Irving Manuel Chable Iuit

Expediente 1102/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1102/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
29/05/2023

Partes del expediente

  • Irving Manuel Chable Iuit

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés.********************Visto el estado procesal de autos del que se advierte que obra la totalidad de las constancias de notificación relativas a los recursos de revisión interpuestos por la parte quejosa ********************, contra la sentencia firmada el dos de mayo de dos mil veintitrés; en consecuencia, para la sustanciación del referido recurso, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, en turno:********************1. El expediente físico del juicio de amparo 355/2023.********************2. Los escritos originales de revisión y de expresión de agravios interpuestos por la parte quejosa ********************.********************3. El escrito de desistimiento de fecha veintidós de mayo de dos mil veintitrés.********************3. Las copias de estos que corresponden al Agente del Ministerio Público de la Federación. ********************4. Tres legajos (dos legajos de copias certificadas y uno relativo a un disco compacto en formato DVD). ********************Por otra parte, se ordena dar acceso al expediente electrónico a fin de que el Tribunal de Alzada, se encuentre en aptitud de tener a la vista la totalidad de las constancias que integran el presente expediente.********************Hágase del conocimiento del Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este juzgado, la autorización del acceso al expediente electrónico ordenada en párrafos anteriores, para que realice las acciones necesarias a fin de que el Tribunal Colegiado se encuentre en aptitud de acceder y consultar el presente juicio vía el expediente electrónico.********************Fórmese el cuaderno de antecedentes, a fin de que se siga actuando en el mismo.********************Finalmente, agréguese a estos autos el oficio suscrito por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, con el que, en atención a lo solicitado por este juzgado en proveído de veintidós de mayo cursante, informa que se otorgó acceso al expediente electrónico del juicio de amparo 170/2022 de su índice. ********************Por tanto, hágase lo anterior del conocimiento del Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este Juzgado, a fin que proceda a efectuar la vinculación pertinente al expediente electrónico en comento. ********************CÚMPLASE. (....)

  2. Principal

    II. Mérida, Yucatán, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, y anexo que acompaña. Ahora bien, visto el estado procesal de los presentes autos se advierte, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa reclamó a la autoridad responsable, la omisión de dictar el laudo en el juicio reclamatorio laboral ********************. Sin embargo, de las constancias que la autoridad responsable acompañó con su informe justificado, se obtiene que el cuatro de abril del año actual, posterior a la presentación de la demanda (diez de abril de dos mil veintitrés), dictó proyecto de laudo correspondiente en el juicio reclamatorio laboral ********************, el cual se elevó a categoría de laudo el diecisiete de abril siguiente, lo que se acredita con las constancias que allegó para tal efecto. En ese sentido, han cesado los efectos de la omisión reclamada, con lo cual desapareció la posible afectación al derecho humano de pronta impartición de justicia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, debe sobreseerse en el juicio de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. En atención a lo anterior, se ordena dejar sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL ONCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista de estrados, el acuerdo de fecha 28 de abril de 2023, cuyo tenor es: II. Mérida, Yucatán, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, y anexo que acompaña. Ahora bien, visto el estado procesal de los presentes autos se advierte, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa reclamó a la autoridad responsable, la omisión de dictar el laudo en el juicio reclamatorio laboral ********************. Sin embargo, de las constancias que la autoridad responsable acompañó con su informe justificado, se obtiene que el cuatro de abril del año actual, posterior a la presentación de la demanda (diez de abril de dos mil veintitrés), dictó proyecto de laudo correspondiente en el juicio reclamatorio laboral ********************, el cual se elevó a categoría de laudo el diecisiete de abril siguiente, lo que se acredita con las constancias que allegó para tal efecto. En ese sentido, han cesado los efectos de la omisión reclamada, con lo cual desapareció la posible afectación al derecho humano de pronta impartición de justicia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, debe