Irving Osvaldo Palomino Peralta

Expediente 1400/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 8 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1400/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
08/11/2023

Partes del expediente

  • Irving Osvaldo Palomino Peralta

Actuaciones

  1. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE PORMOVENTE, EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. SE RECIBE DEMANDA. Visto el escrito de demanda promovida por IRVING OSVALDO PALOMINO PERALTA, por propio derecho contra actos del Magistrado de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad, se procede a proveer lo conducente: ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA O NO DEL JUICIO DE AMPARO De la literalidad de la demanda de cuenta, y anexos que se adjuntan a la misma, resulta necesario señalar que los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, son del tenor siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los numerales transcritos se desprende que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo se encuentra obligado a analizar de manera oficiosa las causas de improcedencia; por esa razón, resulta necesario examinar el escrito de demanda; y, de advertirse la actualización de alguna causal que torne improcedente el juicio deberá desecharse de plano. En ese contexto, este órgano de control constitucional considera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación directa con el artículo 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, ambos normativos de la Ley de la materia, que prescriben lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." Conforme a los numerales invocados, son actos con efectos de imposible reparación los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que mediante una fórmula legal se establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no solo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo. Además, tales actos deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo, y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En la especie, el acto reclamado no es de imposible reparación, en virtud de que la resolución de tres de octubre de dos mil veintitrés, dictada dentro del toca I-323/2023 del índice de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, formado con motivo del recurso interpuesto por el quejoso, contra de la sentencia interlocutoria de dieciséis de agosto del año en curso, dictada por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán, que resolvió en incidente de oposición o inconformidad al inventario y avalúo promovido por los demás herederos en el juicio sucesorio intestamentario 382/2023,-en el cual se declaró parcialmente procedente de incidente de oposición o inconformidad al inventario y avalúo; asimismo, determinó que dicha resolución debería tomarse en cuenta una vez llegado el momento de emitir la interlocutoria respectiva dentro del inventario y avalúo formulado por el albacea-; se confirmó dicha intelocutoria. Por lo que, atento a lo anterior también reclama la ejecución atribuida al Juez de Primera Instancia en Materia Civil de Zitácuaro, Michoacán. Precisado lo anterior, se considera que los actos reclamados no afecten material y actualmente derechos sustantivos del quejoso, tutelados por la constitución como la vida, libertad, propiedad, posesión, patrimonio o salud, sino que se trata de un acto procesal emitido dentro de una sección del juicio sucesorio, de manera que al no contener la orden de afectar de forma directa e inmediata algún derecho sustantivo, y por no tratarse de la última resolución en la primera, segunda o tercera sección, se considera improcedente el amparo. Por tanto, se insiste en que el acto reclamado necesita producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no solo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no precisamente llegue a trascender al resultado del expediente. Cobra aplicación al caso, por las razones que la sostienen, la jurisprudencia I.1o.A.E. J/5 (10a.), sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1902, del Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, de la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2011338, de rubro y texto siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución." Para explicar lo anterior, se hace necesario citar los ordinales 1012 al 1016 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo, que disponen: "Artículo 1012. En todo juicio hereditario se formarán cuatro secciones compuestas de los cuadernos necesarios. Pueden iniciarse las secciones simultáneamente cuando no hubiere impedimento de hecho. Artículo 1013. La primera sección se llamará de sucesión y contendrá en sus respectivos casos: I. El testamento o testimonio de protocolización; II. La denuncia del intestado; III. Los nombramientos y remociones de albaceas; IV. Las sentencias que se pronuncien sobre validez del testamento, capacidad legal para heredar y preferencia de derechos; y, V. Los incidentes que tengan relación con los puntos anteriores. Artículo 1014. La segunda sección se llamará de inventarios y contendrá en su caso: I. Los inventarios que presenten los albaceas provisionales, interinos o definitivos, o los herederos y el cónyuge sobreviviente, en su caso; II. Los avalúos; y, III. Los incidentes que se susciten sobre estos puntos. Artículo 1015. La tercera sección se llamará de administración y contendrá: I. Todo lo relativo a la administración