Isaac Pimentel Mejía

Expediente 1426/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 16 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1426/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
04/04/2023

Partes del expediente

  • Isaac Pimentel Mejía
  • Ministerio Público Federal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    ..Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 74, 75, 76, 77 fracción I, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******************** en su carácter de presidente municipal de ********************, y por cuanto al Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Gobierno del estado de Morelos, en términos de lo expuesto en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. La justicia de la unión ampara y protege a ******************** respecto de los actos y autoridades responsables señaladas en el considerando segundo de esta resolución, por los motivos y para los efectos precisados en los considerandos sexto y séptimo de esta sentencia, respectivamente. Notifíquese por lista y a las partes conforma a lo siguiente: Parte Notificación Quejosa Personalmente Autoridades responsables Por oficio Agente del ministerio público federal adscrito a este juzgado Personalmente Así lo resolvió y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, con la asistencia de Jesús Alejandro Gutiérrez Godínez, secretario que autoriza y da fe, hasta hoy cuatro de abril de dos mil veintitrés, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  2. Principal

    Al haber transcurrido el término concedido a la parte QUEJOSA, para comparecer a oír y recibir notificación del proveído o resolución citado; en consecuencia, el inciso b), fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo se le notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito el proveído de fecha que a continuación se indica: SENTENCIA DICTADA EN FECHA CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS: "..Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 74, 75, 76, 77 fracción I, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******************** en su carácter de presidente municipal de ********************, y por cuanto al Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Gobierno del estado de Morelos, en términos de lo expuesto en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. La justicia de la unión ampara y protege a ******************** respecto de los actos y autoridades responsables señaladas en el considerando segundo de esta resolución, por los motivos y para los efectos precisados en los considerandos sexto y séptimo de esta sentencia, respectivamente. Notifíquese por lista y a las partes conforma a lo siguiente: Parte Notificación Quejosa Personalmente Autoridades responsables Por oficio Agente del ministerio público federal adscrito a este juzgado Personalmente Así lo resolvió y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, con la asistencia de Jesús Alejandro Gutiérrez Godínez, secretario que autoriza y da fe, hasta hoy cuatro de abril de dos mil veintitrés, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a nueve de enero de dos mil veintitrés Agréguese a los autos, para que obre como legalmente corresponda, el escrito de la parte quejosa Isaac Pimentel Mejía, mediante el cual amplia su demanda de amparo; en atención a su contenido, dígasele que en términos del artículo 111 de la Ley de Amparo, no ha lugar a acordar de conformidad lo que solicita, toda vez que con fecha cinco de enero de dos mil veintitrés, quedó celebrada la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Incidental

    V I S T O S para resolver, sobre la suspensión definitiva en el incidente relativo al juicio de amparo número 1426/2022; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Isaac Pimentel Mejía, por propio derecho y en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Ayala, Morelos, reclama del Congreso del Estado de Morelos y otras autoridades, lo siguiente: La inconstitucionalidad del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. El acuerdo de fecha veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, del cual deriva la imposición de la multa por parte del Tribunal Estatal de Conciliación. SEGUNDO. Como se ordenó en el cuaderno principal, por auto de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, se proveyó sobre la suspensión provisional; se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe previo y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. La autoridad responsable Titular de la Unidad de Enlace Jurídico, en representación de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo, al rendir su informe previo negó la existencia de los actos que se le reclaman. Máxime que la parte quejosa no aportó prueba apta alguna para desvirtuar tal negativa; por lo que, debe negarse la suspensión definitiva solicitada por falta de materia sobre la cual decretarla. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 1008, publicada en la página 1630, de la Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, que dice: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario". SEGUNDO. El Director General de Asuntos Constitucionales y Amparo de la Consejería Jurídica, en representación del Gobernador, Secretario de Gobierno y por ministerio de ley, Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertada" y Presidente de la Mesa Directiva de la LV Legislatura del Congreso, todos del Estado de Morelos, al rendir su respectivo informe previo aceptaron la existencia de los actos que se les reclaman, solamente por cuanto al refrendo promulgación y orden de publicación, aprobación y expedición de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, específicamente el artículo 124, fracción I. En consecuencia, con fundamento en el artículo 128, de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia que más adelante se invoca, se niega la suspensión definitiva solicitada, toda vez que la promulgación, refrendo y publicación de la mencionada ley, revisten el carácter de actos consumados, puesto que, tales actos, ya se llevaron a cabo, y por ende, no resulta procedente conceder la providencia cautelar solicitada. Al caso tiene aplicación la Jurisprudencia número 12, de la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, del Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice del 2000, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie.". Además, es de precisarse que, cuando se reclama la inconstitucionalidad de determinadas leyes, la materia de la suspensión es la ejecución o aplicación de las mismas, que es lo que en realidad podría perjudicar a la parte quejosa, más no su expedición, por lo que, por mayoría de razón es inconducente conceder la medida cautelar de que se trata. Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia número VI.2º.C.J/174, visible en la página 775, Tomo X, de Julio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SUSPENSIÓN CONTRA UNA LEY.- Es improcedente conceder la suspensión contra la expedición de Leyes, porque la materia de la suspensión es la ejecución o aplicación de las mismas leyes, y no éstas es sí, y su inconstitucionalidad, que es lo que puede perjudicar a los quejosos, es materia del fondo del amparo y no del incidente de suspensión." TERCERO. La autoridad responsable Subprocuradora Fiscal de Asuntos Estatales, en representación del Titular de la Coordinación de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, así como del Notificador y ejecutor Fiscal adscrito a dicha Coordinación, al rendir su informe previo aceptó la existencia de los actos que se le reclaman. Por su parte, el Presidente y Tercer Arbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y arbitraje del Estado de Morelos, por si y en representación del Actuario de su adscripción, al rendir su informe previo negó la existencia de los actos que se le reclaman, sin embargo de la lectura de su informe se desprende que es cierto el acto reclamado, por lo que se le tiene por cierto el mismo. CUARTO. Por su parte, solicita la suspensión del acto reclamado, en específico, la ejecución del cobro de la multa impuesta, por considerar que pueden deparar en posibles perjuicios de difícil reparación. En ese contexto, es menester destacar que la finalidad de suspensión en el amparo, en esencia, en conservar la materia de la litis y evitar al quejoso la materialización de daños irreparables. Por lo que hace a conservar la materia del juicio, esta finalidad busca que a través de la paralización de los actos reclamados éstos no se ejecuten en lo que el juicio de amparo es resuelto en forma definitiva. Por su parte, el evitar causar daños irreparables al quejoso está relacionado con lo previsto en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, conforme el cual, cuando el acto reclamado se haya consumado de modo irreparable, el juicio deberá ser sobreseído, lo que se traduce en la existencia de una imposibilidad técnica para abordar el estudio del asunto. Es decir, la finalidad en comento busca indirectamente conservar la materia del juicio y, directamente, la producción de efectos nocivos mayores en la esfera jurídica del quejoso. Por tanto, el quejoso podrá solicitar la suspensión de los actos reclamados, a condición de que se cumpla con lo previsto en el artículo 128 del multirreferido ordenamiento, el cual en esencia establece lo siguiente: El quejoso debe solicitar la suspensión de los actos reclamados. El otorgamiento de la suspensión no debe traducirse o implicar: El perjuicio del interés social. La contravención de disposiciones de orden público. Junto con el cumplimiento de esos requisitos, para otorgar la medida cautelar debe atenderse a la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora Es decir, a la posibilidad que tiene el quejoso de obtener una sentencia favorable a sus intereses y el peligro que implicaría negar la suspensión frente a la posibilidad real de otorgarse el amparo. De esta forma, además de verificar que se satisfagan los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, el juzgador debe hacer una apreciación provisional de la inconstitucionalidad reclamada con el fin de determinar o anticipar la probabilidad de otorgar el amparo solicitado y, de ser el caso, conceder la medida cautelar sin menoscabar los requisitos previstos en el artículo 128 mencionado. Además, la modalidad de la suspensión que se analiza permite la existencia de un primer pronunciamiento del juzgador, el cual se emite con motivo de la solicitud inicial de la medida al cual se denomina suspensión provisional y que se resuelve con base únicamente en los elementos aportados en la demanda de amparo (manifestaciones y pruebas), sin analizar la existencia de los actos materia de la suspensión (pues ello será objeto de pronunciamiento en otro momento). Esto porque al proveer sobre la suspensión provisional, el órgano de amparo sólo cuenta con lo expresado y aportado (en su caso) por el quejoso, pues no ha dado intervención a las autoridades responsables para que manifiesten sobre la suspensión provisional. Por tanto, se trata de una medida que se otorga sobre la base del principio de buena fe, verificando el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley de Amparo y tras determinar que la naturaleza de los actos materia de la suspensión permite su paralización. Una vez que la autoridad fue requerida para rendir el informe previo y, en su caso, ofreció las pruebas que estimó pertinentes, el órgano de amparo se pronunciará sobre la procedencia de la medida. De esta forma, es el órgano de amparo quien debe fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta su conclusión, lo cual implica que el legislador reconoció la potestad del órgano de amparo para pronunciarse sobre los actos materia de la suspensión, así como de los efectos de tal medida, al margen de que el quejoso identifique los efectos que habrá de producir la suspensión. Con base en lo anterior, este juzgador considera pertinente analizar el contenido del numeral 139 de la Ley de Amparo, el cual a continuación se transcribe para pronta referencia: "Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo." Del precepto en estudio, se destaca que en los casos en que proceda la suspensión, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado, con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guardan hasta que se notifique a la autoridad responsable, la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva. En ese contexto normativo, el asunto que nos ocupa actualiza la hipótesis que se comenta, ya que en el supuesto de ejecutarse el acto reclamado podrían generarse consecuencias no reparables al quejoso. Decisión: Con base en lo hasta aquí expuesto, y con fundamento en los artículos 126, 128, 139, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se concede la suspensión solicitada para el único efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y como consecuencia no se le cobre el crédito fiscal que refiere en su escrito de demanda. Esta suspensión surte sus efectos de inmediato y su efectividad queda sujeta a que se garantice el interés fiscal ante la autoridad responsable competente, por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, en los términos previsto por el artículo 135 de la Ley de Amparo. Se concede a la parte quejosa el plazo de cinco días hábiles, para que compruebe ante este Juzgado de Distrito, que garantizó ante la autoridad exactora responsable el crédito fiscal materia de la suspensión del acto reclamado, como ya se dijo, en cualquiera de las formas establecidas en la legislación fiscal aplicable. Lo anterior, toda vez que conforme al artículo 13 del Código Fiscal para el Estado de Morelos, la multa impuesta por la autoridad responsable constituye un crédito fiscal. Se estiman aplicables, en lo conducente, las jurisprudencias y tesis que llevan por datos de identificación, rubro y texto, los siguientes: Tesis: I.4o.A.71, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 203101, que a la letra dice: "SUSPENSION. PARA QUE SURTA EFECTOS RESPECTO DE UNA SANCION ECONOMICA IMPUESTA A UN SERVIDOR PUBLICO, DEBE OBSERVARSE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 135 DE LA LEY DE AMPARO. Al margen de la procedencia o improcedencia de la sanción económica que se imponga a un servidor público, en virtud de que conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 75 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, constituye un crédito fiscal en favor del Erario Federal, situación que se ve reforzada con lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 4o. del Código Fiscal de la Federación; resulta correcta la determinación a través de la que el Juez de Distrito condiciona el que surta efectos la suspensión solicitada y concedida para que no se ejecute la sanción económica, a que se garantice su importe mediante depósito ante la Tesorería de la Federación, en términos de lo dispuesto por el artículo 135 de la Ley de Amparo". Tesis: PC.I.A. J/57 A (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2010522 Plenos de Circuito Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo III Pag. 2118 Jurisprudencia(Común) "MULTAS ADMINISTRATIVAS. AL CONSTITUIR APROVECHAMIENTOS QUE ADQUIEREN LA NATURALEZA DE CRÉDITOS FISCALES, EN LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO DEBE GARANTIZARSE EL INTERÉS FISCAL, CONFORME AL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO. El primer párrafo del precepto citado dispone que cuando el amparo se solicite contra actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 2a./J. 148/2005, de rubro: "MULTAS ADMINISTRATIVAS NO FISCALES. PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO, EL QUEJOSO DEBE GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL ANTE LA AUTORIDAD EXACTORA O ACREDITAR HABERLO HECHO." y 2a./J. 138/2008, de rubro: "MULTAS ADMINISTRATIVAS, SON APROVECHAMIENTOS Y LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO DEBE GARANTIZARSE CONFORME