Isabel Guzmán Miranda
Expediente 283/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 18 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 283/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 18/09/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Isabel Guzmán Miranda
- Sala Regional Ometepec, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, Residente En Ometepec, Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Acapulco, Guerrero, a dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y en igual termino es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda y resolución en la cual se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Notifíquese.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, siendo las doce horas del veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 283/2017, promovido por Isabel Guzmán Miranda, por propio derecho, se procede a celebrarla encontrándose en audiencia pública el licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistido del licenciado Marco Antonio Cuenca Zamora, Secretario que autoriza y da fe. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, el Juez la declara abierta sin la asistencia personal de las partes. A continuación, el Secretario hace relación de las constancias que obran en el expediente: sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas, en atención a las consideraciones contenidas en la tesis de la Octava Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su anterior integración, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, visible en la página 185, que se aplica por analogía que dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas." Abierto el periodo de pruebas: el Secretario da cuenta con las documentales que allegaron la autoridad responsable Sala Regional de la Costa Chica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. A lo anterior el Juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase como prueba la de referencia, misma que se desahoga por su propia y especial naturaleza. Al no haber pruebas pendientes por desahogar se cierra el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos: El Secretario hace constar que las partes no ejercieron ese derecho, ni el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este tribunal formuló pedimento alguno, dándose por concluida esta etapa. Enseguida el Juez acuerda: Al no haber diligencias pendientes por desahogar, ni pedimento del Fiscal de la Federación adscrito, se da por concluida la presente audiencia, procediéndose a dictar la siguiente resolución. Doy fe. VISTOS; para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo número 283/2017. RESULTANDO PRIMERO. Por escrito recibido el diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, y remitido ese día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Isabel Guzmán Miranda, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: Ordenadora. 1. Sala Regional de la Costa Chica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, con sede en Ometepec, Guerrero Ejecutora. 2. Secretario de Finanzas y Administración del Estado, residente en Chilpancingo, Guerrero. ACTO RECLAMADO: "El infundado y por demás inconstitucional, auto de fecha treinta y uno de enero de 2017, dictado por la Sala Regional de Ometepec del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente TCA/SRO/103/2015." SEGUNDO. Mediante proveído de diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, se previno a la parte quejosa y la demanda de amparo se registró bajo el número 283/2017; desahogada que fue la prevención por diverso acuerdo de once de abril pasado se admitió a trámite; se solicitó de las autoridades responsables rindieran su informe justificado; se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente; se ordenó la notificación de la parte tercera interesada; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo con el resultado asentado en el acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción III y IV, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclama un acto en la etapa de ejecución de sentencia de juicio, en el territorio en el que éste Juzgado ejerce jurisdicción, derivado de una sanción de un órgano jurisdiccional; en razón de que el acto reclamado proviene de una autoridad administrativa con residencia oficial dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional, que podría tener sobre las personas una ejecución de imposible reparación. SEGUNDO. Fijación del acto. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama: I. De la Sala Regional de la Costa Chica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero. El auto de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, dictado en el toca administrativo TCA/SRO/103/2015, mediante el cual se le impuso una multa por $6,573.60 (seis mil quinientos setenta y tres pesos 60/100 moneda nacional). II. Del Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero. La ejecución de dicho auto y el cobro de la multa. TERCERO. Existencia del acto. Son ciertos los actos reclamados a la Sala Regional de la Costa Chica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, con sede en Ometepec, Guerrero, por haberlo aceptado al rendir su informe justificado, por conducto su Magistrada (fojas 31 a 36); certeza que se robustece con las copias certificadas de las constancias procesales del toca TCA/SRO/103/2015, que allegó con dicho informe la citada Sala. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por otra parte, a pesar de que el Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, con domicilio en Chilpancingo, a través de la Directora General de Asuntos Jurídicos de dicha Secretaría (foja 28), al rendir su informe con justificación negó el acto de ejecución que se le atribuye, su negativa se desvirtúa y se tiene como cierto, ya que dado el carácter con el que fue señalada en el presente juicio, de un momento a otro puede recibir la orden de ejecutarla. CUARTO. Antecedentes. Antes, resulta conveniente precisar los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, los cuales se obtienen de las constancias del citado juicio contencioso, cuyo valor se otorgó en líneas que anteceden. 1. El once de mayo de dos mil dieciséis, se dictó sentencia en el expediente TCA/SRO/103/2015, radicado ante la Sala Regional Ometepec del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en la cual se determinó la procedencia de la acción del actor, aquí tercero interesado Luís Maceda Vivar, declarándose la nulidad de los actos impugnados, cuyos efectos fueron para que "(.) las autoridades demandadas, otorguen al actor el pago de la correspondiente indemnización y demás prestaciones que por derecho le corresponda, hasta en tanto no se realice el pago correspondiente.". 2. Por acuerdo de tres de junio siguiente causo ejecutoria la sentencia, por lo que se requirió a las autoridades demandadas Presidente Municipal y Director de Seguridad Pública Municipal, ambos de Azoyu, Guerrero, el cumplimiento de la misma, acuerdo que le fue notificado al Presidente Municipal de Azoyu, Guerrero, el veinte de junio de dos mil dieciséis. 3. En acuerdo de ocho de julio del año pasado, en atención a lo solicitado por el actor en su ocurso presentado el veintiocho de junio del mismo año, se requirió de nueva cuenta a las autoridades demandadas dieran cumplimiento a la sentencia, con el apercibimiento que de no hacerlo así se les impondría una multa en forma individual de treinta unidades de medida y actualización (UMA) equivalente a la cantidad de $2,191.20 (dos mil ciento noventa y un pesos 20/100 M.N.), acuerdo que le fue notificado a la autoridad demandada Presidente Municipal de Azoyu, Guerrero, el dos de agosto de dicha anualidad. 4. Por acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, se tuvo por recibido el escrito a través del cual el actor solicitó se hiciera efectivo el apercibimiento decretado a las autoridades demandas al ser omisas en acatar la sentencia, por lo que la Sala Regional responsable, impuso a las autoridades demandadas Presidente Municipal y Director de Seguridad Pública Municipal, ambos de Azoyu, Guerrero, una multa individual de treinta unidades de medida y actualización (UMA) por la cantidad de $2,191.20 (dos mil ciento noventa y un pesos 20/100 M.N.), girando los oficios respectivos al Secretario de Finanzas y Administración del Estado, para que procediera al cobro relativo, y requirió nuevamente a las autoridades demandadas para que en el término de tres días cumplieran la sentencia, apercibiéndolas que de ser omisas se les impondría una segunda multa en forma individual de sesenta unidades de medida y actualización (UMA) que equivale a la suma de $4,382.40 (cuatro mil trescientos ochenta y dos pesos 40/100 moneda nacional), actuación que se hizo del conocimiento de la autoridad demandada Presidente Municipal de Azoyu, Guerrero, el diez de octubre de dos mil dieciséis. 5. Mediante auto de once de noviembre pasado, se tuvo a las autoridades demandadas desahogando fuera de término el requerimiento efectuado, con lo que se ordenó dar vista a la parte actora para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 6. En proveído de dos de diciembre de la anualidad anterior se tuvo al actor desahogando la vista dada y en atención a sus manifestaciones, la Sala responsable hizo efectivo el apercibimiento de veintinueve de septiembre del mismo año e impuso a las autoridades demandadas Presidente Municipal y Director de Seguridad Pública Municipal, ambos de Azoyu, Guerrero, una multa de sesenta unidades de medida y actualización (UMA) por la suma de $4,382.40 (cuatro mil trescientos ochenta y dos pesos 40/100 moneda nacional), por lo que se ordenó girar los oficios correspondientes al Secretario de Finanzas y Administración del Estado, para que procediera al cobro relativo; proveído que le fue notificado al Presidente Municipal de Azoyu, Guerrero, el catorce de diciembre de dos mil dieciséis, y requirió nuevamente a las autoridades demandadas para que en el término de tres días cumplieran la sentencia, apercibiéndolas que de ser omisas se les impondría una tercera multa en forma individual de noventa unidades de medida y actualización (UMA) que equivale a la suma de $6,573.60 (seis mil quinientos setenta y tres pesos 60/100 moneda nacional), actuación que se hizo del conocimiento de la autoridad demandada Director de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Azoyu, Guerrero, el catorce de diciembre de dos mil dieciséis. 