Isaac Montaño Pliego
Expediente 1162/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1162/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Isaac Montaño Pliego
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, catorce de octubre de dos mil veintidós Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de veinte de septiembre de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, derecho que no fue ejercido por las partes; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio, ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que las autoridades responsables realizaran lo siguiente: ". Realice las gestiones necesarias para efecto de allegarse de los exhortos girados en el expediente 01/1080/16-II a sus homólogas en la Ciudad de México y Puebla, en los que se advierta que las demandadas quedaron emplazadas a juicio, o en su defecto, obre la imposibilidad para llevar a cabo esa diligencia; en el entendido de que deberá cerciorarse con base en las razones que remitan las autoridades exhortadas que el domicilio en el que se constituyeron los fedatarios de su adscripción coincidan con los que obran en autos. En el entendido de que se considerará cumplida la sentencia concesoria una vez que la autoridad responsable dé cumplimiento al punto precisado, momento en el que habrá subsanado el motivo del retardo en el procedimiento laboral del que se duele la parte quejosa en el juicio y por ende cumplido el núcleo esencial de la presente sentencia amparadora. .". Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, a fin de acatar lo ordenado, la junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado Puebla, a través del oficio 48/2021, de veintidós de marzo de dos mil veintiuno y el diverso oficio enviado por la Junta responsable con número 1983/2022, de trece de septiembre de dos mil veintidós, respectivamente, remitieron copias certificadas de las actuaciones que realizaron para diligenciar el exhorto 94/2020 y 3316/2022 enviado este último al Auxiliar de la Unidad Jurídica de Convenios fuera de Juicios, Exhortos y Paraprocesales de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de México, para dar trámite a dichas comunicaciones oficiales para emplazar a la parte demandada en el juicio laboral 01/1080/16. En su orden, destaca las diligencias del exhorto 94/2020 donde la fedataria Beatriz Eugenia Macías, adscrita a la junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado Puebla, a efecto de dar cumplimiento a dicho exhorto y, al constituirse al domicilio ordenado, no fue posible llevar a cabo la diligencia encomendada por las causas ahí señaladas. Así también, destaca las diligencias del exhorto 3316/2022 donde el fedatario Juan Daniel Tejeda Gómez, adscrito a la Junta Especial Número Once de la Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en la Ciudad de México, a efecto de dar cumplimiento a dicho exhorto y, al constituirse al domicilio ordenado, no fue posible llevar a cabo la diligencia encomendada por las causas ahí señaladas. Además, la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos acompaño diversas actuaciones donde se advierte que ya se atendió dichos exhortos materia del acto reclamado, donde dio cuenta en el juicio natural a la parte actora de la llegada de los exhortos sin diligenciar por las razones ahí expuestas, atendiendo a ello, la actora señaló nuevo domicilio para emplazar a la parte demandada, por lo anterior, la Junta procedió y ordenó girar diverso exhorto a su Homóloga en el Estado de México, para que en su auxilio se diligencie en un diverso domicilio señalado por la parte actora; constancias con las cuales se ordenó dar vista y correr traslado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, pues acreditó haber girado el exhorto que por turno correspondió conocer a la junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado Puebla, exhorto 94/2020 y el diverso exhorto 3316/2022 enviado esté último al Auxiliar de la Unidad Jurídica de Convenios fuera de Juicios, Exhortos y Paraprocesales de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de México, para dar trámite a dichas comunicaciones oficiales y emplazar a la parte demandada en el juicio laboral 01/1080/16, en los domicilios señalados por la parte actora motivo de la ejecutoria de amparo, es decir en un domicilio señalado en la Ciudad de México y en la Ciudad de Puebla, Puebla, encomiendas las cuales no fue posible su diligenciación, dada las manifestaciones señaladas por los fedatarios adscritos a las Juntas Homólogas Auxiliares y antes mencionadas en párrafos que anteceden, más no por causas imputables a las autoridades responsables ni a la parte actora, ni a este Juzgado. Máxime que la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos acompañó diversas actuaciones donde ya atendió dichos exhortos materia del acto reclamado, donde dio cuenta a la parte actora de la llegada de los exhortos sin diligenciar por las razones ahí expuestas, atendió además diverso escrito de la actora, en el que procedió ordenar girar diverso exhorto al Estado de México, para su ejecución en diverso domicilio señalado por la parte actora del juicio laboral 01/1080/2016, tan es así que al no lograr el emplazamiento de la demandada en los domicilios señalados materia e incluso del núcleo de la ejecutoria de amparo, procedió a girar diverso exhorto para emplazar a la demanda en un nuevo domicilio que señala multicitada actora de dicho juicio natural. En consecuencia, este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, al acatar en sus términos la resolución en la que se concedió la protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable realice las gestiones necesarias para efecto de allegarse de los exhortos girados en el expediente 01/1080/16-II a sus homólogas en la Ciudad de México y Puebla, en los que se advierta que las demandadas quedaron emplazadas a juicio, o en su defecto, obre la imposibilidad para llevar a cabo esa diligencia; en el entendido de que deberá cerciorarse con base en las razones que remitan las autoridades exhortadas que el domicilio en el que se constituyeron los fedatarios de su adscripción coincidan con los que obran en autos. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se advierte que la Junta responsable, acreditó haber girado diverso exhorto a la junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado Puebla, y la Junta Especial Número Once de la Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en la Ciudad de México, para emplazar a la parte demandada en el juicio laboral 01/874/2018, diligencias las cuales no fue posible diligenciar, dada las manifestaciones señaladas por los fedatarios adscritos a dichas Juntas, más no por causas imputables a las autoridades responsables ni a la parte actora, ni a este Juzgado. Con lo cual, independientemente de que no se pudo diligenciar los exhortos para emplazar a la parte demandada a dicho juicio natural, en un domicilio señalado en la Ciudad de México y la Ciudad de Puebla, Puebla, en un primer momento en el domicilio proporcionado por la parte actora, la autoridad responsable demostró haber realizado las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la ejecutoria de amparo, pues ordenó realizar dichas diligencias, y los fedatarios adscritos, respectivamente, a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado Puebla, y la Junta Especial Número Once de la Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en la Ciudad de México, se constituyeron en el domicilio señalado en dichas diligencias, subsanando así el motivo del retardo en el procedimiento laboral del que se inconformó la parte quejosa en el presente juicio, sin que pudiera llevarse a cabo debido a factores externos, imprevisibles y ajenos al control de la autoridad responsable, y no a omisiones culposas o dolosas. Considerar lo contrario equivaldría a imputarle a la autoridad responsable las imposibilidades para realizar el emplazamiento en dichos exhortos, aún y cuando demostró haber realizado todas las gestiones a su alcance a fin de diligenciarlo, tal como se desprende de las constancias que obran en autos. Por lo cual, este juzgado considera que la responsable dio cumplimiento al núcleo esencial de lo ordenado en la ejecutoria, tan es así que los actos subsecuentes ya no son materia de la ejecutoria de amparo, al ya cumplir con el núcleo de la ejecutoria protectora. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, siete de septiembre de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Isaac Montaño Pliego, contra actos del Director de Educación Secundaria, del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos y otras autoridades. Registro de la demanda: Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 272/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento de la demanda: Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, tomo XX, septiembre de 2004, novena época, del Semanario Judicial y su Gaceta, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO MANIFIESTO DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." De conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, toda vez que de su estudio integral se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: La parte quejosa en su escrito de demanda reclama: ".la falta de fundamentación y motivación de la determinación por medio de la cual se niega a otorgarme la plaza con carácter de definitiva con función de dirección y con la categoría de Subdirector Secretario de Secundaria, foráneo, con número de clave. misma que se encuentra vacante pues el ciudadano. ya cuenta con diversa plaza de director con carácter de definitiva, no obstante, las autoridades refieren que será otorgada a diversa persona del quejoso." Se aprecia del contenido íntegro de la demanda, que el acto reclamado es la negativa a otorgar al quejoso la plaza con carácter de definitiva, con función de dirección y con la categoría de Subdirector Secretario de Secundaria, Foránea, con el número de clave que refiere. Atento a lo anterior, se estima que el acto reclamado al Instituto señalado como responsable deriva de una controversia que se suscita en el plano laboral; motivo por el cual no puede considerarse como acto de autoridad para efectos del amparo, como en seguida se explica. Se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción, XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas" De lo transcrito se advierte con claridad que el juicio de amparo procede solamente contra actos de autoridad, concepto éste que, precisamente, es el que, en la especie, no se estima que pueda recaerle al acto impugnado en este juicio de amparo. De la interpretación sistemática de dichos ordinales, se advierte que el juicio de amparo tiene por objeto resolver controversias que se susciten por actos de autoridad que violen derechos humanos, y que es autoridad para efectos del juicio de amparo, aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; sin embargo, el precepto en cita únicamente ejemplifica las formas en que la autoridad puede llevar a cabo los actos objeto del amparo constitucional, pero no aborda las características que deben reunir éstas para ser consideradas como tales, pues en caso de no tener dicho carácter, se actualiza la improcedencia del juicio, en los términos establecidos en el último de los numerales transcritos. En ese orden de ideas, la definición del concepto de autoridad responsable ha quedado a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República, la cual ha sostenido que una autoridad para efectos del amparo es la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. La definición del concepto "autoridad responsable" a que se refiere el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, ha