AL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO.", estableció que las multas administrativas constituyen aprovechamientos que adquieren la naturaleza de créditos fiscales, exigibles mediante el procedimiento administrativo de ejecución; por tanto, con independencia de que las multas provengan de infracciones de carácter tributario u ordenamientos administrativos, al constituir créditos que participan de tal naturaleza, en términos de la norma vigente, podrá otorgarse discrecionalmente la suspensión en su contra, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora correspondiente por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables." Décima época Registro: 2006860 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 7, junio de 2014, tomo II Materia: Común Tesis: IV.2o.A.84 A Página: 1925 "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMA EL COBRO DE CONTRIBUCIONES O CRÉDITOS FISCALES CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, SURTE EFECTOS DE INMEDIATO, Y SU EFECTIVIDAD QUEDA SUJETA A QUE SE GARANTICE EL INTERÉS FISCAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 135 DE DICHO ORDENAMIENTO (APLICACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS P./J. 43/2001 Y 2a./J. 74/2006). Durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia P./J. 43/2001, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. SURTE SUS EFECTOS DESDE LUEGO, SIN QUE PARA ELLO SE REQUIERA DE LA EXHIBICIÓN DE LA GARANTÍA RESPECTIVA.", en la que consideró que de la interpretación armónica de los artículos 125, 130 y 139 de aquel ordenamiento, en atención a la naturaleza, objeto, requisitos de procedencia y efectividad de la suspensión, así como al principio general de derecho que se refiere a que donde existe la misma razón, debe existir la misma disposición, debía concluirse que la suspensión provisional que puede decretarse con la sola presentación de la demanda, cuando exista peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso, surte efectos inmediatamente después de que se concede y no hasta que se exhiba la garantía fijada, porque de lo contrario no se cumpliría con su finalidad de evitar al quejoso perjuicios de difícil reparación, sin que ello implicara que de no exhibirse esa garantía, dejara de surtir efectos. Asimismo, la Segunda Sala del propio Alto Tribunal emitió la jurisprudencia 2a./J. 74/2006, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CUANDO SE RECLAMA EL COBRO DE CONTRIBUCIONES. SURTE SUS EFECTOS DE INMEDIATO, PERO SU EFECTIVIDAD ESTÁ SUJETA A QUE EL QUEJOSO EXHIBA LA GARANTÍA EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS POR EL JUEZ (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 43/2001).", en la que precisó que el criterio establecido en la jurisprudencia indicada era aplicable también respecto de la garantía contenida en el artículo 135 de la Ley de Amparo, que preveía la suspensión cuando se reclama el cobro de contribuciones, ya que, en primer lugar, en la ejecutoria relativa se señaló que los requisitos de procedencia de la suspensión (a petición de parte) son aquellas condiciones que deben reunirse para que surja la obligación jurisdiccional de concederla y que éstas se establecían en el artículo 124 de dicha ley, mientras que los requisitos de efectividad estaban contenidos en sus diversos preceptos 125, 135, 136 y 139, dependiendo de la naturaleza del acto reclamado, y se constituyen por las condiciones que el quejoso debe llenar para que surta efectos la suspensión concedida; asimismo, que los requisitos de efectividad se referían a la causación de los efectos de la medida, por lo que bien podía acontecer que la suspensión haya sido concedida por estar colmadas las condiciones de su procedencia y que, sin embargo, no operara la paralización o cesación del acto reclamado o de sus consecuencias, por no haberse aún cumplido los requisitos que la ley señala para su efectividad; y que la ratio legis de la garantía prevista en el artículo 135 mencionado tendía a satisfacer los fines relativos a salvaguardar el interés fiscal, que esencialmente se asemejaban a los perseguidos por los artículos 125, 130 y 139 referidos, por lo que de acuerdo con el principio de derecho que establece: "donde existe la misma razón debe regir la misma disposición", los argumentos contenidos en la jurisprudencia inicialmente indicada podían aplicarse en esos casos. Luego, el criterio jurídico contenido en esas tesis de jurisprudencia es aplicable a los casos en que se reclame el cobro de contribuciones o créditos fiscales, tramitados conforme a la Ley de Amparo vigente, en términos de su artículo sexto transitorio, porque no se contrapone con sus disposiciones, ya que su artículo 128 establece requisitos de procedencia de la suspensión a petición del quejoso que debe tomar en cuenta el Juez de Distrito al tomar la decisión correspondiente, en términos similares a los que preveía el artículo 124 de la ley abrogada en sus fracciones I y II; y los artículos 132, 135 y 136 de la ley vigente, instituyen requisitos de efectividad que también resultan similares a los contenidos en los numerales 125, 135 y 139 de la abrogada. Por tanto, la suspensión provisional en este tipo de asuntos surte efectos de inmediato y su efectividad queda sujeta a que se garantice el interés fiscal en términos del artículo 135 de la ley de la materia