Irvin Jesus Chuil Barrera
Expediente 1253/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1253/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 21/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Irvin Jesus Chuil Barrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos, de los cuales se advierte que ha trascurrido el plazo de tres días que refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo, concedido a la parte quejosa mediante acuerdo de trece de julio de dos mil veintitrés, para que manifestara lo conducente respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable, por lo que de oficio, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Demanda de amparo El diez de mayo de dos mil veintitrés, se recibió a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, la demanda de amparo promovida por ******************** a favor de ********************contra actos del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, lo siguiente: La detención, incomunicación y malos tratos de ********************. II. Sentencia y efectos de la protección constitucional Luego, por sentencia de nueve de junio de dos mil veintitrés, este Juzgado Federal, por una parte sobreseyó en el juicio de amparo, y por otra concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por la parte quejosa a fin de que las autoridades responsables realizaran lo siguiente: " 45. En las relatadas circunstancias, al resultar fundados los conceptos de violación expresados por los peticionarios de amparo, suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, procede otorgar el amparo y la protección de la Justicia Federal a ******************** respecto del acto que atribuyó al Secretario, Comandante, Director Jurídico de la Seguridad Pública del Estado y Comandante de Cuartel en turno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, consistente en su detención, para el efecto de que en el ámbito de sus atribuciones se deje insubsistente la resolución de diez de mayo de dos mil veintitrés donde se ordenó dicha detención de la parte quejosa y las consecuencias derivadas de ésta." III. Análisis del cumplimiento al fallo protector. En proveído de cuatro de julio de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la referida sentencia y posteriormente en acuerdo de trece de julio de dos mil veintitrés se recibió el oficio del Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, con el que informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y anexo las constancias para acreditarlo, otorgándose el término de tres días a las partes para que manifestaran lo que a su derecho convenga. Ahora, del análisis de los oficios en comento, y anexos que acompañaron las autoridades antes citadas, a los cuales se les concede valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se obtiene que el once de julio de dos mil veintitrés, se dejó insubsistente la resolución de diez de mayo de dos mil veintitrés impuesta al aquí quejoso en el que se le calificó un arresto administrativo de treinta y seis horas y se dejó sin efectos las horas pendientes por compurgar. En consecuencia, el suscrito considera que las autoridades responsables cumplieron con la ejecutoria de amparo y, por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, sin que exista exceso o defecto en el cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, dado los lineamientos de la sentencia y el análisis de las constancias remitidas, debiéndose comunicar lo anterior a las autoridades responsables, para su conocimiento. Al respecto es aplicable la tesis de jurisprudencia I.5o.C.7 K (10a.), emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito del rubro siguiente: "SENTENCIA PROTECTORA EN EL JUICIO DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO CONFORME AL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE LA MATERIA."; visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, página 2596, registro 2007400. Con lo anterior, y con fundamento en el artículo 202 del citado ordenamiento legal, se ordena dar vista a las partes para que dentro del término de quince días manifiesten lo que a su interés convenga, en el entendido que, en caso de no hacerlo, se tendrá por consentido el presente proveído. Finalmente, tómese nota que la sentencia de amparo quedó totalmente cumplida el once de julio del año en curso. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el oficio suscrito por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad y anexo que acompaña, con el que da cumplimiento al requerimiento hecho por este Juzgado e informa lo relativo al cumplimiento de la sentencia de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con la documentación de cuenta por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que queden debidamente notificadas de este acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, apercibidas que de no hacer manifestación alguna dentro de ese plazo, este Juzgado resolverá lo que legalmente corresponda respecto al cumplimiento de la resolución de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede y atendiendo que ha transcurrido el término al que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio, con fundamento en el artículo 2 de la ley invocada, con relación a los numerales 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Ahora, el