sobreseerse en el juicio de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. En atención a lo anterior, se ordena dejar sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL ONCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    V. Mérida, Yucatán; a doce de abril de dos mil veintitrés. V I S T O S los autos del juicio de amparo indirecto 235/2023-V, promovido por **** contra un acto de la Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en Mérida; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. El cuatro de octubre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, se depositó la demanda de amparo presentada por el defensor de la parte quejosa contra un acto atribuido a la Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en Mérida, por considerarlo violatorio de los derechos fundamentales que precisó. SEGUNDO. Trámite del juicio. El cuatro de octubre de dos mil veintidós, le tocó conocer la demanda de amparo al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida; por lo cual, en auto de cinco de octubre de dos mil veintidós, se ordenó formar expediente que se registró bajo el número 2395/2022, y se admitió a trámite; se dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; y, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados. Previo diferimiento y emplazados que fueron los terceros interesados, Fiscal adscrito a la Sala responsable e Inmobiliaria Aba, Sociedad Anónima de Capital Variable (fojas 18 y 55). Finalmente, el veintidós de diciembre de dos mil veintidós se celebró la audiencia constitucional. TERCERO. Remisión de los autos a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con motivo de su apertura. El dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo General 04/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual se autorizó la creación de este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, con inicio de funciones a partir de esa propia fecha, acorde a lo dispuesto por el artículo segundo del citado acuerdo. Posteriormente, a través del oficio SECNO/STCCNO/1345/2022 suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se notificó el punto de acuerdo de 219/2022, relativo a la Medida de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, en cumplimiento al artículo 6 del Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, en cuyos puntos de acuerdo primero y segundo, se acordó la remisión de juicios de amparo originalmente turnados a los Juzgados Primero a Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, a este órgano jurisdiccional, para continuar con la tramitación del juicio hasta el archivo definitivo. En cumplimiento a lo anterior, por determinación de veinte de enero de dos mil veintitrés, este juzgado se avocó al conocimiento del presente asunto y turnó los autos para el dictado de la sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida es competente para resolver el presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 61, fracción XVIII, inciso d), y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues se reclama una resolución en materia penal ejecutable dentro del ámbito de competencia territorial asignada a este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del juez de distrito de analizar la demanda en su integridad, para determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se precisa el acto reclamado en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado a la demanda de amparo y demás constancias, se hace consistir en: [...] TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe justificado la sala responsable (foja 20), aceptó la existencia del acto reclamado. Además, la certeza se corrobora con las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado relativas a la copia certificada de la carpeta administrativa ***, así como tres disco compactos que contienen los archivos de audio y video; medios que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues se trata de documentos públicos autentificados por una autoridad judicial quien es una funcionaria pública. CUARTO. Oportunidad para ejercer la acción constitucional. La demanda de amparo se presentó dentro del plazo legal de quince días hábiles establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado se notificó a la quejosa, el doce de septiembre de dos mil veintidós (en la propia audiencia que emitió el acto reclamado); notificación que surtió sus efectos al día siguiente conforme el artículo 82, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y, sin tomar en cuenta los días inhábiles, el plazo transcurrió del diecinueve de septiembre al siete de octubre de dos mil veintidós, y la demanda de amparo se depositó el doceavo día de ese plazo, esto es, el cuatro de octubre pasado, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. QUINTO. Procedencia de la acción constitucional. De conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra aquellos actos emitidos en juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose que son de esta naturaleza, los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. En ese orden de ideas, es procedente la acción constitucional que nos ocupa, al reclamarse la resolución que confirmó el auto de vinculación a proceso dictado en contra de la parte quejosa, lo que de suyo implica que el suscrito considera que no se actualiza ninguna causa de improcedencia que impida continuar con el análisis del acto reclamado, sin que sea necesario estudiar cada una de las hipótesis descritas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. SEXTO. Antecedentes del acto reclamado. Audiencia inicial. En audiencia de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, se designó intérprete en el idioma español-maya para dos de las investigadas; asimismo, se tuvo a la parte investigada designando un defensor particular, por tanto el defensor público entregó copia de la carpeta de investigación al nuevo defensor; por tanto, ante la solicitud de diferimiento efectuada por el defensor particular, se fijaron las 10:00 horas del treinta de marzo de dos mil veintidós, para llevar a cabo la audiencia inicial. El treinta de marzo de dos mil veintidós, se formuló imputación, los investigados se reservaron su derecho a declarar, y el fiscal solicitó vinculación a proceso, por el delito de despojo de cosa inmueble, previsto y sancionado por el artículo 329 párrafo I, fracción I y párrafo segundo, tercero y cuarto del Código Penal del Estado de Yucatán, vigente en la época de los hechos, querellado por Inmobiliaria Abba, Sociedad Anónima de Capital Variable. Lo anterior bajo el siguiente cuadro fáctico. [...] Hasta aquí los antecedentes del acto reclamado. SÉPTIMO. Estudio de constitucionalidad del acto reclamado. Previo a iniciar el estudio, se precisa que la parte quejosa expresa como conceptos de violación los que se encuentran contenidos en su escrito de demanda, que se tienen por reproducidos sin necesidad de transcribirlos: los cuales resultan infundados, sin que se advierta alguno que suplir en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Cabe precisar que aunque procede la suplencia de la queja deficiente en favor de los quejosos, dado que tienen carácter de imputados en la causa penal de origen, el estudio del asunto se concretará a los aspectos alegados en los motivos de inconformidad, haciéndose innecesario emitir un pronunciamiento específico respecto de todos los apartados vinculados con el acto reclamado, en la parte que no se avizore vulneración de derechos fundamentales, pues tal suplencia no significa que deba quedar plasmado en la sentencia el por qué no le afectan cuestiones que éste no planteó, de manera que resultan innecesarias para motivar el fallo que le es adverso. En apoyo se cita la jurisprudencia con registro 2014703, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: «SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013)». Para analizar la constitucionalidad del acto reclamado es conveniente precisar que la Sala responsable concluyó que el auto de vinculación a proceso se dictó apegado a derecho, en tal sentido, a fin de verificar la constitucionalidad de su conclusión es necesario analizar el auto de vinculación impugnado en el recurso de apelación. Ahora bien, la fuente Constitucional del auto de vinculación a proceso es el artículo 19, primer párrafo, del cual se advierte que para su dictado se deben cumplir con determinados requisitos, los cuales para el adecuado estudio de control constitucional deben dividirse en dos rubros, a saber: a) forma y b) fondo. Los requisitos de forma y de fondo para el dictado del auto de vinculación a proceso están previstos en los artículos 19 de la Constitución Federal y 316 del Código Nacional de Procedimiento Penales, que establecen: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa." Los primeros son: REQUISITO DATO SE CUMPLE Debe dictarse a más tardar dentro de las 72 horas (o 144 horas ante la solicitud de ampliación del plazo) a partir de la puesta a disposición del indiciado ante la autoridad judicial o de la celebración de la audiencia de formulación de la imputación. El plazo inició en la audiencia de formulación de la imputación a las 11:04 del 30 de marzo de 2022. En dicha audiencia, los imputados solicitaron se resolviera su situación jurídica en el término de 144 horas. (01:24:50) Se dictó la vinculación a proceso dentro del referido plazo a las 11:48 hrs. del 04 de abril de 2022 (02:11:54). Debe expresarse el delito que se imputa al inculpado, así como las circunstancias de su ejecución. Delito El hecho que la ley señala como el delito de despojo de cosa inmueble, previsto en la hipótesis del artículo 329, párrafo primero, fracción I, y párrafo segundo, tercero y cuarto del Código Penal del Estado de Yucatán, vigente en la época de los