Irma Guerrero Magaña
Expediente 254/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 22 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 254/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 20/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Irma Guerrero Magaña
- Magistrado de la Séptima Sala Civil del S.T.J.E. cd y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinte de mayo de dos mil veintidós. AUTORIDAD RESPONSABLE ACUSA RECIBO Con vista a las partes agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que la autoridad responsable acusa recibo del oficio 10426, por medio del cual se le devolvieron los tomos de pruebas, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.mmg
- Principal
Morelia, Michoacán, doce de mayo de dos mil veintidós. AUTORIDAD RESPONSABLE SOLICITA DEVOLUCIÓN DE TOMOS DE PRUEBA Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, atento a su contenido, y como lo solicita, devuélvase el toca de apelación número I-46/2020, y dos tomos del expediente 314/2013, mismos que adjuntó a su informe justificado, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de abril de dos mil veintidós. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de los cuales se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de nueve de marzo de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente asunto, promovido por Irma Guerrero Magaña; por tanto, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, aunado a que el presente juicio de amparo no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de que el mismo se SOBRESEYÓ, por lo que una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, destrúyase el juicio. INCIDENTES DE SUSPENSIÓN Se estima que el cuaderno original incidental, es SUSCEPTIBLE DE DEPURARSE, en razón de que, se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitada, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, depúrese el original del incidente de suspensión. DUPLICADO DE INCIDENTE. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. TRANSFERENCIA DEL EXPEDIENTE Una vez que transcurra el tiempo otorgado para la depuración, como lo establecen los artículos 18, penúltimo párrafo, 27 y 28 del multicitado Acuerdo, transfiérase el expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, previa generación de la documentación a que se refieren los aludidos artículos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.mmgEnseguida se pasan los autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste
- Principal
V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo II-254/2020, promovido por Miguel Agustín Magaña Magaña, apoderado jurídico de Irma Guerrero Magaña, contra actos del: Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el diez de marzo de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Miguel Agustín Magaña Magaña, apoderado jurídico de Irma Guerrero Magaña, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y la autoridad responsable que precisó en los siguientes términos: "(.) III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Tiene tal calidad el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán; (.) IV. ACTOS RECLAMADOS: Del Magistrado anterior se reclama la emisión de la sentencia de segunda instancia dictada el día diecisiete de febrero de dos mil veinte, en el Toca número I-46/2020, correspondiente al recurso de apelación que se hizo valer en contra de la sentencia definitiva dictada el día veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, dentro del juicio ordinario civil con número de expediente 314/2013, radicado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil en el distrito judicial de Los Reyes, Michoacán. (.)." Actos que la promovente del amparo consideró violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 14, 16, 17 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. En proveído de diecisiete de agosto de dos mil veinte, previo cumplimiento de prevención, se admitió a trámite la demanda de garantías que se atiende; se requirió a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación; asimismo, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual fue celebrada el catorce de enero de dos mil veintidós, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito; además de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 21/2020 del mismo órgano colegiado, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, modificado por su similar 1/2022 del propio Pleno. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado, para lo que es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Ilustra lo anterior, la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual manera, resulta ilustrativa la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se inserta: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías y de las constancias que obran en autos, se desprende que el acto reclamado a la autoridad responsable, es el siguiente: La resolución de diecisiete de febrero de dos mil veinte, emitida dentro del Toca I-46/2020, por la que se confirmó la sentencia definitiva de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, emitida dentro del juicio ordinario civil 314/2013, de la estadística del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Los Reyes, Michoacán, que sobre petición de herencia y nulidad de escritura promovieron Margarita Magaña Montaño; Humberto, Sergio e Irma, los tres últimos de apellidos Guerrero Magaña, contra: (1) la sucesión intestamentaria a bienes de Leobardo Guerrero Magaña, por conducto de su albacea definitiva Elvia Tamayo Ibarra (2); Lidia Castillo Guzmán (3); Emilio López Torres (4); el Notario Público número ciento cuarenta, así como el (5) fedatario público número cuarenta y cinco, ambos en el Estado de Michoacán, en la que se declaró la existencia de un litisconsorcio pasivo necesario; y, como consecuencia, se ordenó la reposición del procedimiento a partir de la audiencia de conciliación, para el efecto de que se llame a juicio a los litisconsortes Emilio López Torres y Eduardo Oseguera Ruíz; para que una vez hecho lo anterior, continúe con el procedimiento. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, la autoridad responsable aceptó la existencia del acto que le fue atribuido. Tales afirmaciones se corroboran con las constancias consistentes los originales del juicio ordinario civil 314/2013, de la estadística del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Los Reyes, Michoacán, así como los originales del Toca I-46/2020, del índice del Magistrado responsable, que la referida autoridad acompañó a su informe justificado. Medios de convicción que merecen valor probatorio pleno, en términos de lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa al artículo 2º de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por autoridades en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por lo tanto, se tiene por probada la existencia del acto que en esta vía constitucional es reclamado a la autoridad señalada. CUARTO. Existencia de causal de improcedencia. Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "ARTÍCULO 62.- Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII en relación con el 107 fracción V de la Ley de Amparo aplicado a contrario sensu; lo anterior toda vez que los efectos del acto reclamado -reposición del procedimiento-, en el particular, no son de aquéllos que causen un perjuicio de imposible reparación, ya que no vulneran de forma irreparable la esfera jurídica de la parte quejosa. Dichos numerales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de este ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De la interpretación de los preceptos transcritos, se advierte que para la procedencia del juicio de amparo indirecto, concretamente en cuanto a la hipótesis enunciada (107, fracción V de la Ley de Amparo vigente), es necesario que los actos de autoridad que se combaten, sean de imposible reparación, entendidos como aquellos que sus consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano es parte. Es decir, que la afectación o sus efectos no se destruyan con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución favorable a sus pretensiones en el juicio; de modo que no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad. En relación con ello, es preciso señalar que nuestro máximo tribunal de justicia de la nación ha determinado que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, siempre y cuando sus consecuencias sean susceptibles de afectar en forma inmediata y directa alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, tales como la vida, la integridad personal, la libertad personal en sus diversas manifestaciones, la propiedad y la posesión, sólo por citar algunos. En tanto que los actos de ejecución reparable, no trastocan por sí mismos tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyen para que el fallo sea adverso a los intereses del quejoso. El prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, y el supuesto de los segundos se actualiza respecto de los derechos adjetivos o personales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal. Son aplicables a lo anterior las jurisprudencias por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que dicen: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." "AMPARO INDIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL. CUANDO SE ALEGAN VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, SU FUNDAMENTO NO RADICA EN QUE PUDIERAN SER MATERIA DE AMPARO DIRECTO, SINO EN QUE NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Cuando en la demanda de amparo indirecto se reclamen violaciones procesales, el fundamento de su improcedencia no radica en la posibilidad de plantearse como tales en el amparo directo, en los términos del artículo 159 de la Ley de Amparo, sino en el evento de que no se traten de actos dentro del juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como lo previene el diverso artículo 114, en su fracción IV, del mismo ordenamiento, al contemplar precisamente los supuestos de procedencia del juicio bi-instancial." De lo anterior, se advierte la improcedencia del presente controvertido, atento a que los efectos del acto reclamado no tienen de momento sobre la quejosa una ejecución que sea de imposible reparación, ya que éste no le afecta de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales. Es así, pues tal determinación sólo afecta derechos procesales porque el efecto inmediato de la sentencia de segunda instancia ocasiona el regreso del juicio a la fase procesal en la que se ordenó el llamamiento de las partes que deben tener intervención en aquel controvertido, a fin de integrar correctamente la relación jurídica y .vincular a las partes al fallo. Tan es así que sólo confirmó la diversa de primer grado en la que se consideró que se actualizaba la figura jurídica del litisconsorcio pasivo necesario, de manera que al advertir la actualización de tal figura, se ordenó la reposición del procedimiento para dar la intervención que compete a los litisconsortes correspondientes. Lo que evidencia que la responsable no se pronunció respecto al fondo de la Litis y, en consecuencia, es indudable que una vez integrada correctamente la relación procesal podría emitirse una sentencia que sea favorable a los intereses de la quejosa o, en su defecto, de ser adversa, ésta cuenta con los recursos ordinarios para impugnar tal determinación. Máxime que su carácter de heredera no se ve afectado con la resolución combatida; asimismo, lo concerniente a la propiedad o posesión que pueda asistirle a ésta respecto del caudal hereditario de la sucesión demandada, tampoco se ve afectado debido a que tal punto y el reconocimiento de los derechos de quienes comparezcan al juicio, será la materia de la sentencia que se dictará una vez integrada la relación procesal. De ahí que la única consecuencia que dicho acto le causa es meramente procesal, pues no involucra afectación alguna a derechos sustantivos susceptible de reparar en esta vía. Entonces, se concluye que el acto reclamado no es de aquéllos que generan un perjuicio de imposible reparación, como pueden ser, a manera de ejemplo, cuando se afecten las propiedades y posesiones, la libertad personal, el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, la libertad de trabajo, y la de tránsito; por lo que, al no encuadrarse el acto combatido en ese tipo de supuestos, es evidente que no nos encontramos ante un acto de imposible reparación. Sin que el mero retraso para la resolución del asunto donde podría reconocerse a la quejosa su carácter de heredera y consolidar sus derechos; o la suposición de que terceros pudieran enajenar bienes sea suficiente para estimar procedente el amparo. Ello porque toda reposición supone un retraso en la resolución del asunto y la disposición de bienes constituye meras conjeturas subjetivas que, por sí mismas no pueden forzar la procedencia de la acción constitucional. De ahí que la reposición del procedimiento ordenada y sus consecuencias, no causa agravio irreparable a la quejosa, pues, por su naturaleza, no limita los derechos sustantivos relativos al derecho a heredar, de propiedad, de posesión, etcétera. Luego, si en el caso el acto reclamado en el juicio de amparo solo se relaciona con derechos adjetivos que producen consecuencias meramente procesales y no sustantivos, así como tampoco se desprende del informe de la responsable o de las pruebas ofrecidas por las partes, que se genere con el mismo una violación de imposible reparación. Entonces, se estima que el juicio de amparo resulta improcedente. En consecuencia al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, aplicada a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento del presente juicio con fundamento en el artículo 63, fracción V de dicha Ley. Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el suscrito se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, al tenor de la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Finalmente, como dato importante, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado en el artículo 73, 74, fracciones IV y VI, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Irma Guerrero Magaña, por conducto de su apoderado, respecto del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, de conformidad con lo expuesto en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, asistido de Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria del propio juzgado que autoriza y da fe, hoy nueve de marzo de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.
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