fallo protector se emitió con los siguientes efectos: " 45. En las relatadas circunstancias, al resultar fundados los conceptos de violación expresados por los peticionarios de amparo, suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, procede otorgar el amparo y la protección de la Justicia Federal a ******************** respecto del acto que atribuyó al Secretario, Comandante, Director Jurídico de la Seguridad Pública del Estado y Comandante de Cuartel en turno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, consistente en su detención, para el efecto de que en el ámbito de sus atribuciones se deje insubsistente la resolución de diez de mayo de dos mil veintitrés donde se ordenó dicha detención de la parte quejosa y las consecuencias derivadas de ésta." En tal virtud, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al de la notificación del presente proveído, den cumplimiento a la sentencia de amparo. Se apercibe a las responsables, que en caso de no dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dentro del plazo señalado se les impondrá multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 193 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia de que los autos se remitan al Tribunal Colegiado de Circuito, para el trámite de inejecución, en términos de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de la materia. Asimismo, se hace saber a las autoridades responsables del cumplimiento de la sentencia, que conforme a la Ley de Amparo, cuando la ejecutoria no queda cumplida tras el primer requerimiento, se procederá hacer efectiva la multa y remitir los autos al Tribunal Colegiado por inejecución, otorgando una prórroga de plazo por una sola y única ocasión. Por ello, se les conmina a cumplir la ejecutoria del presente juicio de manera completa y oportuna, pues la Ley Amparo no autoriza la elaboración de múltiples requerimientos para el cumplimiento de las sentencias. NOTIFÍQUESE.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 1253/2023 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ********************a favor de********************, contra actos que reclamó del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán y otras autoridades, y; RESULTANDO. PRIMERO. Demanda de amparo. El diez de mayo de dos mil veintitrés, se recibió vía electrónica a través del Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, la demanda de amparo promovida por ********************a favor de********************, contra la detención, incomunicación y malos tratos del citado ********************, que atribuyó al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán y otros. En la demanda de amparo, se narraron los antecedentes del acto reclamado, se precisaron los derechos fundamentales del parámetro de regularidad constitucional que se consideraron vulnerados, y fueron expresados los conceptos de violación. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo El diez de mayo de dos mil veintitrés se recibió la referida demanda, la cual se registró con el número 1253/2023, se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados y posteriormente, el once de mayo de dos mil veintitrés, previa ratificación de la demanda de amparo por parte del directo quejoso, se admitió a trámite; se ordenó dar a la representante social de la Federación adscrita la intervención legal que le compete; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, y CONSIDERANDO. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 33, fracción IV, 35, 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de los Acuerdos Generales 8/2013 y 53/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Circuito y de los Juzgados de Distrito y fecha de inicio de funcionamiento de este tribunal federal, respectivamente; en virtud de que se reclaman actos con ejecución material en esta Entidad Federativa, donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. En ese sentido, del estudio íntegro de la demanda y sus anexos, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: Autoridades responsables Actos reclamados Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán Comandante del Cuartel en turno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán Fiscal General del Estado de Yucatán La detención, incomunicación y malos tratos de de******************** Delimitada la materia de estudio, por cuestión de técnica, enseguida se analizará la inexistencia o certeza, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis aislada del epígrafe: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados consistentes en incomunicación y malos tratos, y únicamente detención por parte del Fiscal General del Estado. El Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con residencia en esta ciudad, por sí y en representación del Titular y el Comandante de Cuartel en turno, todos de dicha Secretaría, negó los actos consistentes en incomunicación y malos tratos, sin que exista prueba en contrario. De igual manera, el Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General del Estado, con residencia en esta ciudad, negó los actos consistentes en detención, incomunicación y malos tratos Por lo que con fundamento en el artículo 63, fraccio´n IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en cuanto a los citados actos que la