hechos. Circunstancias. [...] De modo: La sujetos activos estando de acuerdo y de manera conjunta aprovechando que era noche ingresaron a las construcciones que se encuentran dentro de los límites de la finca mencionada ocupando una fracción de dicho inmueble de aproximadamente 3,004.12 metros, sin consentimiento de quien tiene derecho a otorgarlo, siendo que continúan ocupando la fracción del referido inmueble. Que se haya formulado imputación. La fiscalía formuló imputación en la audiencia celebrada el 30 de marzo de 2022, y posteriormente se le preguntó a la parte imputada sobre el plazo en que deseaba se resolviera su situación jurídica. Jurisprudencia 1ª./J.120/2017(10ª.) Haberle dado la oportunidad de declarar. Las personas imputadas hicieron uso a de su derecho a no declarar, según lo manifestado en audiencia de 30 de marzo de 2022. (00:20:32) Que no se actualice causal de extinción. Se estableció en la resolución que no se actualiza ni la extinción de la acción penal, ni excluyente de delito conforme al artículo 21 del Código Penal de Yucatán. Aanalizadas las posibles violaciones no se encontró motivo por el cual sea necesaria suplencia respecto de situaciones de forma, y por el contrario se advirtió que se cumplieron todas, como se desprende del cuadro inserto, por ello se tienen válidamente por acreditados por el juez responsable. Ahora bien, los requisitos de fondo son: La existencia de datos que establezcan que se ha realizado una conducta que la ley señala como delito; y, Que una persona pudo haberla cometido o participado en su comisión. Relativo a los requisitos de fondo, igualmente se observa que se tienen por acreditados, con el estándar requerido para ese momento procesal, dado que existen los datos de prueba indispensables, con los que se establece un hecho que reviste carácter de delito, esto a través de la abstracción del enunciado previsto en el artículo 329, párrafo primero, fracción I, y párrafo segundo, tercero y cuarto, del Código Penal del Estado de Yucatán, vigente en la época de los hechos, de la conducta que se le recrimina a la parte imputada por el fiscal; artículo que establece lo siguiente: "ARTÍCULO 329. Se impondrá sanción de tres meses a tres años de prisión y de diez a treinta días-multa, al que sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo, engañando a éste, o furtivamente: I. Ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca, o impida materialmente el disfrute de uno u otro, y (.) ADICIONADO, D.O. 19 DE JUNIO DE 2017) Cuando el inmueble ocupado sea de propiedad privada, a los responsables se les impondrá una pena de uno a seis años de prisión y de veinte a sesenta días-multa, para las propiedades del estado y municipios, sólo se considerarán aquellas del dominio privado. (REFORMADO, D.O. 19 DE JUNIO DE 2017) Si el despojo se efectúa por dos o más personas o con violencia, se aumentarán hasta en una mitad las penas señaladas en los párrafos anteriores; pero éstas se aumentarán hasta el doble, cuando se trate de los autores intelectuales o de quienes dirijan el despojo. (ADICIONADO, D.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2010) Este delito se perseguirá por querella." Tal descripción contrastada con la conducta que se le imputa a la parte quejosa, a juicio de este juzgador, los datos de la carpeta de investigación (investigación inicial) que ahora integran la carpeta judicial 39/2022, que tomó en consideración la juez responsable para dictar el acto reclamado, son suficientes para dictar vinculación a proceso. En ese orden de ideas, la juez responsable arribó correctamente a la conclusión de que los datos de prueba eran suficientes para dictar auto de vinculación a proceso, toda vez que, de los antecedentes de investigación expuestos por el fiscal, tomó en consideración los datos de prueba a los que se harán referencia, a saber: [...] Así, del cúmulo de los mencionado datos de prueba, el juez de control al resolver, vinculó a proceso por el mismo hecho y clasificación jurídica por la que se imputó, precisó que con los datos de prueba expuestos se logró acreditar la existencia del bien inmueble propiedad de la víctima y que la conducta imputada fue realizada por dos o más personas, sin consentimiento de quien tenía derecho a otorgarlo. Lo anterior, porque a su criterio, para anular el alcance de los datos de prueba expuestos por la Fiscalía, la defensa argumentó que la posesión se detentó antes de los hechos denunciados, pues afirmó data de hace más de cuarenta años, lo que no sustentó con los datos de prueba aportados, ya que de las testimoniales propuestas por la defensa, el juez de control consideró que la declaraciones se tornaban impresas y contradictorias en paralelo con la información personal de los investigados y con otros datos de prueba; asimismo, que de los recibos de energía eléctrica no se podía establecer que esas direcciones formen parte del tablaje