Isaac Alejandro Salmerón Santiago

Expediente 526/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 18 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
526/2022
Año
2022
Actuaciones
18
Última actuación
29/09/2023

Partes del expediente

  • Isaac Alejandro Salmerón Santiago

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el treinta de agosto de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, residentes en esta ciudad, enviado por razón de turno el mismo día a este Juzgado de Distrito, Isaac Alejandro Salmerón Santiago, promovió demanda de amparo contra los actos y autoridades siguientes: "III. Autoridades Responsables. E. C. Presidente del H. Consejo Técnico de la Facultad de Agrobiología "Presidente Juárez" de la UMSNH, . en esta ciudad de Uruapan, del Estado de Michoacán. IV. Acto Reclamado. La falta de contestación a la petición de fecha 11 de mayo de 2022, presentado en esa misma fecha al C. Presidente del H. Consejo Técnico de la Facultad de Agrobiología "Presidente Juárez", documentos que se alude y describe en el posterior capítulo de hechos o antecedentes de esta demanda." SEGUNDO. Tramite del juicio de amparo. Por auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito radicó la demanda bajo el número 526/2022, se admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se ordenó dar al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; y fue señalada hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, misma que previos diferimientos, se desarrolló en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado fue emitido por autoridades residentes dentro de la demarcación territorial donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En principio, se considera oportuno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, precisar con claridad los actos que se reclaman en este juicio y que serán materia de la litis constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cincuenta y cinco, del Tomo XIX, Abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En este sentido, del análisis integral de la demanda de amparo y constancias del juicio, se advierte que los actos reclamados son los siguientes: La falta de contestación a las peticiones de once de mayo de dos mil veintidós, presentados en esa misma fecha al C. Presidente del H. Consejo Técnico de la Facultad de Agrobiología "Presidente Juárez". Al caso es aplicable el criterio siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Una vez establecidos los actos reclamados sobre los que versará la litis constitucional, procede determinar su existencia o inexistencia. Son CIERTOS los actos reclamados y que se atribuyen a la autoridad siguiente: No Autoridad Sentido 1 Presidente del H. Consejo Técnico de la Facultad de Agrobiología "Presidente Juárez" de la UMSNH. CIERTO Pues así lo manifestó dicha autoridad al emitir su informe justificado. La certeza fue corroborada con las constancias que dicha autoridad presentó al emitir su informe justificado, consistentes en copia certificada de las documentales que se tienen en los archivos de esa facultad, mismas que merecen valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las cuales se advierte la existencia del acto reclamado. Son aplicables en la especie los criterios que a continuación se indican: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". y "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Causales de improcedencia. Procede analizar las causales de improcedencia del juicio, ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En vinculación con lo anterior, es pertinente señalar, que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual, el juzgador federal se encuentra impedido para establecer si el acto reclamado es constitucional o no; es decir, la improcedencia va a motivar que el órgano de amparo no dirima la controversia ante él planteada, por exigirlo así alguna de las hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución General de la República y por la jurisprudencia emitida por nuestro más Alto Tribunal, la que se analiza conjuntamente con el texto del artículo 62 de la ley en cita. El presente juicio de amparo, como lo argumenta la autoridad responsable, deviene improcedente, al actualizarse el supuesto a que aluden los artículos 1°, 5°, fracción II y 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte". "Artículo 5. Son partes en el juicio: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De los artículos transcritos, se aprecia que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese tenor, de la anterior transcripción se advierte que por "autoridad" para efectos del juicio de amparo, se debe entender aquella que ordena, emite, autoriza, lleva a cabo actos de ejecución o trata de ejecutar la ley o el acto que se reclama. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció el criterio en el sentido de que para efectos del juicio de amparo debe considerarse como "autoridad responsable" y, por ende, como acto de autoridad, a las personas que, con fundamento en una norma legal pueden emitir determinaciones unilaterales a través de las cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales, ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado; esto es, que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y, por ende, constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, por lo que se traducen en verdaderos actos de autoridad, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad o atribución. Además, el Tribunal Pleno precisó que el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad, debe atender a la norma legal y examinar las particularidades del acto, para así determinar si tal ente está facultado o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado. Así también, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció en la jurisprudencia 2ª/J.64/2011, las notas distintivas que debe revestir todo acto de autoridad, a saber: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana; c) Que emita actos unilaterales por virtud de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni requiera del consenso de la voluntad del afectado. Los criterios que sustentan las consideraciones que anteceden, son las siguientes: La Jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 118, Tomo V, febrero de 1997, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término "autoridades" para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de "que disponen", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras "autoridades". Y la diversa por contradicción de tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Asimismo, el Máximo Tribunal estableció el criterio en el sentido de que no todos los actos emitidos por los entes de gobierno llevan implícita la naturaleza de actos de autoridad impugnables a través del juicio de amparo, pues en cada caso, se tiene que analizar su naturaleza para determinar si a través de él se crean, modifican o extinguen, por sí y ante sí, situaciones jurídicas que afecten los derechos de particulares. Interpretado lo anterior en sentido contrario, el juicio de amparo resulta improcedente cuando se advierta que el acto reclamado no es un acto de autoridad; es decir, cuando la autoridad señalada como responsable, con independencia de su naturaleza formal, no actúe provista de imperio, para lo cual resulta útil atender a la clasificación de las relaciones jurídicas de supraordinación, de coordinación y de supra a subordinación. La relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares por actuar en un mismo plano, entre este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral, siendo su nota distintiva que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en la ley; Las relaciones de supra a subordinación son las entabladas entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social, se regulan por el derecho público que establece los procedimientos para ventilar los conflictos suscitados por la actuación de los órganos del Estado, como el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos y en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Se caracterizan por la unilateralidad y, por ello la constitución establece una serie de garantías (sic) como limitaciones al actuar del gobernante; Las relaciones de supra ordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado, en las que actúan en un plano de igualdad superior por encima de los particulares, se regulan por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II de la Constitución. Por tanto, es necesario proceder a examinar si la naturaleza de los actos reclamados por la parte peticionaria del amparo a la autoridad señalada como responsable, implican una relación de coordinación entre particulares, o bien, si se trata de un nexo jurídico de supra a subordinación, a saber, entre gobernado y gobernante, y que por ello, entraña la participación de un Órgano del Estado, pues sólo de esa manera podremos determinar si a quien se señaló en la demanda de amparo como autoridad, realmente lo es o no, para efectos del juicio de garantías, ya que no basta que la parte quejosa la haya señalado como tal, toda vez que no puede dejarse a voluntad de los particulares el decidir si a un ente le resulta o no la calidad autoridad en un caso concreto. Para dilucidar lo anterior, resulta preciso señalar que los actos reclamados a la autoridad responsable se hicieron consistir en lo siguiente: La falta de contestación a las peticiones de once de mayo de dos mil veintidós, presentados en esa misma fecha al C. Presidente del H. Consejo Técnico de la Facultad de Agrobiología "Presidente Juárez". Y como antecedentes de dichos actos, el quejoso, en su escrito de demanda refirió: "1.- El suscrito soy participante del CONCURSO DE OPOSICIÓN ABIERTO de fecha 30 de marzo de 2022, mediante convocatoria de la misma fecha, convocado por la Facultad de Agrobiología "Presidente Juárez", para las materias denominadas MICROBIOLOGÍA AGROPECUARIA. 2.- Al no haberme beneficiado con los resultados en relación a las materias respecto de las cuales concurse, en fecha 11 de mayo de 2022 formulé la impugnación relativa, al considerar que cuento evidentemente con mayores merecimientos curriculares, de la que a la fecha no he obtenido respuesta alguna. 3.- A la fecha ha transcurrido un término prudente y no se me ha dado a conocer ninguna respuesta por parte de la autoridad responsable, tal como en su momento fue debidamente solicitado en dicha promoción." Como se evidencia de lo expuesto, los actos reclamados por el quejoso se encuentran vinculados con un Concurso de Oposición Abierto, convocado por la Facultad de Agrobiología "Presidente Juárez", para la materia denominada Microbiología Agropecuaria, del tercer semestre del Tronco Común del programa ingeniero Agrónomo, facultad en la que el quejoso laboraba como profesor de asignatura B, con número de empleado 17001692, tal como él mismo lo plasma en su escrito de interposición de "recurso de inconformidad", lo cual da a dichos actos "una naturaleza laboral". Se sostiene lo anterior, en virtud de que, del informe justificado rendido por la