parte quejosa atribuyo´ a las aludidas autoridades. Tiene aplicación la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita enseguida: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se le atribuyen, los quejosos no desvirtu´an esta negativa, procede el sobreseimiento, en los te´rminos de la fraccio´n IV del arti´culo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia del acto reclamado consistente en detención (arresto administrativo). El Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con residencia en esta ciudad, por sí y en representación del Titular y el Comandante de Cuartel en turno, todos de dicha Secretaría, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado consistente en la detención de la parte quejosa. Lo que además se corrobora con las constancias que anexó dicha autoridad, las que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo que disponen los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2. QUINTO. Causas de improcedencia En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. En cumplimiento a lo estatuido en la ley este Órgano de Control Constitucional no advierte la actualización de alguna causa de improcedencia que impida continuar con el análisis del acto reclamado. SEXTO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado Expuesto lo anterior, se advierte que la parte quejosa, en sus conceptos de violación, aduce que la privación de su libertad reclamada es violatoria de lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en atención a que se hicieron fuera de procedimiento y con infracción a las formalidades establecidas en beneficio de todo gobernado. Es fundado el concepto de violación. Lo anterior, aunque para comprobarlo deba suplirse su deficiencia en términos de lo establecido en la fracción VI del artículo 79 de la Ley de Amparo, en razón de que de las constancias que remitió la responsable se advierte una violación de índole formal, máxime que el acto reclamado está relacionado con la libertad de la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis LXXIII/2015 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2008557, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO). Del precepto citado deriva que la suplencia de la queja deficiente operará en las materias civil y administrativa cuando el tribunal de amparo advierta que ha habido contra el quejoso o recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa, por afectar sus derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al pronunciarse sobre el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, de redacción similar al 79 de la vigente, estimó que la frase "lo haya dejado sin defensa" no debe interpretarse literalmente, sino que debe entenderse en el sentido de que la autoridad responsable infringió determinadas normas, de forma que afectó sustancialmente al quejoso en su defensa. Asimismo, sostuvo que una "violación manifiesta de la ley" es la que se advierte obvia, que es innegable e indiscutible, y cuya existencia no puede derivarse de una serie de razonamientos y planteamientos cuestionables. Por otra parte, esta Primera Sala sostuvo que por "violación manifiesta de la ley que deje sin defensa", se entiende aquella actuación que haga notoria e indiscutible la vulneración a los derechos del quejoso, ya sea en forma directa, o bien, indirecta, mediante la transgresión a las normas procedimentales y sustantivas, y que rigen el acto reclamado; de ahí que dicha interpretación es aplicable al artículo 79 de la Ley de Amparo, ya que no se le opone, sino que es concordante. Conforme a lo anterior, los tribunales de amparo sólo están obligados a suplir la queja deficiente en las materias civil y administrativa cuando adviertan una violación evidente, esto es, clara, innegable, que afecte sustancialmente al quejoso en su defensa." En efecto, el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.)" El transcrito artículo establece que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Así, el derecho humano y garantía de audiencia constituye el principal instrumento de defensa que tiene cualquier gobernado frente a los actos de autoridad que pretendan privarlo de sus derechos fundamentales, como son la libertad y sus propiedades, lo que incluso se reconoce en diversos documentos de carácter internacional, tales como en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a ser oída con los debidos derechos y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. El acto de privación contemplado en el artículo 14 Constitucional es aquel que constituye un fin por sí mismo con existencia independiente y no el que únicamente es un medio para la consecución de otro acto. Luego, aunque en ambos casos el acto produce o puede generar una privación, sólo aquel cuyo sentido es definitivo se encuentra regido por la norma constitucional de referencia, pues atendiendo a su naturaleza, se garantiza al gobernado que no debe llevarse a cabo sin que se le brinde la oportunidad de ser oído en defensa de sus intereses, con la debida amplitud, por la evidente gravedad que el acto reviste. De esta forma, cuando el acto privativo es provisional, esto es, cuando la privación no es la razón de ser del acto, resulta innecesario otorgar, previamente, al afectado la oportunidad de defensa en virtud de la accesoriedad de la