Isabel Guzman Miranda
Expediente 228/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 13 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 228/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 23/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Isabel Guzman Miranda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintitrés de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión.
- Principal
sintesis.- VISTOS; para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo número 228/2017. RESULTANDO PRIMERO. Por escrito recibido el tres de marzo de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, y remitido ese día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Isabel Guzmán Miranda, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: Ordenadora. 1. Sala Regional de la Costa Chica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, con sede en Ometepec, Guerrero Ejecutora. 2. Secretario de Finanzas y Administración del Estado, residente en Chilpancingo, Guerrero. 3.- Administrador Fiscal Estatal número 902, con sede en Marquelia, Guerrero. ACTO RECLAMADO: "El infundado y por demás inconstitucional, auto de fecha 15 de noviembre de 2016, así como el oficio número 14/2017, de fecha 30 de enero de 2017, emitido por la Profra. Graciela Anzo Navarrete, administradora Fiscal Estatal número 902, derivado de la multa impuesta por la Sala Regional de la Costa Chica con residencia en Ometepec, Guerrero, en el expediente número TCA/SRO/092/2015, mismo que me fue notificado el día 10 de febrero de 2017. SEGUNDO. Mediante proveído de siete de marzo de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de amparo y se registró bajo el número 228/2017; se solicitó de las autoridades responsables rindieran su informe justificado; se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente; se ordenó la notificación de la parte tercera interesada; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo con el resultado asentado en el acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción III y IV, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclama un acto en la etapa de ejecución de sentencia de juicio, en el territorio en el que éste Juzgado ejerce jurisdicción, derivado de una sanción de un órgano jurisdiccional; en razón de que el acto reclamado proviene de una autoridad administrativa con residencia oficial dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional, que podría tener sobre las personas una ejecución de imposible reparación. SEGUNDO. Fijación del acto. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama: I. De la Sala Regional de la Costa Chica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero. El auto de quince de noviembre de dos mil dieciséis, dictado en el toca administrativo TCA/SRO/092/2015, mediante el cual se le impuso una multa por $ 2,191.20 (dos mil ciento noventa y un pesos 20/100 moneda nacional). II. Del Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero y de la Administradora Fiscal Estatal 902. La ejecución de dicho auto y el cobro de la multa. TERCERO. Existencia del acto. Son ciertos los actos reclamados a la Sala Regional de la Costa Chica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, con sede en Ometepec, Guerrero y la Agente Fiscal Estatal 902, de Marquelia, Guerrero, por haberlo aceptado al rendir sus respectivo informes justificados, la primera por conducto su Magistrada (fojas 39 a 42) y 23; certeza que se robustece con las copias certificadas de las constancias procesales del toca TCA/SRO/092/2015, que allegó con dicho informe la citada Sala. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por otra parte, a pesar de que el Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, con domicilio en Chilpancingo, a través de la Directora General de Asuntos Jurídicos de dicha Secretaría (foja 35, al rendir su informe con justificación negó el acto de ejecución que se le atribuye, su negativa se desvirtúa y se tiene como cierto, ya que dado el carácter con el que fue señalada en el presente juicio, de un momento a otro puede recibir la orden de ejecutarla. CUARTO. Antecedentes. Antes, resulta conveniente precisar los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, los cuales se obtienen de las constancias del citado juicio contencioso, cuyo valor se otorgó en líneas que anteceden. 1. El ocho de octubre de dos mil catorce, se dictó sentencia en el expediente TCA/SRO/087/2014, radicado ante la Sala Regional de la Costa Chica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en la cual se determinó la procedencia de la acción del actor, por lo que declaró la nulidad de los actos impugnados, cuyos efectos fueron "para que las autoridades demandadas, otorguen al actor la correspondiente liquidación, indemnización y demás prestaciones, en términos de ley" (fojas 23 a 26). 