Isaac Meraz Monrroy
Expediente 593/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 593/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Isaac Meraz Monrroy
Actuaciones
- Incidental
Como está ordenado en auto de esta data dictado en el juicio de amparo del que deriva el presente incidente de suspensión, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde copia certificada del escrito presentado por el Esaú Camarena Chávez apoderado legal del quejoso Isaac Meraz Monroy y diligencia de ratificación, ocurso mediante el cual manifiesta que se desiste de la demanda de amparo intentada en esta vía. En relación a tal planteamiento, debe decirse que el artículo 128 de la Ley de Amparo, establece que la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Esto es, la procedencia de la medida cautelar y su vigencia dentro del proceso constitucional requiere como presupuesto mínimo la existencia de la manifestación de voluntad del quejoso en el sentido de que se le otorgue la protección cautelar. Y es el caso, en el cual el apoderado jurídico del quejoso ha manifestado expresamente su voluntad en desistirse de la demanda de amparo intentada; Por tanto, se deja sin materia en el presente incidente y sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia incidental. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Demanda y radicación. Con la demanda de amparo de cuenta, se tiene a ****, en cuanto apoderado jurídico de ***, carácter que se le reconoce en términos del instrumento notarial que adjunta, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán y otra autoridad; regístrese en el libro de gobierno respectivo, bajo el número 593/2019. Acto reclamado y autoridades responsables. De la demanda de amparo de cuenta, se advierten las autoridades y actos siguientes: Autoridades de las que reclama: Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán. Actuario del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad de Uruapan, Michoacán. Actos reclamados: IV.- ACTOS RECLAMADOS.- De las Autoridades señaladas como Ordenadoras, lo constituye todo el procedimiento llevado a cabo a espaldas de mi representado sin haber sido oído y vencido en juicio, esto dentro del Juicio Sumario Civil Hipotecario número 747/2015, tramitado en el Juzgado Primero de Primera Instancia en materia Civil de Uruapan, Michoacán, promovido por los Apoderados jurídicos de Leticia Rivera Raya en contra de la moral denominada Constructora de Espacios, Sociedad Anónima de Capital Variable. En forma sobresaliente reclamo el que se le haya privado al ahora quejoso de la propiedad del inmueble que fue dado en garantía y que se adjudicó la tercero interesada Leticia Rivera Raya en el juicio de donde emana el acto reclamado, siendo este el agravio personal, directo e inmediato que se reclama y que afecta en grado preponderante o superior y que es realmente lo que importa al quejoso, que se le respete el derecho humano de propiedad. De igual manera se reclama la orden de desocupación, así como la entrega real y material del inmueble propiedad de mi representado, quien es el legítimo propietario del Lote número 17, manzana 3, (actualmente numero 45) de la calle Santa Honoria, del Fraccionamiento Santa Mónica de esta Ciudad de Uruapan, emitida mediante auto de fecha 10 diez de abril del año en curso, dentro del juicio antes referido, así como todos los autos, decretos y resoluciones dictados con anterioridad y los que se sigan emitiendo, con las consecuencias legales que ello implica al seguir un juicio, sin que se hubiera oído y vencido en juicio al ahora quejoso, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, habida cuenta de, que no fue llamado a juicio, dejándolo en completo estado de indefensión, al no poder comparecer a dar contestación a la demanda instaurada y oponer las defensas y excepciones a que hubiere lugar, con lo cual se afecta su interés jurídico colmo persona extraña al procedimiento en cita. Actos que se reclaman toda vez que el quejoso es titular de un derecho subjetivo material como es -la propiedad- que se le afecta de manera personal, directa e inmediata, de conformidad con el artículo 107, fracción 1, último párrafo de la Constitución General de la República, pues se le ha privado de la propiedad del inmueble que se detalla en el documento fundatorio de esta acción constitucional y que coincide con el bien que se ha adjudicado, mismo que desde antes del inicio del juicio de donde emana el acto reclamado ya había salido del patrimonio de la deudora, es más desde antes de la celebración del contrato de mutuo simple con garantía hipotecaria, que fue el documento fundatorio de la parte actora en el juicio de donde emana el acto reclamado ya que el inmueble había salido del patrimonio de la demandada. Dicho derecho subjetivo se acredita con la copia certificada por Fedatario Público del original del contrato de compraventa de fecha 15 quince de enero de 2009 dos mil nueve, celebrado por el Director y/o Administrador de la empresa denominada Constructora de Espacios S.A de C.V., como vendedor y el quejoso Isaac Meraz Monroy, en su carácter de comprador, respecto