en cuestión; respecto de la constancia de inscripción, señaló que se advertía que su registro en el padrón fue del veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, es decir, contemporáneo a la fecha de los hechos. Así, el juez de control consideró que obraran datos de prueba que razonablemente permitan suponer la existencia de un hecho delictivo, y la probable responsabilidad de los imputados en su comisión. Inconforme con tal resolución, la parte quejosa interpuso recurso de apelación, en el cual la Sala responsable declaró infundados los agravios del apelante, sin que hubiera motivos para reparar oficiosamente alguna violación acotada a los derechos humanos del imputado. En contra de dicha determinación la parte quejosa formuló los siguientes conceptos de violación: [...] Son infundados los conceptos de violación. La justificación de la calificativa de los conceptos de violación se abordará en el orden siguiente: primero, se expondrá que de acuerdo a las consideraciones expuestas por la sala responsable, sí se abordaron los argumentos que efectuó la defensa; posteriormente, se analiza porqué son infundados los motivos de disenso encaminado a cuestionar la valoración de los datos de prueba, para después analizar el aspecto en el que la quejosa aduce que las cuestiones atinentes a derechos posesorios debes ser analizados en una vía diversa a la penal. En ese orden de ideas, la Sala responsable, declaró infundados los agravios del apelante con relación a la argumentación defensiva y los datos de descargo que ofrecieron, sin que hubiera motivos para reparar oficiosamente alguna violación acotada a los derechos humanos del imputado. En efecto, la responsable consideró infundado el agravio en el que el apelante expuso que se realizó una indebida valoración de los datos de prueba, en contravención al principio in dubio pro reo, pues señaló que en la etapa en la que se encuentra el proceso bastaba con que los antecedentes de investigación hagan probable la participación de los imputados en el hecho ilícito que se les atribuye y consideró acertado el valor concedido a los datos de prueba ofrecidos por las partes, aunado a que determinó que la resolución apelada no se apartó del principio in dubio pro reo, pues éste se refiere a dudas razonables acerca de la culpabilidad del imputado, lo cual aún no se actualiza, ya que se está iniciado el procedimiento, por lo que sólo se tomó en cuanta para valorar los datos de prueba. En cuanto al agravio en el que el apelante sostuvo que los datos de prueba consistente en los diversos comprobantes de energía eléctrica, constancia de vencida y la inscripción en el padrón municipal, acreditaban que los imputados han detentado la posesión desde hace varias décadas, y por tanto, no cometieron delito alguno, se consideró infundado, en virtud de que las documentales que refirió el apelante resultaban ineficaces para desvirtuar los hechos imputados, ya que para el momento procesal en que se actuaba no acreditaba el derecho de los imputados en cuanto a la posesión de una fracción de la finca rustica de referencia, pues la direcciones que se advertían eran distintas para cada uno de los imputados, aunado a que tampoco coinciden con la señalada como la de la finca, marcada con el tablaje número 158. Por otra parte, la responsable señaló que de la teoría sustentada por la Fiscalía se podía advertir que los imputados se introdujeron de manera furtiva a un inmueble ajeno que es de propiedad privada, y que los datos de cargo cubrían el estándar probatorio establecido en el código nacional procesal para acreditar el ilícito y la probable responsabilidad de los imputados en su comisión. Al respecto, hizo referencia a la documental consistente en la escritura pública que contiene la compraventa del predio rustico, a la entrevista del vigilante del predio rustico, quien dijo dar aviso al apoderado de la querellante de los hechos denunciados, a las declaraciones de dos testigos presenciales en el lugar de los hechos, así como del dictamen topográfico del predio rustico de referencia, a la inspección judicial del lugar de los hechos, así como de dos oficios expedidos por las autoridades registrales, y un informe policial homologado, así, consideró infundado el agravio en el que se adujo una insuficiencia de datos de prueba para establecer los hechos denunciados y la probable responsabilidad de los imputados. En relación al argumento de la defensa -expuesto como agravio- en el sentido de que quedó demostrado el derecho real de los imputados, pues la ocupación del inmueble se ha mantenido de forma ininterrumpida, pacífica y continua por más de cuarenta años, la responsable estimó que carecía de sustento, pues los testimonios de descargo desahogados no tenían la utilidad de desvirtuar los hechos querellados, dado que no acreditaban en forma alguna la legal posesión de sus patrocinados respecto de la superficie