medida. Por tanto, si esa afectación tiene como propósito privar al gobernado de sus bienes, entonces se actualiza el supuesto previsto en la norma constitucional y se genera su consecuencia, a saber: la obligación de la autoridad de otorgar al sujeto y en forma previa al acto, el derecho de audiencia; mientras que, cuando se trata de un acto de molestia, no es indispensable que, previamente a él, se brinde al sujeto la referida garantía. La distinción entre actos de privación y actos de molestia deriva, precisamente, de lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, que erigen los derechos de audiencia y de legalidad, respectivamente, en contra de los actos de la autoridad; y esa diferenciación deriva de la naturaleza del acto, de su razón teleológica y no en primer término de los efectos que produce. Esto último, se pone de manifiesto si se considera que tanto los actos a que se refiere el artículo 14 constitucional, como aquellos a que se contrae el numeral 16 de la Constitución, pueden producir, en mayor o menor medida, directa o indirectamente, una "privación" en la esfera jurídica del gobernado causándole una afectación, sea por la indisponibilidad de sus bienes, por la disminución de su patrimonio, por la imposición de una carga u obligación que de no existir el acto no tendría que soportar o cumplir, etcétera; de tal manera que si se atendiera solamente a los efectos del acto, resultaría carente de sentido la distinción entre actos de privación y actos de molestia. Por tal motivo, se colige que la distinción establecida en los numerales 14 y 16 de la Constitución Federal, deriva de la naturaleza del acto y no en primera instancia de los efectos a que puede dar lugar. Los perjuicios en sentido amplio al gobernado, que se pueden producir tanto por un acto regido por el numeral 14 de la Constitución o por uno de aquellos a los que se refiere el artículo 16 de ese ordenamiento, constituyen el efecto del acto; y no puede ser la base para distinguir entre actos privativos o de molestia, pues ese efecto puede presentarse en ambos, ni tampoco puede constituirla su mayor o menor reparabilidad, dado que esta condición también puede actualizarse en los dos casos y depende de circunstancias de hecho o jurídicas. El análisis de la reparabilidad de los efectos de los actos reclamados tiene como punto de partida la naturaleza del acto; y la posibilidad de exigir esa reparación se actualiza una vez que se ha determinado sobre la no juridicidad del mismo, lo que supone que previamente se analice si éstos se encuentran sujetos o no a respetar al gobernado la garantía de audiencia. De lo anterior se sigue que, lógicamente, primero debe apreciarse la finalidad perseguida por el acto de autoridad y luego la entidad de los efectos, dentro de los que se encuentra la causación de perjuicios y su reparabilidad, para determinar si un acto se encuentra o no regido por el numeral 14 de la Constitución; y es por esa razón que la referida causación de perjuicios no es el criterio determinante para sujetar un acto al cumplimiento de la garantía de previa audiencia, pues esos efectos también pueden presentarse en un acto regido por el artículo 16 constitucional. Por tanto, como se apuntó, para verificar si un acto queda regido por lo dispuesto en el artículo 14 constitucional, debe atenderse a su finalidad. En relación con lo anterior, resulta aplicable la tesis aislada emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 238355 de rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA Y SEGURIDAD JURIDICA, GARANTIAS DE. ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA DE BIENES O DERECHOS. DISTINCION. ARTICULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES. En los términos del artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal, la audiencia previa a la emisión del acto de autoridad y el debido proceso legal, como garantías del gobernado, son de observancia obligatoria únicamente tratándose de actos privativos, sea de la vida, de la libertad, de propiedades, posesiones o derechos de los particulares más no así cuando se trata de actos de molestia que no tengan la finalidad de privar al afectado de alguno de sus bienes o derechos, pues tales actos se rigen solamente por la garantía de seguridad jurídica (fundamentación y motivación) que establece el artículo 16 constitucional." Así, de las constancias que fueron remitidas por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Púbica del Estado, relativas a la detención de la parte quejosa, las cuales gozan de pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se advierte que existió la calificación de una sanción administrativa, consistente en un arresto de treinta y seis horas, impuestas por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, derivado de un procedimiento administrativo por infracción, prevista en el artículo 28, fracción III del Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Mérida, del que quedó pendiente el cumplimiento de dieciocho horas. Lo anterior, al parecer por encontrarse alterando la paz y el orden público vociferando palabras altisonantes a una persona del sexo femenino, el diez de mayo de dos mil veintitrés, sin que se advierta que en ese momento o con posterioridad a tal circunstancia fuera notificado de manera previa al acto privativo de libertad, sino que en la misma fecha de la imposición del correctivo disciplinario fue ejecutada la medida disciplinaria instantáneamente. Así, el arresto de treinta y seis horas que se impuso al solicitante del amparo constituye un acto de privación total, porque se le impidió gozar de su libertad en ese plazo; además, la finalidad perseguida con la imposición de dicho arresto es que cumpla con las normas administrativas, es decir, no se persigue un interés diverso a la sola observancia de normas generales. También, por sus efectos, causa perjuicios de difícil reparación, pues de consumarse el arresto sería imposible restituir a la parte peticionaria de amparo en el goce del derecho humano violado, porque no se le podría restaurar el lapso de tiempo que estuviera privado de su libertad. Por ello, el arresto que aquí se reclama se rige por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en consecuencia deben respetarse las formalidades esenciales del procedimiento previo a su dictado, pues de consumarse, el daño ocasionado a la parte quejosa, como se dijo, sería de imposible reparación. Es aplicable a lo expuesto, por identidad de razón, la jurisprudencia 19/2019, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2021403, de rubro y texto siguientes: "ARRESTO ADMINISTRATIVO COMO SANCIÓN POR CONDUCIR EN ESTADO DE EBRIEDAD. AL PRETENDER IMPONERLO EL JUEZ CALIFICADOR DEBE RESPETAR EL DERECHO DE AUDIENCIA PREVIA DEL PROBABLE INFRACTOR. El arresto administrativo, que forma parte de las sanciones que puede imponer la autoridad administrativa de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Federal por el incumplimiento a disposiciones administrativas, invariablemente reviste el carácter de acto privativo, porque produce efectos que suprimen la libertad personal ambulatoria por un tiempo determinado y con efectos definitivos. En consecuencia, cuando a una persona se le pretende imponer un arresto administrativo como sanción por conducir bajo el influjo del alcohol, existe la obligación de respetar, proteger y garantizar el derecho de audiencia previa reconocido en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, al no existir una restricción expresa a este derecho en el texto constitucional ni justificación suficiente que amerite eximir de su observancia en forma previa a la restricción de la libertad personal. Así, el probable infractor debe tener la posibilidad de ser oído en el momento oportuno por el Juez Calificador previamente a que se le imponga la sanción de arresto administrativo; entendiéndose por "momento oportuno" cuando ya se encuentra en las instalaciones del órgano calificador y está en condiciones de comparecer a efecto de alegar lo que a su derecho convenga en torno a la infracción atribuida: si desvirtúa la comisión de la infracción, entonces no se le puede decretar el arresto administrativo; si no lo hace, procede que se le individualice el tiempo que deberá compurgar. Con este criterio se armoniza, por una parte, la facultad de la autoridad para sancionar la comisión de infracciones (destacando aquellas que ponen en riesgo la integridad física del propio infractor y de terceros, como es el caso de conducir en estado de ebriedad) y, por otra, se evita la arbitrariedad de la autoridad al momento de ejercer dichas atribuciones o que se prive de la libertad a personas que no cometieron la infracción atribuida pero aun así fueron detenidas y remitidas ante el órgano calificador, soslayando que las políticas públicas y disposiciones tendentes a inhibir la comisión de infracciones deben ser compatibles con la debida observancia de los derechos humanos." Así como el diverso criterio obligatorio del citado órgano jurisdiccional, con número de tesis 47/95, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, diciembre de mil novecientos noventa y cinco, página 133, Novena Época, estableció: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. Los criterios jurisprudenciales transcritos revelan el derecho fundamental de audiencia que obliga a la autoridad a otorgar al gobernado, previamente a la imposición de un acto privativo, la posibilidad de ser oído en un procedimiento, en el cual se observen como formalidades esenciales mínimas aquellas que garanticen su defensa; las cuales son: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y, 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse alguna de dichas formalidades, la consecuencia es que se deja al gobernado en estado de indefensión. No obstante lo anterior, en el procedimiento instaurado contra la parte quejosa, que culminó con la resolución de diez de mayo de dos mil veintitrés, en la que se le impuso un arresto por treinta y seis horas, no se observaron dichas formalidades; en razón de que no remitió alguna constancia de la que se desprenda que se hubiera respetado tal derecho, lo que hace patente la transgresión de derechos de la parte quejosa, al habérsele privado de su libertad sin que mediara procedimiento. Lo anterior, permite concluir que no se le respetó a la parte quejosa las formalidades esenciales del procedimiento, habida cuenta de que no se le dio la oportunidad de ofrecer pruebas a fin de desvirtuar lo que se imputaba, dada la premura en el dictado de esa determinación. Ahora bien, es conveniente precisar que este órgano de control