de los albaceas, interinos, provisionales o definitivos o del cónyuge sobreviviente; II. Las cuentas, su glosa o su calificación; y, III. Los incidentes que hubiere sobre los puntos anteriores. Artículo 1016. La cuarta sección se llamará de partición y contendrá: I. El proyecto de partición; II. Los arreglos relativos; III. Las ventas y la aplicación de los bienes; y, IV. Las sentencias y los incidentes que se promuevan sobre los puntos anteriores." De la interpretación de los numerales transcritos se advierte que el juicio sucesorio consta de cuatro etapas a saber: a) La de sucesión. b) La de inventarios. c) La de administración. d) La de partición. En este sentido, se ha establecido que la sucesión es de carácter universal y de naturaleza peculiar, por lo que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado mediante una resolución especial que adquiere firmeza para quienes son llamados a juicio. Así, en la primera etapa la resolución que pone fin a la misma es la resolución que declara la validez del testamento, la capacidad legal para heredar o reconocimiento de herederos y la designación de albacea o remoción; en la segunda, la resolución que aprueba el inventario; en la tercera, la resolución que aprueba o reprueba la rendición de cuentas; y la cuarta, la resolución que aprueba el proyecto de partición y adjudicación de bienes. De esta forma, contra la resolución dictada dentro de las tres primeras etapas, procede el juicio de amparo indirecto, porque no deciden el fondo del juicio universal sucesorio sino cada etapa del mismo, y contra la cuarta, procede el amparo directo, puesto que ésta es la última resolución que pone fin al juicio sucesorio testamentario que guarda estrecha relación con las etapas anteriores. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del tenor siguiente: "SUCESIONES, VIOLACIONES PROCESALES. Como en los juicios sucesorios no existe una sentencia definitiva que comprenda todo el procedimiento ya que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado, mediante la resolución especial correspondiente, las infracciones de tipo procesal cometidas durante el trámite de la sección de reconocimiento o de declaración de herederos, que no impidan la continuación del procedimiento respectivo, son impugnables por la vía constitucional cuando se reclame la resolución que ponga fin a dicha sección, toda vez que de atacarse de manera inmediata, sin esperar al dictado de aquélla, el amparo indirecto resultaría improcedente, atento a lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la ley de la materia, a contrario sensu." De igual forma, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito del rubro y texto siguientes: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. ES DE CARÁCTER UNIVERSAL Y PROCEDE AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE DECIDEN EL FONDO DE LAS TRES PRIMERAS ETAPAS DE DECLARACIÓN DE HEREDEROS, INVENTARIOS Y AVALÚOS Y DE ADMINISTRACIÓN, O QUE SEAN UN OBSTÁCULO PARA SU CONCLUSIÓN. La sucesión constituye un juicio de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que en el proyecto de partición, el objeto principal es liquidar un patrimonio y adjudicarlo a una persona determinada, componiéndose de cuatro etapas: la de sucesión (que en su caso comprende declaración de validez del testamento, reconocimiento de derechos hereditarios o declaratoria de herederos y, nombramiento y remoción de albacea e interventores, así como de tutores); la de inventarios y avalúos; la de administración; y el juicio finaliza con una sentencia que se pronuncia en la cuarta y última sección, denominada de partición y adjudicación, que guarda relación con las tres anteriores, en tanto que la adjudicación se realiza a favor del declarado heredero y se transmite formalmente la propiedad de los bienes inventariados y valuados, atendiendo, en su caso, a las cuentas de la administración aprobadas durante la sección respectiva; sin embargo, conforme al principio de preclusión inherente a todo proceso judicial, al aprobarse la partición y declararse la adjudicación ya no es posible volver a analizar la totalidad de las actuaciones efectuadas dentro del juicio, sino que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente, que adquiere firmeza para quienes son llamados al juicio sucesorio y tuvieron intervención como herederos; por tanto, las violaciones procesales habidas durante cada sección no son impugnables en el juicio de amparo indirecto, porque éste solamente procede contra la que decide el fondo de esa sección o representa un obstáculo para su conclusión, y excepcionalmente procederá la acción de amparo contra resoluciones que guarden autonomía o independencia de la resolución que ponga fin a la sección correspondiente." Asimismo la jurisprudencia que se cita enseguida: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 165770 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Civil Tesis: VI.2o.C. J/316 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 1311 Tipo: Jurisprudencia JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. LAS VIOLACIONES PROCESALES OCURRIDAS DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE LAS TRES PRIMERAS SECCIONES PREVISTAS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE PUEBLA ABROGADO SON RECLAMABLES EN EL AMPARO INDIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LES PONGA FIN. Si se parte de la base de que los juicios sucesorios intestamentarios sustanciados al