Irving Darinel Fabela López

Expediente 597/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
597/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
12/09/2018

Partes del expediente

  • Irving Darinel Fabela López

Actuaciones

  1. Principal

    Por lista notifico a la parte quejosa el siguiente auto: Morelia, Michoacán, doce de septiembre de dos mil dieciocho. ARCHIVO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de control constitucional, del cual se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre en la caja de seguridad de este juzgado, documento relacionado con el juicio de amparo en que se actúa, aunado a que el mismo no se considera de relevancia documental; con fundamento en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que el presente juicio de amparo encuadra en las hipótesis contenidas en el punto vigésimo primero, fracción II, del capítulo quinto, del aludido acuerdo, en razón de haberse sobreseído el mismo, por lo que se estima que el principal ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha. ORIGINAL DE INCIDENTE. Ahora bien, respecto del original del incidente de suspensión, por contener medidas cautelares concedidas, es susceptible de depurarse y se deberán conservar todas las determinaciones relativas a su otorgamiento o violación. DUPLICADO DE INCIDENTE. En tanto que el duplicado del incidente de suspensión, por ubicarse en el supuesto de la fracción III, punto vigésimo del acuerdo en cita, procédase a su destrucción una vez que transcurran seis meses de haberse dictado la interlocutoria correspondiente. TRANSFERENCIA. Una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. SE DEJA DOCUMENTO A DISPOSICIÓN DE LA PARTE QUEJOSA. Finalmente, como de la certificación de cuenta se desprende que obra glosada a foja 12 del juicio de amparo en que se actúa, la factura número 3025, expedida en Irapuato, Guanajuato, el diez de noviembre de dos mil diez, por la moral "RANGER MACHINERY", S.A. DE C.V., que en original anexó la parte quejosa a su escrito de demanda, con la finalidad de acreditar la propiedad de una excavadora hidráulica sobre orugas; en tal virtud, con fundamento en el punto vigésimo, último párrafo, del acuerdo antes mencionado, requiérase a esta última para que dentro del término de noventa días naturales, contados a partir del siguiente al de la legal notificación de este proveído, comparezca ante este órgano jurisdiccional a recoger dicho documento; con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso que para tal efecto se le concede, se procederá a la destrucción del mismo junto con el expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy Fe.Ymch

  2. Principal

    Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo 597/2018 promovido por Irving Darinel Fabela López contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo se reconoció el carácter de tercero interesado a José Ramón Ramírez Barrera, quien fue legalmente emplazado a juicio. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Auxiliar en Funciones de Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. Actuaria adscrita a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que la parte quejosa adjunto a su escrito inicial de demanda, prueba documental consistente en la factura número 3025, expedida en la ciudad de Irapuato, Guanajuato el diez de noviembre de dos mil diez, por RANGER MACHINERY S.A. DE C.V. Por su parte, las autoridades responsables remitieron como sustento de su informe justificado, copia certificada de las constancias que integran el expediente 1B-3069/2013, mismo que obra en cuaderno de pruebas por separado. Asimismo, se cuenta con copia certificada de diversas constancias relativas al juicio de amparo I-873/2014, promovido por José Ramón Ramírez Barrera, remitidas por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad. De igual manera, el tercero interesado José Ramón Ramírez Barrera, exhibió copia certificada de diversas constancias relativas al expediente ordinario laboral 1B-3069/2013, del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. Documentales anteriores que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza. Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO Se hace constar que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita los formuló mediante pedimento 141/2018, presentado el veintinueve de mayo de dos mil dieciocho. También los formuló el tercero interesado José Ramón Ramírez Barrera, mediante escrito presentado el once de julio del año en curso. EL JUEZ: Al no existir alegatos, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 597/2018-III, promovido por Irving Darinel Fabela López, contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el dos de mayo de dos mil dieciocho ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, remitido por razón de turno ese mismo día a este Juzgado Tercero de Distrito; Irving Darinel Fabela López solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad, en los términos siguientes: "4. ACTO RECLAMADO: El acta de embargo de fecha 12 doce de abril del 2018 dos mil dieciocho, dentro del juicio laboral 1B-3069/2013, realizada