Isabel Eugenia Pineda Nieto
Expediente 344/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 344/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 11/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Isabel Eugenia Pineda Nieto
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad de México, once de abril de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio en que el Director General Jurídico de Aduanas, en representación del Titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, del Director General de Operación Aduanera y del Director General de Investigación Aduanera, en sus denominaciones correctas, todos de la Agencia Nacional de Aduanas de México, en atención al requerimiento de diecisiete de marzo pasado, manifiesta la imposibilidad jurídica para atender tal requerimiento y señala que la autoridad competente es la Administración Central de Apoyo Jurídico de Auditoría de Comercio Exterior de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior del Servicio de Administración Tributaría; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio de mérito tomando conocimiento de su contenido. Atento a lo anterior y considerando que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del que las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, y tomando en cuenta que en el fallo judicial se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, es conveniente precisar lo siguiente: Los artículos 192; 193; 194 y 197, de la Ley de Amparo, prevén: Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga. Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo. Artículo 194. Se entiende como superior jerárquico de la autoridad responsable, el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. La autoridad requerida como superior jerárquico, incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias, en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo. Artículo 195. El cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, pero se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Artículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este capítulo. (Lo destacado es propio). Toda vez que se relacionan con los anteriores preceptos, es preciso transcribir también, los artículos 238 y 258 de la Ley invocada, que prevén: Artículo 238. Las multas previstas en esta ley se impondrán a razón de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. Podrán aplicarse al quejoso o al tercero interesado y en ambos supuestos, según el caso, de manera conjunta o indistinta con quienes promuevan en su nombre, sus apoderados o sus abogados, según lo resuelva el órgano jurisdiccional de amparo. Si el infractor fuera jornalero, obrero o trabajador, la multa no podrá exceder de su jornal o salario de un día. Artículo 258. La multa a que se refieren los artículos 192 y 193 de esta ley será de cien a mil días." Lo subrayado es propio). Los anteriores preceptos disponen, respectivamente, el procedimiento que debe seguirse para lograr el cumplimiento de las sentencias en las que se concedió la Protección Constitucional, al efecto, en el artículo 192 de la ley de la materia, se prevé que una vez que haya causado ejecutoria, en la notificación que se haga a la autoridad responsable, se le requerirá para que cumpla con ella dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa con base en el artículo 258 de la ley referida y que, a su vez, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, prevé el citado artículo 192 citado que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados dicho ordenamiento legal. Precisado lo anterior y toda vez que en la sentencia de amparo de catorce de mayo de dos mil veinte, se concedió la Protección Constitucional a la parte quejosa para los siguientes efectos: . Asimismo, lo procedente es conceder a Huawei Technologies de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, respecto del acto de aplicación que se materializó mediante la autoliquidación que efectuó al momento de pagar el derecho de trámite aduanero, realizado a través de los siguientes pedimentos: No. De Pedimento Fecha de Pago **** Ahora, con fundamento en los artículos 77, fracción I y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado es de carácter positivo, los efectos de la concesión del amparo consistirán en restituir a la persona moral quejosa en el pleno goce del derecho vulnerado, por lo que se deben restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, esto es, para que le sean devueltas las cantidades que en estricto sentido constituyan el derecho de trámite aduanero previsto en el artículo 49, fracción I, de la Ley Federal de Derechos, disminuido con el monto que corresponda a la contraprestación del servicio de procesamiento electrónico de datos y servicios relacionados a que hace referencia el artículo 16 de la Ley Aduanera y el Impuesto al Valor Agregado que se cause por dicha prestación , pues estos conceptos no forman parte del pago del derecho de trámite aduanero. . En consecuencia, con copia de la sentencia dictada en el presente asunto y en atención a lo manifestado por la autoridad oficiante, con fundamento en el artículo 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se REQUIERE al ADMINISTRADOR CENTRAL DE APOYO JURÍDICO DE AUDITORÍA DE COMERCIO EXTERIOR DE LA ADMINSTRACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA DE COMERCIO EXTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARÍA, para que en el término de TRES DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acredite ante este Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, acredite lo siguiente: 1. Que le sean devueltas las cantidades que en estricto sentido constituyan el derecho de trámite aduanero previsto en el artículo 49, fracción I, de la Ley Federal de Derechos, disminuido con el monto que corresponda a la contraprestación del servicio de procesamiento electrónico de datos y servicios relacionados a que hace referencia el artículo 16 de la Ley Aduanera y el Impuesto al Valor Agregado que se cause por dicha prestación, pues estos conceptos no forman parte del pago del derecho de trámite aduanero. Sin perjuicio de lo anterior, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE al ADMINISTRADOR GENERAL DE AUDITORÍA DE COMERCIO EXTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARÍA, en su carácter de superior jerárquico del ADMINISTRADOR CENTRAL DE APOYO JURÍDICO DE AUDITORÍA DE COMERCIO EXTERIOR, lo conmine en cumplir con el fallo protector y remita a este órgano jurisdiccional, dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, las constancias con las que acredite haber ordenado a la directa responsable el cumplimiento a la ejecutoria de garantías, o bien, haber dado cumplimiento por sí mismo a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo en cita, ejerce sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en los términos y forma exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismo. Hágase de su conocimiento que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Apercibidas las autoridades requeridas que en caso de no cumplir lo anterior, sin causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero, del artículo 193 de la Ley de Amparo. b) En términos de los artículos 238 y 258 de la citada Ley, se impondrá a su titular multa por cincuenta días la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo en cita, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando deje su encargo, seguirá siendo responsable del DESACATO A EL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Víctor Aguirre Montoya, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
En la Ciudad de México, a veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio signado por la Subadministradora Desconcentrada, en suplencia de la Administradora Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) "3", por medio del cual, informa las gestiones realizadas para hacer efectivo el cobro de la multa impuesta el veinte de septiembre de dos mil veintiuno a Arcelia Núñez Jiménez, Directora General de Recursos Humanos de la Guardia Nacional y solicita se le proporcione un domicilio alterno en el que pueda ser localizada. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo agréguese a los autos para que obren como corresponda, tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, toda vez que de las constancias que remite la segunda autoridad citada, se advierte que la mismas contienen información que reviste el carácter de confidencial, en términos de los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, fracciones I y II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, glósese al presente expediente en un sobre cerrado, quedando su acceso restringido a la partes. Atento a lo anterior, con apoyo en el artículo 297, fracción II del citado código adjetivo, y copia del oficio de cuenta, requiérase a la Directora General de Recursos Humanos de la Guardia Nacional, para que en el término de TRES DÍAS contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, proporcione un domicilio alterno en donde pueda ser localizada Arcelia Núñez Jiménez , quien ocupaba el cargo de Directora General de Recursos Humanos de la Guardia Nacional, a la fecha en que se formuló el requerimiento que incumplió y al momento en que se impuso la multa referida. Apercibida que de no hacerlo así, se impondrá a la persona física que ostente el cargo de la autoridad requerida, una multa por cincuenta veces la unidad de medida actualizada en la Ciudad de México, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, y en el tercero transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; con independencia de que se procederá a requerir al Servicio de Administración Tributaria, al Instituto Nacional Electoral, a la Secretaría de Gobernación y a la autoridad que se estime competente, con el objeto de allegarse de dicha información. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis que establece: DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. NO LO VULNERA LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL DOMICILIO PARTICULAR DE UN FUNCIONARIO, POR UN JUEZ FEDERAL, A FIN DE HACER EFECTIVA LA MULTA QUE LE IMPUSO. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en su artículo 18, fracción II,(1) establece los supuestos de información confidencial y prevé los datos personales que requieren el consentimiento expreso de los individuos para su difusión, distribución o comercialización; ahora bien, cuando un Juez Federal solicita la información del domicilio particular de un funcionario, a fin de hacer efectiva la multa que le impuso por incumplimiento a las obligaciones derivadas del ejercicio de sus funciones en un juicio de amparo donde fue señalado como autoridad responsable, no vulnera el derecho a la protección de datos personales, porque deriva de una orden judicial, lo cual es una excepción a ese derecho humano, que tiene su fundamento en los artículos 22, fracción IV, de la ley federal en cita,(2) 21, numeral 1, inciso d) y 22, numeral 1, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios,(3) que faculta al órgano jurisdiccional a recabar la información de mérito sin necesidad de anuencia expresa; además, el correctivo incide en la esfera jurídica del funcionario como persona física, no en su calidad de ente dotado de poder público, de ahí que no interfiera con las facultades o afecte el peculio de la persona moral oficial. (Registro digital: 2011455, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Común, Tesis: III.1o.C.8 K (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, página 2239, Tipo: Aislada). Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Salvador Leyva Nava, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Se tiene por recibida la promoción electrónica de cuenta, recibida en términos del artículo 48 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, por medio de la cual, el Director General de Amparos contra Leyes, en suplencia del Subprocurador Fiscal Federal de Amparos, quien a su vez actúa en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, en atención al requerimiento formulado mediante proveído de quince de marzo de dos mil veintidós, informa las acciones correspondientes a fin de dar cumplimiento al fallo protector; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de mérito para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido. Ahora bien, en atención a la solicitud vertida por la autoridad oficiante, en términos de la cláusula tercera del "Convenio de Colaboración para la Interconexión entre los Sistemas Tecnológicos de Gestión Jurisdiccional, que celebran, por una parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal y, por la otra, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público", en relación con el numeral 3, de la "Declaratoria del cinco de julio de dos mil veintiuno, relativa a la entrada en vigor de los servicios en línea previstos en el Convenio de Colaboración para la Interconexión entre los Sistemas Tecnológicos de Gestión Jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, celebrado el veintiuno de septiembre de dos mil veinte", y conforme a lo dispuesto por el artículo 65 del "Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo", se autoriza la práctica de las notificaciones que deriven del presente asunto al Secretario de Hacienda y Crédito Público, por medio de interconexión. Notifíquese; y vía interconexión al Secretario de Hacienda y Crédito Público. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alberto Torres Rivera, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a tres de marzo de dos mil veintidós. Se tiene por recibida la razón suscrita por el auxiliar de actuario Zona 7, por medio de la cual, manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar a la autoridad responsable Titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la Fiscalía General de la República, el oficio 5883/2021 de dieciocho de febrero del año en curso, por las razones expuestas en la misma; tomando conocimiento de su contenido. Atento a que del contenido de la razón de cuenta, se advierte que las manifestaciones vertidas por quien atendió la diligencia, resultan insuficientes para negarse a recibir el oficio en cuestión, y dado que el domicilio en que se practicó la diligencia se encuentra el área de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la República; el oficio referido puede ser recibido en dichas oficinas; en consecuencia, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este Juzgado de Distrito, para que se constituya en el domicilio ubicado en Avenida Insurgentes Sur número veinte (20), colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, en esta Ciudad, a fin de que notifique el oficio 5883/2021 de dieciocho de febrero del año en curso, dirigido al Titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la Fiscalía General de la República. Lo anterior, en la inteligencia de que el Actuario Judicial deberá requerir la presencia del citado Titular a fin de entregarle personalmente el citado oficio, o en su defecto, haga del conocimiento, ya sea de la propia autoridad responsable o del encargado de recibir la correspondencia en su oficina, o de la persona con quien entienda la diligencia que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, segundo párrafo de la ley de Amparo, dicha notificación surtirá todos sus efectos legales, desde que se entregue el oficio respectivo; y que, si se negara a recibirlos, se tendrá por hecha la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución judicial dictada por un Juez Federal; haciendo constar en autos el nombre de la autoridad o empleado con quien se entienda la diligencia. Asimismo, para el caso de que le sea proporcionado un diverso domicilio en que se deba entregar el oficio de mérito, lo haga constar así en la razón respectiva. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.
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