sido delimitado con precisión por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República, tal como se puede observar en la tesis P. XXVII/97, visible en la página 118, tomo V, febrero de 1997, Semanario Judicial de "la Federación y su Gaceta, novena época, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO.". Dicho de otro modo, es autoridad aquella persona física o moral perteneciente a la federación, los estados o los municipios, que con facultades de hecho o derecho o aquel particular que con facultades establecidas en una norma, en uso del poder público de decisión o ejecución, o bien de ambas, de manera unilateral y obligatoria, crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas, de hecho o jurídicas, en perjuicio del gobernado; todo lo cual, válidamente, permite estimar, a su vez, que los elementos necesarios para la conformación de un acto de autoridad, son los siguientes: a) Que su emisor tenga características de órgano público o particular con funciones y facultades establecidas en una norma general; b) Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar; y, c) Que sea dictado unilateralmente afectando la esfera jurídica del gobernado. Sobre el particular resultan ilustrativas la tesis 2ª XXXVI/99 publicada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo IX, marzo de 1999, página: 307, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES." Así como la tesis 2ª CCIV/2001, Segunda Sala, novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, noviembre2 de 2001, página: 39, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." Respecto a la primera nota distintiva indicada, es necesario señalar que la teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materia de derecho público, en la que la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación los derechos humanos contenidos en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. De ahí que, el concepto de autoridad se ubica dentro de las relaciones denominadas de supra a subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, en donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir su cumplimiento inclusive, mediante el uso de la fuerza pública o a través de las autoridades respectivas. Lo anterior permite establecer que, en el caso, el acto combatido por la parte quejosa consistente en la negativa a otorgar al quejoso la plaza con carácter de definitiva, con función de dirección y con la categoría de Subdirector Secretario de Secundaria, Foránea, con el número de clave que refiere, que se atribuye, entre otros, al Director de Educación Secundaria, del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, se materializan en el contexto de una controversia que se ciñe exclusivamente al plano laboral existente entre dicho Instituto y la aquí quejosa. En efecto, las determinaciones del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos relativas al otorgamiento de bases, no configura un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que la relación entre dicho Instituto y los docentes o servidores de la educación que hayan obtenido el derecho a dicho otorgamiento, es de coordinación y no de supra a subordinación, toda vez que: a) Deriva de una relación laboral-burocrática entre el Estado como patrón (no como autoridad o ente superior) y el servidor público como trabajador; y, b) Las diferencias en las relaciones de trabajo que surjan entre el personal al que se refiere la propia ley y las autoridades educativas y organismos descentralizados, se rigen por la legislación laboral aplicable y, en consecuencia, serán dirimidas ante los órganos jurisdiccionales competentes en esa materia, característica propia de las relaciones de coordinación. Atento a lo anterior, el acto combatido no tiene carácter de acto de autoridad, ya que de la constancia anexa se desprende que el quejoso Isaac Montaño Pliego, es trabajador directivo (Subdirector Secretario de Secundaria, Foráneo) y, por tanto, entre éste y el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, existe una relación laboral que es condición indispensable para el acceso al derecho de la plaza que refiere. Sin embargo, lo anterior no obsta para considerar que se trata de una prerrogativa de carácter laboral, ya que constituye una prestación conferida a la luz del vínculo laboral que ostenta el quejoso como directivo integrante del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos. Es así, ya que el acto impugnado no pueden ser objeto de examen constitucional, en tanto, ello es propio de una controversia ante las autoridades del trabajo y no del juicio de amparo, pues como se dijo, entre el promovente del amparo y la responsable, existe una relación de coordinación, directivo-patrón, cual debe ventilarse ante las instancias correspondientes, ya que el juicio de amparo tiene entre otros objetos, resolver las controversias que se susciten por actos u omisiones de autoridad, sin que pueda considerarse acto de autoridad las diferencias de carácter laboral, suscitadas entre aquélla y sus empleados. Por consiguiente, el acto combatido por el impetrante de amparo, es una actuación que se circunscribe exclusivamente al plano laboral y en esa medida, desvinculado totalmente de las características propias que revisten los actos de autoridad para efectos del juicio de amparo; lo cual implica que la parte quejosa, puede acudir ante las instancias ordinarias a hacer valer los derechos laborales que pudieran ser vulnerados con las actuaciones de la autoridad responsable, para en su caso, estar en condiciones de someter a la jurisdicción constitucional las determinaciones que se adopten al respecto y le irroguen perjuicio. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.6o.T. J/28, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el viernes uno de abril de dos mil dieciséis, décima época, materia común, con número de registro 2011343, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN." Igualmente, es aplicable la jurisprudencia con registro digital 2021827, que dispone: "ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO TIENEN ESE CARÁCTER LAS DETERMINACIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO, DERIVADAS DE UN CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE ASCENSO A UN NIVEL O CATEGORÍA SUPERIOR PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO, CONSISTENTES EN LA NEGATIVA A OTORGAR UNA PLAZA AL QUEJOSO Y SU ENTREGA A UN TERCERO.". En consecuencia, queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que se desecha de plano la demanda de que se trata, en términos del arábigo 113 de la Ley de la Materia. Domicilio y autorizados: Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que refiere la parte quejosa en su escrito de demanda para los efectos que indica, y por autorizadas a las personas que precisa para esos efectos. Autorizados 12 de la Ley de Amparo: Asimismo, se tienen por autorizados a los profesionistas que propone, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Uso de medios electrónicos: Se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos, previo aviso al encargado del expediente, así como firma de constancia que obre en autos de dicha actuación. En la inteligencia de que el uso y divulgación de dicha información, será bajo su propia responsabilidad. En otro orden de ideas, con el objeto de evitar dilaciones en el trámite de esta instancia constitucional, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilita al actuario adscrito para que las notificaciones que surjan en este juicio de amparo, sean practicadas incluso en horas y días inhábiles, previa constancia que asiente para que quede justificado el motivo de esa actuación. Lo anterior, en términos de la tesis I.6o.C.365 C, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 887, Tomo XXII, Noviembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIÓN PERSONAL EN EL AMPARO. SI EL ACTUARIO JUDICIAL, NO OBSTANTE HABERSE PRESENTADO EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN DISTINTOS HORARIOS Y DÍAS HÁBILES, NO LOGRA LOCALIZAR AL INTERESADO PARA HACER DE SU CONOCIMIENTO EL AUTO DE REQUERIMIENTO, PREVENCIÓN O ACTUACIONES QUE EL TRIBUNAL ESTIME CONVENIENTE, DEBEN HABILITARSE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR AQUELLA DILIGENCIA COMO LO PREVÉ EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, SUPLETORIO DE LA LEY DE LA MATERIA. De los artículos 27, 28, fracciones II y III, y 29 de la Ley de Amparo, se advierte que en el juicio de garantías es obligación del juzgador, ordenar notificar personalmente a los interesados, aquellas providencias en las que se les formulen requerimientos o prevenciones, y sólo por exclusión, les serán notificadas por lista las demás resoluciones. Por su parte, el artículo 30 de la ley de la materia precisa ciertos casos en los cuales una notificación que deba hacerse en forma personal, ya sea por prescripción de la ley o por mandato judicial, finalmente se ordenará practicar por lista, cuando el quejoso, tercero perjudicado o persona extraña al juicio, con domicilio o casa señalados para oír y recibir notificaciones, no esperen al actuario judicial, una vez que, con anterioridad ha dejado citatorio previo, al no encontrárseles en la primera búsqueda y cuando no conste en autos domicilio, ni designación de casa o despacho para oír y recibir notificaciones. Finalmente, el artículo 281 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, señala que las actuaciones judiciales tienen lugar en días y horas hábiles, que comprenderán, entre las ocho y las diecinueve horas de días hábiles y el artículo 282 del mismo ordenamiento establece que el tribunal respectivo puede habilitar días y horas inhábiles, cuando hubiere causa urgente que así lo amerite, expresando ésta y la diligencia que deba practicarse. Ahora bien, si de autos se advierte que el actuario judicial, no obstante haberse presentado en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, en distintos horarios y días hábiles, no logra localizar a la parte interesada, a efecto de dar cumplimiento al artículo 28 citado, deben habilitarse días y horas inhábiles para realizar la diligencia de notificación personal a la quejosa, tercera perjudicada o persona extraña al juicio, en el domicilio designado para tal efecto y hacer de su conocimiento el auto de requerimiento, prevención o actuaciones que el tribunal estime pertinente, como cuando se requiere a la quejosa para que comparezca a reconocer como suya la firma que obra en la demanda de amparo, en la inteligencia que de no hacerlo se le tendrá por no interpuesta. Con esa actuación se crea en las partes la confianza de que en cualquiera de los casos mencionados, serán notificadas personalmente y no por lista, pues de hacerlo de esta manera, se les dejaría en total estado de indefensión.". En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. Consulta del expediente vía internet: Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx. Finalmente, se conmina a las partes para que en caso de realizar manifestación alguna respecto al presente proveído, lo haga mediante el esquema de "Juicio en línea", por lo que, en caso de optar por este medio a través de su usuario, las subsecuentes notificaciones, incluso las de carácter personal, se les efectuaran por dicha vía en términos de los artículos 26, fracción IV, y 30 de la Ley de Amparo. Lo anterior, tiene como finalidad privilegiar la administración pronta y expedita en los juicios constitucionales, derivado del fenómeno de salud social por el virus Covid-19 que enfrenta el país. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con el Secretario Julián Pantaleón Suárez, que autoriza y da fe. Doy fe.
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