Irma Alicia Chavira Sánchez
Expediente 955/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 955/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Irma Alicia Chavira Sánchez
Actuaciones
- Principal
En cinco de septiembre de dos mil dieciséis, el licenciado Juan García Trejo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, transcurrió del veintinueve de agosto al dos de septiembre de dos mil dieciséis, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del auto de veintitrés de agosto del año que transcurre, dentro del juicio de amparo 955/2016-5. DOY FE. En la misma fecha el Secretario licenciado Juan García Trejo, doy cuenta a la Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a cinco de septiembre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, que desechó la demanda de garantías promovida por IRMA ALICIA CHAVIRA SÁNCHEZ; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, de la propia Ley de la materia, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO; por lo que en su oportunidad, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que el presente expediente no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. *Amci
- Principal
En veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, el Secretario del Juzgado, licenciado Juan García Trejo, doy cuenta a la Juez con la demanda de amparo registrada con folio 14708. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintitrés de agosto de dos mil dieciséis. Vista la demanda de garantías promovida por IRMA ALICIA CHAVIRA SÁNCHEZ, por propio derecho que promueve contra actos del Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de la capital, con sede en esta ciudad, los que considera violatorios en su perjuicio de sus derechos humanos contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Federal de la República; regístrese en el libro de gobierno bajo el número 955/2016 que por su orden le corresponde, y en atención a su contenido, la Juez, emite el siguiente pronunciamiento. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que dice: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano [.]" Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el Juez de Distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. Por otra parte, apreciada íntegramente la demanda de amparo se advierte que la quejosa señala como acto reclamado el siguiente: a) La determinación interlocutoria de trece de julio de dos mil dieciséis, que resolvió el recurso de revocación planteado dentro del juicio civil ordinario, expediente 108/2015, promovido por Tita del Carmen Muñoz Romero, contra el auto de veinte de abril del año en curso, por el cual se suspendió la citación para sentencia a efecto de llamar a juicio a Fernando Ramírez Ramírez en su calidad de litisconsorte para que sea oído y vencido en el procedimiento y estar en condiciones de pronunciar una sentencia válida y eficaz. Ahora bien, por ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 del ordenamiento legal invocado, se analizarán de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia II. 1°.J/5, consultable en la página noventa y cinco del tomo VII del Semanario Judicial de la Federación, mayo de mil novecientos noventa y uno, Materia Común, octava época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." De igual forma, del análisis de la demanda de amparo, se desprenden los siguientes antecedentes de los actos reclamados y que son: 1. En principio, se tramita ante el Juzgado Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Zacatecas, el juicio civil ordinario número 108/2015, promovido por Tita del Carmen Muñoz Romero contra la quejosa. 2. Dentro de dicho expediente la parte demandada fue emplazada y dio contestación a la misma, en la que opuso sus excepciones y defensas, fueron desahogadas las pruebas admitidas, una vez formulados los alegatos se citó para oír sentencia. 3. Mediante proveído del veinte de abril de dos mil dieciséis, el juez responsable dejó sin efecto la citación para sentencia, para ello argumentó, que al ser analizadas las constancias procesales que integran el expediente civil encontró que no existen condiciones para abordar el fondo del negocio virtud a que se configura el litisconsorcio pasivo necesario por lo que ordenó llamar a juicio a Fernando Ramírez Ramírez a fin de que sea oído y vencido. 