constitucional no desconoce que todo gobernado, como en el presente caso, tiene el deber de cumplir con las normas administrativas, sin embargo, debe decirse que toda autoridad al emitir sus resoluciones debe observar que estén debidamente fundadas y motivadas, además de cumplir con las formalidades esenciales de todo procedimiento. En ese sentido, los órganos jurisdiccionales que resuelven el proceso constitucional únicamente deben verificar si el acto reclamado es violatorio o no de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en los tratados internaciones suscritos por el Estado Mexicano; por tanto, si se concluye que hubo una transgresión a alguno de esos derechos, se debe conceder la protección constitucional para reparar ese agravio. Se invoca en apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia por contradicción de tesis del Pleno del Décimo tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el tres de mazo de dos mil diecisiete, con número de registro 2013792, de rubro y texto siguientes: "ARRESTO ADMINISTRATIVO POR CONDUCIR EN ESTADO DE EBRIEDAD. PREVIO A SU IMPOSICIÓN DEBE RESPETARSE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. El arresto administrativo por conducir en estado de ebriedad, previsto en el artículo 158, fracción I, del Reglamento de la Ley de Tránsito para el Estado de Oaxaca, por sí mismo persigue la privación de la libertad personal ambulatoria del gobernado, con efectos definitivos. Luego, al tratarse de un acto privativo de la libertad, previo a su imposición debe respetarse la garantía de audiencia, prevista en el artículo 14 de la Constitución Federal, a fin de que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento." SÉPTIMO. Efectos de la sentencia En las relatadas circunstancias, al resultar fundados los conceptos de violación expresados por los peticionarios de amparo, suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, procede otorgar el amparo y la protección de la Justicia Federal a******************** respecto del acto que atribuyó al Secretario, Comandante, Director Jurídico de la Seguridad Pública del Estado y Comandante de Cuartel en turno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, consistente en su detención, para el efecto de que en el ámbito de sus atribuciones se deje insubsistente la resolución de diez de mayo de dos mil veintitrés donde se ordenó dicha detención de la parte quejosa y las consecuencias derivadas de ésta. Cabe destacar que el anterior pronunciamiento no veda la posibilidad de que la responsable pueda instaurar el procedimiento administrativo correspondiente, siempre y cuando respete el derecho de audiencia de la peticionaria de amparo, a efecto de defender sus derechos. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia 16/2008 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 170392, de rubro y texto: AUDIENCIA. SI SE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL RESPECTO DE UNA LEY POR SER VIOLATORIA DE ESA GARANTÍA, LA AUTORIDAD FACULTADA PARA EMITIR UN ACTO PRIVATIVO PODRÁ REITERARLO SI LLEVA A CABO UN PROCEDIMIENTO EN EL QUE CUMPLA LAS FORMALIDADES ESENCIALES, AUN CUANDO PARA ELLO NO EXISTAN DISPOSICIONES DIRECTAMENTE APLICABLES. Si se toma en cuenta que el fin que persiguió el Constituyente a través de la garantía de audiencia fue el de permitir que los gobernados desplieguen sus defensas antes de que las autoridades modifiquen en forma definitiva su esfera jurídica, y no el de impedir que éstas ejerzan las facultades que les fueron conferidas para cumplir con los fines que constitucional o legalmente se les encomendaron, se concluye que cuando se declara la inconstitucionalidad de una disposición de observancia general por no prever un procedimiento en el que antes de la emisión de un acto privativo se respeten las formalidades esenciales a que se refiere el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en acatamiento del fallo protector, la respectiva autoridad administrativa o jurisdiccional podrá reiterar el sentido de su determinación, siempre y cuando siga un procedimiento en el que el quejoso pueda ejercer plenamente su derecho de audiencia. Ello es así, porque el efecto de la protección constitucional no llega al extremo de impedir el desarrollo de la respectiva potestad, pues permite a la autoridad competente purgar ese vicio antes de su ejercicio, brindando al quejoso la oportunidad de defensa en la que se acaten las referidas formalidades; sin que obste a lo anterior la circunstancia de que no existan disposiciones directamente aplicables para llevar a cabo el referido procedimiento, pues ante ello, al tenor del párrafo cuarto del mencionado precepto constitucional, la autoridad competente deberá aplicar los principios generales que emanen del ordenamiento respectivo o de uno diverso que permitan cumplir con los fines de la garantía citada. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en este juicio promovido por********************, por lo que respeta a los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a********************, contra el acto que reclamó de las autoridades responsables, por los motivos precisados en el considerando sexto de esta sentencia y para los efectos señalados en el séptimo siguiente. Notifíquese.
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