Isabel Enrique Suástegui

Expediente 577/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 18 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
577/2017
Año
2017
Actuaciones
18
Última actuación
28/11/2017

Partes del expediente

  • Isabel Enrique Suástegui

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo número 577/2017, y; R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito recibido el veinte de junio de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, y remitido ese día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Isabel Enrique Suástegui, por derecho propio, presentó demanda de garantías contra las autoridades y por los actos que enseguida se mencionan: AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORAS 1. Juez de Control del Sistema Acusatorio Penal del Distrito Judicial de Abasolo, con residencia en Ometepec, Guerrero. 2. Agente de Ministerio Público de la Unidad Investigadora del Distrito Judicial de Altamirano, con residencia en San Luis Acatlán, Guerrero. EJECUTORAS 4. Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo. 5. Comandante General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, con residencia en San Luis Acatlán. ACTOS RECLAMADOS 1. La orden de aprehensión y/o detención, así como su ejecución. 2. La omisión del Agente de Ministerio Público de la Unidad Investigadora del Distrito Judicial de Altamirano, con residencia en San Luis Acatlán, Guerrero, de acordar las peticiones realizadas por la parte quejosa en la carpeta de investigación 12170700100109310516. SEGUNDO. La quejosa señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 16, 18, 19, 20 y 21 Constitucionales. TERCERO. Tramite del juicio de amparo. Por acuerdo de veintiuno de junio de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de amparo la cual fue registrada en el libro de gobierno respectivo con el número 577/2017; se solicitó de las autoridades responsables rindieran sus informes justificados, se dio la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción II de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado se hace consistir en un auto de privación de la libertad cuya ejecución material tiene lugar dentro de los límites territoriales que comprenden el ámbito competencial de este juzgado. SEGUNDO. Negativa del acto reclamado. Las autoridades responsables al rendir sus informes con justificación negaron el acto marcado con el número 1 del capítulo relativo a los actos reclamados, consistente en la orden de aprehensión y/o detención, emitida en contra de Isabel Enrique Suástegui, así como su cumplimiento. Ahora bien, tomando en cuenta el contenido negativo de los informes relacionados y del estudio de las constancias que obran en el sumario, las que surten efectos probatorios plenos en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la litis constitucional por remisión expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, se advierte que, la quejosa no rindió prueba alguna tendente a demostrar la existencia de los actos que reclama y, consecuentemente, a desvirtuar lo aseverado por las citadas autoridades responsables, no obstante el conocimiento oportuno que de aquellos tuvieron. Así las cosas, no habiéndose acreditado la existencia de los actos atribuidos a las autoridades responsables y cuya inconstitucionalidad se acusa, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio. Determinación que se hace extensiva al acto de ejecución que se les atribuye a las responsables Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, pues no obstante no obra su informe justificado ni se cuenta con el acuse de recibo del oficio por medio del cual se le requirió, sin embargo, no se actualiza la presunción de certeza a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, dado el carácter con el que fue designada, es inconcuso que no está en aptitud de ejecutar mandamiento de captura alguno girado por las responsables ordenadoras, cuya existencia negaron. TERCERO. Certeza de actos. El Agente de Ministerio Público de la Unidad Investigadora del Distrito Judicial de Altamirano, con residencia en San Luis Acatlán, Guerrero, al rendir su informe justificado fue omiso respecto al acto reclamado señalado con el número 2, como se advierte del contenido del mismo y que obra en el presente cuaderno; en consecuencia, con fundamento en el tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por presuntivamente cierto el acto que se le atribuye. Ahora, el tener o no como ciertas las conductas atribuidas a las autoridades legislativas o administrativas no depende únicamente de lo manifestado en los informes justificados rendidos por las autoridades responsables o en las omisiones en que éstas hayan incurrido, ya que corresponde al juzgador pronunciarse al respecto y cerciorarse de su existencia, así como a la parte quejosa ofrecer las pruebas que considere necesarias para acreditar su interés jurídico y por ende su pretensión. CUARTO. Causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, antes de examinarse la materia de fondo de la litis constitucional, se analiza el tema de la improcedencia del juicio, en los términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso numeral 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa carece de interés jurídico para promover el juicio