2. Mediante resolución de trece de agosto de dos mil quince, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero confirmó la sentencia de ocho de octubre de dos mil catorce, condenando a las autoridades demandadas al pago por concepto de indemnización: $33,171.60 (treinta y tres mil ciento setenta y un pesos 60/100 moneda nacional), correspondiente a tres meses de salario base, $44,228.80 (cuarenta y cuatro mil doscientos veintiocho pesos 80/100 moneda nacional), por seis años de servicio prestado, $7,371.46 (siete mil trescientos setenta y un pesos 46/100 moneda nacional) por concepto de veinte días de vacaciones correspondiente al año dos mil quince, $14,742.92 (catorce mil setecientos cuarenta y dos pesos 92/100 moneda nacional) por concepto de cuarenta días de aguinaldo correspondiente al año dos mil quince (fojas 32 a 37); resolución que causó ejecutoria el nueve de noviembre siguiente (foja 42). 3. El dos de agosto de dos mil dieciséis, al no dar cumplimiento la parte demandada a lo requerido, se le reiteró el requerimiento señalado en el punto que antecede, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se impondría una multa por la suma de $2,191.20 (dos mil ciento noventa y un pesos 20/100 moneda nacional) equivalente a treinta unidades de medida y actualización, el cual le fue notificado mediante oficio el cinco de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 60, 65 y 66) 5. Mediante oficio presentado ante la Sala responsable, la parte quejosa informó las gestiones para dar cumplimiento a lo requerido (fojas 72); con lo cual, el treinta de septiembre de dos mil dieciséis se dio vista a la parte quejosa (foja 72). 6. Por acuerdo de quince de noviembre de dos mil dieciséis, se tuvo por recibido el escrito de la parte actora (tercero interesado en este juicio de amparo), en el cual solicitaba el cumplimiento de la sentencia, a lo cual la Sala responsable determinó que la parte demandada ha sido omisa en acatar dicha resolución, pese a los requerimientos formulados y que si bien, informó trámites, así como la situación por la que atraviesan la mayoría de las administraciones municipales no acreditó haber realizado el pago al actor; por lo que "han retardado el procedimiento de ejecución de sentencia por más de cinco meses en perjuicio de la actora". En ese acuerdo, la Sala responsable señaló que "el efecto de hacer cumplir en sus términos la sentencia emitida en el presente juicio, dada la renuencia con que se conducen las citadas autoridades y el cargo que ostentan como Servidores Públicos Municipales en su carácter de PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, AMBOS AZOYU, GUERRERO, de lo cual se deduce que tienen la capacidad económica para solventar el pago de la sanción que se les imponga, por lo tanto, con fundamento en el artículo 136 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se les hacen efectivos los apercibimientos de fechas dos y diecisiete de mayo del presente año . en consecuencia se les impone a las autoridades demandadas . la primera multa en forma individual de treinta UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN . equivalente a la cantidad de $2,191.20 (DOS MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.) . ", el cual le fue notificado mediante oficio 2658/2016 el veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis. (fojas 79, 80, 86 y 87). Esta determinación constituye el acto reclamado. QUINTO. Improcedencia. Previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que aleguen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo. Así, respecto al acto que se precisa en el inciso a) del considerando segundo, consistente en el auto de quince de noviembre de dos mil dieciséis, dictado en el expediente TCA/SRO/092/2015, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, en confrontación con el primer párrafo del numeral 17 y 18 de la Ley de Amparo, en virtud de que la demanda de amparo no se instó dentro de los quince días siguientes al en que la quejosa tuvo conocimiento de los actos reclamados. En efecto, las citadas disposiciones legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De estos dispositivos se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos en contra de los cuales no se promueva el juicio de amparo por regla general dentro del término de quince días computado de la siguiente forma: a) Desde el día siguiente a aquél en que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamada. b) Desde el día siguiente a aquél en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado el quejoso sabedor de dicho acto o de su ejecución. Los citados supuestos son excluyentes entre sí y no guardan prelación alguna; por tanto, el término para la promoción del amparo se computa a partir del día siguiente al en que se verifiquen ellos. Cabe hacer mención que las fracciones I, II, III y IV del artículo 17 de la Ley de Amparo señalan excepciones al plazo genérico de quince días con que se cuenta para intentar la acción de amparo: 1) En el caso de leyes autoaplicativas o el procedimiento de extradición el término para interponer la demanda será de treinta días; 2) Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión en un plazo de hasta ocho años. 3) La demanda de amparo podrá promoverse en un plazo hasta de siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto, privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a un núcleo de población sujeto al régimen ejidal o comunal. 