de los inmuebles identificados como lote 17 y 18, de la manzana 3, ubicados en la calle Santa Honoria, del -fraccionamiento Santa Mónica de esta Ciudad de Uruapan, Michoacán, con las siguientes medidas y colindancias: el primero AL NORTE, 6.00 metros con el lote 8, AL SUR, 6.00 metros con calle Santa Honoria, AL ORIENTE, 16.00 metro S con lote 118, y AL PONIENTE 16.00 con lote 16, y el segundo AL NORTE, 6.00 metros con lote 9, AL SUR 6.00 metros con calle Santa Honoria, AL ORIENTE, 16.00 metros con calle Santa Mónica, y AL PONIENTE, 16.00 metros con lote 17, ya que dicho acuerdo de voluntades firmado por los contratantes, tiene fecha cierta desde el día 15 quince de enero del 2009 dos mil nueve, en que se firmó el mismo, y que con fecha 3 tres de febrero de 2009 dos mil nueve se presentó ante el Lic. Eduardo Estrada García, Notario Público número 42, con ejercicio y residencia en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, para su cotejo con el original, el cual merece valor probatorio pleno al tenor de lo dispuesto por el artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, además de que, a criterio de Nuestro Más Alto Tribunal, los documentos privados tienen fecha cierta, cuando se dan las hipótesis jurídicas siguientes: I. A partir del día en que el documento se incorpore o se inscriba en un Registro Público de la Propiedad. II. Desde la fecha en que el documento se presente ante un funcionario público, por razón de su oficio; y, finalmente, III. A partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. Por tanto, si el contrato de compraventa de 15 quince de enero de 2009 dos mil nueve, fue presentado con fecha 3 tres de febrero de 2009 dos mil nueve para su cotejo ante el Notario Público número 42 en el Estado, con residencia en esta ciudad de Uruapan, es incuestionable que el mismo tiene fecha cierta, con lo cual se acredita el interés jurídico para comparecer al juicio que nos ocupa. [.] De la autoridad señalada como Ejecutora reclamo la ejecución que pretende llevar a Cabo sobre desocupación, así como la entrega real y material del inmueble de mi propiedad y que se deriva del auto dictado con fecha 10 diez de abril del año en curso, dentro del Juicio Sumario Civil Hipotecario número 747/2015, tramitado en el Ju2gado Primero de Primera Instancia en materia Civil de Uruapan, Michoacán, por Leticia Rivera Raya en contra de la moral denominada Constructora de Espacios, Sociedad Anónima de Capital Variable.". Admisión. Determinado lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE en sus términos la demanda de que se trata. Fórmese y tramítese por separado el incidente de suspensión. Solicitud de informe justificado y audiencia constitucional. Pídase a las autoridades responsables su respectivo informe con justificación, el que deberá rendir en el término de quince días siguientes a aquél en que haya recibido el oficio en el que se le solicita, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Se fijan las diez horas con veinticinco minutos del trece de diciembre de dos mil diecinueve, para tenga verificativo la audiencia constitucional. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que al rendir su informe justificado, y de ser ciertos los actos reclamados, remitan a este juzgado federal copias certificadas del expediente del cual se haga derivar los mismos, para que este tribunal se encuentre en condiciones de resolver el presente asunto. Asimismo, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo); se apercibe a la parte quejosa que si la autoridad o autoridades responsables señaladas no existen con la denominación que indica en su escrito de cuenta, sin mayor trámite se les tendrá por inexistentes, suspendiéndose toda comunicación con las mismas; salvo prueba en contra o que se corrija el señalamiento en la denominación de éstas; tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente en la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. Dése al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y 21 de la Ley de Amparo, para el adecuado despacho del presente asunto, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, a fin de que el funcionario Judicial de la Adscripción pueda efectuar las mismas. Ahora bien, con fundamento en el artículo 5° fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, les resulta el carácter de terceros interesados a Leticia Rivera Raya y a la moral Constructora de Espacios, Sociedad Anónima de Capital Variable, quienes tienen sus domicilios ubicados, el primero, en calle Prolongación Brasil, número 2134, de la colonia San José Obrero de esta ciudad o bien en calle Gildardo Magaña, número 243, de la colonia Ampliación Revolución de esta ciudad de Uruapan, Michoacán, mientras que la segunda, puede ser notificada en el número 1446, de la calle Argentina, colonia Los Ángeles de esta ciudad o bien en la calle Pinos, número 12 del Fraccionamiento Miraflores de esta ciudad de Uruapan, Michoacán. Por tanto, se comisiona al Actuario de la adscripción para que se constituya en legal y debida forma en el domicilio del tercero interesado a Leticia Rivera Raya y a la moral Constructora de Espacios, Sociedad Anónima de Capital Variable y los emplace al presente juicio de amparo, para lo cual deberá de correrles traslado con copia de la demanda, haciéndole saber la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, los requiera para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se les practique, señale domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, apercibiéndole que de no hacerlo, las subsecuentes se le practicaran en el domicilio donde se le emplace. Domicilio procesal y autorizado. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que cita en su escrito inicial de demanda y como autorizado en términos amplios conforme al artículo 12 de la Ley de Amparo a Dante Trejo Torres y Héctor Cortes Arreola, toda vez que cuenta con cédula profesional registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitación de días y horas inhábiles. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Pruebas. Asimismo, se reserva acordar lo que conforme a derecho corresponda respecto de la prueba tetsimonial, hasta en tanto se encuentren emplazadas la totalidad de las partes al presente juicio de amparo. Notificación a la autoridades. Se ordena que únicamente la presente determinación, así como las subsecuentes que tengan trascendencia procesal, se notifique a las autoridades responsables por medio de oficio; lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se les notificaran por medio de lista. Copias. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Datos personales. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida. Por otra parte, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y personalmente al agente del ministerio público de la federación adscrito y tercero interesado.
- Incidental
Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias simples de la demanda de amparo, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 593/2019, promovido por Esaú Camarena Chávez, por su propio derecho. Acto reclamado y autoridades responsables. Cabe destacar que en el caso, el promovente hace consistir los actos reclamados en: Autoridades de las que reclama: Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán. Actuario del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad de Uruapan, Michoacán. Actos reclamados: IV.- ACTOS RECLAMADOS.- De las Autoridades señaladas como Ordenadoras, lo constituye todo el procedimiento llevado a cabo a espaldas de mi representado sin haber sido oído y vencido en juicio, esto dentro del Juicio Sumario Civil Hipotecario número 747/2015, tramitado en el Juzgado Primero de Primera Instancia en materia Civil de Uruapan, Michoacán, promovido por los Apoderados jurídicos de Leticia Rivera Raya en contra de la moral denominada Constructora de Espacios, Sociedad Anónima de Capital Variable. En forma sobresaliente reclamo el que se le haya privado al ahora quejoso de la propiedad del inmueble que fue dado en garantía y que se adjudicó la tercero interesada Leticia Rivera Raya en el juicio de donde emana el acto reclamado, siendo este el agravio personal, directo e inmediato que se reclama y que afecta en grado preponderante o superior y que es realmente lo que importa al quejoso, que se le respete el derecho humano de propiedad. De igual manera se reclama la orden de desocupación, así como la entrega real y material del inmueble propiedad de mi representado, quien es el legítimo propietario del Lote número 17, manzana 3, (actualmente numero 45) de la calle Santa Honoria, del Fraccionamiento Santa Mónica de esta Ciudad de Uruapan, emitida mediante auto de fecha 10 diez de abril del año en curso, dentro del juicio antes referido, así como todos los autos, decretos y resoluciones dictados con anterioridad y los que se sigan emitiendo, con las consecuencias legales que ello implica al seguir un juicio, sin que se hubiera oído y vencido en juicio al ahora quejoso, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, habida cuenta de, que no fue llamado a juicio, dejándolo en completo estado de indefensión, al no poder comparecer a dar contestación a la demanda instaurada y oponer las defensas y excepciones a que hubiere lugar, con lo cual se afecta su interés jurídico colmo persona extraña al procedimiento en cita. Actos que se reclaman toda vez que el quejoso es titular de un derecho subjetivo material como es -la propiedad- que se le afecta de manera personal, directa e inmediata, de conformidad con el artículo 107, fracción 1, último párrafo de la Constitución General de la República, pues se le ha privado de la propiedad del inmueble que se detalla en el documento fundatorio de esta acción constitucional y que coincide con el bien que se ha adjudicado, mismo que desde antes del inicio del juicio de donde emana el acto reclamado ya había salido del patrimonio de la deudora, es más desde antes de la celebración del contrato de mutuo simple con garantía hipotecaria, que fue el documento fundatorio de la parte actora en el juicio de donde emana el acto reclamado ya que el inmueble había salido del patrimonio de la demandada". Dicho derecho subjetivo se acredita con la copia certificada