sobre una EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS, marca CATERPILLAR, año 2002, modelo número 320 CL, número serie CAT0320CTANB03193; la cual se encontraba en el lugar donde laboraba el actor del juicio en mención.". En ese ocurso, la parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación y prevención. Mediante auto de cuatro de mayo de dos mil dieciocho este Juzgado de Distrito radicó la demanda bajo el progresivo 387/2018-III, y en el mismo proveído previno a la parte promovente para que precisara el acto señalado como reclamado, lo cual satisfizo en su escrito presentado el ocho de mayo de dos mil dieciocho, en los términos siguientes: "1. Se reclama del presidente de la Junta Especial número uno de la Junta Local de Conciliación y arbitraje del Estado, la orden de embargo que acordó el día 14 catorce de julio del 2015 dos mil quince, librada en contra de mi bien, que lo es una EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS, marca CATERPILLAR, año 2002, modelo número 320 CL, número serie CAT0320CTANB03193, cuya factura está expedida a mí favor, que se encuentra dentro del domicilio que constituyó ser el domicilio de la fuente de trabajo (SEÑALADO POR EL ACTOR) tal como se desprende dentro del procedimiento laboral número 1B-3069/2013, no obstante que el suscrito quejoso fui absuelto de todas y cada una de las prestaciones reclamadas al resolverse en definitiva dicho procedimiento laboral mediante LAUDO firme que a la fecha existe. 2. Se reclama de la actuaria adscrita a la Junta Especial número uno de la Junta Local de Conciliación y arbitraje del Estado, la ejecución que le dio a la orden emitida por el Presidente de la misma Junta laboral, dentro del procedimiento laboral número 1B-3069/2013, ejecución que se realizó con fecha 12 doce de abril del 2018 dos mil dieciocho, sobre mi propiedad que lo es una EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS, marca CATERPILLAR, año 2002, modelo número 320 CL, número serie CAT0320CTANB03193, cuya factura está expedida en mi favor, declarándola embargada; no obstante que, el suscrito quejoso, fui absuelto de todas y cada una de las prestaciones reclamadas al resolver en definitiva dicho procedimiento laboral mediante LAUDO firme que a la fecha existe.". En ese orden, por auto de nueve de mayo de dos mil dieciocho, este Juzgado Tercero de Distrito admitió a trámite la demanda, por lo que se ordenó requerir a las autoridades responsables para que rindieran su informe justificado y se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público adscrito. TERCERO. Returno y avocamiento. El dieciocho de mayo de dos mil dieciocho se tuvo por rendido el informe justificado de las autoridades responsables, a partir del cual este órgano jurisdiccional observó la existencia de ulterior juicio de amparo que se promovió con motivo del juicio laboral 1B-3069/2013, por lo que en ese proveído se solicitaron las constancias del juicio de amparo 873/2014 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito. Una vez allegadas las constancias relativas, mediante auto de veintiocho de mayo del año en curso, con fundamento en los artículos 45, fracción II, y 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establecen las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, este órgano jurisdiccional determinó que, en ese momento, quien debía de conocer del asunto lo era el homólogo juez federal. Así, mediante proveído de treinta de mayo de dos mil dieciocho el Juzgado Cuarto de Distrito radicó el asunto bajo el progresivo 457/2018 de su índice y se avocó al conocimiento del asunto, razón por la cual, reiteró las actuaciones procesales llevadas a cabo, dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción y ordenó el emplazamiento del tercero interesado. CUARTO. Returno y avocamiento. No obstante, al observar la existencia de un juicio de amparo de temporalidad más reciente que correspondió a este Juzgado Tercero de Distrito, mediante auto de diez de julio de dos mil dieciocho, el Juzgado Cuarto de Distrito determinó que, en términos de la fracción II del artículo 46 del acuerdo general antes referido, la competencia para conocer de la demanda de amparo correspondía a este órgano jurisdiccional, debido a la existencia del juicio de amparo 100/2015 que se formó con motivo del controvertido de origen 1B-3069/2013, por lo cual ordenó su remisión de nueva cuenta este juzgado de distrito. Así, por auto de dieciocho de julio del año en curso, este órgano federal radicó y admitió el asunto bajo el progresivo 597/2018; se reiteraron las actuaciones procesales llevadas a cabo hasta ese momento y se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, determinación de la cual, se ordenó notificar personalmente a las partes. Finalmente, se celebró la audiencia de mérito al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Ley de Amparo aplicable. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema que tratan, ello con fundamento en el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., fracción I, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y los diversos 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que se impugna actos emitidos por autoridades que residen dentro de la circunscripción territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. TERCERO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro.". De igual forma, se invoca la jurisprudencia P./J. 40/2000 del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil.". En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo, su escrito aclaratorio y demás constancias allegadas al sumario, se advierte que el acto reclamado consiste en: La orden de embargo de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, dictada por la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, dentro del procedimiento de ejecución del juicio laboral 1B-3069/2013, que promovió José Ramón Ramírez Barrera, frente a Fabela Construcciones, S.A. de C.V., y otros; proveído en los que básicamente se ordenó que el embargo correspondiente se llevara a cabo en el domicilio ubicado Valle de las Violetas s/n de la colonia México y/o colonia Puerto México y/o colonia El Magisterio y/o Fraccionamiento Puerto México, Morelia, Michoacán; y, La ejecución de la citada orden, realizada por la Actuaria adscrita a la Junta referida, tal como se asentó en el acta relativa de doce de abril de dos mil dieciocho. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y a la Actuaria adscrita, toda vez que al rendir su informe con justificación, aceptaron su existencia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278.". Además, la certeza de que se habla se corrobora con las constancias remitidas por la propia autoridad, consistentes en los autos originales del juicio laboral 1B-3069/2013, en donde se observa el auto de veintitrés de marzo y la diligencia doce de abril del año que transcurre, que en este juicio se reclaman. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Época, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: DOCUMENTOS PUBLICOS.". QUINTO. Estudio de causales de improcedencia. Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. El anterior razonamiento se ve robustecido por las tesis que se citan a continuación: Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo LXVIII, página 335.". Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Séptima Época: Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos.". En la especie, este juzgador federal estima que el juicio de amparo promovido es improcedente, al actualizarse la causal prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción III del artículo 107 de la Constitución Federal, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violación es procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y c) Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio;". [Subrayado es propio]. Conforme a los preceptos transcritos se parte de la base de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de garantías individuales, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común. Dichos principios generales se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución General de la República, entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. En efecto, el principio de definitividad del juicio de amparo, obliga al quejoso a agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado, establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo; pues como ya se dijo, el juicio de garantías se concibió como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales, como lo son, entre otros, aquéllos que ya no son susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios. Ahora bien, el citado principio no es aplicable en todos los casos, pues la propia fracción III del artículo 107 constitucional, prevé diversos supuestos de excepción, como lo pudiera ser cuando se reclaman actos que afecten a personas extrañas a juicio, de lo cual se colige que, por imperativo constitucional, el principio de definitividad sólo es aplicable a las partes que intervienen en el juicio o procedimiento del cual emana el acto reclamado, y en ningún caso a los terceros extraños al mismo. Luego, es evidente que la facultad que tiene el tercero extraño al juicio o procedimiento del cual emana el acto reclamado para promover el juicio de garantías, no está restringida por el principio de definitividad, ya que puede interponerlo sin necesidad de agotar previamente los recursos o medios ordinarios de defensa que establezca la ley del acto. Ilustran lo anterior, en lo conducente, las tesis que se reproducen a continuación: Época: Novena Época Registro: 183862 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVIII, Julio de 2003 Materia(s): Común Tesis: P./J. 17/2003 Página: 15 "DEFINITIVIDAD EN AMPARO DIRECTO. ESTE PRINCIPIO EXIGE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE SE AGOTEN PREVIAMENTE LOS RECURSOS ORDINARIOS PROCEDENTES EN CONTRA DE LA SENTENCIA O DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. Los artículos 46 y 158 de la Ley de Amparo establecen, respectivamente, que se está ante una sentencia definitiva para los efectos de la procedencia del juicio de amparo directo, cuando decide el juicio en lo