4) En el caso de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, e incorporación forzosa al ejército, la demanda puede promoverse en cualquier tiempo. Luego, esta hipótesis de improcedencia tiene lugar cuando el juicio de amparo no se promueve dentro de los plazos que para el caso específico consagra el artículo 17 de la Ley de Amparo, dado que la ley hace presumir que el afectado por la ley o por el acto de autoridad, consintió uno u otro de manera tácita, lo que resulta explicable, en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional -fuera de los casos de excepción destacados- no podría quedar a la libre elección del gobernado; aceptarlo, implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de los principios de preclusión y cosa juzgada. En este aspecto, resulta ilustrativa la tesis de jurisprudencia del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 364, tomo IX-Junio, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." Sobre este rubro, primero hay que acentuar que la demanda de amparo se promovió por el quejoso señalado en el considerando que antecede en contra del auto de quince de noviembre de dos mil dieciséis, dictado en el expediente TCA/SRO/092/2015. Ahora, de las constancias del expediente natural, valoradas con antelación, se advierte que le fue notificada el veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, por oficio 2658/2016, entregado por la Actuaria adscrita a la Sala Regional de la Costa Chica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con sede en Ometepec, Guerrero, (foja 86); por lo que, debe considerarse que a partir de la fecha citada la parte quejosa conoció el proveído que reclama. Ilustra en lo conducente, la Jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1148, tomo XII, Diciembre de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 190848, que señala: "ACTO RECLAMADO, FECHA DE CONOCIMIENTO POR EL QUEJOSO. DEBE DEDUCIRSE DE LAS CONSTANCIAS DEL JUICIO AUN CUANDO SE HAYA MANIFESTADO UNA DISTINTA EN LA DEMANDA DE AMPARO. El análisis de las causales de improcedencia en el juicio constitucional, imperativo para los tribunales de amparo de manera previa al examen de los conceptos de violación, debe llevarse a cabo al tenor de las constancias que obren en el juicio de garantías; por lo que, tratándose de la causal prevista en el artículo 73, fracción XII, de la ley de la materia, la fecha de conocimiento por el quejoso del acto reclamado debe establecerse con base en las constancias que obren en dicho juicio y sólo en el caso de que de las mismas no se advierta una fecha distinta a la manifestada por el peticionario de garantías debe tenerse por cierta la señalada en la demanda de amparo; por tanto, cuando de las constancias anexas al informe justificado rendido por una de las autoridades responsables se deduce que el quejoso solicitó copias de documentos que obran en el juicio generador del acto reclamado, es a partir de la fecha de recepción de tales constancias que debe tenérsele por sabedor del acto reclamado y por ende para declarar si se surte la causal de improcedencia a que se refiere la disposición legal mencionada." Por tanto, si se realiza el cómputo correspondiente a partir del día siguiente hábil al en que se tuvo conocimiento del proveído que reclaman que impone una multa por incumplir con la sentencia de nulidad, se obtiene que el término de quince días transcurrió del treinta de noviembre pasado al diez de enero de dos mil diecisiete; descontándose los días tres, cuatro, diez, once de diciembre de dos mil dieciséis, siete y ocho de enero del año en curso por ser inhábiles, sin contar los días del diecisiete de diciembre pasado al seis de enero de esta anualidad por haber gozado la Sala responsable de su segundo periodo vacacional correspondiente al año dos mil dieciséis; de manera que si la demanda fue presentada el tres de marzo del año en curso ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, residentes en Chilpancingo, ya había fenecido el plazo de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, luego es inconcuso que dicho acto fue consentido tácitamente por la parte quejosa; consecuentemente, se actualiza la causal de improcedencia en estudio, y lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio a su respecto, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo a la autoridad responsable ejecutora, en virtud de que los actos que se le reprochan no se atacan por vicios propios, sino que su legalidad está subordinada a los de la ordenadora. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se, RESUELVE ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo número 228/2017, promovido por Isabel Guzmán Miranda, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente resolución Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el treinta de mayo de dos mil diecisiete, asistido por Marco Antonio Cuenca Zamora, Secretario que autoriza. Doy fe.