ocupada. Puntualizó, que los testimonios de descargo no guardan congruencia entre los datos de prueba respecto del lugar preciso en el que habitan los imputados, con la dirección de la finca rústica, aunado a que dijeron que no todos vivían en el mismo predio e hicieron referencia a una temporalidad distinta respecto de la permanencia en sus domicilios, que incluso dijeron que la posesión la han tenido diversas personas; sobre este último señalamiento, destacó que la posesión sólo entraña una relación de hecho que no puede transferirse ni trasmitirse, por lo que no existía identidad en las manifestaciones de esos elementos de prueba para otórgales el alcance que pretendía la defensa. Señaló, que tampoco el juicio ordinario civil que mencionaron los recurrentes constituye un elemento de eficacia para revocar el auto de vinculación a proceso impugnado, ya que con los datos de prueba aportados por la fiscalía se acreditó que los imputados sin tener consentimiento alguno se introdujeron al inmueble en cuestión, ocupando una superficie de éste, lo que impide materialmente su disfrute por parte de su legitima propietaria. Que, con independencia al juicio civil al que hizo alusión la defensa, los datos de prueba aportados no acreditaban que la posesión sobre la fracción de la finca se haya actualizado de manera pacífica e ininterrumpida. La Sala consideró que no era relevante la manifestación del apelante en el sentido de que se apreció de manera errónea que los predios de sus representados sean los mismo que la parte querellante señaló como las fracciones despojadas, ya que conforme a los datos aportados por la Fiscalía se logró establecer que la querellante es propietaria del predio rustico y que los imputados ocupaban una fracción del inmueble, al señalar que eran dos piezas que se ocupaban como caseta de vigilancia las que ocupaban de manera ilícita. En cuanto al agravio en el que la apelante afirma que sus patrocinados han vivido más de cuarenta años en el lugar en cuestión, y que existe una duda razonable respecto a los hechos imputados, pues la denuncia se trata de una mentira, la sala responsable reiteró que los datos de descargo no resultaron eficaces para acreditar la postura de la defensa en el sentido de que los imputados ocupaban parte de la citada finca con anterioridad a la fecha de los hechos, dado que hacen referencia a domicilios conocidos y predios sin número, así como a diversas calles, aunado a que no son congruentes en relación al tiempo y circunstancias que señalaron los apelantes. Al responder el diverso agravio, relativo a que se encuentra en trámite el referido juicio ordinario civil reivindicatorio de propiedad, promovido por la querellante en contra de los imputados, se consideró que cada controversia tenía sus propias implicaciones, y que en el asunto particular los defensores no acreditaron que los imputados tuvieran el disfrute derivado de la posesión legal de una fracción del inmueble, o que los querellantes se hayan conducido de una manera dolosa en la narrativa de los hechos ante el Ministerio Público, o bien, que los datos de prueba ofrecidos por la Fiscalía se hayan obtenido de una manera ilícita. Conforme a la anterior exposición, quien ahora resuelve, considera que la sala responsable sí dio contestación los argumentos de la defensa con relación a la valoración de los datos de prueba ofrecidos por la defensa -con los que sostiene se crea una duda razonable sobre la los hechos denunciados y la probable responsabilidad de los imputados-, pues se pronunció al respecto, para concluir que no restaban idoneidad a los aportados por la Fiscalía, por tanto, los datos de prueba fueron analizados y desestimados por la Sala responsable, sin que en los conceptos de violación se controviertan las consideraciones en relación a la apreciación que se efectúo, de ahí que resulten infundados . Ahora bien, las consideraciones de la responsable no representan una transcripción de los argumentos utilizados por el juez de control, sino que compartió el ejercicio valorativo del juzgador respecto a que los datos de prueba de descargo no restaban eficacia a los aportados por la Fiscalía, y por ende, la postura de la defensa de que los imputados ocupaban la porción de la finca con anterioridad a los hechos, no encontraba sustento en los mismos. Así, partiendo de la base de que la autoridad judicial responsable asumió una adecuada conducta procesal en cuanto a la valoración de los datos de prueba allegados al sumario penal, ofrecidos por la defensa no se vulnera el principio in dubio pro reo. De lo expuesto, se puede apreciar que en el mismo sentido, resulta infundado el concepto de violación en el que parte quejosa aduce que se actualizó una indebida valoración de los datos de prueba, afirmando que solo se tomaron en consideración los de la víctima y la fiscalía, ya que como se vio, tal apreciación resulta desatinada, pues no obstante que se tomaron en cuenta los datos de prueba de descargo, éstos no lograron sustentar la postura de la defensa. Ahora, en cuanto a su motivo de disenso encaminado a cuestionar que los datos de prueba aportados por el fiscal, de los que aduce no se logró establecer de manera contundente los hechos y la probable participación de los imputados, con lo que dice se vulnera el principio de presunción de inocencia, resulta infundado. Ello, ya que para vincular a proceso no se deben exigir los mejores datos de prueba, con un estándar probatorio contundente, sino sólo datos suficientes, lo que en el caso sí se realizó. En efecto, de los datos de prueba se logró establecer que las circunstancias de modo tiempo y lugar expuestas en la querella -que el veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho los imputados se introdujeron a la finca rustica sin consentimiento de su propietario-, quedaron adminiculadas con el dicho presencial de los querellantes, del vigilante Carlos Adrián Paredes Varguéz, además de los diversos testigos Sergio Iván Casanova y Montero y Carlos Antonio Díaz Chams, declaraciones que en su conjunto fueron congruentes y coincidentes en el contexto circunstancial. Por lo que respecta a la probabilidad de que los imputados hayan participado en su comisión, como determinó la Sala, es acertado el valor concedido a los datos de prueba. En efecto, las manifestaciones realizadas por los querellantes -en relación a que eran los imputados quienes se encontraban en el predio en cuestión y a quienes les solicitaron se salieran del mismo-, son congruentes con el testimonio de Carlos Ardían Paredes Várguez -quien identificó a los imputados como las personas que se introdujeron a la finca y no se retiraron, por lo que tuvo que informar al apoderado de la inmobiliaria-, así como el testimonio de Daniel Hernández Cantón -quien dijo haber identificado a los imputados en el lugar de los hechos, y que no es la primera vez que causan problemas-. Ahora, lo infundado del disenso de la quejosa también tiene una premisa procesal, a saber, que con el dictado del auto de vinculación a proceso se pretende la formalización de la investigación y en él sólo se efectúa una clasificación jurídica provisional de los hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, es decir, en esa determinación se establece o fija la materia de la investigación y lo que eventualmente puede ser objeto de juicio. Así, de acuerdo con los principios y reglas que imperan en el nuevo modelo de justicia penal, para el dictado del auto de vinculación a proceso no se requiere la acreditación de los elementos del tipo penal ni del cuerpo del delito, sino que basta que existan un hecho con apariencia delito e indicios lógicos que presuman la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En ese orden, es innecesario que los datos de prueba examinados tengan alcance probatorio pleno -como lo pretende la parte quejosa-, por ser sólo el sustento para la decisión de abrir o no una investigación formalizada o judicializada contra una persona, en la que, una vez cerrada y atendiendo a la teoría del caso del agente del Ministerio Público, éste puede acusar, sobreseer o suspender el proceso sin llegar a juicio. Es decir, atendiendo al estándar probatorio que rige la emisión de un auto de vinculación, siempre que se concluya que hay indicios razonables para iniciar una investigación bajo la tutela del juez de control, es viable vincular a proceso, para que sea en la investigación complementaria en donde se esclarezca si en realidad se tiene un caso para llevar a juicio o no. Por tanto, si en el caso que nos ocupa la Fiscalía cumplió con la carga procesal que le obliga a aportar datos que hagan probable la existencia de un hecho tipificado como delito y éstos son congruentes y consistentes, no se transgrede el principio de presunción de inocencia Por otra parte, resulta lo infundado el concepto de violación en el que la quejosa afirma que las cuestiones derivadas de derechos posesorios deben ser ventiladas en una vía diversa a la penal, pues afirma que lo que se pretende es privar a los quejoso de los derechos reales que han adquirido por el transcurso del tiempo, lo que se está dilucidando en el juicio civil 785/2018, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, promovido por Inmobiliaria Abba Sociedad Anónima de Capital Variable, en el cual se reclamó a los imputados la restitución de una fracción del inmueble en cuestión. Para tal calificativa es conveniente precisar que el concepto de posesión se encuentra contenido en el artículo 14 de la Constitución, protegido tanto en las relaciones de carácter horizontal (entre particulares) como en las de tipo vertical (entre particulares y los poderes públicos) Adicionalmente, el artículo constitucional referido prevé las únicas condiciones a través de las cuales una posesión puede ser afectada en estos dos tipos