por Fedatario Público del original del contrato de compraventa de fecha 15 quince de enero de 2009 dos mil nueve, celebrado por el Director y/o Administrador de la empresa denominada Constructora de Espacios S.A de C.V., como vendedor y el quejoso Isaac Meraz Monroy, en su carácter de comprador, respecto de los inmuebles identificados como lote 17 y 18, de la manzana 3, ubicados en la calle Santa Honoria, del -fraccionamiento Santa Mónica de esta Ciudad de Uruapan, Michoacán, con las siguientes medidas y colindancias: el primero AL NORTE, 6.00 metros con el lote 8, AL SUR, 6.00 metros con calle Santa Honoria, AL ORIENTE, 16.00 metro S con lote 118, y AL PONIENTE 16.00 con lote 16, y el segundo AL NORTE, 6.00 metros con lote 9, AL SUR 6.00 metros con calle Santa Honoria, AL ORIENTE, 16.00 metros con calle Santa Mónica, y AL PONIENTE, 16.00 metros con lote 17, ya que dicho acuerdo de voluntades firmado por los contratantes, tiene fecha cierta desde el día 15 quince de enero del 2009 dos mil nueve, en que se firmó el mismo, y que con fecha 3 tres de febrero de 2009 dos mil nueve se presentó ante el Lic. Eduardo Estrada García, Notario Público número 42, con ejercicio y residencia en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, para su cotejo con el original, el cual merece valor probatorio pleno al tenor de lo dispuesto por el artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, además de que, a criterio de Nuestro Más Alto Tribunal, los documentos privados tienen fecha cierta, cuando se dan las hipótesis jurídicas siguientes: I. A partir del día en que el documento se incorpore o se inscriba en un Registro Público de la Propiedad. II. Desde la fecha en que el documento se presente ante un funcionario público, por razón de su oficio; y, finalmente, III. A partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. Por tanto, si el contrato de compraventa de 15 quince de enero de 2009 dos mil nueve, fue presentado con fecha 3 tres de febrero de 2009 dos mil nueve para su cotejo ante el Notario Público número 42 en el Estado, con residencia en esta ciudad de Uruapan, es incuestionable que el mismo tiene fecha cierta, con lo cual se acredita el interés jurídico para comparecer al juicio que nos ocupa. [.] De la autoridad señalada como Ejecutora reclamo la ejecución que pretende llevar a Cabo sobre desocupación, así como la entrega real y material del inmueble de mi propiedad y que se deriva del auto dictado con fecha 10 diez de abril del año en curso, dentro del Juicio Sumario Civil Hipotecario número 747/2015, tramitado en el Ju2gado Primero de Primera Instancia en materia Civil de Uruapan, Michoacán, por Leticia Rivera Raya en contra de la moral denominada Constructora de Espacios, Sociedad Anónima de Capital Variable.". Requerimiento de informe previo y señalamiento de audiencia incidental. Con fundamento en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, remítase copia de la demanda a la autoridad señalada como responsable y pídasele el informe previo que deberá rendir por duplicado dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, contadas a partir del momento al en que reciba el oficio de notificación. Cítese a las partes a la audiencia incidental que deberá tener verificativo a las diez horas con cinco minutos del veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. Asimismo, de conformidad con el artículo 140 de la Ley de Amparo, el informe previo de la autoridad responsable se concretará a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se le atribuyen, podrá expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberá proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan al órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes. Con fundamento en los artículos 26, fracción II, y 28, fracción II, de la Ley de Amparo, dígase a la autoridad responsable que la notificación que se le haga surtirá todos sus efectos legales desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable, a su representante o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina, y si se negare a recibir dicho oficio se tendrá por hecha la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que ésta contenga. Petición de parte respecto a la suspensión. La parte quejosa solicitó la suspensión provisional del acto reclamado y, en su momento, la definitiva; por ende, se colma el requisito de procedibilidad previsto en la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo. Existencia del acto reclamado. Toda vez que se trata de la suspensión provisional, para efecto de determinar la existencia del acto reclamado, deberá atenderse, en forma preliminar, únicamente a lo expuesto por la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, en su demanda de amparo y escrito aclaratorio, así como las pruebas que en su caso hubiese aportado. De ahí que resulte suficiente lo expuesto por el quejoso en su demanda para tener demostrada la existencia de los actos reclamados en esta vía. Calificación de la suspensión. En relación al efecto para el cual solicitan la suspensión del acto reclamado precisado con antelación, se procede a analizar la