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CITATORIOS.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA ISABEL GUZMAN MIRANDA Y TERCERO INTERESADA GILDARDO JUSTO ZURITA, LA RESOLUCION DE TREITNA DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, MISMA QUE DICE... VISTOS; para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo número 228/2017. RESULTANDO PRIMERO. Por escrito recibido el tres de marzo de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, y remitido ese día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Isabel Guzmán Miranda, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: Ordenadora. 1. Sala Regional de la Costa Chica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, con sede en Ometepec, Guerrero jecutora. 2. Secretario de Finanzas y Administración del Estado, residente en Chilpancingo, Guerrero. 3.- Administrador Fiscal Estatal número 902, con sede en Marquelia, Guerrero. ACTO RECLAMADO: "El infundado y por demás inconstitucional, auto de fecha 15 de noviembre de 2016, así como el oficio número 14/2017, de fecha 30 de enero de 2017, emitido por la Profra. Graciela Anzo Navarrete, administradora Fiscal Estatal número 902, derivado de la multa impuesta por la Sala Regional de la Costa Chica con residencia en Ometepec, Guerrero, en el expediente número TCA/SRO/092/2015, mismo que me fue notificado el día 10 de febrero de 2017. SEGUNDO. Mediante proveído de siete de marzo de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de amparo y se registró bajo el número 228/2017; se solicitó de las autoridades responsables rindieran su informe justificado; se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente; se ordenó la notificación de la parte tercera interesada; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo con el resultado asentado en el acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción III y IV, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclama un acto en la etapa de ejecución de sentencia de juicio, en el territorio en el que éste Juzgado ejerce jurisdicción, derivado de una sanción de un órgano jurisdiccional; en razón de que el acto reclamado proviene de una autoridad administrativa con residencia oficial dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional, que podría tener sobre las personas una ejecución de imposible reparación. SEGUNDO. Fijación del acto. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama: I. De la Sala Regional de la Costa Chica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero. El auto de quince de noviembre de dos mil dieciséis, dictado en el toca administrativo TCA/SRO/092/2015, mediante el cual se le impuso una multa por $ 2,191.20 (dos mil ciento noventa y un pesos 20/100 moneda nacional). II. Del Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero y de la Administradora Fiscal Estatal 902. La ejecución de dicho auto y el cobro de la multa. TERCERO. Existencia del acto. Son ciertos los actos reclamados a la Sala Regional de la Costa Chica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, con sede en Ometepec, Guerrero y la Agente Fiscal Estatal 902, de Marquelia, Guerrero, por haberlo aceptado al rendir sus respectivo informes justificados, la primera por conducto su Magistrada (fojas 39 a 42) y 23; certeza que se robustece con las copias certificadas de las constancias procesales del toca TCA/SRO/092/2015, que allegó con dicho informe la citada Sala. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por otra parte, a pesar de que el Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, con domicilio en Chilpancingo, a través de la Directora General de Asuntos Jurídicos de dicha Secretaría (foja 35, al rendir su informe con justificación negó el acto de ejecución que se le atribuye, su negativa se desvirtúa y se tiene como cierto, ya que dado el carácter con el que fue señalada en el presente juicio, de un momento a otro puede recibir la orden de ejecutarla. CUARTO. Antecedentes. Antes, resulta conveniente precisar los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, los cuales se obtienen de las constancias del citado juicio contencioso, cuyo valor se otorgó en líneas que anteceden. 1. El ocho de octubre de dos mil catorce, se dictó sentencia en el expediente TCA/SRO/087/2014, radicado ante la Sala Regional de la Costa Chica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en la cual se determinó la procedencia de la acción del actor, por lo que declaró la nulidad de los actos impugnados, cuyos efectos fueron "para que las autoridades demandadas, otorguen al actor la correspondiente liquidación, indemnización y demás prestaciones, en términos de ley" (fojas 23 a 26). 2. Mediante resolución de trece de agosto de dos mil quince, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero confirmó la sentencia de ocho de octubre de dos mil catorce, condenando a las autoridades demandadas al pago por concepto de indemnización: $33,171.60 (treinta y tres mil ciento setenta y un pesos 60/100 moneda nacional), correspondiente a tres meses de salario base, $44,228.80 (cuarenta y cuatro mil doscientos veintiocho pesos 80/100 moneda nacional), por seis años de servicio prestado, $7,371.46 (siete mil trescientos setenta y un pesos 46/100 moneda nacional) por concepto de veinte días de vacaciones correspondiente al año dos mil quince, $14,742.92 (catorce mil setecientos cuarenta y dos pesos 92/100 moneda nacional) por concepto de cuarenta días de aguinaldo correspondiente al año dos mil quince (fojas 32 a 37); resolución que causó ejecutoria el nueve de noviembre siguiente (foja 42). 