Isaac Pimentel Mejía

Expediente 1294/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1294/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
10/04/2023

Partes del expediente

  • Isaac Pimentel Mejía

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Incidental

    En los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1294/2022, se dictó la siguiente interlocutoria: V I S T O S para resolver, sobre la suspensión definitiva en el incidente relativo al juicio de amparo número 1294/2022; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Isacc Pimentel Mejía, reclama lo siguiente: De la autoridad ordenadora: I. Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos: la resolución de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, dictada en el expediente administrativo TJA/3ªS/155/2019, por la cual se impone una multa equivalente a cien unidades de medidas y actualización. De las autoridades ejecutoras: II. Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Morelos. III. Notificador y Ejecutor Fiscal, adscrito a la Dirección General de Recaudación, dependiente de la Coordinación de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Morelos. Reclama lo siguiente: La ejecución del mandamiento MEJ20220604 de seis de julio de dos mil veintidós, notificado el seis de septiembre de la misma anualidad. SEGUNDO. Como se ordenó en el cuaderno principal, por auto de catorce de marzo de dos mil veintitrés, se proveyó sobre la suspensión provisional; se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe previo y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Las autoridades responsables antes citadas, al rendir su respectivo informe previo aceptaron la existencia de los actos que se les reclaman. SEGUNDO. En ese contexto, es menester destacar que la finalidad de suspensión en el amparo, en esencia, en conservar la materia de la litis y evitar a los quejosos la materialización de daños irreparables. Por lo que hace a conservar la materia del juicio, esta finalidad busca que a través de la paralización de los actos reclamados éstos no se ejecuten en lo que el juicio de amparo es resuelto en forma definitiva. Por su parte, el evitar causar daños irreparables a los quejosos está relacionado con lo previsto en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, conforme el cual, cuando el acto reclamado se haya consumado de modo irreparable, el juicio deberá ser sobreseído, lo que se traduce en la existencia de una imposibilidad técnica para abordar el estudio del asunto. Es decir, la finalidad en comento busca indirectamente conservar la materia del juicio y, directamente, la producción de efectos nocivos mayores en la esfera jurídica de los quejosos. Por tanto, el quejoso podrá solicitar la suspensión de los actos reclamados, a condición de que se cumpla con lo previsto en el artículo 128 del multirreferido ordenamiento, el cual en esencia establece lo siguiente: El quejoso debe solicitar la suspensión de los actos reclamados. El otorgamiento de la suspensión no debe traducirse o implicar: ? El perjuicio del interés social. ? La contravención de disposiciones de orden público. Junto con el cumplimiento de esos requisitos, para otorgar la medida cautelar debe atenderse a la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora. Es decir, a la posibilidad que tiene el quejoso de obtener una sentencia favorable a sus intereses y el peligro que implicaría negar la suspensión frente a la posibilidad real de otorgarse el amparo. De esta forma, además de verificar que se satisfagan los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, el juzgador debe hacer una apreciación provisional de la inconstitucionalidad reclamada con el fin de determinar o anticipar la probabilidad de otorgar el amparo solicitado y, de ser el caso, conceder la medida cautelar sin menoscabar los requisitos previstos en la disposición jurídica antes mencionada. Además, la modalidad de la suspensión que se analiza permite la existencia de un primer pronunciamiento del juzgador, el cual se emite con motivo de la solicitud inicial de la medida al cual se denomina suspensión provisional y que se resuelve con base únicamente en los elementos aportados en la demanda de amparo (manifestaciones y pruebas), sin analizar la existencia de los actos materia de la suspensión (pues ello será objeto de pronunciamiento en otro momento). Esto porque al proveer sobre la suspensión provisional, el órgano de amparo sólo cuenta con lo expresado y aportado (en su caso) por el quejoso, pues no ha dado intervención a las autoridades responsables para que manifiesten sobre la suspensión provisional. Por tanto, se trata de una medida que se otorga sobre la base del principio de buena fe, verificando el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley de Amparo y tras determinar que la naturaleza de los actos materia de la suspensión permite su paralización. Una vez que la autoridad fue requerida para rendir el informe previo y, en su caso, ofreció las pruebas que estimó pertinentes, el órgano de amparo se pronunciará sobre la procedencia de la medida. De esta forma, es el órgano de amparo quien debe fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta su conclusión, lo cual implica que el legislador reconoció la potestad del órgano de amparo para pronunciarse sobre los actos materia de la suspensión, así como de los efectos de tal medida, al margen de que el quejoso identifique los efectos que habrá de producir la suspensión. Con base en lo anterior, esta juzgadora considera pertinente analizar el contenido del numeral 139 de la Ley de Amparo, el cual a continuación se