Irving Osvaldo Palomino Peralta
Expediente 1408/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1408/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Irving Osvaldo Palomino Peralta
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. SE INFORMA ESTADO DE AUTOS. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por el Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, atento a su contenido como lo solicita dígasele el diecisiete de enero del año en curso, causó estado el auto de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo por Iriving Osvaldo Palomino Peralta en cuanto albacea provisional de la sucesión a bienes de Samuel Palomino Saucedo, por lo que en esa misma data se ordenó el archivo definitivo del juicio en el que se actúa. Lo anterior, hágase del conocimiento de la autoridad responsable Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. FIRME DESECHADA Vista la certificación que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra del auto de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por********************quien se ostenta albacea provisional de la sucesión a bienes de********************contra actos del Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad, en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes. SE ORDENA ARCHIVO En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Esperanza Fuentes Reyes CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
- Principal
POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. SE RECIBEN AUTOS Téngase por recibido el oficio número 1451, suscrito por el Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, remite la demanda de amparo promovida por IRVING OSVALDO PALOMINO PERALTA quien se ostenta albacea provisional de la sucesión a bienes de SAMUEL PALOMINO SAUCEDO contra actos del Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. ESTE JUZGADO SE AVOCA AL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO En ese contexto, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, SE AVOCA al conocimiento del juicio de amparo a estudio, el que quedará registrado con el número II-1408/2022. SE ACUSA RECIBO Acúsese recibo al Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, para los efectos legales procedentes. SE RECIBE DEMANDA. Visto el escrito de demanda promovida por IRVING OSVALDO PALOMINO PERALTA quien se ostenta albacea provisional de la sucesión a bienes de SAMUEL PALOMINO SAUCEDO contra actos del Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad, se procede a proveer lo conducente: SE RECONOCE CARÁCTER Con apoyo en el artículo 10 de la Ley de Amparo, y en términos de la copia certificada del auto de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, se reconoce a IRVING OSVALDO PALOMINO PERALTA el carácter con el que comparece en esta instancia constitucional, lo anterior para los efectos legales procedentes. ANALISIS SOBRE LA PROCEDENCIA O NO DEL JUICIO DE AMPARO Ahora bien, se procede a proveer lo correspondiente a la demanda de amparo promovida por IRVING OSVALDO PALOMINO PERALTA quien se ostenta albacea provisional de la sucesión a bienes de SAMUEL PALOMINO SAUCEDO contra actos del Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad. De la literalidad de la demanda de cuenta, y anexos que se adjuntan a la misma, resulta necesario señalar que los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, son del tenor siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los numerales transcritos se desprende que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo se encuentra obligado a analizar de manera oficiosa las causas de improcedencia; por esa razón, resulta necesario examinar el escrito de demanda; y, de advertirse la actualización de alguna causal que torne improcedente el juicio deberá desecharse de plano. En ese contexto, este órgano de control constitucional considera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación directa con el artículo 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, ambos normativos de la Ley de la materia, que prescriben lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." Conforme a los numerales invocados, son actos con efectos de imposible reparación los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Lo anterior ya que mediante una fórmula legal se establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no solo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. También que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En la especie, el acto reclamado no es de imposible reparación, en virtud de que éste consiste en la resolución de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, dictada dentro del toca I-345/2022 del índice de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, formado con motivo del recurso interpuesto por el quejoso, en la que se confirmó el auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, en el que se proveyó lo siguiente: a) Se tuvo al aquí quejoso iniciando la formación de la tercera sección del juicio sucesorio a bienes de SAMUEL PALOMINO SAUCEDO. b) Se le requirió al citado promovente para que dentro del término de tres días exhibiera ficha de depósito correspondiente a favor de la sucesión en comento, por la cantidad de $110,908.42 (ciento diez mil novecientos ocho pesos 42/100 moneda nacional), que indicó pertenece a la sucesión, y que reportó como ingresos, en términos de lo dispuesto en el artículo 1071 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. c) También le precisó que debía acudir ante dicho Juzgador para que le fuera entregada la orden de depósito con la referencia alfanumérica correspondiente. d) Finalmente, le dijo que no soslayaba que esa suma de dinero se encontraba depositada en una cuenta bancaria aperturada a su nombre, y no en favor de la sucesión a bienes del cujus, por lo que lo apercibió que, de no hacerlo, no sería aprobada dicha cuenta general de administración que presentó. Además, también se observa del libelo constitucional que la parte quejosa también reclama la ejecución de dicha resolución dictada en segunda instancia, la que atribuye al Juez de Primera Instancia en Materia Civil de Zitácuaro, Michoacán. Precisado lo anterior, se considera que los actos reclamados no afecten material y actualmente derechos sustantivos del quejoso tutelados por la constitución como la vida, libertad, propiedad, posesión, patrimonio o salud, sino que se trata de un acto procesal emitido dentro de una sección del juicio sucesorio, de manera que al no contener la orden de afectar de forma directa e inmediata algún derecho sustantivo, y por no tratarse de la última resolución dictada en la primera, segunda o tercera sección del proceso sucesorio, se considera improcedente el juicio de amparo. Por tanto, se insiste, el acto reclamado necesita producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no solo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no precisamente llegue a trascender al resultado del expediente. Cobra aplicación al caso, por las razones que la sostienen, la jurisprudencia I.1o.A.E. J/5 (10a.), sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1902, del Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, de la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2011338, de rubro y texto siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución." Para explicar lo anterior, se hace necesario precisar que los ordinales 1012 al 1016 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo, disponen que el juicio sucesorio conste de cuatro etapas a saber: a) La de sucesión. b) La de inventarios. c) La de administración. d) La de partición. En este sentido, se ha establecido que la sucesión es de carácter universal y de naturaleza peculiar, por lo que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado mediante una resolución especial que adquiere firmeza para quienes son llamados a juicio. Así, en la primera etapa la resolución que pone fin a ésta es la resolución que declara la validez del testamento, la capacidad legal para heredar o reconocimiento de herederos y la designación de albacea o remoción; en la segunda, la resolución que aprueba el inventario; en la tercera, la resolución que aprueba o reprueba la rendición de cuentas; y la cuarta, la resolución que aprueba el proyecto de partición y adjudicación de bienes. De esta forma, contra la resolución dictada en cada etapa (primera, segunda, tercera) procede el juicio de amparo indirecto, porque no deciden el fondo del juicio universal sucesorio sino cada etapa del mismo, y contra la cuarta, procede el amparo directo, puesto que ésta es la última resolución que pone fin al juicio sucesorio testamentario que guarda estrecha relación con las etapas anteriores. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del tenor siguiente: "SUCESIONES, VIOLACIONES PROCESALES. Como en los juicios sucesorios no existe una sentencia definitiva que comprenda todo el procedimiento ya que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado, mediante la resolución especial correspondiente, las infracciones de tipo procesal cometidas durante el trámite de la sección de reconocimiento o de declaración de herederos, que no impidan la continuación del procedimiento respectivo, son impugnables por la vía constitucional cuando se reclame la resolución que ponga fin a dicha sección, toda vez que de atacarse de manera inmediata, sin esperar al dictado de aquélla, el amparo indirecto resultaría improcedente, atento a lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la ley de la materia, a contrario sensu." De igual forma, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito del rubro y texto siguientes: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. ES DE CARÁCTER UNIVERSAL Y PROCEDE AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE DECIDEN EL FONDO DE LAS TRES PRIMERAS ETAPAS DE DECLARACIÓN DE HEREDEROS, INVENTARIOS Y AVALÚOS Y DE ADMINISTRACIÓN, O QUE SEAN UN OBSTÁCULO PARA SU CONCLUSIÓN. La sucesión constituye un juicio de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que en el proyecto de partición, el objeto principal es liquidar un patrimonio y adjudicarlo a una persona determinada, componiéndose de cuatro etapas: la de sucesión (que en su caso comprende declaración de validez del testamento, reconocimiento de derechos hereditarios o declaratoria de herederos y, nombramiento y remoción de albacea e interventores, así como de tutores); la de inventarios y avalúos; la