4. Contra ese proveído la parte demandada interpuso recurso de revocación el cual fue resuelto el trece de julio de dos mil dieciséis, en la cual se determinó que no se acreditaron los extremos legales indispensables para la revocación del auto combatido por lo que quedó firme. En atención a lo anterior, la suscrita resolutora, por cuanto hace al acto reclamado consistente en: la interlocutoria de trece de julio de dos mil dieciséis, que resolvió el recurso de revocación interpuesto contra el proveído de veinte de abril de dos mil dieciséis, en el cual la autoridad responsable suspendió la citación para sentencia a efecto de llamar a juicio a Fernando Ramírez Ramírez en su calidad de litisconsorte para que sea oído y vencido en el procedimiento y estar en condiciones de pronunciar una sentencia válida y eficaz; considera procedente desechar de plano la demanda de garantías; pues, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado contrario sensu, de la Ley de Amparo, los cuales en su orden señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los casos que la improcedencia resulten de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)." En el artículo 61, fracciones I a XXII, de la Ley de Amparo, se mencionan enunciativamente los diversos supuestos en los que resulta improcedente el juicio de garantías, mientras que la fracción XXIII instituye que también resultará improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la referida ley; lo que deja abierta la posibilidad de atender a otros supuestos que permitan sustentar válidamente la improcedencia del amparo. De acuerdo con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En diversos criterios nuestro máximo tribunal ha establecido que existen dos condiciones que deben actualizarse conjuntamente para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o procedimiento: La primera, que afecten materialmente derechos, es decir, que el acto de autoridad impida libremente el ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado de fallo definitivo; y La segunda, que tales derechos afectados materialmente revistan la categoría de sustantivos, contrarios a los de naturaleza formal o material, en cuyo caso la afectación no es actual sino que depende de que llegue a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. Atendiendo a lo expuesto, los actos que tienen una ejecución de imposible reparación son aquéllos que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo y que tal afectación no desaparezca ni aun en el supuesto de que el quejoso obtenga sentencia favorable a sus intereses. En ese sentido, los actos dentro de juicio que únicamente afectan derechos adjetivos o procesales no pueden ser considerados de imposible reparación, dado que son susceptibles de repararse si se obtiene sentencia o laudo favorable; de ahí que, el juicio de garantías resultará improcedente cuando se advierta que no se trata de un acto de imposible reparación. Lo anterior, no implica que las violaciones procesales que se hubiesen actualizado dentro del procedimiento no puedan controvertirse; sin embargo, el derecho a combatirlas, está sujeto al principio de concentración, que tiene como finalidad que el proceso se realice en el menor tiempo posible y con la mayor unidad. Dicho principio restringe el derecho de las partes a interponer recursos o medios de defensa en contra de cada una de las cuestiones accidentales o incidentales que surjan en la secuela del procedimiento, imponiendo que tales cuestiones se resuelvan de manera simultánea; de acuerdo con ello, las violaciones procesales no pueden ser impugnadas mediante juicios de amparo independientes sino que debe esperarse a que se dicte la sentencia definitiva o laudo y en el juicio de amparo que se promueva en su contra, plantear todas y cada una de dichas violaciones. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente la jurisprudencia por contradicción de tesis 37/2014 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "...aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado ?con toda razón? a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Entonces, interpretado en sentido contrario el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional resultará improcedente cuando se advierta que no se está frente a un acto que sea de imposible reparación, que es aquel que tiene como consecuencia afectar directa e inmediatamente un derecho sustantivo protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, de acuerdo al derecho jurisprudencial mexicano, los actos dentro de juicio que únicamente afectan derechos adjetivos o procesales no pueden ser considerados de imposible reparación, toda vez que sus consecuencias son exclusivamente formales, las cuales, por su propia naturaleza, son susceptibles de repararse si se obtiene sentencia o laudo favorable. La parte quejosa comparece a esta instancia constitucional, como se dijo, a reclamar el acto siguiente: La interlocutoria de trece de julio de dos mil dieciséis, que resolvió el recurso de revocación interpuesto contra el proveído de veinte de abril de dos mil dieciséis, en el cual la autoridad responsable declaró improcedente el recurso de revocación y por ende firme el auto por el cual se suspendió la citación para sentencia a efecto de llamar a juicio a Fernando Ramírez Ramírez en su calidad de litisconsorte para que sea oído y vencido en el procedimiento y estar en condiciones de pronunciar una sentencia válida y eficaz. Lo anterior permite sostener que los actos reclamados no son