transcribe para pronta referencia: "Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para los quejosos, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarda hasta que se notifique a las autoridades responsables la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo." Del precepto en estudio, se destaca que en los casos en que proceda la suspensión, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado, con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guardan hasta que se notifique a la autoridad responsable, la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva. En ese contexto normativo, el asunto que nos ocupa actualiza la hipótesis que se comenta, ya que en el supuesto de ejecutarse el acto reclamado podría generarse consecuencias no reparables a la parte quejosa. Decisión: Con base en lo hasta aquí expuesto, y con fundamento en los artículos 126, 128, 139, de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva solicitada para el único efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y como consecuencia no se le cobre la multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización. Esta suspensión surte sus efectos de inmediato y su efectividad queda sujeta a que se garantice el interés fiscal ante la autoridad responsable competente, por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, en los términos previsto por el artículo 135 de la Ley de Amparo. Se concede a la quejosa el plazo de cinco días hábiles, para que compruebe ante este Juzgado de Distrito, que garantizó ante la autoridad exactora responsable el crédito fiscal materia de la suspensión del acto reclamado, como ya se dijo, en cualquiera de las formas establecidas en la legislación fiscal aplicable. Lo anterior, toda vez que conforme al artículo 13 del Código Fiscal para el Estado de Morelos, la multa impuesta por la autoridad responsable constituye un crédito fiscal. Se estiman aplicables, en lo conducente, las jurisprudencias y tesis que llevan por datos de identificación, rubro y texto, los siguientes: Tesis: I.4o.A.71, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, con número de registro 203101, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN. PARA QUE SURTA EFECTOS RESPECTO DE UNA SANCIÓN ECONÓMICA IMPUESTA A UN SERVIDOR PÚBLICO, DEBE OBSERVARSE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO. Al margen de la procedencia o improcedencia de la sanción económica que se imponga a un servidor público, en virtud de que conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 75 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, constituye un crédito fiscal en favor del Erario Federal, situación que se ve reforzada con lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 4o. del Código Fiscal de la Federación; resulta correcta la determinación a través de la que el Juez de Distrito condiciona el que surta efectos la suspensión solicitada y concedida para que no se ejecute la sanción económica, a que se garantice su importe mediante depósito ante la Tesorería de la Federación, en términos de lo dispuesto por el artículo 135 de la Ley de Amparo". Tesis: PC.I.A. J/57 A (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2010522 Plenos de Circuito Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo III Pag. 2118 Jurisprudencia (Común) "MULTAS ADMINISTRATIVAS. AL CONSTITUIR APROVECHAMIENTOS QUE ADQUIEREN LA NATURALEZA DE CRÉDITOS FISCALES, EN LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO DEBE GARANTIZARSE EL INTERÉS FISCAL, CONFORME AL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO. El primer párrafo del precepto citado dispone que cuando el amparo se solicite contra actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 2a./J. 148/2005, de rubro: "MULTAS ADMINISTRATIVAS NO FISCALES. PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO, EL QUEJOSO DEBE GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL ANTE LA AUTORIDAD EXACTORA O ACREDITAR HABERLO HECHO." y 2a./J 138/2008, de rubro: "MULTAS ADMINISTRATIVAS, SON APROVECHAMIENTOS Y LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO DEBE GARANTIZARSE CONFORME AL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO.", estableció que las multas administrativas constituyen aprovechamientos que adquieren la naturaleza de créditos fiscales, exigibles mediante el procedimiento administrativo de ejecución; por tanto, con independencia de que las multas provengan de infracciones de carácter tributario u ordenamientos administrativos, al constituir créditos que participan de tal naturaleza, en términos de la norma vigente, podrá otorgarse discrecionalmente la suspensión en su contra, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora correspondiente por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables." Décima época Registro: 2006860 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 7, junio de 2014, tomo II Materia: Común Tesis: IV.2o.A.84 A Página: 1925 "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMA EL COBRO DE CONTRIBUCIONES O CRÉDITOS FISCALES CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, SURTE EFECTOS DE INMEDIATO, Y SU EFECTIVIDAD QUEDA SUJETA A QUE SE GARANTICE EL INTERÉS FISCAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 135 DE DICHO ORDENAMIENTO (APLICACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS P./J. 43/2001 Y 2a./J. 74/2006). Durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia P./J. 43/2001, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. SURTE SUS EFECTOS DESDE LUEGO, SIN QUE PARA ELLO SE REQUIERA DE LA EXHIBICIÓN DE LA GARANTÍA RESPECTIVA.", en la que consideró que de la