3. El dos de agosto de dos mil dieciséis, al no dar cumplimiento la parte demandada a lo requerido, se le reiteró el requerimiento señalado en el punto que antecede, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se impondría una multa por la suma de $2,191.20 (dos mil ciento noventa y un pesos 20/100 moneda nacional) equivalente a treinta unidades de medida y actualización, el cual le fue notificado mediante oficio el cinco de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 60, 65 y 66) 5. Mediante oficio presentado ante la Sala responsable, la parte quejosa informó las gestiones para dar cumplimiento a lo requerido (fojas 72); con lo cual, el treinta de septiembre de dos mil dieciséis se dio vista a la parte quejosa (foja 72). 6. Por acuerdo de quince de noviembre de dos mil dieciséis, se tuvo por recibido el escrito de la parte actora (tercero interesado en este juicio de amparo), en el cual solicitaba el cumplimiento de la sentencia, a lo cual la Sala responsable determinó que la parte demandada ha sido omisa en acatar dicha resolución, pese a los requerimientos formulados y que si bien, informó trámites, así como la situación por la que atraviesan la mayoría de las administraciones municipales no acreditó haber realizado el pago al actor; por lo que "han retardado el procedimiento de ejecución de sentencia por más de cinco meses en perjuicio de la actora". En ese acuerdo, la Sala responsable señaló que "el efecto de hacer cumplir en sus términos la sentencia emitida en el presente juicio, dada la renuencia con que se conducen las citadas autoridades y el cargo que ostentan como Servidores Públicos Municipales en su carácter de PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, AMBOS AZOYU, GUERRERO, de lo cual se deduce que tienen la capacidad económica para solventar el pago de la sanción que se les imponga, por lo tanto, con fundamento en el artículo 136 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se les hacen efectivos los apercibimientos de fechas dos y diecisiete de mayo del presente año . en consecuencia se les impone a las autoridades demandadas . la primera multa en forma individual de treinta UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN . equivalente a la cantidad de $2,191.20 (DOS MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.) . ", el cual le fue notificado mediante oficio 2658/2016 el veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis. (fojas 79, 80, 86 y 87). Esta determinación constituye el acto reclamado. QUINTO. Improcedencia. Previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que aleguen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo. Así, respecto al acto que se precisa en el inciso a) del considerando segundo, consistente en el auto de quince de noviembre de dos mil dieciséis, dictado en el expediente TCA/SRO/092/2015, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, en confrontación con el primer párrafo del numeral 17 y 18 de la Ley de Amparo, en virtud de que la demanda de amparo no se instó dentro de los quince días siguientes al en que la quejosa tuvo conocimiento de los actos reclamados. En efecto, las citadas disposiciones legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De estos dispositivos se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos en contra de los cuales no se promueva el juicio de amparo por regla general dentro del término de quince días computado de la siguiente forma: a) Desde el día siguiente a aquél en que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamada. b) Desde el día siguiente a aquél en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado el quejoso sabedor de dicho acto o de su ejecución. Los citados supuestos son excluyentes entre sí y no guardan prelación alguna; por tanto, el término para la promoción del amparo se computa a partir del día siguiente al en que se verifiquen ellos. Cabe hacer mención que las fracciones I, II, III y IV del artículo 17 de la Ley de Amparo señalan excepciones al plazo genérico de quince días con que se cuenta para intentar la acción de amparo: 1) En el caso de leyes autoaplicativas o el procedimiento de extradición el término para interponer la demanda será de treinta días; 2) Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión en un plazo de hasta ocho años. 3) La demanda de amparo podrá promoverse en un plazo hasta de siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto, privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a un núcleo de población sujeto al régimen ejidal o comunal. 