principal y respecto de ella las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno, por virtud del cual pueda ser modificada o revocada; asimismo, se considerará como tal, la dictada en primera instancia en asuntos judiciales del orden civil, cuando los interesados hubieren renunciado expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan, si la ley se los permite; al igual que la resolución que pone fin al juicio, es decir, la que sin decidirlo en lo principal, lo da por concluido y respecto de la cual las leyes no conceden recurso ordinario alguno; y que el órgano jurisdiccional competente para conocer del juicio de amparo contra ese tipo de sentencias es el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. Ahora bien, si una resolución que pone fin al juicio o una sentencia son legalmente recurribles, pero el interesado no agota el recurso previsto en la ley y deja transcurrir el término para ello, aunque la sentencia o la resolución ya no puedan ser legalmente modificadas, no por ello deben tenerse como definitivas para los efectos del juicio de amparo directo, pues la situación de facto, consistente en haber dejado transcurrir el término de impugnación, no puede hacerlo procedente, toda vez que ello implicaría soslayar unilateralmente la carga legal de agotar los recursos que la ley prevé, lo que se traduciría en violación al principio de definitividad. Contradicción de tesis 15/2002-PL. Entre las sustentadas por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito. 17 de junio de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Pedro Arroyo Soto. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintitrés de junio en curso, aprobó, con el número 17/2003, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintitrés de junio de dos mil tres.". Época: Novena Época Registro: 191539 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Julio de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a. LVI/2000 Página: 156 "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia. Contradicción de tesis 82/99-SS. Entre las sustentadas por el Primero y el Segundo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 12 de mayo del año 2000. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero. Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia pues no trata el tema central de la contradicción que se resolvió. Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 25/2015, pendiente de resolverse por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.". Ahora bien, cabe precisar que sobre el tema del tercero extraño a juicio, el veintisiete de febrero de dos mil uno al resolver la contradicción de tesis 12/2000, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo lo siguiente: ".Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto, asimismo, como ya se dijo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. (.) Importa destacar por otro lado, que la afectación que puede resentir una persona extraña a juicio, no proviene en todos los casos del mismo acto dentro de la secuela que va desde la demanda hasta el cumplimiento de la sentencia, sino que ello dependerá de la titularidad del derecho que reclame (y pruebe), sea en relación con el bien debatido en el juicio, sea con los bienes de que la sentencia disponga o, en fin, con aquellos que se afecten en la ejecución. De ello deriva que los promoventes del juicio de amparo se ostentaron como personas extrañas al juicio, aduciendo no haber sido emplazadas o bien haber sido llamadas en forma de tal manera ilegal que no tuvieron conocimiento del procedimiento incoado en su contra; sin embargo, se advierte que todas ellas comparecieron al procedimiento común antes de haberse dictado sentencia definitiva. Ahora bien, la anterior circunstancia, esto es, el hecho de que los promoventes del amparo hayan comparecido al juicio haciéndose sabedores de los actos reclamados y del proceso seguido en su contra, es razón suficiente para desvirtuar su carácter de persona extraña al juicio en términos del artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, toda vez que como quedó puntualizado con antelación, con ese carácter, en el supuesto mencionado, quedan comprendidos únicamente quienes no fueron emplazados o, aun siéndolo, no tuvieron oportunidad de hacerse sabedores del procedimiento. (.) La excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo tratándose de personas extrañas, tiene por objeto no dejarlas en estado de indefensión, pues los recursos ordinarios sólo pueden interponerse por las partes del contencioso, a excepción de la tercería. (.) Ahora bien, si el agraviado opta por agotar los recursos o medios de defensa ordinarios, debe esperar, en caso de perder, el dictado de la resolución definitiva en el procedimiento y en contra de ésta y de las violaciones procesales promover el amparo en la vía directa, en términos de lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley de Amparo. (.) En tales condiciones, el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, que dispone que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, entre otros supuestos, contra actos ejecutados