vigente." Registro número: 174962 Novena época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XXIII, mayo de 2006 Página: 330 Tesis: 2ª/J. 74/2006 Jurisprudencia Materia: Administrativa "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CUANDO SE RECLAMA EL COBRO DE CONTRIBUCIONES. SURTE SUS EFECTOS DE INMEDIATO, PERO SU EFECTIVIDAD ESTÁ SUJETA A QUE EL QUEJOSO EXHIBA LA GARANTÍA EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS POR EL JUEZ (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 43/2001). El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo la jurisprudencia P./J. 43/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 268, con el rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. SURTE SUS EFECTOS DESDE LUEGO, SIN QUE PARA ELLO SE REQUIERA DE LA EXHIBICIÓN DE LA GARANTÍA RESPECTIVA.", criterio que también es aplicable respecto de la garantía prevista en el artículo 135 de la Ley de Amparo, que prevé la suspensión cuando se reclama el cobro de contribuciones, ya que, en primer lugar, en la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia de mérito, se señaló expresamente que los requisitos de procedencia de la suspensión (a petición de parte) son aquellas condiciones que se deben reunir para que surja la obligación jurisdiccional de conceder la suspensión y que éstas se prevén en el artículo 124 de la Ley de Amparo, mientras que los requisitos de efectividad están contenidos en los artículos 125, 135, 136 y 139 de la misma Ley, dependiendo de la naturaleza del acto reclamado, y se constituyen por las condiciones que el quejoso debe llenar para que surta efectos la suspensión concedida; y que a diferencia de los requisitos de procedencia de la suspensión, los de efectividad se refieren a la causación de los efectos de dicha medida, por lo que bien puede acontecer que la suspensión haya sido concedida por estar colmadas las condiciones de su procedencia y que, sin embargo, no opere la paralización o cesación del acto reclamado o de sus consecuencias, por no haberse aún cumplido los requisitos que la ley señala para su efectividad. En segundo lugar, porque la ratio legis de la garantía prevista en el artículo 135 de la Ley de Amparo tiende a satisfacer los fines relativos a salvaguardar, mediante la garantía, el interés fiscal de la Federación, Estado o Municipio; es decir, garantizar que el quejoso cubrirá el crédito fiscal que combate mediante el juicio de amparo, que esencialmente se asemejan a los perseguidos por los artículos 125, 130 y 139 de la Ley señalada, los cuales se examinan en la ejecutoria de mérito; por tanto, atendiendo al principio de derecho que establece "donde existe la misma razón debe regir la misma disposición", ha de sostenerse válidamente que los argumentos contenidos en la tesis de jurisprudencia, encaminados a determinar que la suspensión provisional surte sus efectos de inmediato y durante el plazo de 5 días que establece el citado artículo 139, para dar oportunidad a que el quejoso exhiba la garantía fijada, a la que se encuentra sujeta su oportunidad, pueden ser aplicados respecto de la suspensión provisional en materia fiscal, cuando se reclama el cobro de contribuciones." Registro número: 203071 Novena época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: III, marzo de 1996 Página: 1013 Tesis: XX.19 A Tesis aislada Materia: Administrativa "RESOLUCIONES FISCALES. ES PROCEDENTE LA SUSPENSION DEFINITIVA CONTRA LAS CONSECUENCIAS Y EFECTOS DE LAS. Si bien es cierto que contra la emisión de las órdenes de embargo y de las resoluciones fiscales no es procedente el otorgamiento de la suspensión definitiva por tratarse de actos consumados, ya que al emitirse se consuman; también lo es, que no sucede lo mismo con los efectos y consecuencias de tales actos, en razón de que éstos no se consuman, ya que un embargo que ha sido trabado puede considerarse como consumado pero sus efectos ulteriores, como son, por ejemplo el remate y la adjudicación, sí son suspendibles, y respecto de una resolución que determina una obligación fiscal a cargo de un particular, la emisión de la resolución en sí es consumada, pero la consecuencia y efecto de la misma que es su ejecución no, y por tanto, sí puede ser suspendible." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Isaac Pimentel Mejía, por propio derecho y en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Ayala, Morelos, respecto de los actos precisados en el resultando primero, por las autoridades y motivos expuestos en los considerandos primero y segundo de esta interlocutoria. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por Isaac Pimentel Mejía, por propio derecho y en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Ayala, Morelos respecto de los actos precisados en el resultando primero, por las autoridades y motivos expuestos en los considerandos tercero y cuarto de esta interlocutoria. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Jaime César Pereyra Román, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del cinco al diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticuatro de octubre del presente año, en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/5038/2022, quien actúa ante Roberto Bravo Vargas, secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.

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