de administración; y el juicio finaliza con una sentencia que se pronuncia en la cuarta y última sección, denominada de partición y adjudicación, que guarda relación con las tres anteriores, en tanto que la adjudicación se realiza a favor del declarado heredero y se transmite formalmente la propiedad de los bienes inventariados y valuados, atendiendo, en su caso, a las cuentas de la administración aprobadas durante la sección respectiva; sin embargo, conforme al principio de preclusión inherente a todo proceso judicial, al aprobarse la partición y declararse la adjudicación ya no es posible volver a analizar la totalidad de las actuaciones efectuadas dentro del juicio, sino que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente, que adquiere firmeza para quienes son llamados al juicio sucesorio y tuvieron intervención como herederos; por tanto, las violaciones procesales habidas durante cada sección no son impugnables en el juicio de amparo indirecto, porque éste solamente procede contra la que decide el fondo de esa sección o representa un obstáculo para su conclusión, y excepcionalmente procederá la acción de amparo contra resoluciones que guarden autonomía o independencia de la resolución que ponga fin a la sección correspondiente." Así las cosas, del contenido de la demanda y de los anexos, se advierte que el juicio sucesorio del cual deriva el acto reclamado, aún se encuentra en trámite la tercera sección, pues de los antecedentes precisados por el peticionario se advierte que auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós dentro del juicio sucesorio a bienes de SAMUEL PALOMINO SAUCEDO número 382/2022 del índice del Juez de Primera Instancia en Materia Civil de Zitácuaro, Michoacán, en el cual se le tuvo al aquí quejoso iniciando la formación de la tercera sección del juicio sucesorio a bienes de SAMUEL PALOMINO SAUCEDO, y se le requirió la ficha de depósito correspondiente, en los términos que ya han quedado precisados en párrafos precedentes. Contra dicho auto, el quejoso interpuso el recurso de apelación, el cual le tocó conocer al Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, registrándolo como toca I-345/2022, el que emitió resolución el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, en la que se confirmó el auto apelado. De ahí que, en primer término, se advierte que el acto reclamado no es una resolución que haya concluido la tercera sección. En segundo, no constituye una determinación que materialmente afecte derechos sustantivos de la quejosa tutelados por la constitución, pues sus efectos se encaminan a que el aquí quejoso cumpla con el requerimiento formulado en auto de veintisiete de septiembre del año actual, tal como se indicó previamente. En tercer término, no representa obstáculo para la continuación del procedimiento, puesto que las partes tienen expedito su derecho para continuarlo. Máxime que se toma en consideración que, conforme a la propia ley procesal civil, la tercera sección termina con la resolución mediante la cual aprueba o reprueba la rendición de cuentas; de ahí que es claro que el acto reclamado debe estimarse como dentro de juicio y, por su naturaleza, es de los que no causa a las personas una ejecución de imposible reparación. En ese contexto, se advierte que no existe afectación material sobre algún derecho sustantivo reconocido en la Constitución o en los Tratados Internacionales, que amerite de inmediato el análisis constitucional del acto reclamado. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del tenor siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En consecuencia, la resolución reclamada a la Sala y su ejecución al juez civil de origen no satisfacen las condiciones para que ser considerados como actos dentro del juicio que tengan una ejecución irreparable, ya que, es necesario que se encuentre concluida la tercera etapa del juicio sucesorio para poder combatir las violaciones procesales a través del juicio de amparo, y al no acontecer así, es decir, al estar inconclusa esa fase, el juicio de amparo es improcedente. En virtud de lo anterior expuesto y con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el segundo de los citados interpretado en sentido contrario, se DESECHA DE PLANO por ser notoriamente improcedente la demanda que dio origen al presente asunto. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su escrito de demanda de amparo. AUTORIZADOS DE LA PARTE PROMOVENTE Dado lo asentado en la certificación secretarial que obra al rubro, se tiene como autorizados a MAURICIO CRUZ ALVARADO y J. JESÚS CHÁVEZ GARCÍA, con la plenitud de facultades a que alude el artículo 12 de la Ley de Amparo, al encontrarse registradas sus cédulas profesionales que los acredita como licenciados en derecho. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos en días hábiles, con lo dispuesto en el artículo 6° del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de Trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. OPOSICIÓN DATOS PERSONALES Finalmente, en atención a la oposición de la publicación de sus datos personales, háganse las anotaciones necesarias en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
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