procedencia de la medida cautelar solicitada. En esas condiciones, en el caso concreto, no resulta procedente conceder la suspensión provisional solicitada, en razón de que la parte quejosa no acredita su interés suspensional, es decir, no exhiben los documentos idóneos que acrediten la propiedad y la posesión del inmueble ubicado en el lote número 17, manzana 3, (actualmente numero 45) de la calle Santa Honoria, del Fraccionamiento Santa Mónica de esta Ciudad de Uruapan, por lo que su dicho no es suficiente asegurar que tiene los derechos, sino que es indispensable justificar al menos presuntiva o indiciariamente dicha afirmación con prueba idónea para ello, porque la finalidad de la medida cautelar es decidir si procede suspender los actos que presumiblemente causarán daños y perjuicios de difícil reparación a la parte quejosa. Por tanto, se reitera que, en el presente caso no se justifica, de manera presuntiva o indiciaria, el interés suspensional de la solicitante del amparo. Sin que obste para lo anterior, que la parte quejosa exhibió un contrato cotejado de compra venta pasado ante la fe del notario público número cuarenta y dos con residencia y ejercicio en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, sin embargo, del mismo no se advierte la causa generadora del vendedor, esto es, cómo adquirió la propiedad y posesión del inmueble de que se trata, ya que únicamente manifestó que es legítimamente propietario, es decir, no se asienta en el contrato dato de alguna escritura de propiedad. Cabe mencionar que la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por lo que, para que la posesión de un bien sea objeto a través del juicio de amparo, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión, y es el caso que en el contrato de compraventa que exhibe el quejoso, carece de base objetiva, es decir, de cómo adquirió el bien inmueble el vendedor, a efecto de que dé certeza jurídica. Resulta aplicable al caso en concreto la Jurisprudencia, sustentada por el Peno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Novena Época, pagina 5, que a la letra dice "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Lo anterior, sin que se haya pasado por alto la teoría de la apariencia del buen derecho respecto del acto reclamado, pues la parte quejosa no cumple con uno de los elementos que nutren dicha teoría, específicamente la demostración presuntiva del interés suspensional. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del texto siguiente: "SUSPENSIÓN. PROTESTA DE DECIR VERDAD, VALOR Y EFECTO EN EL INCIDENTE DE. El que la parte quejosa en la demanda de amparo haya indicado, bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que le consten, no significa que por ello sea procedente la medida suspensional que solicita, pues el hecho de que haya manifestado tal circunstancia, no le eximía de la obligación de acompañar al cuaderno incidental, algún elemento de convicción que en forma indiciaria robusteciera su aserto. Ello es así, porque las declaraciones que realizó la quejosa en su escrito de demanda bajo protesta de decir verdad, únicamente tiene como efecto dar cumplimiento a uno de los requisitos formales que toda demanda de amparo indirecto debe contener, conforme lo dispone el artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, más desde luego ello no implica la veracidad de lo afirmado, lo cual debe ser demostrado indiciariamente en el cuaderno incidental; por tanto la mencionada protesta, es insuficiente para acreditar presuntivamente el interés jurídico de la quejosa." Domicilio procesal y autorizados Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que cita en su escrito inicial de demanda y como autorizado en términos amplios conforme al artículo 12 de la Ley de Amparo a Dante Trejo Torres y Héctor Cortes Arreola, toda vez que cuenta con cédula profesional registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitación de días y horas inhábiles; autorización de firma de oficios; capturas y anotaciones en el expediente A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de la adscripción esté en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que le sean encomendadas con motivo de la tramitación de este incidente de suspensión. Habilitación de días y horas hábiles; autorización de firma de oficios; capturas y anotaciones en el expediente. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de la adscripción esté en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que le sean encomendadas con motivo de la tramitación de esta incidencia. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto. Se ordena que únicamente la presente determinación, así como las subsecuentes que tengan trascendencia procesal, se notifiquen a las autoridades responsables por medio de oficio; lo que se hace de su conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se les notificarán por medio de lista. Se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que obre en autos. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE; mediante oficio a las autoridades responsables.
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