Irma Almonte Pérez Negrón

Expediente 300/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
300/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
15/11/2018

Partes del expediente

  • Irma Almonte Pérez Negrón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de noviembre de dos mil dieciocho. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO 1/2009 En consideración a lo anterior y que de la certificación que antecede se advierte que obra no en autos documento original alguno y que no existe en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado billete de depósito relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que el presente juicio de amparo, encuadra en las hipótesis contenidas en el punto vigésimo primero, fracción II, del capítulo quinto, del aludido acuerdo, en razón de haberse sobreseído el juicio de amparo, por lo que se estima que el mismo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha. NO SE FORMARON INCIDENTES DE SUSPENSIÓN Sin que haya lugar a pronunciarse respecto de los incidentes de suspensión, toda vez que los mismos no fueron formados. TRANSFERENCIA DEL EXPEDIENTE Una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.Mach

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho. CUENTA CON AUTOS. VISTOS: por cuanto ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la resolución, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la resolución de tres de septiembre de dos mil dieciocho, en la que se SOBRESEYÓ el juicio de amparo promovido por IRMA ALMONTE PÉREZ NEGRÓN, sin que lo haya hecho. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    ACTA RELATIVA A LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL ORDENADA EN PROVEÍDO DE DOS DE AGOSTO DE LA PRESENTE ANUALIDAD, DICTADO EN EL EXPEDIENTE DEL JUICIO DE AMPARO VI-300/2018, Y CELEBRADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN, A LAS NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, CON LA PARTICIPACIÓN DE QUIENES EN LA PROPIA ACTA SE DESCRIBEN. CONSTE. Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo VI-300/2018 promovido por Irma Almonte Pérez Negrón, por su propio derecho, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia en Huetamo, Michoacán y otra autoridad; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. En este momento, se da cuenta con el estado procesal que guardan los presentes autos y la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, Silvia Lorena Arenas Raya certifica y hace constar que el término de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de trece de agosto del año en curso a efecto de que manifestara si lo que pretendía era desistirse del juicio de amparo en que se actúa, y en caso afirmativo, compareciera a ratificar su escrito, transcurrió del veinte al veintidós de agosto de la presente anualidad, tomándose en consideración únicamente los días hábiles correspondientes, en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento formulado en el proveído en cita, por lo que se tiene al autorizado de la quejosa haciendo saber que dentro del juicio de amparo en que se actúa se actualiza una causal de improcedencia. Continuando con la vista de los autos, se advierte que la autoridad responsable Ayuntamiento del Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero, Michoacán, no ha rendido su informe justificado no obstante haber sido requerido con la oportunidad debida, como se advierte del acuse de recibo que obra a foja 88, de donde se desprende que recibió esa comunicación el veintiséis de julio del año en curso. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no hay persona alguna con el carácter reconocido de tercero interesado. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede; Secretaria, dé cuenta con los informes justificados que obran en autos. LA SECRETARIA: Se hace constar que no obra informe justificado de ninguna de las autoridades señaladas como responsables. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 párrafo cuarto de la Ley de Amparo, se presumen como cierto el acto reclamado a la autoridad señalada como responsable; enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas; Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que llegaron las partes. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. EL JUEZ: Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que llegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar con las aportadas por la parte quejosa, mismas que fueron recibidas por este juzgado mediante auto de trece de agosto del año en curso, medios de convicción que de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidos y desahogados en atención su propia y especial naturaleza. EL JUEZ: Al no existir pruebas por desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que ninguna de las partes formuló alegato alguno. EL JUEZ: Ténganse por perdido el derecho de las partes a formular alegato alguno. Se levanta la sesión. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número VI-300/2018, promovido por Irma Almonte Pérez Negrón, por su propio derecho, contra actos del Ayuntamiento del Municipio de Tiquicheo, Michoacán; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el seis de abril de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, recibido en este órgano jurisdiccional por razón de turno el mismo día, Irma Almonte Pérez Negrón, promovió demanda de amparo indirecto contra actos del Ayuntamiento del Municipio de Tiquicheo, Michoacán. SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. La parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. En cumplimiento a la ejecutoria relativa al recurso de queja, en proveído de tres de julio del año en curso, se admitió a trámite la demanda de amparo respecto del acto reclamado y por la autoridad señalada como responsable, registrándose con la misma con el número de expediente VI-300/2018; se solicitó de las autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar previo su diferimiento en los términos del acta que antecede, quedando así los autos en estado de emitir sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como los diversos artículos 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y punto cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso, la parte quejosa reclama actos omisivos de tracto sucesivo. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado a las autoridades responsables, en la presente instancia constitucional, consiste en: La falta de cumplimiento de la resolución interlocutoria relativa al incidente de liquidación de sentencia derivada del juicio oral mercantil 39/2017; virtud a la falta de pago por parte del Ayuntamiento demandado TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero, Michoacán fue omiso en rendir su respectivo informe justificado, no obstante de estar debidamente notificado para tal efecto, según se advierte de la constancia de notificación que obra glosada en autos. Razón por la cual debe presumirse la certeza del acto reclamado en términos del artículo 117 párrafo tercero de la Ley de Amparo. CUARTO. IMPROCEDENCIA. No obstante la certeza de los actos reclamados indicados en el apartado anterior, previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo a la luz de los conceptos de violación expresados por la impetrante del amparo, debe abordarse el estudio de la causal de improcedencia que se considera actualizada, por ser ello una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. El suscrito juzgador estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". En el presente asunto, la parte quejosa reclama la falta de pago de lo reclamado dentro del juicio oral mercantil número 39/2017 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Huetamo, Michoacán. En ese tenor, de las constancias exhibidas por la parte quejosa, se advierte que mediante escrito recibido por el juez responsable el doce de julio del año en curso, la parte aquí quejosa realizó la manifestación de que el Ayuntamiento demandado había cubierto el pago de $211,913.31 (doscientos once mil novecientos trece pesos 31/100 moneda nacional), motivo por el cual desistía de la ejecución de la sentencia y solicitó se levantara el embargo trabado sobre la cuenta bancaria número 00111258060 de BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, sucursal Huetamo, escrito que fue ratificado por la parte quejosa en esa misma fecha. Motivo por el cual en esa data la autoridad responsable tuvo a la parte aquí quejosa manifestando que le había sido cubierta la cantidad de $211,913.31 (doscientos once mil novecientos trece pesos 31/100 moneda nacional) y desistiéndose así a la ejecución de sentencia y de igual manera ordenó se levantara el embargo trabado en autos, debiendo quedar liberada la cuenta embargada dentro del juicio de origen, con lo que desapareció la violación alegada por la quejosa. Documentales a las que se concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. En tal virtud, al haberse desistido la parte quejosa de la ejecución de la sentencia y al haber sido cubierto el pago de lo reclamado dentro del juicio de origen, quedó insubsistente la omisión reclamada, creándose así una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental. Por lo que el acto impugnado dejó de afectar la esfera jurídica de la impetrante, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues, la razón que justifica la causal de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal, es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia 2ª./J.59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la foja 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que expresa: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Ciertamente, se llega a la firme convicción de que el acto reclamado consistente en la omisión del pago de lo determinado en el incidente de liquidación de sentencia ha cesado en sus efectos, pues según se advierte de las constancias que obran en el sumario el doce de julio del año en curso, la autoridad responsable tuvo a la parte demandada cubriendo el pago de la cantidad señalada con antelación, y a la parte actora desistiéndose de la ejecución de la sentencia, ordenando así el levantamiento del embargo trabado dentro de los autos del juicio de origen; de ahí, resulta obvio que, los efectos de los actos que se impugnan se destruyeron en forma total e incondicional, de modo tal que, con el desistimiento de la acción y de la instancia en el procedimiento del que derivan los actos reclamados, se destruyó y quedó sin efecto alguno la omisión reclamada. En consecuencia, al haber cesado los efectos de los actos reclamados, es claro que se actualiza la causal de improcedencia invocada en el cuerpo de esta resolución, lo que conlleva a decretar el sobreseimiento, en términos de lo dispuesto por la fracción V del artículo 63, de la Ley de Amparo. Sustenta lo así considerado, la jurisprudencia 2ª./J.9/98, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, de la época y fuente en consulta, que refiere: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 74 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO.- Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Irma Almonte Pérez Negrón, respecto de los actos reclamados a la autoridad señalada como responsable, de conformidad con lo expuesto en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, dos de agosto de dos mil dieciocho. ESTADO DE LOS AUTOS. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que a la fecha no obra acuse de que la autoridad responsable foránea con sede en Tiquicheo, Michoacán, haya quedado legalmente notificada del auto tres de julio del año en curso, mediante el cual se le requirió a fin de que rinda su informe justificado. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, encargado del despacho por ministerio de ley, con motivo del primer periodo vacacional concedido al titular de éste órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/3470/2018, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza. Doy FeMach

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