Irma García González

Expediente 744/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
744/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
20/07/2023

Partes del expediente

  • Irma García González

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de julio de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO AUTO Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra del auto de treinta de junio de dos mil veintitrés, mediante el cual SE TUVO POR NO PRESENTADA la demanda de garantías promovida por ********************; en consecuencia, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO AL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 20, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 20 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Erg. Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Esperanza Fuentes Reyes CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  2. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE PROMOVENTE, AL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, treinta de junio de dos mil veintitrés. SE TIENE POR NO PRESENTADA. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que el término de cinco días concedido a la parte quejosa, para dar cumplimiento a la prevención formulada en auto de quince de junio de dos mil veintitrés, ha transcurrido sin que lo haya hecho; en tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento formulado en el proveído en cita y, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA la demanda de amparo promovida por la parte quejosa. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Luis Felipe Sánchez Luna Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.Erg. Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de junio de dos mil veintitrés. SE RECIBE OFICIO Agréguese a los presentes autos el oficio por el cual la autoridad que lo signa informa que el auto de veintinueve de mayo pasado, dictado en la queja 105/2023 de su estadística, mediante el cual se desechó el recurso de queja intentado por la parte aquí quejosa en contra del proveído de quince de junio de dos mil veintidós, fue declarado firme. Acúsese recibo del oficio de mérito así como del legajo de copias certificadas de este juicio que se enviaron para la substanciación de ese medio de impugnación. SE LEVANTA LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO En mérito de lo anterior, se levanta la suspensión del procedimiento decretado en proveído de diecisiete de enero del año en curso, por lo que en esta pieza procesal se acuerda lo que se encuentra reservado de proveer, en los términos siguientes. Con relación al escrito presentado el diecisiete de enero del año en curso, se tiene como autorizado de la parte quejosa a Wilberth Sebatián Joven, en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en razón de que exhibe la constancia relativa a la cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho. En lo concerniente al diverso ocurso reservado el dieciocho de enero pasado, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se regulariza el procedimiento para el sólo efecto de establecer, como refiere que quejoso, que sí se señaló a este juzgado como autoridad responsable; sin embargo, no procede asumir esa calidad, dado que en proveído de veinticinco de abril de dos mil veintidós, fue desechada la demanda por los actos atribuidos a este órgano jurisdiccional, por lo que deberá estarse a lo fundado y motivado en ese propio proveído. En otro aspecto, por lo que corresponde al oficio 309/2023, reservado mediante acuerdo de veintisiete de enero anterior, mediante el cual el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, informó que el auto por el que se desechó el impedimento 11/2022 quedó firme, de lo que se toma nota para los efectos legales procedentes. Por lo que ve al oficio 1504/2023, reservado el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, se tiene a la actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito en el Estado, indicando que declaró firme el acuerdo de seis de marzo pasado, por el que se desechó de plano el impedimento número 6/2023. En lo concerniente al oficio 1614/2023, reservado en acuerdo de diez de abril pasado, se tiene al tribunal superior mencionado en el párrafo anterior, remitiendo testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada en sesión de veinticuatro de marzo anterior, mediante la cual declaró infundado el recurso de reclamación civil intentado en contra del desechamiento del impedimento 5/2023 de su estadística. SE REGULARIZA PROCEDIMIENTO, DESECHA SECRETARIOS DE ACUERDOS Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se obtiene que en su demanda de amparo, el quejoso también señaló como autoridades responsables a las siguientes: 1. Secretaria de Acuerdos de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán. 2. Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán. Sin embargo, también se observa que en el acuerdo de admisión de veinticinco de abril de dos mil veintidós, dictado por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, previo a que lo returnara a este órgano jurisdiccional, no realizó pronunciamiento alguno sobre tales autoridades, dado que solo solicitó su informe justificado al Magistrado de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán y al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán. Lo que amerita regularizar el procedimiento con fundamento en el artículo 58 del Supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, para el efecto de pronunciarse respecto a los actos atribuidos a las autoridades señaladas como responsables antes indicadas. En ese contexto, es pertinente señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Mientras que el diverso numeral 62 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." De lo narrado, resulta evidente que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación con el diverso 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que ve a los actos reclamados a los Secretarios de Acuerdos antes citados, por las razones que enseguida se expondrán. Los artículos 5°, fracción II y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.)". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De la interpretación sintáctica, armonizada y sistemática de los numerales transcritos, se colige que para los efectos del juicio de amparo, el concepto de autoridad responsable converge en establecer, que es aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En esas consideraciones, a través del juicio de amparo, únicamente es dable impugnar un acto que provenga de autoridad, a fin de estar en aptitud de analizar los conceptos de violación de legalidad que se hayan aducido en su contra. Conviene tener presente que sobre la institución de "autoridad para efectos del juicio de amparo" el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 1195/92, definió el carácter de autoridad responsable. De dicha ejecutoria derivó la tesis aislada XXVII/97, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento dieciocho, Novena Época, tomo V, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente al Tomo V de febrero de mil novecientos noventa y siete, con registro electrónico 199459, que dispone: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." De ello se advierte que la Superioridad sostuvo que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditado, como se dijo, a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal aquella que, con fundamento en una norma legal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En la jurisprudencia por reiteración de tesis 164/2011, sustentada por la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión privada del siete de septiembre de dos mil once, se determinó que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. El criterio en comento, se encuentra publicado en la página mil ochenta y nueve, tomo XXXIV, septiembre de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro electrónico 161133, y es del tenor siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Consecuentemente, es improcedente el juicio de amparo respecto de la Secretaria de Acuerdos de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán y del Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán, porque no tienen el carácter de autoridad, en términos del artículo 5° de la Ley de Amparo, pues solo son fedatarios de los actos del juez, por lo que da lugar a sobreseer fuera de audiencia por lo que respecta a estos. Ciertamente, si bien los acuerdos pronunciados en un juicio son firmados, además del Magistrado y Juez responsable, también por los secretarios de acuerdos, como aconteció en los autos impugnados, la intervención de éste es únicamente con el objeto de dar fe de dichos actos, de ahí que la responsabilidad en el pronunciamiento de lo acordado en el procedimiento sea los primeros mencionados, por ser quienes dictan los acuerdos o resoluciones. Se aplica a lo anterior, por identidad jurídica, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en la jurisprudencia J/21, con registro digital 180248, de la Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, Octubre de 2004, página 2292, que en su rubro y texto establece: "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Por disposición del artículo 27, fracción III (vigente hasta el 26 de julio de 1994, de contenido similar al artículo 112, fracción II, de la ley que entró en vigor el 2 de julio de 1997), de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, el secretario de Acuerdos de los Juzgados de lo Civil está facultado, entre otras cuestiones, para autorizar las diligencias y resoluciones que emita el titular, tarea ésta que de ninguna manera involucra de su parte, actos de decisión, pues solamente significa dar fe o confirmar que las determinaciones en que va puesta su firma fueron real y efectivamente pronunciadas por el funcionario de quien es subalterno. De lo anterior se desprende que el referido servidor público, al no estar investido de atributos decisorios en el desempeño de sus funciones, no puede ser considerado como autoridad para efectos del juicio constitucional." También es aplicable, por las razones que lo conforman, el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la jurisprudencia J/20, con registro digital 223613, de la Octava Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VII, enero de 1991, página 87, de rubro y texto siguientes: "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. Si bien es cierto que de acuerdo a los artículos 64, fracción III, 79 y 80 de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, entre las facultades del secretario de acuerdos se encuentra la de autorizar toda clase de resoluciones dictadas por el juez; empero, dicha función asignada no implica que resuelva conjuntamente con el juzgador, quien es el único responsable de su fallo, y solamente, el referido secretario autoriza, en función de fedatario, sin imperio ni facultad decisoria; consecuentemente, esa autoridad, en forma autónoma, no puede adquirir la jerarquía de responsable para los efectos del juicio de garantías, por lo que es improcedente dicho juicio por el acto que se le reclama." Por lo anteriormente considerado y fundado, por notoria improcedencia, se sobresee parcialmente fuera de audiencia, la demanda de amparo promovida por********************, únicamente contra los actos reclamados a la Secretaria de Acuerdos de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán y Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán. En ese sentido, se ordena la continuación del presente juicio de amparo por las restantes autoridades responsables. SE FIJA FECHA PARA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En ese contexto, se señala para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio las ONCE HORAS DEL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente y mediante oficio. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.

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