Isabel Cristina Barajas Arciga

Expediente 689/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 28 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
689/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
28/09/2023

Partes del expediente

  • Isabel Cristina Barajas Arciga

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. DEMANDA Y RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por Isabel Cristina Barajas Arciga, gestionando por propio derecho, contra actos que atribuye al Juzgado Menor Mixto de Apatzingán, Michoacán y otra autoridad; regístrese en el libro de gobierno electrónico bajo el número 689/2023. DESECHAMIENTO De la lectura de la demanda de amparo se advierte que en el caso se actualiza de manera notoria y manifiesta, la causa de improcedencia relativa a que el acto reclamado no tiene la naturaleza de ser de imposible reparación, que se deduce del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, en sentido contrario, por lo que procede desechar la demanda con base en el diverso numeral 113, todos de la Ley de Amparo. De esta manera, se pone de manifiesto que el legislador acotó los actos dentro de juicio, considerados como de ejecución irreparable, a aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales; por lo que efectivamente ya no existe la posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior. Lo cual quedó de manifiesto con la jurisprudencia 37/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, donde concluyó que la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto contra los actos en juicio de imposible reparación, a la luz de la nueva Ley de Amparo, sería contra aquellos actos que necesariamente produzcan una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no que produjeran una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Lo cual quedó plasmado en la jurisprudencia ... En ese orden de ideas, se considera que para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", esto es, conforme al marco legal vigente, se atenderá a los efectos o consecuencias que éstos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que Isabel Cristina Barajas Arciga, reclama del Juzgado Menor Mixto de Apatzingán, Michoacán y Actuario de su adscripción:... Asimismo, se advierte que la quejosa, manifiesta bajo protesta de decir verdad que el veinte septiembre del presente año, recibió una llamada a su celular por parte del licenciado Jesús Eduardo Vázquez Padilla, quien le comentó que representa a Caja Popular Los Reyes, S.C. DE A.P DE R.L. DE C.V., respecto de un juicio ejecutivo mercantil 338/2023, donde el quince del mismo mes y año le habían notificado, y llamaba para cobrarle la cantidad que se reclama en dicho juicio. Continúa narrando la quejosa que el veintidós de septiembre del año en curso, acudió al Juzgado Menor Mixto de Apatzingán, Michoacán, una vez que solicitó se le permitiera el expediente 338/2023 "dándome cuenta formalmente en ese momento, que efectivamente existe un juicio de carácter mercantil entablado en mi contra donde supuestamente fui llamada a juicio". Sigue narrando la quejosa que con la consulta del expediente, se enteró que el veinticuatro de abril del año en curso, se admitió a trámite la demanda que entablaron los licenciados Jesús Eduardo Vázquez Padilla y Laureano Villaseñor Díaz Barriga en cuanto endosatarios en procuración de la moral denominada por Caja Popular Los Reyes, S.C. DE A.P DE R.L. DE C.V., registrando dicha demanda bajo el expediente 338/2023, ordenando al Actuario adscrito para que se constituyera en un domicilio y ejecutara el auto de admisión. Agrega la quejosa que el quince de septiembre del presente año, supuestamente fue emplazada a juicio, otorgándole un plazo de ocho días para que contestara la demanda, y que considera que dicha diligencia es defectuosa porque en la misma, el Actuario ejecutor no describió ni detalló los documentos y sus anexos que le entregó, por lo que dicho emplazamiento no puede surtir sus efectos legales y aclara que la orden de embargo decretada en el auto de admisión no se ha ejecutado. En vista de lo anterior, cabe destacar que si bien la quejosa comparece al juicio de amparo ostentándose tercera extraña a juicio por equiparación, lo cierto es que ya no puede considerarse como tal, puesto que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se ha dictado la sentencia respectiva y por tanto, no puede considerarse que la ilegalidad de su emplazamiento le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento. De ahí, que la ilegalidad del emplazamiento reclamado no es un acto de imposible reparación, porque únicamente afecta desechos procesales, y no afecta derechos sustantivos como la vida, salud, libertad, integridad personal, entre otros, y sus efectos solo implicarán que habrá de continuarse el procedimiento y esperar la determinación que emita el Juez de origen, la cual que podrá o no afectar derechos sustantivos de la quejosa, habida cuenta que la sentencia que llegare a pronunciarse en dicho procedimiento de origen, podría serle favorable a sus intereses, en cuyo caso desaparecería el agravio formal de que se duele; y en caso de afectarle dicha resolución definitiva, la violación procesal reclamada podría alegarse en el recurso correspondiente y en su caso, en el juicio de amparo directo. Máxime que en sus conceptos de violación, la quejosa sostiene medularmente que el emplazamiento reclamado es ilegal debido a que en el acta de emplazamiento no se describieron ni detallaron los documentos y sus anexos que le entregó, y aclara que la orden de embargo decretada en el auto de admisión no se ha ejecutado; es decir no existe embargo que afecte sus derechos en bienes de su propiedad. No pasa inadvertida la jurisprudencia... Sin embargo, se estima que la misma aplica al caso donde en la diligencia de requerimiento de pago y embargo, además de haberse practicado el emplazamiento también se trabó embargo en bienes del demandado quejoso; en cambio en el presente asunto, la quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad en su demanda de amparo que "la orden de embargo decretada [.] no se ha ejecutado"; de ahí que el presente asunto no se ubica en el supuesto a que se refiere la jurisprudencia en cita. De ahí que como se dijo en párrafos que anteceden, en el caso la ilegalidad del emplazamiento reclamado no es susceptible de afectar derechos sustantivos, habida cuenta que no hay embargo trabado en bines de la quejosa, por ende solo tendrá consecuencias directas en los demás actos procesales. En consecuencia, si el acto reclamado en mención no satisface la condición para que sea considerado como acto dentro del juicio que tenga una ejecución irreparable, deviene inconcuso que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; y, por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Sirven de apoyo lo anterior las siguientes jurisprudencias:... JUICIO EN LÍNEA Con fundamento en los artículos 3, 24, 26, fracción IV, 30, fracción II y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se autoriza a la parte quejosa se practiquen las notificaciones de carácter personal mediante el juicio en línea, con el usuario "BuroLegal" conforme al artículo 55 del "ACUERDO General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo". En la inteligencia que conforme al diverso numeral 57 del propio Acuerdo General, la autorización para ser notificado electrónicamente lleva implícita la relativa a consultar el expediente electrónico y la de remitir promociones por vía electrónica, conforme a los artículos 18 y 51 del citado Acuerdo General. Asimismo, se le tiene proporcionando únicamente como dato de contacto el correo electrónico y el número telefónico que menciona en su demanda. Consecuentemente a lo anterior, se ordena a la Encargada del Área de Sistema de Seguimiento de Expedientes -SISE, que otorgue los permisos correspondientes en el sistema, así como al Actuario de la adscripción para que realice las notificaciones personales través del Sistema del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Se tiene a la quejosa autorizando con las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de amparo, a Mariela Carrillo Carrillo, Carlos Díaz Rendón, y Abacú Martínez Torres, toda vez que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones al resto de las personas que indica por así solicitarlo expresamente. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio, con excepción de los días inhábiles laborables que se llegaren a decretar. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. De conformidad con lo señalado por los artículos 68, 110 y 113, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resérvese la publicación de información de carácter clasificada y confidencial. Finalmente, se informa a las partes que en atención a los lineamientos establecidos en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, a fin de adoptar como eje rector la actividad jurisdiccional desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, a partir de esta fecha, todas las actuaciones del presente asunto constarán únicamente en el expediente electrónico sin que deban imprimirse ni agregarse al expediente impreso, con excepción de las presentadas de forma física, así como las notificaciones practicadas de esa forma; en el entendido que es el expediente electrónico el que tiene validez para todos los efectos legales conducentes. ... NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA QUEJOSA.

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