de amparo. Lo anterior, ya que la omisión de la autoridad responsable de rendir su informe con justificación (como se advierte del considerando que antecede), sólo presume cierto el objeto de estudio en este asunto (la omisión del Agente de Ministerio Público de la Unidad Investigadora del Distrito Judicial de Altamirano, con residencia en San Luis Acatlán, Guerrero, de acordar las peticiones realizadas por la parte quejosa en la carpeta de investigación 12170700100109310516), no así el interés jurídico del quejoso, quien no aportó prueba alguna que corroborara tal carácter. En relación con el tema, los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 6º, de su Ley Reglamentaria, conforman el llamado interés jurídico, el cual reside en el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo algún acto u omisión que estime violatorio de garantías en su perjuicio, cuya ausencia en quien ocurre a solicitar la protección constitucional, provoca la causa de improcedencia en estudio. Por lo que, si bien el interés jurídico para controvertir omisiones como la reclamada, correspondería a cualquiera de las partes cuya esfera se halla vinculada con el procedimiento de origen, también lo es, que no se tiene prueba alguna de quien promueve este asunto sea parte en aquél sumario. Lo anterior, con independencia de que -como en el caso-, se presumió cierto el acto reclamado ante la omisión de la responsable en rendir su informe justificado, pues la carga de probar el interés jurídico no surge de esa abstención, sino que la carga le corresponde al quejoso desde la presentación de la demanda de amparo; porque, únicamente puede presumirse la existencia del acto atribuido a la responsable, pero no los hechos señalados en la demanda. De ahí que, la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso, en el sentido de ser parte en la averiguación previa de la cual deriva el acto reclamado, conlleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del presente juicio de amparo; por tanto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita, procede decretar el sobreseimiento del juicio. Es aplicable por analogía la Jurisprudencia 23/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 206, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Materia Común, Décima Época, del rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO. La impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que el quejoso haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. Por tanto, como la presunción de que es cierto el acto reclamado por haber sido omisa la autoridad responsable al no rendir informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, se concluye que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo". Finalmente, se hace la precisión que, de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 577/2017, promovido por Isabel Enrique Suástegui, contra los actos y las autoridades precisados en el resultando primero y por los motivos expuestos en los considerandos segundo y cuarto de esta resolución. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; a diez de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que en proveído de veintisiete de octubre del año en curso, se tuvo por recibido el informe justificado del Coordinador Regional de zona Centro de la Policía Ministerial, en ausencia del Coordinador General de la Policía Ministerial del Estado, con sede en esta ciudad, el cual no fue conocido con la anticipación a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, como lo establece el artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, para dar margen a lo estipulado en el numeral de referencia, se difiere la audiencia señalada para este día según se advierte de la certificación de cuenta, para las DOCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Notifíquese.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintisiete de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese lo de cuenta; en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, para conocimiento de las partes, se tiene por rendido el informe justificado del Coordinador Regional de Zona Centro de la Policía Ministerial, en ausencia del Coordinador General de la Policía Ministerial del Estado, con sede en esta ciudad, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional; asimismo, téngasele por señalando como sus delegados en términos del numeral 9 de la ley de la materia a las personas que designa. Notifíquese.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero, nueve de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que no se cuenta con el informe justificado de la autoridad responsable Coordinador General de la Policía Ministerial del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, ni con el acuse de recibo del oficio A-VII-261, por el cual se le requirió; por tanto, en obvio de mayores dilaciones procesales, reexpídase nuevamente el comunicado oficial de referencia, a fin de que dicha autoridad responsable esté en aptitud de rendir su informe justificado. Para dar margen a lo anterior, la audiencia programada para el día de hoy, según se advierte de la certificación de cuenta se difiere para las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Notifíquese.

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