interpretación armónica de los artículos 125, 130 y 139 de aquel ordenamiento, en atención a la naturaleza, objeto, requisitos de procedencia y efectividad de la suspensión, así como al principio general de derecho que se refiere a que donde existe la misma razón, debe existir la misma disposición, debía concluirse que la suspensión provisional que puede decretarse con la sola presentación de la demanda, cuando exista peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso, surte efectos inmediatamente después de que se concede y no hasta que se exhiba la garantía fijada, porque de lo contrario no se cumpliría con su finalidad de evitar al quejoso perjuicios de difícil reparación, sin que ello implicara que de no exhibirse esa garantía, dejara de surtir efectos. Asimismo, la Segunda Sala del propio Alto Tribunal emitió la jurisprudencia 2a./J. 74/2006, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CUANDO SE RECLAMA EL COBRO DE CONTRIBUCIONES. SURTE SUS EFECTOS DE INMEDIATO, PERO SU EFECTIVIDAD ESTÁ SUJETA A QUE EL QUEJOSO EXHIBA LA GARANTÍA EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS POR EL JUEZ (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 43/2001).", en la que precisó que el criterio establecido en la jurisprudencia indicada era aplicable también respecto de la garantía contenida en el artículo 135 de la Ley de Amparo, que preveía la suspensión cuando se reclama el cobro de contribuciones, ya que, en primer lugar, en la ejecutoria relativa se señaló que los requisitos de procedencia de la suspensión (a petición de parte) son aquellas condiciones que deben reunirse para que surja la obligación jurisdiccional de concederla y que éstas se establecían en el artículo 124 de dicha ley, mientras que los requisitos de efectividad estaban contenidos en sus diversos preceptos 125, 135, 136 y 139, dependiendo de la naturaleza del acto reclamado, y se constituyen por las condiciones que el quejoso debe llenar para que surta efectos la suspensión concedida; asimismo, que los requisitos de efectividad se referían a la causación de los efectos de la medida, por lo que bien podía acontecer que la suspensión haya sido concedida por estar colmadas las condiciones de su procedencia y que, sin embargo, no operara la paralización o cesación del acto reclamado o de sus consecuencias, por no haberse aún cumplido los requisitos que la ley señala para su efectividad; y que la ratio legis de la garantía prevista en el artículo 135 mencionado tendía a satisfacer los fines relativos a salvaguardar el interés fiscal, que esencialmente se asemejaban a los perseguidos por los artículos 125, 130 y 139 referidos, por lo que de acuerdo con el principio de derecho que establece: "donde existe la misma razón debe regir la misma disposición", los argumentos contenidos en la jurisprudencia inicialmente indicada podían aplicarse en esos casos. Luego, el criterio jurídico contenido en esas tesis de jurisprudencia es aplicable a los casos en que se reclame el cobro de contribuciones o créditos fiscales, tramitados conforme a la Ley de Amparo vigente, en términos de su artículo sexto transitorio, porque no se contrapone con sus disposiciones, ya que su artículo 128 establece requisitos de procedencia de la suspensión a petición del quejoso que debe tomar en cuenta el Juez de Distrito al tomar la decisión correspondiente, en términos similares a los que preveía el artículo 124 de la ley abrogada en sus fracciones I y II; y los artículos 132, 135 y 136 de la ley vigente, instituyen requisitos de efectividad que también resultan similares a los contenidos en los numerales 125, 135 y 139 de la abrogada. Por tanto, la suspensión provisional en este tipo de asuntos surte efectos de inmediato y su efectividad queda sujeta a que se garantice el interés fiscal en términos del artículo 135 de la ley de la materia vigente." Registro número: 203071 Novena época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: III, marzo de 1996 Página: 1013 Tesis: XX.19 A Tesis aislada Materia: Administrativa "RESOLUCIONES FISCALES. ES PROCEDENTE LA SUSPENSION DEFINITIVA CONTRA LAS CONSECUENCIAS Y EFECTOS DE LAS. Si bien es cierto que contra la emisión de las órdenes de embargo y de las resoluciones fiscales no es procedente el otorgamiento de la suspensión definitiva por tratarse de actos consumados, ya que al emitirse se consuman; también lo es, que no sucede lo mismo con los efectos y consecuencias de tales actos, en razón de que éstos no se consuman, ya que un embargo que ha sido trabado puede considerarse como consumado pero sus efectos ulteriores, como son, por ejemplo el remate y la adjudicación, sí son suspendibles, y respecto de una resolución que determina una obligación fiscal a cargo de un particular, la emisión de la resolución en sí es consumada, pero la consecuencia y efecto de la misma que es su ejecución no, y por tanto, sí puede ser suspendible." En la inteligencia de que esta medida suspensiva no surtirá efecto legal ni material alguno si el acto reclamado ya fue ejecutado totalmente, o si la ejecución deriva del cumplimiento dado a una ejecutoria en cuyo procedimiento la quejosa haya sido oída y vencida; o bien, si deriva del cumplimiento dado a una ejecutoria de amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por Isaac Pimentel Mejía, respecto de los actos y autoridades precisados en el resultando primero, por los motivos expuestos en el considerando segundo de esta interlocutoria. Notifíquese. Así lo resolvió y firma firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de Jaime César Pereyra Román, secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.