dentro o fuera del juicio, que afecten a personas extrañas a él, cuando la ley no establezca a favor del afectado algún recurso ordinario o medio de defensa que pueda tener por efecto modificarlos o revocarlos, siempre que no se trate del juicio de tercería, debe ser interpretado en forma armónica con la disposición constitucional, de tal manera que si ésta no impone limitación al principio de definitividad, lo dispuesto en el precepto del ordenamiento reglamentario debe ser entendido como una opción adicional. En efecto, la persona extraña a juicio tiene opción de comparecer antes de que se dicte resolución definitiva e interponer los recursos o medios ordinarios de defensa pertinentes si ello conviene a sus intereses y resulta, a su parecer, mejor medio para obtener lo que a sus derechos convenga. (.) si de las constancias que obran en el expediente existe prueba de que el quejoso compareció al juicio, el amparo es improcedente, fundamentalmente porque no es persona extraña al juicio y, por tanto, no se da la hipótesis que establece el artículo 114, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales.". [Lo subrayado es propio]. De lo anterior se advierte que el Alto Tribunal ha establecido que la circunstancia de que el quejoso conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento y, por ende, debe agotar el principio de definitividad a que se alude. La ejecutoria que se comenta dio origen a la jurisprudencia P./J. 39/2001, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son los siguientes: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIII, abril de 2001. Tesis: P./J. 39/2001. Página: 93. "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal.". En el caso, conviene reiterar que los actos reclamados en este juicio es la orden de embargo de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, dictada dentro del procedimiento de ejecución del juicio laboral 1B-3069/2013, que promovió José Ramón Ramírez Barrera, frente a Fabela Construcciones, S.A. de C.V., y otros; proveído en los que básicamente se ordenó que el embargo correspondiente se llevara a cabo en el domicilio ubicado Valle de las Violetas s/n de la colonia México y/o colonia Puerto México y/o colonia El Magisterio y/o Fraccionamiento Puerto México, Morelia, Michoacán; así como su ejecución. De la revisión de constancias allegadas a este juicio constitucional, se observa que efectivamente dentro del controvertido de origen el ahora quejoso tiene reconocido el carácter de parte demandada y que el veintinueve de abril de dos mil quince, se dictó el laudo respectivo en el que se le absolvió de las prestaciones reclamadas, según se aprecia del contenido literal de los resolutivos siguientes: "PRIMERO.- Resultaron procedentes las acciones ejercidas por El actor; mientras que los demandados no acudieron a juicio en la etapa procesal oportuna para oponer excepciones y defensas. SEGUNDO.- Se condena a LAS SOCIEDADES DEMANDADAS DENOMINADAS "FACSA CONSTRUCTORA", S.A. DE C.V. y "FABELA CONSTRUCCIONES", S.A. DE C.V., ÉSTA ÚLTIMA EN CUANTO RESPONSABLE DE LA FUENTE DE TRABAJO QUE SE UBICA EN AVENIDA SOLIDARIADAD NÚMERO 540-A, DE LA COLONIA MOLINO DE PARRAS, DE MORELIA, MICHOACÁN, a pagar al trabajador JOSÉ RAMÓN RAMÍREZ BARRERA, la suma de $270,049.69 (DOSCIENTOS SETENTA MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 69/100 M.N.), salvo error u omisión de carácter aritmético y sin perjuicio de los intereses por incumplimiento que se sigan generando por cumplimiento total de la presente resolución, por concepto de indemnización constitucional por despido injustificado, salarios caídos, prima de antigüedad, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional e intereses por incumplimiento, de acuerdo a las razones establecidas en los considerandos cuarto y quinto de esta resolución. TERCERO.- Se absuelve a LAS SOCIEDADES DEMANDADAS DENOMINADAS "FACSA CONSTRUCTORA", S.A. DE C.V. y "FABELA CONSTRUCCIONES", S.A. DE C.V., ÉSTA ÚLTIMA EN CUANTO RESPONSABLE DE LA FUENTE DE TRABAJO QUE SE UBICA EN AVENIDA SOLIDARIAD NÚMERO 450-A, DE LA COLONIA MOLINO DE PARRAS, DE MORELIA, MICHOACÁN, de cubrir al actor la prima dominical que le fue reclamada, con base en los argumentos contenidos en el considerando cuarto de ésta resolución. CUARTO.- Se absuelve a los demandados JOSÉ LUIS FABELA SIXTOS e IRVING D. FABELA LÓPEZ, de pagar al trabajador actor, todos y cada uno de los conceptos que les fueron reclamados, con base en las razones vertidas en el considerando cuarto de ésta resolución. QUINTO.- Se concede a LAS SOCIEDADES DEMANDADAS DENOMINADAS "FACSA CONSTRUCTORA", S.A. DE C.V. y "FABELA CONSTRUCCIONES", S.A. DE C.V., ÉSTA ÚLTIMA EN CUANTO RESPONSABLE DE LA FUENTE DE TRABAJO QUE SE UBICA EN AVENIDA SOLIDARIDAD NÚMERO 540-A, DE LA COLONIA MOLINO DE PARRAS, DE MORELIA, MICHOACÁN, el término de 15 días para que cumpla voluntariamente con la presente resolución, con apoyo en el numeral 945 de la Ley Federal del Trabajo. SEXTO.