7. En proveído de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete se tuvo al actor por el cual ante el incumplimiento de la sentencia de once de mayo de dos mil dieciséis, solicitó se hiciera efectivo el apercibimiento decretado en auto de dos de diciembre de esa anualidad y en atención a sus manifestaciones, la Sala responsable hizo efectivo el apercibimiento de dos de diciembre de dos mil dieciséis e impuso a las autoridades demandadas Presidente Municipal y Director de Seguridad Pública Municipal, ambos de Azoyu, Guerrero, una multa de noventa unidades de medida y actualización (UMA) por la suma de $6,573.60 (seis mil quinientos setenta y tres pesos 60/100 moneda nacional), por lo que se ordenó girar los oficios correspondientes al Secretario de Finanzas y Administración del Estado, para que procediera al cobro relativo; proveído que le fue notificado al Director de Seguridad Pública Municipal de Azoyu, Guerrero, el veinte de febrero de dos mil diecisiete. 8.- Finalmente, por oficio número 115/2017 de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, la Sala responsable solicitó al Secretario de Finanzas y Administración del Estado, residente en Chilpancingo, Guerrero, ordenara a quien correspondiera el cobro de la multa impuesta en acuerdo de esa misma fecha, por noventa unidades de medida y actualización (UMA), equivalente a la cantidad de $6,573.60 (seis mil quinientos setenta y tres pesos 60/100 moneda nacional), a la persona de Isabel Guzmán Miranda, aquí quejoso, por ser quien ocupaba el cargo de Director de Seguridad Pública Municipal de Azoyu, Guerrero. QUINTO. Actualización de una causal de improcedencia. Precisado los antecedentes de los actos reclamados, previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que aleguen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo. Así, respecto al acto que se precisa en el inciso a) del considerando segundo, consistente en el auto de treinta y uno enero de dos mil diecisiete, dictado en el expediente TCA/SRO/103/2015, atribuido a la Sala Regional Ometepec del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, en confrontación con el primer párrafo del numeral 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, en virtud de que la demanda de amparo no se instó dentro de los quince días siguientes al en que la quejosa tuvo conocimiento de dicho acto. En efecto, las citadas disposiciones legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los dispositivos transcritos se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos en contra de los cuales no se promueva el juicio de amparo por regla general dentro del término de quince días computado de la siguiente forma: a) Desde el día siguiente a aquél en que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación a la quejosa del acto o resolución reclamada. b) Desde el día siguiente a aquél en que la quejosa haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado la quejosa sabedora de dicho acto o de su ejecución. Los citados supuestos son excluyentes entre sí y no guardan prelación alguna; por tanto, el término para la promoción del amparo se computa a partir del día siguiente al en que se verifiquen ellos. Cabe hacer mención que las fracciones I, II, III y IV del artículo 17 de la Ley de Amparo señalan excepciones al plazo genérico de quince días con que se cuenta para intentar la acción de amparo: 1) En el caso de leyes autoaplicativas o el procedimiento de extradición el término para interponer la demanda será de treinta días; 2) Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión el plazo será de hasta ocho años. 3) La demanda de amparo podrá promoverse en un plazo de siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto, privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a un núcleo de población sujeto al régimen ejidal o comunal. 4) En el caso de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, e incorporación forzosa al ejército, la demanda puede promoverse en cualquier tiempo. Luego, esta hipótesis de improcedencia tiene lugar cuando el juicio de amparo no se promueve dentro de los plazos que para el caso específico consagra el artículo 17 de la Ley de Amparo, dado que la ley hace presumir que el afectado por la ley o por el acto de autoridad, consintió uno u otro de manera tácita, lo que resulta explicable, en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional -fuera de los casos de excepción destacados- no podría quedar a la libre elección del gobernado; aceptarlo, implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de los principios de preclusión y cosa juzgada. En este aspecto, resulta ilustrativa la tesis de jurisprudencia del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 364, tomo IX-Junio, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." Sobre este rubro, primero hay que acentuar que la demanda de amparo se promovió por el quejoso en contra del auto de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, dictado en el expediente TCA/SRO/103/2015. Ahora bien, de la relación de constancias del expediente natural que se realizó en el considerando que antecede, y que fueron valoradas con antelación, se advierte que dicho auto le fue notificado el veinte de febrero de dos mil diecisiete, por oficio 20244/2017, entregado por la Actuaria adscrita a la Sala Regional Ometepec del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado (fojas 129 y 130); por lo que, debe considerarse que a partir de la fecha citada la quejosa conoció el proveído que reclama. Ilustra en lo conducente, la Jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1148, tomo XII, Diciembre de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 190848, que señala: "ACTO RECLAMADO, FECHA DE CONOCIMIENTO POR EL QUEJOSO. DEBE DEDUCIRSE DE LAS CONSTANCIAS DEL JUICIO AUN CUANDO SE HAYA MANIFESTADO UNA DISTINTA EN LA DEMANDA DE AMPARO. El análisis de las causales de improcedencia en el juicio constitucional, imperativo para los tribunales de amparo de manera previa al examen de los conceptos de violación, debe llevarse a cabo al tenor de las constancias que obren en el juicio de garantías; por lo que, tratándose de la causal prevista en el artículo 73, fracción XII, de la ley de la materia, la fecha de conocimiento por el quejoso del acto reclamado debe establecerse con base en las constancias que obren en dicho juicio y sólo en el caso de que de las mismas no se advierta una fecha distinta a la manifestada por el peticionario de garantías debe tenerse por cierta la señalada en la demanda de amparo; por tanto, cuando de las constancias anexas al informe justificado rendido por una de las autoridades responsables se deduce que el quejoso solicitó copias de documentos que obran en el juicio generador del acto reclamado, es a partir de la fecha de recepción de tales constancias que debe tenérsele por sabedor del acto reclamado y por ende para declarar si se surte la causal de improcedencia a que se refiere la disposición legal mencionada." Por tanto, si se realiza el cómputo correspondiente a partir del día siguiente hábil al en que se tuvo conocimiento del proveído que reclama que impone una multa por incumplir con la sentencia de nulidad, se obtiene que el término de quince días para promover el presente juico de amparo transcurrió del veintidós de febrero al catorce de marzo de dos mil diecisiete; descontándose los días veinticinco y veintiséis de febrero, así como cuatro, cinco, once y doce de marzo del año curso por ser inhábiles; de manera que si la demanda fue presentada el diecisiete de marzo del año en curso ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, ya había fenecido el plazo de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, luego es inconcuso que dicho acto fue consentido tácitamente por la quejosa; consecuentemente, se actualiza la causal de improcedencia en estudio, y lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio a su respecto, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución precisado en el inciso b) y que se atribuye al Secretario de Finanzas y Administración del Estado, en virtud de que no se ataca por vicios propios, sino que su legalidad está subordinada al de la ordenadora. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 283/2017 promovido por Isabel Guzmán Miranda, por los motivos expuestos en el considerando último de la presente resolución. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, asistido por Marco Antonio Cuenca Zamora, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Acapulco, Guerrero, once de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la notificación del inicio del presente juicio de amparo, al tercero interesado Luis Maceda Vivar, por conducto de su asesora comisionada Zulma Cruz Miranda, se efectuó el ocho del presente mes, y tomando en consideración que la celebración de la audiencia constitucional está programada para este día, es dable estimar que dicha parte procesal no tuvo conocimiento del informe justificado rendido por las autoridades señaladas como responsables, con la anticipación de quince días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo; por lo tanto, se difiere la audiencia de mérito para las DOCE HORAS DEL VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISETE. Notifíquese.
