queja por exceso o defecto de ejecución, se computará desde el día siguiente al en que: a) Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al recurrente de la resolución o acuerdo que impugne; b) Haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, c) Se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Con esta interpretación se privilegia la finalidad del principio normativo que inspira al indicado recurso, pues si el objetivo de éste es dotar a las partes en el juicio de garantías de un medio o instrumento para combatir los actos de cumplimiento desplegados por las autoridades responsables, tal finalidad sólo puede optimizarse permitiendo esa oportunidad de impugnación a partir de un conocimiento cierto y determinado de los actos que serán materia del recurso y motivo de tutela al recurrente y no antes de ello." Así como la diversa, por las consideraciones que la sustentan: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito, con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal proceder es correcto, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa de la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." Así las cosas, si la promovente tuvo conocimiento del oficio SP/JEF/5633/2020 de veintiuno de agosto de dos mil veinte, el siete de octubre de dos mil veinte, tal y como lo resolvió la responsable, el plazo de quince días a que se refiere el artículo 58, fracción II, inciso b), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, transcurrió del ocho al veintinueve de octubre de dos mil veinte, previo descuento los días diez, once, doce, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco del mismo mes y año; por tanto si el escrito de queja se presentó hasta el doce de enero de la anualidad que transcurre, se realizó en forma extemporánea. Sin que constituya un impedimento para que la Sala arribara a dicha determinación, el hecho de que previamente se admitiera el multicitado recurso de queja, a través del proveído de tres de febrero de dos mil veintiuno, en razón de que el análisis que se realiza en un auto admisorio sólo es preliminar, y que en todo caso, corresponde a Sala en Pleno, llevar a cabo el estudio de la procedencia, por lo que desde luego que se encontraba en aptitud de declararlo improcedente al momento de dictar resolución. Apoya lo anterior, la jurisprudencia que dice: REVISION. EL AUTO ADMISORIO DEL RECURSO NO CAUSA ESTADO. El auto admisorio de un recurso de revisión sólo corresponde a un examen preliminar del asunto, pues el estudio definitivo de la procedencia del mismo compete realizarlo a la Sala y, por ello, no causa estado. Por consiguiente, si con posterioridad se advierte que el recurso de revisión interpuesto es improcedente, el mismo debe desecharse. Registro digital: 207229, Instancia: Tercera Sala, Octava Época, Materias(s): Común, Tesis: 3a. 59 9/90, Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, página 249, Tipo: Jurisprudencia. En tales circunstancias, es infundado el argumento en estudio. Por otra parte, en relación con el argumento planteado por la quejosa, en el que aduce que la determinación de la Sala impide que se estudie los argumentos que hizo valer en su escrito de queja, y se analice la actuación de la autoridad demandada, a efecto de que cumpla correctamente con la sentencia de nulidad, deviene inoperante, porque precisamente al haber declarado improcedente la queja intentada, la Sala se encontraba imposibilitada para abordar el estudio de los argumentos planteados por la quejosa, en virtud de que el sentido de su determinación, pone fin a la instancia. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia que establece: AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SI EL JUEZ DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito resuelve sobreseer en un juicio, donde se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de los conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo liberaba al a quo de abordar tal estudio, sino que lo imposibilitaba para realizarlo; de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo. Registro digital: 195741, Instancia: Segunda Sala, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: 2a./J. 52/98, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VIII, Agosto de 1998, página 244, Tipo: Jurisprudencia. Por lo que hace al planteamiento, en el que informa que se violó en su perjuicio el artículo 17 Constitucional, porque se le impide acceder al derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva, en lo relativo a la plena ejecución de sus sentencias, no le asiste la razón, en virtud de que el establecimiento de plazos y términos, constituye una legítima facultad del legislador, que no lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva, porque responde a la exigencia razonable de ejercer las acciones que correspondan en lapsos determinados, de manera que, de no ser respetados, podría entenderse caducada, prescrita o precluida la facultad de excitar la actuación de los tribunales. Tienen sustento lo anterior, en la jurisprudencia que establece: ACCESO A LA JUSTICIA. LA FACULTAD DE IMPONER PLAZOS Y TÉRMINOS RAZONABLES PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCIÓN Y DEFENSA ANTE LOS TRIBUNALES CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL LEGISLADOR. La reserva de ley establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la que se previene que la impartición de justicia debe darse en los "plazos y términos que fijen las leyes", responde a la exigencia razonable de ejercer la acción en lapsos determinados, de manera que, de no ser respetados, podría entenderse caducada, prescrita o precluida la facultad de excitar la actuación de los tribunales, lo cual constituye un legítimo presupuesto procesal