  2. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Vista la razón de cuenta; de conformidad con los ordinales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, agréguese a los autos el informe previo rendido por el Procurador Fiscal del estado de Morelos, en representación del Director General de Recaudación y el Notificador y Ejecutor Fiscal de su adscripción; al respecto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley de la Materia, se tiene por rendido el citado INFORME PREVIO, con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga. Con fundamento en el dispositivo 9°, de la Ley de la materia, se tienen por designados como delegados a las personas que menciona. En relación al correo electrónico y número telefónico que proporciona, se tienen por autorizados únicamente como medios de contacto con la autoridad responsable, más no de notificación, toda vez que la Ley de Amparo no los prevé. Respecto a la solicitud que hace de que se le permita la consulta del presente expediente vía internet por medio de los usuarios que refiere, de conformidad con lo establecido por el Acuerdo 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramitación del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico, siempre y cuando las cuentas que refiere se encuentren registradas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las pruebas documentales que exhibe, mismas que serán relacionadas en la audiencia incidental respectiva. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, Secretaria en Funciones de Jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de Jaime César Pereyra Román, que autoriza. Doy fe.

  3. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Vista la razón de cuenta; de conformidad con los ordinales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, agréguese a los autos el informe previo rendido por la autoridad responsable; al respecto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley de la Materia, se tiene por rendido el citado INFORME PREVIO, con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, Secretaria en Funciones de Jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza. Doy fe.

  4. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, a veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, de donde se advierte que no obran los informes previos de las autoridades responsables, así como tampoco los acuses de recibo de los oficios por medio de los cuales les fue solicitado; razón por la cual, no es posible celebrar la audiencia incidental señalada para esta fecha, misma que se difiere para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON OCHO MINUTOS DEL DIEZ DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, Secretaria en funciones de Jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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