responsable y de las constancias por ella remitidas, mismas que como quedó asentado, merecen valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte en la parte que interesa, que el acto reclamado por quie se dice quejoso, es de naturaleza laboral pues se encuentra vinculado con un Concurso de Oposición Abierto en el que participó en su carácter de profesor de la Facultad de Agrobiología "Presidente Juárez", con la finalidad de obtener diversas asignaturas que aumentaran su carga docente y contar con mejores condiciones de trabajo en dicha institución, circunstancias que ubican al "Presidente del Consejo Técnico de la Facultad de Agrobiología "Presidente Juárez" de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo", como parte patronal y no, como autoridad para efectos del amparo. Ello es así, dado que lo señalado pone de manifiesto que la parte quejosa es trabajador de la Facultad de Agrobiología "Presidente Juárez" de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo", y que fue precisamente con motivo de la citada relación laboral, que presentó sendas solicitudes para ser considerado como candidato para participar en el Concurso de Oposición abierto para ocupar la plaza definitiva en las materias denominadas "Microbiología Agropecuaria". Circunstancias las anteriores que se encuentran demostradas con algunas de las pruebas remitidas por la autoridad responsable y que han sido previamente valoradas, entre las cuales se encuentran las siguientes: Convocatoria emitida el treinta de marzo de dos mil veintidós, por el Presidente del H. Consejo Técnico de la Facultad de Agrobiología "Presidente Juárez", "A los profesores de la Facultad de Agrobiología "Presidente Juárez" interesados en participar en el CONCURSO DE OPOSICIÓN ABIERTO", bajo las bases, respecto a las materias, plazas, con los requisitos, documentación, la precisión de las pruebas a aplicar, lo relativo a los temas de exámenes y demás datos precisados en la misma. Dos escritos de veinticinco de abril y once de mayo de dos mil veintidós, suscritos por "MC. Isaac Alejandro Salmerón Santiago ", dirigidos en su orden al Director de la Facultad de Agrobiología "Presidente Juárez" U.M.S.N.H., y al al Presidente del Consejo Técnico de la dicha facultad, a través del cual señaló: Que con la categoría de profesor asignatura B, con número de empleado 17001692 de la Facultad de Agrobiología "Presidente Juárez", solicitó ser considerado como candidato para participar en el concurso de oposición abierto para ocupar las plazas de profesor asignatura B con carácter definitivo en la siguiente materia: Materia Sem/orientación y secc Horas/semana 2510016 Microbiología agropecuaria 3° Semestre Tronco común sec 21 5 Lo anterior, pone de manifiesto que los actos reclamados derivan de una relación jurídico laboral, en la que dicha responsable tiene el carácter de patrón (mas no de autoridad), y la parte quejosa de empleado (mas no en cuanto gobernado respecto de aquélla), porque éste actuaba como "profesor asignatura B con carácter interino y con número de empleado 17001692, de la Facultad de Agrobiología "Presidente Juárez", dependiente de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo"; de ahí que cualquier reclamación que pretendiese realizar, tendría que realizarla en la vía laboral, pues de resultar acertado lo argumentado por ella, sería el resultado de una acción realizada por tal ente en su calidad de patrón; es decir, como responsable de los procedimientos de elección derivados de la convocatoria aludida. Es así, virtud a que el carácter de autoridad responsable emana del tipo de actos que emite, inherente a sus atribuciones o facultades, y la lesión que ocasionan en los derechos fundamentales a favor de los gobernados, las cuales son objeto de tutela del juicio de amparo en términos del artículo 1°, fracción I, de la Ley de Amparo. Lo que en el caso no acontece, dado que el presente juicio lo promovió el quejoso en cuanto "trabajador" de la Facultad de Agrobiología "Presidente Juárez", dependiente de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo" y los actos reclamados no corresponden a una relación de supra a subordinación; es decir, no se atribuyen a la que fue señalada como responsable, en un plano superior respecto al quejoso, tampoco fueron emitidos en beneficio del orden público y del interés social, ni son de aquellos que se regulan por el derecho público que establece los procedimientos para ventilar los conflictos suscitados por la actuación de los órganos del Estado, como por ejemplo el procedimiento contencioso administrativo; tampoco se trata de actos emitidos de manera unilateral en los que la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante, sino que los actos reclamados corresponden a una relación de coordinación, esto es, en un plano de igualdad, virtud a que la omisión de contestar los escritos presentados por el quejoso y que se relacionan con el Concurso de Oposición abierto para ocupar la plaza definitiva en las materias denominadas " Microbiología Agropecuaria", surte efectos en el plano patrón-trabajador; dicho de otra forma, en torno a los actos reclamados, no se advierte que los que se analizan en esta instancia constitucional tengan características distintivas a los actos de autoridad, puesto que en el caso concreto, éstos surten sus efectos en el ámbito de la relación laboral existente entre la parte quejosa con la Facultad de Agrobiología "Presidente Juárez", dependiente de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y autoridades relacionadas con dichas dependencias. De