que no lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva. En este sentido, la indicada prevención otorga exclusivamente al legislador la facultad para establecer plazos y términos razonables para ejercer los derechos de acción y defensa ante los tribunales. Registro digital: 160015, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Tesis: 1a./J. 14/2012 (9a.), Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, página 62, Tipo: Jurisprudencia. En efecto, la determinación de la Sala no conlleva la restricción al derecho fundamental de impartición de justicia en su vertiente de tutela judicial efectiva, pues la ley que rige al acto prevé la posibilidad de acceder a un medio ordinario de impugnación, que permita a los gobernados que la determinación de las autoridades, con las cuales pretendan cumplir un fallo de nulidad, sea revisado a fin de confirmarlo, revocarlo o modificarlo, sin embargo, tal derecho no puede implicar la inobservancia de la formalidad previstas para su ejercicio; de ahí lo infundado de su planteamiento. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a letra establece: PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Época: Décima Época, Registro: 2005717, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a./J. 10/2014 (10a.), Página: 487. Así como la diversa tesis que dispone: TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE DESECHA LA DEMANDA O LA QUE LA TIENE POR NO PRESENTADA POR INCUMPLIR CON LAS FORMALIDADES Y LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN SEDE LEGISLATIVA, RESPETA ESE DERECHO HUMANO. La tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, comprende el de obtener una resolución fundada en derecho. Ahora bien, la resolución judicial que desecha la demanda o la que la tiene por no presentada por no cumplir con las formalidades y los requisitos establecidos en sede legislativa, respeta ese derecho humano, siempre que dichas formalidades y requisitos sean proporcionales entre los fines que preservan, frente a los intereses que sacrifican, y así lo acuerde fundadamente el juez o tribunal respectivo. Registro digital: 2007063, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Tesis: 1a. CCXCIII/2014 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, página 535, Tipo: Aislada. Lo anterior no implica que se permita dejar una sentencia sin cumplir, toda vez que de conformidad con el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la Sala también puede lograrlo de oficio, por lo que en todo caso, debe realizar el pronunciamiento correspondiente al cumplimiento de su sentencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que señala: QUEJA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), SUBINCISO 4, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO QUE LA PREVÉ, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PLENA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS. El precepto citado no viola el principio de plena ejecución de las sentencias previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ordena que las leyes establecerán los medios necesarios para la plena ejecución de las resoluciones dictadas en un juicio, ya que si bien prevé que la queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez, ello no se traduce en que el legislador no haya fijado reglas tendentes a lograr la plena ejecución de las resoluciones dictadas en un juicio contencioso, pues de un análisis integral del Capítulo IX denominado "Del Cumplimiento de la Sentencia y de la Suspensión", del Título II intitulado "De la Sustanciación y Resolución del Juicio", de la citada Ley, se advierte que se fijaron reglas que tienen como objetivo lograr la ejecución de las sentencias que ahí se dicten; así, su artículo 57 enumera el procedimiento a seguir por la autoridad jurisdiccional para obligar a las autoridades demandadas a cumplir con una sentencia dictada en un juicio de nulidad, señalando los actos concretos a realizar y los plazos para ello; y el diverso 58 prevé el procedimiento que ha de observarse para el cumplimiento de las sentencias una vez vencido el plazo contenido en el artículo 52 de la misma ley, es decir, el de 4 meses contados a partir de que la sentencia quede firme, supuesto en el cual se ordena que ello puede lograrse de oficio o a petición de parte por medio de la interposición del recurso de queja. Lo descrito corrobora que en el señalado ordenamiento existen reglas para la plena ejecución de las sentencias dictadas en ese proceso. Registro digital: 2004564, Instancia: Segunda Sala, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: 2a. LXXIX/2013 (10a.), Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, página 1858, Tipo: Aislada. Finalmente, son inoperantes los argumentos en los que la quejosa se inconforma con la actuación de la aquí tercero interesada para dar cumplimiento a la sentencia de nulidad, en virtud de que los mismos se encuentran dirigidos a demostrar la ilegalidad de la resolución administrativa, materia de la instancia de queja por defecto, no así las consideraciones y fundamentos expuestos por la Sala responsable en el acuerdo reclamado. En efecto, la parte quejosa se limita a afirmar que la autoridad demandada en el juicio de origen, no dio cumplimiento a la sentencia de nulidad por los motivos que expone, sin combatir lo resuelto por la Sala responsable. Es importante señalar que los conceptos de violación deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta la determinación de la autoridad responsable, porque de no ser así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el órgano de control constitucional, y por ello deben calificarse de inoperantes. En consecuencia, si los conceptos de violación no atacan jurídicamente los razonamientos que la responsable esgrimió para fundar el acuerdo reclamado, este juzgado de amparo no está en aptitud de estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicho acto, atento a la técnica del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis que establece: CONCEPTOS DE VIOLACION. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LA TOTALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES SUSTENTADAS EN LA SENTENCIA RECLAMADA. Si en los conceptos de violación expuestos por los quejosos no se combaten o desvirtúan todos y cada uno de los fundamentos de la sentencia de la ad quem reclamada, los mismos deben ser considerados inoperantes, ya que aun cuando éstos fueran fundados, no serían suficientes para conceder el amparo, puesto que existen otros fundamentos de la sentencia que no se impugnaron y que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede estudiar, supliendo la deficiencia de la demanda de garantías, en favor de los quejosos, por ser el amparo en materia civil de estricto derecho, conclusión que hace innecesario el estudio de las infracciones que se aducen en los conceptos de violación, en virtud de que ante lo expresado, carecen de trascendencia jurídica, al subsistir el fallo, con los fundamentos en que se apoya. Época: Séptima Época, Registro: 240779, Instancia: Tercera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 139-144, Cuarta Parte, Materia(s): Común, Tesis: Página: 26. Así como la jurisprudencia I.6o.C. J/15, registro 191572, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XII, Julio de dos mil, página 621: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA IMPUGNADA. Los conceptos de violación resultan inoperantes si los argumentos que aduce la quejosa no atacan las consideraciones de la sentencia impugnada". Así, la parte quejosa se encontraba obligada a combatir con argumentos lógico jurídicos, las razones por las cuales la responsable desechó la instancia de queja por defecto intentada, para que este Juzgado de Distrito estuviera en posibilidad de proceder a su estudio. Por lo tanto, si en los conceptos de violación que se analizan, fue omisa en pronunciarse respecto a los argumentos expuestos por aquélla, devienen inoperantes los motivos de inconformidad que planteó. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 501, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo IV, materia civil, página 439, que a la letra señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON CUANDO NO SE COMBATEN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO NI SE ESTA EN ALGUNO DE LOS CASOS DE SUPLENCIA DE LA QUEJA PREVISTOS EN LA LEY. Si en un juicio de amparo en materia civil, el quejoso omite controvertir y, por lo mismo, demostrar, que las consideraciones medulares en que se sustenta el fallo reclamado son contrarias a la ley o a la interpretación jurídica de la misma, sin que, por otra parte, se surta alguna de las hipótesis previstas por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en cuya virtud deba suplirse la queja deficiente en favor del agraviado; los conceptos de violación resultan inoperantes y debe negarse la protección constitucional solicitada". Cabe destacar que la circunstancia de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya determinado que para el estudio de los conceptos de violación, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, ello no puede incidir en el extremo de facultar a los quejosos a realizar afirmaciones sin sustento o fundamento, pues les corresponde someter a la potestad de los órganos de amparo las consideraciones y razonamientos que consideren aplicables al caso en concreto, por lo que tal omisión provoca la imposibilidad jurídica para proceder al estudio de las cuestiones jurídicas pronunciadas en las resoluciones impugnadas y que no fueron controvertidas. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a./J. 81/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, tomo XVI, de fecha Diciembre de dos mil dos, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto a la letra dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse." Así las cosas, este juzgado federal considera que en los conceptos de violación en estudio, la parte quejosa no realiza argumento alguno para combatir los fundamentos y motivos empleados por la Sala responsable en el acuerdo reclamado, por lo que se estima que dichos argumentos devienen inoperantes. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 109/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 77, tomo XXX, agosto de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE REITERAN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ABUNDAN SOBRE ELLOS O LOS COMPLEMENTAN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Conforme al artículo 88 de la Ley de Amparo, el recurrente debe expresar los agravios que le causa la sentencia impugnada, lo que se traduce en que tenga la carga, en los casos en que no deba suplirse la queja deficiente en términos del artículo 76 Bis de la ley de la materia, de controvertir los razonamientos jurídicos sustentados por el órgano jurisdiccional que conoció del amparo en primera instancia. Consecuentemente, son inoperantes los agravios que en el recurso de revisión reiteran los conceptos de violación formulados en la demanda, abundan sobre ellos o los complementan, sin combatir las consideraciones de la sentencia recurrida." En tales circunstancias, ante lo infundado e inoperante de los conceptos de violación en estudio, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Isabel Vargas Osorio, por las razones esgrimidas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alonso Antonio Hernández Flores, con quien actúa y da fe. Doy fe.

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