de relaciones: a través de un juicio seguido ante tribunales previamente establecidos y que en el mismo se respete el debido proceso legal. Lo anterior entraña para los particulares un deber de no afectación a las posesiones ajenas y para el Estado la obligación de impedir la violación injustificada de las posesiones de las personas. En lo que interesa al caso específico, la Primera Sala consideró que existe una relación estrecha entre la protección que reconoce el citado dispositivo con la del artículo 16 de la propia Constitución, en tanto que señala que las posesiones de las personas únicamente podrán ser afectadas por un mandamiento escrito en el que la autoridad competente funde y motive su actuación. Esta circunstancia debe derivar, precisamente, de un procedimiento en el que se observen sus formalidades esenciales. El hecho de que los artículos referidos dispongan que las posesiones únicamente pueden ser afectadas por una autoridad cuando se cumplan las condiciones descritas implica de manera necesaria y lógica, que las personas no pueden privar a otras de las mismas por su propia cuenta, ni ejercer violencia para hacer valer sus derechos tal y como lo dispone el artículo 17 de la Constitución Política del país. En suma, es posible afirmar que la protección a las posesiones vista desde esa óptica es un reflejo del arreglo constitucional concebido por el legislador en el sentido de que en un Estado democrático de derecho no puede regir la arbitrariedad ni la justicia privada, sino el imperio de la ley y que por ello una persona solo puede ser privada de la posesión de un inmueble por mandamiento de una autoridad competente, a través de un acto fundado y motivado que emane de un juicio seguido bajo las reglas del debido proceso legal. Tal condición no significa que si una persona hubiese obtenido la posesión de un bien inmueble en contravención de alguna disposición legal y en perjuicio de otra, ésta última no tenga ningún medio a su alcance para ventilar esa situación, pues en términos del propio artículo 17 de la Constitución Política del país y del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, todas las personas tienen el derecho público subjetivo de acceder, de manera expedita dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, a un recurso efectivo ante tribunales independientes e imparciales a plantear una pretensión o a defenderse de ella. Lo anterior, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten determinadas formalidades se resuelva la controversia y, en su caso, se ejecute esa decisión. Dicha garantía de acceder a la justicia a través de un recurso efectivo constituye uno de los pilares básicos del Estado de derecho en una sociedad democrática, pues asegura que los conflictos se diriman con base en la ley y no en la imposición arbitraria de la voluntad de una persona sobre la otra. Con base en esas consideraciones es posible afirmar que la acción penal de la que derivó el acto reclamado tiene como finalidad la de garantizar el respeto al Estado de derecho en una sociedad democrática al tutelar, a través de dicho tipo penal, la posesión actual de los bienes, sancionando el ejercicio de una conducta contraria. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado, en precedentes que datan de la Sexta Época, que el despojo es un delito contra los derechos del poseedor y, en consecuencia, los protege incluso aunque tengan el carácter de controvertidos. También, se concluyó que al ser la posesión actual de un inmueble el bien jurídico protegido por el tipo penal, aquellos casos en que las personas deseen controvertirla, ello únicamente puede resolverse mediante la acción civil correspondiente y no por propia autoridad. De esas consideraciones emanó la jurisprudencia 70/2011 de esta Primera Sala de rubro: "DESPOJO. SE ACTUALIZA ESTE DELITO, AUNQUE EL DERECHO A LA POSESIÓN SEA DUDOSO O ESTÉ EN DISPUTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ)". Por tanto, el hecho que de manera contemporánea a la denuncia de hechos la querellante haya ejercido una acción civil en contra de las mismas personas imputadas, y en relación a los hechos denunciados, no incide en la posibilidad de dictar el auto de vinculación que se confirmó mediante la resolución reclamada, por la posible participación de los imputados en el hecho que la ley describe como delito de despojo. En esa virtud, ante lo infundado de los conceptos de violación, sin que se advierta motivo alguno que suplir en su deficiencia en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se niega la protección constitucional. Por lo expuesto y fundado; S E R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a los quejosos *** contra un acto de la Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, en términos de lo expuesto en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. [...]

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