de aquellos considerados de imposible reparación, ya que las violaciones reclamadas no afectan derechos sustantivos como pudieran ser, el que ya no se pueda desahogar una prueba testimonial por el fallecimiento de testigos que ya rindieron testimonio, la destrucción de documentos, o bien algún requerimiento, bajo apercibimiento grave como el de desechar la demanda, formulados a la actora de cumplir con ciertas conductas al momento de reponer el procedimiento. Lo expuesto se afirma, toda vez que tal y como se desprende de la propia cédula de notificación y de la copia simple de la resolución reclamada, exhibidas por la quejosa, el juicio natural de donde emana el acto reclamado tuvo su origen con motivo de la demanda promovida por Tita del Carmen Muñoz Romero contra la quejosa de quien reclama el cumplimiento de contrato verbal de mutuo con interés, expediente en el cual solo se había citado para sentencia, esto es, en el juicio de origen no se había emitido la respectiva sentencia, además, la quejosa en su escrito de demanda solo refiere que el acto reclamado la deja en estado de indefensión por la simple razón de que desahogó en tiempo y forma las pruebas ofrecidas, cuyo resultado es del conocimiento de las partes, lo que ocasionará repetir las pruebas desahogadas de las cuales ya se conoce el resultado. Por tanto, el acto reclamado por la quejosa solo constituyen una violación procesal que no afecta algún derecho fundamental tutelado a su favor en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los instrumentos internacionales suscritos por nuestro país, cuya afectación no es actual sino que depende de que llegue a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, en el caso, no se satisfacen los requisitos para la procedencia de la presente acción de amparo. Es aplicable a lo anterior, la tesis del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO, TRATANDOSE DE SENTENCIAS DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENAN REPONER EL PROCEDIMIENTO. La sentencia que dicta el Tribunal de alzada, en la que deja insubsistente el fallo final del primer grado y, además, ordena reponer el procedimiento, por haberse cometido una violación a éste, no ocasiona al quejoso un perjuicio de imposible reparación, puesto que la sentencia que nuevamente llegue a dictar el juez natural puede serle favorable, pero de no ser así, podrá alegar como agravio la reposición de mérito y, en su caso, como violación procesal en el amparo directo que finalmente se tramitare. Por tanto, aquella resolución no es reclamable en el juicio de garantías biinstancial." No es óbice a lo anterior, que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 63/2003-PS, entre las sustentadas por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, haya determinado que prevalecía con el carácter de Jurisprudencia la del rubro "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DEJA INSUBSISTENTE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRARLO, ES UN ACTO CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.". Que además, de la propia ejecutoria se desprenda que esa Primera Sala concluyó, que aun cuando la resolución que ordena reponer el procedimiento para efecto de integrar el litisconsorcio pasivo necesario, esto es, para llamar al juicio a todas aquellas personas demandadas, involucradas con la cuestión litigiosa, contrarias al interés de la parte actora, constituye una violación adjetiva o procesal, es factible su impugnación en forma excepcional través del amparo indirecto, por razón de afectar de manera exorbitante a la parte que obtuvo ya una sentencia favorable. Sin embargo, al establecer el artículo segundo transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, que entró en vigor al siguiente día, que se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo previsto en dicha ley, de ahí que, al contravenir esa jurisprudencia lo dispuesto en el artículo 107 fracción V de la ley especial en cita, en la cual se precisan los actos cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de ahí que la Jurisprudencia citada no sea aplicable al presente caso. En las condiciones apuntadas, y atendiendo a que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el acto reclamado no es de aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos, procede DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por IRMA ALICIA CHAVIRA SÁNCHEZ. Finalmente, se tiene como autorizados en los amplios términos del artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo a los licenciados Jorge Luis Chavira Sánchez (891051), Imelda Chavira Sánchez (1711501) y Alberto Jorge Chavira Garabito (4093054), toda vez que cuentan con cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en Avenida Insurgentes número ciento treinta y cinco (135) de esta ciudad de Zacatecas. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe.
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