IRVIN DE LA CRUZ PISTÉ CANUL y Otros.
Expediente 1524/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 15 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1524/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- IRVIN DE LA CRUZ PISTÉ CANUL y Otros.
- Irvin de la Cruz Pisté Canul
- ELEUTERIO TZUC CAB y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por ********************por conducto del Defensor Público Federal********************, parte quejosa en el presente asunto, con el que interpone recurso de revisión en contra de la sentencia firmada el trece de noviembre de dos mil veintitrés. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, entréguese copia del citado escrito de revisión y de expresión de agravios a partes restantes. Una vez que esté debidamente integrado y notificado, remítase el original del referido escrito del recurso de mérito, la copia que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, así como un disco en formato DVD que contiene la copia certificada del audio y video de la audiencia inicial de dos de junio de dos mil veintitrés, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, para lo que esa Superioridad estime procedente acordar. En tal virtud, se pone a disposición del Tribunal de Alzada, la consulta y vinculación electrónica de todo lo actuado en el presente juicio de amparo, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales. Hágase del conocimiento del Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado, la autorización del acceso al expediente electrónico ordenada en párrafos anteriores, para que realice las acciones necesarias a fin de que el Tribunal de Alzada se encuentre en aptitud de acceder y consultar el presente juicio vía el expediente electrónico. NOTIFÍQUESE.
- Principal
En Mérida, Yucatán, siendo las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del trece de noviembre de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia a que se refieren los artículos 107, fracción VII Constitucional, y 124 de la Ley de Amparo, Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido del Secretario con quien actúa y da fe, Luis Abraham Aquiahuatl Vázquez, declara abierta la audiencia pública sin la asistencia de las partes. (...) V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 1524/2023 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ******************** y ********************, por conducto del Defensor Público Federal ********************, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Control, con sede en Mérida. (...) TERCERO. Certeza del acto reclamado El Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Control, con sede en Mérida, aceptó la existencia del acto reclamado. Afirmación que se corrobora con la carpeta digital de la causa penal ********************, vinculado en el Sistema de Seguimiento de Expedientes (SISE), en la que constan los registros de audio y video de las audiencias de dos y siete de junio de dos mil vientres, en las que se resolvió la situación jurídica de los quejosos, así como un disco compacto que contiene el registro de audio y video de las audiencias citadas; la cual tiene pleno valor probatorio en términos de los artículos 130, 202 y 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con los artículos 26, 84 y 95, primer párrafo, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J. 43/2013 (10ª.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." (...) SEXTO. Causas de improcedencia En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. En cumplimiento al mandato legal, no se actualiza alguna causa de improcedencia que impida continuar con el análisis del acto reclamado, sin que sea necesario estudiar cada una de las hipótesis descritas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. (...) OCTAVO. Estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados En este considerando se realizará el análisis de los conceptos de violación expuestos en la demanda, por lo cual es innecesaria su trascripción; simultáneamente, en caso de existir alguna violación que no se haya hecho valer en esos conceptos, pero se haya actualizado será abordada en suplencia de la queja deficiente, como lo prevé el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Pues bien, la fuente Constitucional del auto de vinculación a proceso es el artículo 19, primer párrafo, del cual se advierte que para su dictado se deben cumplir con determinados requisitos, los cuales para el adecuado estudio de control constitucional deben dividirse en dos rubros, a saber: a) forma y b) fondo. Los requisitos de forma se circunscriben a que debe dictarse a más tardar a las setenta y dos horas o de ciento cuarenta y cuatro, si se solicita la duplicidad, contados a partir de que el imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial y en él deben expresarse el delito que se imputa, así como las circunstancias de su ejecución. Por otro lado, los requisitos de fondo son: a) Que existan datos que establezcan que se ha realizado un hecho que la ley señala como delito y, b) Que el imputado puede haberlo cometido o participado en su ejecución. Concordante con lo anterior, el Código Nacional de Procedimientos Penales en los artículos 316 y 318, establece los elementos legales básicos que deberá contener el auto de vinculación a proceso. Acorde con lo reseñado, para su emisión deben reunirse los siguientes requisitos: I. Que se haya formulado la imputación. II. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar. III. Que se precise el delito que se imputa y se establezca el lugar, el tiempo y las circunstancias de su ejecución. IV. Que se dicte dentro de las setenta y dos horas siguientes, a partir que el imputado sea puesto a disposición del juez de control, únicamente por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, con la posibilidad de que el Juez les otorgue una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público, pero sin la valoración de aquellos. V. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. VI. Que no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. Los requisitos anteriores se robustecen, con los principios de legalidad y seguridad jurídica reconocidos en el diverso artículo 16 de la Constitución Federal, que de manera imperativa dispone, que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, lo cual se traduce en la obligación del órgano judicial que emita una resolución, de citar los preceptos legales en que se funde para ello, y señalar las circunstancias especiales, razones particulares o inmediatas que haya tenido en consideración, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El citado derecho constitucional de fundamentación y motivación, si bien resulta ser técnicamente un requisito formal que la resolución combatida debe cumplir, de igual forma tiene que ver directamente con los aspectos sustanciales del mismo, pues los fundamentos y motivos que el Juez de Control plasme en su resolución, constituyen la base en que descansa la acreditación de los elementos de fondo que exige el artículo 19 Constitucional vigente, atinentes al establecimiento de que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. A continuación, se analizará si el acto reclamado se ajustó o no, a las exigencias para su emisión, a la vez, en el apartado relativo se estudiarán los conceptos de violación. PRIMER REQUISITO (FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN). En la audiencia de dos de junio de dos mil veintitrés, el Fiscal formuló imputación a los quejosos, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley describe como uso ilícito de atribuciones y facultades, en la modalidad del servidor público que indebidamente contrate obras públicas con recursos económicos públicos, previsto y sancionado en el artículo 217, fracción I, inciso d), del Código Penal Federal, vigente en la época de los hechos. En esencia, los hechos imputados consistieron en que los quejosos, durante el periodo 2015-2018 en el que ejercieron como Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento de ********************, Yucatán, adjudicaron un contrato de infraestructura consistente en un proyecto para la construcción de dieciocho techos de piso firme, cuyo costo se cubrió con recursos federales pertenecientes al Ramo 33, sin cumplir con la legislación aplicable para la contratación. Lo anterior, toda vez realizaron la contratación a través del procedimiento de invitación a cuando menos 3 personas, el cual no era aplicable, ya que el valor de la contratación fue superior para esa modalidad de adjudicación, y careció del dictamen de excepción para poder ser contratar a través de invitación Igualmente, la representación social informó que la persona que formuló la denuncia fue el Auditor Superior del Estado de Yucatán. En cuanto a la participación, los ubicó en la fracción III del artículo 13 del Código Penal Federal, ya que ambos imputados participaron en forma dolosa. En esos términos, el primer requisito que prevé el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el dictado del auto de vinculación proceso, quedó colmado. SEGUNDO REQUISITO (OPORTUNIDAD DE DECLARAR). Según se obtiene del registro del audio y video de la audiencia inicial, previa consulta con su defensa particular, los quejosos se reservaron el derecho a declarar. TERCER REQUISITO (PRECISIÓN DEL TIPO PENAL Y LUGAR, EL TIEMPO Y LAS CIRCUNSTANCIAS DE SU EJECUCIÓN). En la resolución de vinculación a proceso, el Juez de Control advirtió el lugar, tiempo y las circunstancias de ejecución, en las que los imputados realizaron las conductas penalmente relevantes. Respecto al lugar, de la audiencia se obtiene que los hechos ocurrieron en la localidad de ********************, Yucatán, al ser el lugar en el que se llevó a cabo el procedimiento previsto en la convocatoria número ********************, denominada: Procedimiento por invitación a cuando menos tres personas para la adjudicación del contrato de obra pública con base en precios unitarios y tiempo determinado en la construcción de techos firmes en dieciocho viviendas. En cuanto al tiempo, se destacó que los hechos ocurrieron en el periodo 2015-2018, en el que los quejosos ejercieron los cargos de Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento ********************, Yucatán. En esa época, emitieron la convocatoria para el procedimiento de contratación por invitación, el treinta de noviembre de dos mil diecisiete; aprobaron la adjudicación a favor de una persona moral y realizaron el pago con cargo a los recurso federales que se le asignaron al municipio para infraestructura social. Respecto a la forma de ejecución, se destacó que en el proceso de adjudicación, los imputados dejaron de observar lo estipulado en los artículos 45 y 46 de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán; 57 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Conexos del Estado de Yucatán; 162 y 164 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, toda vez que el valor de la contratación fue superior al límite legal para contratar a través del procedimiento de invitación, aunado a que careció del dictamen de excepción para poder contratar en esos términos. CUARTO REQUISITO. El Juez Federal dictó el auto de vinculación, con base en los hechos descritos en la imputación, los cuales consideró que corresponden a la descripción legal del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, en la modalidad del servidor público que indebidamente contrate obras públicas con recursos económicos públicos, previsto y sancionado en el artículo 