- Notifíquese.". [Énfasis añadido]. Conforme a lo anterior, es un hecho que el aquí quejoso compareció al ordinario laboral como parte demandada, haciéndose sabedora del proceso seguido en su contra, de manera que incluso obtuvo laudo favorable a sus intereses, pues se le absolvió de las prestaciones que se le reclamaban (Resolutivo Cuarto). Por ello, debe estimarse que los actos posteriores al laudo, como lo es todo lo relativo al procedimiento de ejecución, en ningún momento colocan a la parte absuelta en calidad de tercero extraño a juicio, pues la circunstancia de no haber sido condenada, no le quita ese carácter de parte y, por consecuencia, no le exime de la obligación de agotar los medios ordinarios de defensa que son concedidos dentro del sumario laboral, dado que al haber sido legalmente emplazada, tuvo noticia de las actuaciones relativas así como de la resolución definitiva, con la posibilidad de promover antes y después de emitido el laudo. Bajo esta tesitura, la calidad de parte que tiene reconocida el aquí quejoso dentro del juicio laboral, es suficiente para desvirtuar el carácter de tercero extraño con el que pudiera ostentarse, pues este supuesto de aplicación estricta únicamente tiene lugar cuando se afecten derechos de personas que no fueron emplazadas o, aun siéndolo, no tuvieron oportunidad de hacerse sabedores del procedimiento, como una excepción al principio de definitividad. Así las cosas, previo a promover su demanda de amparo, el peticionario debió interponer el recurso de revisión que prevé en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo: "Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión.". Como se observa dicho precepto establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos del presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de laudos; medio de impugnación que desde luego se encuentra a disposición de las partes del juicio laboral, sin que exista disposición expresa que limite su procedencia exclusivamente para la parte actora o demandada. Además, el hecho de que la parte demandada haya sido absuelta o condenada, en ningún momento le impide interponer el recurso de revisión aludido, pues se insiste en que éste se encuentra a disposición de las partes, sin que exista prohibición expresa para su procedencia, pues constituye el medio ordinario de defensa a través del cual se puede obtener la modificación o nulidad de cualquier determinación llevada a cabo por el presidente o actuario de la Junta, en ejecución del laudo. Por lo expuesto, acorde con los lineamientos establecidos por el Alto Tribunal en las tesis jurisprudenciales y aisladas que en este fallo se citaron, no se resuelve conforme al criterio aislado invocado por el quejoso, de rubro: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO. TIENE ESE CARÁCTER EL DEMANDADO EN EL JUICIO LABORAL QUE OBTUVO LAUDO FAVORABLE, Y NO OBSTANTE ELLO, EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN SEGUIDA EN CONTRA DE SU CODEMANDADO, SE EMITEN O EJECUTAN ACTOS TENDENTES A VIOLENTAR SU ESFERA JURÍDICA, MOTIVO POR EL CUAL SE ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL AMPARO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVIII, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO.",el cual no resulta de observancia obligatoria. En suma, al no estar acreditado que el peticionario de amparo haya interpuesto el recurso de revisión referido, ni que exista una causa legal que la excepcione de observar el principio de definitividad, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio, en términos de lo previsto por los artículos 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En esa medida, la improcedencia aquí decretada impide analizar las cuestiones de fondo planteadas por el impetrante, tendentes a demostrar la violación de sus derechos, por los actos reclamados a las autoridades responsables que con antelación se precisaron. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia que se transcribe: Época: Octava Época Registro: 214593 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 70, Octubre de 1993 Materia(s): Común Tesis: II.3o. J/58 Página: 57 "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo en revisión 81/90. Pablo Zacatenco Ríos. 10 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretario: Fernando Hernández Piña. Amparo en revisión 258/91. Esperanza Martínez de Rodríguez. 21 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretario: Pedro A. Rodríguez Díaz. Recurso de revisión 433/91. Nacional Financiera, S.N.C. 6 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. Amparo en revisión 108/92. Felipe de Jesús Negrete Sotomayor. 20 de mayo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. Amparo en revisión 130/93. Dominique Javier Bagnoud Lalquette. 18 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Narváez Barker. Secretaria: Gabriela Bravo Hernández. Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Segunda Parte, tesis 1028, página 708.". Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Irving Darinel Fabela López, contra los actos que reclamó a las autoridades responsables precisadas, en términos del último considerando del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza.- Doy fe.

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