4) En el caso de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, e incorporación forzosa al ejército, la demanda puede promoverse en cualquier tiempo. Luego, esta hipótesis de improcedencia tiene lugar cuando el juicio de amparo no se promueve dentro de los plazos que para el caso específico consagra el artículo 17 de la Ley de Amparo, dado que la ley hace presumir que el afectado por la ley o por el acto de autoridad, consintió uno u otro de manera tácita, lo que resulta explicable, en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional -fuera de los casos de excepción destacados- no podría quedar a la libre elección del gobernado; aceptarlo, implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de los principios de preclusión y cosa juzgada. En este aspecto, resulta ilustrativa la tesis de jurisprudencia del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 364, tomo IX-Junio, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." Sobre este rubro, primero hay que acentuar que la demanda de amparo se promovió por el quejoso señalado en el considerando que antecede en contra del auto de quince de noviembre de dos mil dieciséis, dictado en el expediente TCA/SRO/092/2015. Ahora, de las constancias del expediente natural, valoradas con antelación, se advierte que le fue notificada el veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, por oficio 2658/2016, entregado por la Actuaria adscrita a la Sala Regional de la Costa Chica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con sede en Ometepec, Guerrero, (foja 86); por lo que, debe considerarse que a partir de la fecha citada la parte quejosa conoció el proveído que reclama. Ilustra en lo conducente, la Jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1148, tomo XII, Diciembre de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 190848, que señala: "ACTO RECLAMADO, FECHA DE CONOCIMIENTO POR EL QUEJOSO. DEBE DEDUCIRSE DE LAS CONSTANCIAS DEL JUICIO AUN CUANDO SE HAYA MANIFESTADO UNA DISTINTA EN LA DEMANDA DE AMPARO. El análisis de las causales de improcedencia en el juicio constitucional, imperativo para los tribunales de amparo de manera previa al examen de los conceptos de violación, debe llevarse a cabo al tenor de las constancias que obren en el juicio de garantías; por lo que, tratándose de la causal prevista en el artículo 73, fracción XII, de la ley de la materia, la fecha de conocimiento por el quejoso del acto reclamado debe establecerse con base en las constancias que obren en dicho juicio y sólo en el caso de que de las mismas no se advierta una fecha distinta a la manifestada por el peticionario de garantías debe tenerse por cierta la señalada en la demanda de amparo; por tanto, cuando de las constancias anexas al informe justificado rendido por una de las autoridades responsables se deduce que el quejoso solicitó copias de documentos que obran en el juicio generador del acto reclamado, es a partir de la fecha de recepción de tales constancias que debe tenérsele por sabedor del acto reclamado y por ende para declarar si se surte la causal de improcedencia a que se refiere la disposición legal mencionada." Por tanto, si se realiza el cómputo correspondiente a partir del día siguiente hábil al en que se tuvo conocimiento del proveído que reclaman que impone una multa por incumplir con la sentencia de nulidad, se obtiene que el término de quince días transcurrió del treinta de noviembre pasado al diez de enero de dos mil diecisiete; descontándose los días tres, cuatro, diez, once de diciembre de dos mil dieciséis, siete y ocho de enero del año en curso por ser inhábiles, sin contar los días del diecisiete de diciembre pasado al seis de enero de esta anualidad por haber gozado la Sala responsable de su segundo periodo vacacional correspondiente al año dos mil dieciséis; de manera que si la demanda fue presentada el tres de marzo del año en curso ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, residentes en Chilpancingo, ya había fenecido el plazo de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, luego es inconcuso que dicho acto fue consentido tácitamente por la parte quejosa; consecuentemente, se actualiza la causal de improcedencia en estudio, y lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio a su respecto, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo a la autoridad responsable ejecutora, en virtud de que los actos que se le reprochan no se atacan por vicios propios, sino que su legalidad está subordinada a los de la ordenadora. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se, RESUELVE ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo número 228/2017, promovido por Isabel Guzmán Miranda, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente resolución Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el treinta de mayo de dos mil diecisiete, asistido por Marco Antonio Cuenca Zamora, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Acapulco, Guerrero; a diecisiete de abril de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que en proveído de once de abril del año en curso, se tuvo por recibido el informe justificado de la Magistrada de la Sala Regional Ometepec del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, el cual no fue conocido con la anticipación a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, como lo establece el artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, para dar margen a lo estipulado en el numeral de referencia, se difiere la audiencia señalada para este día según se advierte de la certificación de cuenta, para las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE.
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