217, fracción I, inciso d), del Código Penal Federal, vigente en la época de los hechos. Así, se advierte que el Juez dictó la vinculación a proceso dentro del plazo constitucional, únicamente por hechos que fueron motivo de la imputación, sin variar su contenido. QUINTO REQUISITO (DATOS DE PRUEBA). Al resolver sobre la vinculación a proceso, el Juez de Distrito consideró que los datos de prueba aportados por la fiscalía eran suficientes para que en esta fase del procedimiento, se acredite que ******************** y ********************, en su calidad de Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento de ********************, Yucatán, respectivamente, suscribieron el contrato LOP-R-33-FISM-********************-Yucatán-10A-2017, con el representante de ********************, en contravención de los artículos 45 y 46 de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán; 57 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Conexos del Estado de Yucatán; 162 y 164 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. Lo anterior, porque en el periodo dos mil quince a dos mil dieciocho, en el que ******************** y ******************** ejercieron los encargos de Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento de ********************, Yucatán, celebraron un contrato de infraestructura con recursos federales pertenecientes al Ramo 33, a través del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas para la obra construcción de techos firmes en dieciocho viviendas, a pesar de que conforme a la legislación aplicable no procedía realizar la adjudicación por invitación, pues el monto de la contratación superó los márgenes legales y no se presentó el dictamen de excepción de procedimiento a la licitación. Consideración que apoyó en la valoración conjunta de los datos de prueba, de los cuales se desprendió que ******************** y ********************, fungieron como Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento de ********************, Yucatán, durante el periodo 2015-2018. Asimismo, durante la administración de de los impetrantes, el municipio recibió recurso federales del fondo para la infraestructura social municipal para el ejercicio 2017, conocido Ramo 33. Además, se probó que los quejosos llevaron a término el procedimiento previsto en la convocatoria número ********************, denominada para el procedimiento por invitación a cuando menos tres personas para la adjudicación del contrato de obra pública con base en precios unitarios y tiempo determinado en la construcción de techos firmes en dieciocho viviendas, el cual concluyó con la firma del contrato LOP-R-33-FISM-********************-Yucatán-10A-2017, con el representante de ********************. Sin embargo, el valor del contrato superó el monto máximo para el tipo de contratación que ejercieron, sin que aportaran el dictamen que lo justificara, con lo cual contravinieron los artículos 45 y 46 de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán; 57 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Conexos del Estado de Yucatán; 162 y 164 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. En cuanto a la participación, el Juez de Distrito ubicó la participación de los imputados en la fracción III del artículo 13 del Código Penal Federal, ya que ambos intervinieron en la autorización de la contratación, conducta que realizaron en forma dolosa, incluso, destacó que recibieron capacitación de la Auditoria Superior del Estado de Yucatán, en relación con las formas de contratación y transparencia para el ejercicio de los recursos públicos durante su gestión. Además, el Juez de Control desestimó los argumentos de la defensa, ya que la acción que prevé el artículo 217, fracción I, inciso d), del Código Penal Federal, no requiere de un acto de corrupción acreditado. En primer término, dijo, porque la acción penalmente relevante es que se un servidor público realice un acto jurídico en forma contraria a la legislación aplicable, pues con ello se imposibilita que el Estado obtenga las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad y demás circunstancias pertinentes como expresamente; por otra parte, en la descripción legal no se hace referencia a que sea un tercero quien obtenga un beneficio. Así, con base en esos razonamientos, se advierte que el Juez de Control cumplió con el quinto requisito para el dictado de un auto de vinculación a proceso. SEXTO REQUISITO. En el caso, no se encuentra demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. En la demanda de amparo, los quejosos sostienen que la vinculación a proceso trasgredió los artículos 1 y 19 de la Constitución, porque el hecho que se les imputó no tuvo como consecuencia un acto de corrupción, ya que con los datos de prueba no se demostró que con la suscripción del contrato de obra pública LOP-R-33-FISM-********************-Yucatán-10A-2017, hayan obtenido un beneficio indebido directa o indirectamente, o bien que terceras personas los adquirieran. Ello, dicen, porque la obtención del beneficio era necesario para acreditar la existencia de la conducta típica, pues el artículo 217 del Código Penal Federal, forma parte de los tipos penales que fueron reformados en dos mil quince, en materia especifica del combate a la corrupción, por lo que es indispensable que se acreditara un hecho de corrupción, este caso, que se haya obtenido un beneficio indebido (primer concepto de violación). Corolario a lo anterior, sostiene que, al no existir un hecho de corrupción, la conducta no es reprochable en materia penal, sino que corresponde al ámbito de aplicación del derecho administrativo. Es así, porque conforme a la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán, la posible irregularidad en la contratación de la obra, en