tenor de las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, constan de cuatro secciones; que cada una de ellas concluye con una resolución o sentencia; y que la pronunciada en las tres primeras, correspondientes a la declaración de herederos, inventarios y avalúos, y de administración son reclamables en amparo indirecto que se promueva contra el fallo definitivo que se pronuncie, resulta evidente que las violaciones procesales que pudieren haber ocurrido durante la sustanciación de esas secciones, serán reclamables en esta vía, cuando se promueva el juicio biinstancial contra la resolución definitiva que las concluya y decida en cuanto al fondo. Así las cosas, del contenido de la demanda y de los anexos, se advierte que el juicio sucesorio del cual deriva el acto reclamado, aún se encuentra en trámite la segunda sección, pues de los antecedentes precisados por el peticionario se advierte que auto de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós dentro del juicio sucesorio a bienes de SAMUEL PALOMINO SAUCEDO número 382/2022 del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil de Zitácuaro, Michoacán, en el cual se le tuvo al aquí quejoso iniciando la formación de la segunda sección del juicio sucesorio a bienes de SAMUEL PALOMINO SAUCEDO, presentando el inventario y avalúo. Contra el inventario y avalúo presentado por el aquí quejoso, los diversos coherederos interpusieron incidente de oposición o inconformidad al inventario y avalúo, incidente que fue resuelto mediante interlocutoria de dieciséis de agosto del año en curso. Contra dicha interlocutoria el quejoso interpuso recurso de apelación, el cual le tocó conocer al Magistrado de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, registrándolo como toca I-323/2023. Seguida la secuela procesal dentro de los autos del toca I-3238/023, se emitió la resolución el tres de octubre de dos mil veintitrés, en la que se confirmó la resolución apelada. De ahí que, en primer término se advierte que la resolución reclamada no es una resolución que haya concluido la segunda sección. En segundo, no constituye una determinación que materialmente afecte derechos sustantivos del quejoso tutelados por la constitución. En tercer término, no representa obstáculo para la continuación del procedimiento, puesto que las partes tienen expedito su derecho para continuarlo. Máxime que, se toma en consideración que conforme a la propia ley procesal civil, la segunda sección termina con la resolución mediante la cual aprueba o reprueba el inventario y avalúo; de ahí que, es claro que el acto reclamado debe estimarse como dentro de juicio y, por su naturaleza, de los que no causa a las personas una ejecución de imposible reparación. De ahí que resulta claro que no existe afectación material sobre algún derecho sustantivo reconocido en la Constitución o en los Tratados Internacionales, que amerite de inmediato el análisis constitucional del acto reclamado. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del tenor siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En consecuencia, si la resolución reclamada a la Sala y la ejecución a la misma que el juez civil, llegue a realizar no satisfacen las condiciones para que ser considerados como actos dentro del juicio que tengan una ejecución irreparable, ya que, es necesario que se encuentre concluida la segunda etapa del juicio sucesorio para poder combatir las violaciones procesales a través del juicio de amparo, es claro que al no acontecer así, es decir, al estar inconclusa esa fase, el juicio de amparo es improcedente, pues es factible el estudio o análisis de las violaciones procesales cuando se ataque la resolución que culmine la "sección de sucesión" que en su caso tornara procedente la concesión del amparo. En virtud de lo anterior expuesto y con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el segundo de los citados interpretado en sentido contrario, se DESECHA DE PLANO por ser notoriamente improcedente la demanda que dio origen al presente asunto. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su escrito de demanda de amparo. AUTORIZADOS DE LA PARTE PROMOVENTE. Dado lo asentado en la certificación secretarial que obra al rubro, se tiene como autorizados para oír y recibir notificaciones de la parte promovente a MAURICIO CRUZ ALVARADO y J. JESÚS CHÁVEZ GARCÍA, con la plenitud de facultades a que alude el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que como se desprende de la certificación secretarial que obra al rubro, después de haber realizado una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se constató que existe la cédula profesional que los acredita como licenciados en Derecho. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO. Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos en días hábiles, con lo dispuesto en el artículo 6° del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de Trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES. Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. OPOSICION DE DATOS PERSONALES. Por otra parte, se tiene a la promovente oponiéndose a la publicación de sus datos personales, en tal virtud, con fundamento en los artículos 5 y 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se instruye al Analista Jurídico SISE para que realice la oposición correspondiente en el sistema respectivo. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,288 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano