Irene Hernández Carrasco
Expediente 468/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 468/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Irene Hernández Carrasco
Actuaciones
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACIÓN DE TREINTA DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE (2017), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto de dieciséis de mayo del año en curso, en el que se desechó la demanda promovida por Irene Hernández Carrasco, contra actos del Juez del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas y otras autoridades; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, con fundamento en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por lo que, al no ser de relevancia documental, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en el párrafo segundo del punto décimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, se ordena su archivo definitivo y una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo de referencia, este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. Finalmente, requiérase a la promovente para que en el término de noventa días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca a este juzgado debidamente identificada con documento idóneo que permita su identificación, a fin de que recoja los documentos que exhibió con la demanda que dio origen al presente juicio; apercibido que de no hacerlo dentro de dicho término, dichos documentos serán destruidos al realizarse la depuración de constancias que integran el juicio principal en que se actúa. "
- Principal
El treinta de mayo de dos mil diecisiete, la licenciada María Elena Gómez Magaña, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, trascurrió del veintidós al veintiséis de mayo del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de queja contra el auto dictado el dieciséis de mayo de la presente anualidad, por el que se desechó la demanda promovida. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que existen documentos para devolver a la parte quejosa con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Conste. En la misma fecha se da cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, treinta de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto de dieciséis de mayo del año en curso, en el que se desechó la demanda promovida por Irene Hernández Carrasco, contra actos del Juez del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas y otras autoridades; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, con fundamento en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por lo que, al no ser de relevancia documental, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en el párrafo segundo del punto décimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, se ordena su archivo definitivo y una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo de referencia, este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. Finalmente, requiérase a la promovente para que en el término de noventa días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca a este juzgado debidamente identificada con documento idóneo que permita su identificación, a fin de que recoja los documentos que exhibió con la demanda que dio origen al presente juicio; apercibido que de no hacerlo dentro de dicho término, dichos documentos serán destruidos al realizarse la depuración de constancias que integran el juicio principal en que se actúa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada María Elena Gómez Magaña, Secretaria que autoriza y da fe. Rosy
- Principal
El diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, la Secretaria licenciada María Elena Gómez Magaña da cuenta a la Secretaria encargada del despacho con un escrito registrado con el número 6642. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa licenciado Enrique Rodríguez Cervantes; en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278 y 280, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2°, del ordenamiento legal invocado en segundo término, y como lo solicita el ocursante, devuélvansele los documentos que se exhibieron con la demanda con que formó el presente juicio, previa copia certificada que se deje en su lugar y toma de razón que por su recibo se asiente en autos. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por licencia de la titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial, según oficio CCJ/ST/0506/2017, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada María Elena Gómez Magaña, Secretaria que autoriza y da fe. Rosy
- Principal
El dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, la secretaria licenciada María Elena Gómez Magaña da cuenta a la Secretaria encargada del despacho del Juzgado con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por Irene Hernández Carrasco, registrada con el número de folio 6422 con anexos y once copias de ésta que se adjuntan. La circunstancia de que el licenciado Enrique Rodríguez Cervantes tiene su cédula profesional 1929315 registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Que al tener a la vista la diversa boleta de turno de demanda de amparo se realizó una búsqueda minuciosa en el libro de registros de juicios de amparo de este Juzgado y se encontró que Irene Hernández Carrasco promovió el diverso juicio 1077/2016, contra actos del Juez del Ramo Mercantil de Fresnillo, Zacatecas; de igual forma, se hace constar que dicho juicio se archivó el diecisiete de marzo del año en curso. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dieciséis de mayo de dos mil diecisiete. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Irene Hernández Carrasco, contra actos del Juez del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas y otras autoridades, por considerar que se transgreden en su perjuicio los derechos consagrados en los artículos 1, 14 y 16 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 468/2017, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la promovente del amparo señala como actos reclamados y autoridades responsables las siguientes: Actos reclamados: Del Juez del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas: La falta de emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil número 979/2015. ) El embargo del tractor marca CASE III modelo C-100 serie C100AN3JJE1020560, motor 3711H4A/8, color rojo, con toldo, llantas, pala frontal, capacidad de una tonelada y doble tracción. La orden de cambio de depositario del bien embargado. De la Coordinadora de la Central de notificadores y actuarios del Distrito Judicial de Fresnillo y de la Dirección de la Policía Municipal de Fresnillo, ambos de Zacatecas: La ejecución de dichos actos. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como establece el precepto 113 de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Ahora, de la lectura integral del escrito de demanda se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 de la ley reglamentaria en consulta, que establece: "Art. 61.- "El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior". La fracción trascrita contempla la improcedencia del juicio de amparo cuando los actos reclamados hubieran sido materia de una ejecutoria dictada en un juicio de amparo anterior, esto es, cuando lo planteado en la demanda de amparo ya fue materia de estudio en un diverso juicio de derechos. Para la actualización de esta causa de improcedencia es necesario que el amparo anterior sea promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto o actos reclamados, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos (en este último supuesto, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; subsistiendo el análisis de los actos de aplicación). En relación con la identidad de las autoridades responsables en los juicios de amparo de que se trate, debe precisarse que aun cuando exista diferencia respecto a éstas porque se señalen a diferentes autoridades ejecutoras, es posible que la causa de improcedencia se actualice en tanto el factor fundamental es que se trate del mismo acto y misma autoridad ordenadora; esto, porque a las autoridades ejecutoras sólo podrán realizar lo que la ordenara le indique, salvo que se les reclamen vicios propios. Así, esta causal impide que se realice el análisis de los actos reclamados en dos juicios de amparo diversos, lo que responde a un principio de seguridad jurídica a fin de que no se dicten sentencias contradictorias. Por tanto, cuando se reclamen actos que hayan sido materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, el segundo juicio de amparo resulta improcedente. Tampoco será impedimento para estimar actualizada la causal de improcedencia que nos ocupa, el hecho de que se encuentre o no demostrada la existencia del acto reclamado. Las consideraciones expuestas encuentran apoyo en las tesis de jurisprudencia sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito del epígrafe y contenido siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, POR EXISTENCIA DE EJECUTORIA PRONUNCIADA EN OTRO JUICIO DE AMPARO. SE REQUIERE DEMOSTRAR QUE SE REFIERE A IGUAL QUEJOSO, IDÉNTICAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y LOS MISMOS ACTOS RECLAMADOS. Para que proceda la causal de improcedencia consistente en la existencia de ejecutoria pronunciada en otro juicio de amparo, a que se refiere la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, es necesario que los actos reclamados hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías, y se contrae exclusivamente a los amparos que hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas". "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS QUE FUERON MATERIA DE OTRO JUICIO DE GARANTIAS. INSTRASCEDENCIA DE LA DIVERSIDAD DE AUTORIDADES EJECUTORAS SEÑALADAS EN UNO Y OTRO. Para que opere la causal de improcedencia prevista por la fracción IV del artículo 73 de la ley de la materia, hay que atender a la identidad del acto reclamado, de quejoso y de autoridades responsables ordenadoras, siendo irrelevante la diversidad de autoridades ejecutoras señaladas en uno y otro juicio de garantías, porque de no ser así, se llegaría al absurdo de que si se promovieran tantos juicios de amparo como nuevas autoridades responsables ejecutoras se vayan señalando en cada uno de ellos no operaría la improcedencia de la acción". De igual forma, es preciso aclarar que se actualiza la causal en comento aun cuando el juicio de amparo anterior resultó improcedente, y tal determinación quedó firme por no haber sido recurrida. Es así, ya que si bien es cierto que dicha determinación no constituye un pronunciamiento en torno a la constitucionalidad de los