caso de existir, debe ser sancionada conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán (segundo concepto de violación). Son infundados los conceptos de violación. En primer término, los argumentos expresados por los impetrantes, sustancialmente, son idénticos a los expuestos en la continuación de la audiencia inicial de siete de junio de dos mil veintitrés, los cuales fueron analizados y desestimados por el Juez de Distrito Especializado. Efectivamente, en la audiencia de siete de junio de dos mil veintitrés, el defensor público federal argumentó que el tipo penal de uso ilícito de atribuciones y facultades, previsto en el artículo 217, fracción I, inciso d), del Código Penal Federal fue reformado en mayo de mayo de dos mil quince, para incluirlo en los delitos en materia de combate a la corrupción, por lo que es necesario que la conducta que se les atribuye sea precedencia o consecuencia de un acto de esta naturaleza. Además, sostuvo que, las irregularidades en la contratación deben ser sancionadas por la materia administrativa. Al abordar esos argumentos, el Juez de Distrito consideró que la acción que prevé el artículo 217, fracción I, inciso d), del Código Penal Federal, no requiere de un acto de corrupción acreditado, ya que la conducta que sanciona es que un servidor público realice un acto jurídico en forma contraria a la legislación aplicable, pues con ello se imposibilita que el Estado obtenga las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; por otra parte, en la descripción legal no se hace referencia a que un tercero obtenga un beneficio. Además, sostuvo que es posible que se sancione una responsabilidad administrativa, y en forma paralela se instruya el procedimiento penal por los mismos hechos. Las consideraciones del Juez de Distrito se apoyaron en los precedentes contenidos en las tesis P. XV/2008 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. PUEDE FINCARSE NO OBSTANTE QUE ÉSTOS SE ENCUENTREN SUJETOS A PROCEDIMIENTO PENAL POR LOS MISMOS HECHOS." y la tesis de la 1a. CCXXXIX/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "USO INDEBIDO DE ATRIBUCIONES Y FACULTADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 217, FRACCIÓN I, INCISO D), DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, AL INCLUIR EL TÉRMINO "INDEBIDAMENTE" COMO ELEMENTO NORMATIVO DEL TIPO, NO VIOLA LA GARANTÍA DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL." Conforme a lo anterior, lo argumentado en los conceptos de violación redundan en lo invocado en la audiencia inicial y que, a consideración del suscrito, correctamente fue desestimado por el Juez de Distrito. Ciertamente, el hecho que la ley describe como delito por el que se formuló imputación y se vinculó a proceso a los quejosos, se encuentra previsto en Título Décimo de los Delitos por hechos de corrupción, específicamente en el artículo 217, fracción I, inciso d), del Código Penal Federal, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 217.- Comete el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades: I.- El servidor público que ilícitamente: (.) D) Otorgue, realice o contrate obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, con recursos públicos; (.)" El tipo penal se ubica dentro del capítulo denominado delitos por hechos de corrupción, que conllevan una conducta de ejercer o abstenerse de ejercer atribuciones, o bien, ostentar un poder de facto derivado del encargo, aprovechando de cualquier forma los recursos humanos, materiales, financieros o de otro tipo pertenecientes al Estado, con la finalidad última de obtener algún beneficio de naturaleza patrimonial que no le corresponda o de procurar cualquier beneficio indebido para un tercero. No obstante, como acertadamente lo consideró el Juez de Control, el tipo penal de uso ilícito de atribuciones y facultades de los servidores públicos, no exige que se pruebe la existencia de un beneficio para sí o para un tercero. Lo anterior, ya que la conducta penalmente relevante consiste en que en forma ilícita un servidor público en ejercicio de sus atribuciones y facultades, otorgue, realice o contrate obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, con recursos públicos. Conforme a lo expuesto, lo trascendental para la materia penal, es que una actividad propia de las atribuciones y facultades ordinarias de un servidor público se realicen en forma ilícita. El concepto de ilícito que exige el tipo penal, debe entenderse como el ejercicio de las atribuciones y facultades en contravención a la legislación del acto especifico. En el caso del inciso d) de la fracción I del artículo 217 del Código Penal Federal, lo ilícito de la conducta consiste en otorgar, realizar o contratar obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, con recursos públicos, sin respetar lo que establece la ley administrativa. Así, en el particular, los datos de prueba son suficientes para determinar, hasta este momento la existencia del hecho que la ley describe como delito como uso ilícito de atribuciones y facultades de los servidores públicos. En efecto, se demostró que los impetrantes como representantes del ayuntamiento de ********************, Yucatán, mediante un procedimiento por invitación a cuando menos tres personas, adjudicaron el contrato de obra pública ********************, con base en precios unitarios y tiempo determinado en la construcción de techos firmes de dieciocho viviendas, a favor de la empresa ********************, con un importe total ********************. Igualmente, se probó que dicha contratación se realizó sin apegarse a los artículos 45 y 46 de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán; 57 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Conexos del Estado de Yucatán; 162 y 164 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, de los cuales se obtiene que los contratos de obra pública deberán otorgarse precedidos de procesos administrativos, consistente en la licitación pública y el de invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa. En relación a la segunda forma de contratación, la legislación establece que podrá optarse en caso de actualizarse alguno de los puestos previstos en el artículo 45 de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán, y el monto de las operaciones no exceda de diez mil salarios vigentes en el Estado de Yucatán. Tratándose de obra pública por invitación, los sujetos obligados deberán optar de entre los inscritos en el Registro de Contratistas. La selección que realice el convocante deberá fundarse y motivarse, previo dictamen, según las circunstancias que concurran en cada caso, en base a criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, asegurándose siempre las mejores condiciones para el Estado o el Municipio. En ese contexto, tal y como lo resolvió el Juez de Control, el Fiscal demostró que el contrato obra pública ******************** que suscribieron los quejosos, no se apegó a los requisito legales, ya que se realizó mediante el proceso de invitación a más de tres personas, a pesar de que el valor de la contratación superó las diez mil salarios vigentes en el Estado de Yucatán, y no se presentó el dictamen de excepción al procedimiento de licitación. Así, conforme al estándar probatorio que rigen en el sistema penal acusatorio, los datos de prueba resultaron suficientes para establecer que el hecho atribuido a los imputados. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.) de rubro y texto siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)." Corolario a lo anterior, al actualizarse un hecho que la ley describe como delito, la circunstancia de que ese mismo también pueda ser sancionado administrativamente, no impide la prosecución del proceso penal, toda vez que persiguen finalidades distintas, ya que los procedimientos de responsabilidad administrativa de los servidores públicos tienen como finalidad que los que sean indignos del cargo sean separados de él (vía suspensión o destitución), queden inhabilitados por determinado lapso para ocupar otro cargo público, y obligados a resarcir el perjuicio económico causado. En esa virtud, ante lo infundado del concepto de violación, sin que se advierta motivo alguno que suplir en su deficiencia en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se niega la protección constitucional solicitada contra el auto de vinculación a proceso reclamado. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 74, 75 y 77 y de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ******************** y ********************, por conducto del Defensor Público Federal ********************, contra el auto de vinculación dictado en su contra por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Control, con sede en Mérida, dentro de la carpeta administrativa ********************. NOTIFÍQUESE
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que mediante Avisos de suspensión de labores de diecinueve y veinticinco de octubre pasado, suscritos por el Coordinador de Juezas y Jueces de Distrito del Decimocuarto Circuito y el Coordinador de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad se declararon inhábiles los días diecinueve a veintinueve de octubre de este año, por lo que se suspendieron las labores. Ante ello, en virtud de que la fecha de audiencia constitucional se encontraba señalada para las diez horas con cuarenta y cinco minutos del diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, es evidente que no pudo llevarse a cabo. Por tanto, con el fin de no dejar en estado de indefensión a las partes, se señalan las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del trece de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en este asunto. En ese sentido, tomando en consideración que el tercero interesado Agente del Ministerio Público Federal Titular de la Célula A-II-4-FECC, de la Unidad de Investigación y Litigación de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República, tiene su residencia en la Ciudad de México, con el fin de evitar mayores dilaciones en la integración del presente juicio, se ordena notificar VÍA MENSAJERÍA ACELERADA el presente acuerdo, a fin de que dicha parte procesal tenga conocimiento de la fecha de la audiencia constitucional señalada en el párrafo que antecede. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el oficio signado por la Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, con el que da cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veintiuno de septiembre del año en curso, y remite copia certificada del audio y video de la audiencia inicial de dos de junio de dos mil veintitrés, e informa que fue debidamente vinculada al expediente electrónico. Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicha audiencia y hágase relación de la misma al celebrarse la audiencia constitucional. Atendiendo a que la autoridad oficiante, anexó a su oficio un disco en formato DVD, manténgase el mismo BAJO RESGUARDO en la secretaría de este órgano jurisdiccional. Sin que dicho DVD se digitalice y forme parte del expediente electrónico en atención a su voluminosidad para formar el expediente electrónico, quedando a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este órgano jurisdiccional, con fundamento en los artículos 22, último párrafo y 23, del punto Cuarto, relativo al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Asimismo, en cuanto al disco versátil digital es aplicable la tesis de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." NOTIFÍQUESE.
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