ese modo, aun cuando la responsable señalada pudiera tener el carácter de autoridad con motivo de algunas de sus atribuciones, ello no significa que todos y cada uno de los actos efectuados por dicho ente o aquellos en los que intervenga, deban considerarse como actos de autoridad; y que, por tanto, los actos reclamados deban ser considerados "como de autoridad" para los efectos del presente juicio, pues es claro que cuando emite o se le atribuyen actos en calidad de patrón, respecto de sus trabajadores, no obra como autoridad prevista de imperio, sino en un plano de coordinación y, por ende, sometida a control por el ámbito laboral o burocrático, de acuerdo con el esquema legal generado por el artículo 123 apartados A y B, de la Constitución Federal. Apoya lo anterior la tesis número I.15o.A.36 K, de noviembre de dos mil ocho, visible en la página 1316, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "AMPARO. EN EL JUICIO RELATIVO NO ES PROCEDENTE RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DE RELACIONES DE SUPRAORDINACIÓN O DE COORDINACIÓN, SÓLO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y PARTICULARES. De acuerdo con la doctrina las relaciones de coordinación son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. En términos de esas precisiones encuentra sentido que los artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental, establezcan que a través del juicio de amparo se resolverán las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten las garantías individuales de los particulares, lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares; de ahí que aquellos que emanan de relaciones de supraordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares no pueden reclamarse a través de ese juicio constitucional". De ahí que, se reitera, los actos reclamados derivan de una relación jurídico patronal, y cualquier reclamación que la parte quejosa pretenda realizar, tendrá que hacerla valer en la vía laboral. Apoya lo así determinado, la jurisprudencia por contradicción de tesis por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, que se lee en la página 298, Tomo XVI, Octubre de 2002, Novena Época, materia Laboral, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR AUTÓNOMAS POR LEY. LOS CONFLICTOS ORIGINADOS CON MOTIVO DE LAS RELACIONES LABORALES CON SU PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ACADÉMICO, DEBEN RESOLVERSE POR LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. Las relaciones de trabajo entre las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley y su personal administrativo y académico, están sujetas a las disposiciones del capítulo XVII, del título sexto de la Ley Federal del Trabajo, pues si bien les corresponde exclusivamente a las propias universidades o instituciones regular los aspectos académicos, dada la facultad con que cuentan para fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, ello no implica que las decisiones que tomen en los aspectos laborales con su personal, sean jurisdiccionalmente inatacables, pues ese no es el alcance de la autonomía universitaria, ya que el artículo 3o. constitucional establece que las relaciones jurídicas de las universidades públicas autónomas con su personal académico y administrativo son de naturaleza laboral, y deben sujetarse a lo establecido en el apartado A del artículo 123 de la propia Norma Fundamental y a lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo. En tal virtud, los conflictos entre dichas universidades y sus trabajadores se someterán a la decisión de una Junta de Conciliación y Arbitraje, lo que de ningún modo implica una violación a la autonomía universitaria en lo que se refiere al ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y administrativo, ya que el régimen a que se hallan sujetas y que deriva de sus propias leyes orgánicas, reglamentos y estatutos, no se menoscaba por el hecho de que sus controversias laborales, aun las de orden académico y administrativo, se sujeten a los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, en virtud de que conforme al artículo 353-S de la Ley Federal del Trabajo, dichas Juntas deben ajustar sus actuaciones y laudos no sólo a la Ley Federal del Trabajo, sino también a las normas interiores, estatutarias y reglamentarias de la institución autónoma correspondiente." Vistas las consideraciones asentadas, se colige que el Presidente del Consejo Técnico de la Facultad de Agrobiología "Presidente Juárez" de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, no es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo por violación al derecho de petición, cuando se le reclama la falta de respuesta a una solicitud de información relacionada con el proceso de elección de los docentes de dicha institución y por ende, se configura la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, y por tal motivo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías en términos del dispositivo 63, fracción V, de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Apoyan la anterior determinación, por las razones que las sustentan, los criterios siguientes: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular." "UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE LE RECLAMA LA OMISIÓN DE RESPONDER UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN, RELATIVA A SUS FACULTADES DE AUTONORMACIÓN Y AUTOGOBIERNO. De las consideraciones que sustentan la tesis P. XXVIII/97, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de 1997, página 119, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE UNA UNIVERSIDAD CUANDO EL ACTO QUE SE LES ATRIBUYE DERIVA DE UNA RELACIÓN LABORAL.", se colige que de conformidad con el artículo 3o., fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las universidades públicas son organismos públicos descentralizados con autonomía especial que implica autonormación y autogobierno, en atención a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que les está atribuido y que se fundamenta en su libertad de enseñanza. En virtud de la citada autonomía, las universidades públicas están facultadas para gobernarse a sí mismas y autorregularse, de lo que derivan las siguientes competencias: normativas, es decir, pueden dictar normas en desarrollo a lo establecido en su ley de creación; ejecutivas, inherentes al desarrollo y ejecución de los principios consagrados en el mencionado artículo constitucional, como lo es la designación de sus funcionarios; y, de supervisión, referentes a atribuciones de inspección y control con el fin de revisar la actividad que desarrollan. Consecuentemente, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí no es autoridad para efectos del juicio de amparo cuando se le reclama la omisión de responder una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, relativa a sus facultades de autonormación y autogobierno, porque al hacer uso de tales atribuciones no ejerce un poder público que afecte unilateralmente la esfera jurídica del gobernado, pues tal proceder no emerge del imperio que corresponde a la mencionada institución como parte de la administración pública en la prestación de un servicio a cargo del Estado y, por tanto, al no realizar esas actuaciones en carácter de autoridad, no está obligada a informar de ellas en términos del artículo 8o. constitucional." Por lo anterior, es improcedente analizar los conceptos de violación hechos valer por la parte peticionaria del amparo a fin de combatir los actos reclamados, dado que los mismos van encaminados a demostrar su vulneración, tal como se corrobora con la jurisprudencia de título: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Isaac Alejandro Salmerón Santiago, contra los actos de la autoridad responsable y por los motivos expuestos en los considerandos segundo, tercero y cuarto de esta resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE; y por oficio a las autoridades responsables. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Control (electrónico) del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, seis de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde el oficio 4914, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, al que se adjunta testimonio de la ejecutoria del dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, pronunciada en el recurso de queja administrativa 49/2023, de su índice; así como copias certificadas del juicio de amparo 526/2022 de la estadística de este órgano jurisdiccional. Acúsese el recibo correspondiente. Ahora bien, la Superioridad en lo conducente resolvió: ".ÚNICO. Es infundado el presente recurso de queja. " Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora, tomando en consideración que por acuerdo de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, se suspendió el procedimiento con motivo del recurso de queja, interpuesto por la tercera interesada, en contra del auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, en el que se admitió a trámite la demanda de amparo, hasta en tanto se resolviera dicho medio de impugnación; lo que ya aconteció. En tales condiciones, se levanta la suspensión del procedimiento y se señalan las diez horas del tres de julio de dos mil veintitrés, para el verificativo de la audiencia constitucional. Sin que se estime necesario notificar en forma personal a los quejosos y a su defensor público el presente auto, toda vez que se advierte del oficio de cuenta, que el Tribunal Colegiado en cita, ya lo ordenó. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, el oficio 1088/2023, suscrito por el Actuario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, mediante el cual transcribe el auto de treinta de febrero de dos mil veintitrés, dictado por la superioridad, del que se desprende que fue admitido el recurso de queja interpuesto por la tercera interesada en contra del auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós; medio de impugnación que quedó registrado bajo el número 49/2023 de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guarda el presente asunto, de los que se advierte que se encuentra pendiente remitir copia certificada del presente asunto al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, para la substanciación del recurso de queja interpuesto por la tercera interesada ********************, contra del auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, en el cual se admitió a trámite la demanda de amparo. En ese contexto, como se encuentra ordenado en el referido auto, ríndase el informe materia de la queja al Tribunal Colegiado en en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán, para la substanciación del recurso de mérito que hizo valer la tercera interesada ********************, contra del auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, en el cual se admitió a trámite la demanda de amparo. Asimismo, al informe respectivo deberán acompañarse como constancias que integran este asunto, las cuales incluyen el auto recurrido, sus notificaciones, así como las relativas al recurso de queja y sus respectivas notificaciones. NOTIFÍQUESE.

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