actos reclamados, si actualiza la cosa juzgada en términos del artículo 61, fracción XI, de la ley de Amparo, al existir un pronunciamiento firme e inamovible, cuyo contenido no puede desconocerse. Así se desprende de la tesis aislada I.5o.P.1 K (10ª), del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, Materia Común, página 2306, con número de registro 2005580, del rubro y texto siguiente: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. CASO EN QUE EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO (VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). Si un juicio de amparo anterior resultó improcedente respecto del acto reclamado por estimarse que la demanda era extemporánea, y por ello se desechó y tal determinación adquirió firmeza por no haber sido recurrida, esa eventualidad aun tratándose de desechamiento de demanda hace inejercitable la acción de amparo si en una posterior demanda el quejoso reclama el mismo acto, pues si bien es cierto aquella determinación no constituye un pronunciamiento en torno a la constitucionalidad del acto reclamado, sí actualiza la cosa juzgada en términos del artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo vigente (a partir del tres de abril de dos mil trece), al existir un pronunciamiento firme e inamovible, cuyo contenido no puede desconocerse". Ahora, como se desprende de la cuenta secretarial, ante este propio juzgado se tramitó y resolvió el diverso juicio de amparo 1077/2016, promovido por Irene Hernández Carrasco, contra actos del Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, lo cual, es un hecho notorio para la suscrita resolutora. Sirve de apoyo a lo anterior por similitud jurídica, la tesis de jurisprudencia XXII.J/12, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 295, Tomo V, Enero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." Por tanto, se ordena agregar copia fotostática certificada de la sentencia dictada en el diverso juicio de amparo 1077/2016 y del acuerdo por el que causó ejecutoria dicha sentencia, del índice de este órgano jurisdiccional, para los efectos legales a que haya lugar. De la referida sentencia se advierte que los actos reclamados a las autoridades responsables fueron los siguientes: "Del Juez del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo Zacatecas: - La falta de emplazamiento al juicio mercantil ejecutivo 979/2015, promovido por Agrosistemas Pueblo Bonito, Sociedad Anónima de Capital Variable contra Noé Márquez Valenzuela, así como el embargo y cambio de depositario de un tractor de la marca Case, modelo C100, serie C100AN3JJE1020560, motor 3711H04A/8, color rojo, con toldo, llantas con treinta por ciento de vida, aproximadamente, en buenas condiciones de uso, sin registro de horas de trabajo, respecto del cual refiere tiene derecho al cincuenta por ciento de propiedad, al estar casada con el adquirente bajo el régimen de sociedad conyugal. Del Ministro Ejecutor adscrito a la Central de Notificaciones de los Juzgados Familiares, Civiles y Mercantiles con sede en Fresnillo, Zacatecas: - La omisión de llevar a cabo el mencionado emplazamiento, así como la ejecución del embargo del aludido tractor y de la diligencia de cambio de depositario". En dicha sentencia se determinó sobreseer el juicio de referencia, en razón de que se actualizó la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, en relación con el 5, ambos de la ley de Amparo, al considerar que la quejosa no tuvo interés jurídico para promover el juicio de derechos de que se trata. Mediante auto de diecisiete de marzo del año en curso, causó ejecutoria la sentencia antes señalada y se ordenó el archivo del juicio 1077/2016 al tratarse de un asunto concluido. Como se ve, los antecedentes narrados ponen de manifiesto que los actos reclamados en la demanda de amparo que ahora se plantea, fueron materia de la ejecutoria de amparo dictada en el juicio 1077/2016. Sin que sea obstáculo lo anterior, el hecho de que en la demanda de amparo que nos ocupa hubiera señalado como autoridad ejecutora a una diversa a la señalada en el anterior juicio de amparo, puesto que no se le atribuyen vicios propios de su actuación, sino como consecuencia de los actos de la autoridad ordenadora. En conclusión, se considera que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de garantías promovida por Irene Hernández Carrasco. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita la promovente se tiene como autorizado con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Enrique Rodríguez Cervantes, toda vez que cuenta con cédula profesional 1929315 registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y como domicilio para tal efecto el ubicado en avenida González Ortega número trescientos veintisiete, planta alta, zona centro, de esta ciudad. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. Se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no solo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA QUEJOSA. Así lo acordó y firma la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por licencia de la titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial, según oficio CCJ/ST/0506/2017, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada María Elena Gómez Magaña, Secretaria que autoriza y da fe. Rosy
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