- Principal
CITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LUIS MACEDA VIVAR, POR CONDUCTO DE SU ASESORA COMISIONADA ZULMA CRUZ MIRANDA, EL AUTO ORDENADO EL ADMISORIO DE VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MJIL DIECISIETE, MISMO QUE DICE... Acapulco, Guerrero; veintiuno de julio de dos mil diecisiete. Vista la razón actuarial de cuenta levantada por la actuaria judicial adscrita a este órgano jurisdiccional, en la que manifiesta su imposibilidad para llevar a cabo la notificación del inicio del presente juicio de amparo, al tercero interesado Luis Maceda Vivar, por conducto de su asesora comisionada Zulma Cruz Miranda y/o su autorizada Claudia Estrada, en el domicilio ubicado en Gran Vía Tropical s/n, Palacio de Justicia 4º piso, código postal 39300, en esta ciudad, por encontrarse cerradas dichas instalaciones, mismo que fue designado para tal efecto en el juicio de amparo 284/2017, el cual se trajo como hecho notorio en proveído que antecede; en atención a su contenido, y tomando en consideración que es de conocimiento público que en el citado domicilio se encuentran las oficinas de los Juzgados Civil y Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tabares, asimismo que dichas dependencias se encuentran en periodo vacacional, por lo que se comisiona a la actuaria adscrita a este juzgado, para que una vez que reanuden sus labores cotidianas lleve a cabo dicha notificación. Notifíquese.ASI TAMBIEN SE ORDENO NOTIFICAR EL AUTO ADMISORIO DE ONCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE, MISMO QUE DICE... Acapulco, Guerrero; once de abril de dos mil diecisiete. Vista la comparecencia que antecede, se advierte que la parte quejosa ratificó la firma que contiene el escrito registrado en el libro de correspondencia con el número de folio 6330, el cual obra a foja catorce de autos; por tanto, téngasele por desahogando la prevención formulada en proveído de diecisiete de marzo del año en curso; por consiguiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la ley reglamentaria, se admite la demanda de amparo promovida por Isabel Guzmán Miranda, por su propio derecho, contra actos de la Sala Regional Ometepec del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, con sede en Ometepec, y otra autoridad. Con apoyo en el artículo 128, último párrafo, de la Ley de Amparo, tramítese por separado y por duplicado el incidente de suspensión. Se fijan las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL QUINCE DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional, en términos del artículo 115 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio de notificación, en el cual expondrán las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; según sea el caso, remitirán copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo y deberán informar sí con anterioridad la parte quejosa promovió algún juicio relacionado con el acto reclamado, y en caso afirmativo remitirán las constancias que apoyen ese informe, salvo que se trate de un juicio radicado en este juzgado. Si no se rinde informe justificado se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. Asimismo, se les informa que el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia, otorga la facultad para imponerles una multa que va de cien a mil unidades de medida y actualización vigente en el país, en caso de que no rindan su informe justificado, o lo hagan sin remitir copia certificada de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Igualmente, se informa a las autoridades responsables que las notificaciones se les practicarán por lista, salvo las que por su trascendencia se les deban notificar mediante oficio en términos del artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo. Por otra parte, se comunica a las partes que en términos del artículo 64, están obligadas a informar de inmediato a este juzgado federal cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible acompañar las constancias que la acrediten; también deberán comunicar el fallecimiento de la parte quejosa y del tercero interesado, una vez que tengan conocimiento de ese hecho; apercibidas que en caso de incumplimiento se harán acreedoras a una multa, para el primer caso de treinta a trescientas unidades de medida y actualización vigente en el país, conforme lo establece el diverso numeral 251 y para el segundo de cincuenta a quinientas unidades, de conformidad con el arábigo 242, ambas disposiciones de la ley de la materia. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo; notifíquese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la radicación del juicio con copia simple de la demanda. Conforme a lo previsto por el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo, téngase como tercero interesado a Luis Maceda Vivar; asimismo, en relación con la notificación de esta determinación a dicha parte procesal, resérvese proveer sobre el particular, hasta en tanto la autoridad responsable rinda su informe justificado. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese.
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