Irene Hernández Carrasco
Expediente 1077/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 16 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1077/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 09/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Irene Hernández Carrasco
- Juez del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
El nueve de mayo de dos mil diecisiete, el secretario da cuenta a la juez con un escrito registrado con el folio 6088. Conste. Zacatecas, Zacatecas, nueve de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, signado por Enrique Rodríguez Cervantes, autorizado de la quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo (foja 14), como lo solicita, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa copia certificada de las constancias que alude, previa identificación con fotografía y razón que se deje asentada en autos de dicha entrega. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Juan García Trejo, secretario que autoriza y da fe. Cecy*
- Principal
El diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, la licenciada María Concepción García Jacobo, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del dos al quince de marzo del año en curso; sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintiuno de febrero de la presente anualidad, dentro del juicio de amparo número 1077/2016-1; Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; Que sí existen constancias que devolver a la autoridad responsable Juez del Ramo Mercantil de Fresnillo, Zacatecas. De igual forma, se hace constar que se tramitó incidente de suspensión, en el que se concedió la suspensión definitiva; asimismo, ninguna de las partes exhibió billete de depósito. Conste. En la misma fecha se da cuenta a la juez con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por la secretaria adscrita a este tribunal federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este juzgado, el veintiuno de febrero pasado, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Devuélvanse los originales tanto del expediente relativo al juicio mercantil ejecutivo 979/2015, como del cuadernillo de cambio de depositario judicial que el juez responsable remitió en su informe justificado. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud de que se decretó el sobreseimiento en el presente asunto, y este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, última parte, del citado acuerdo General, se declara QUE EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN RELATIVO SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN; sin embargo, en atención a que en dicho cuaderno se concedió la suspensión definitiva al promovente del amparo; luego, deben conservarse las constancias relativas a la copia de la demanda de amparo con que se formó, así como de la resolución del otorgamiento de la suspensión definitiva; en consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa; y el duplicado guárdese por separado para que atendiendo a lo dispuesto en la fracción III, del diverso punto vigésimo del citado acuerdo, una vez que transcurra el término de seis meses; se realicen las gestiones pertinentes para su destrucción. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del Acuerdo en cita, remítase este expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto Décimo Tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, secretaria que autoriza y da fe. Cecy*
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1077/2016-1; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el seis de octubre de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Irene Hernández Carrasco demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra las autoridades, actos y por violación a los derechos fundamentales que enseguida se describen: Autoridades responsables: a) Ordenadora, Juez del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo Zacatecas. b) Ejecutora, ministro ejecutor adscrito a la central de Notificaciones de los juzgados familiares, civiles y mercantiles con sede en Fresnillo, Zacatecas. Acto reclamado: - La falta de emplazamiento al juicio mercantil ejecutivo 979/2015 y embargo de un tractor y cambio de depositario del mismo, por considerar la quejosa que le corresponde la propiedad de dicho mueble por haber contraído matrimonio con el demandado bajo el régimen de sociedad conyugal. Derechos fundamentales violados. La quejosa señala como derechos fundamentales violados, los contenidos en los artículos 1, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de amparo. El asunto de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas; en diez de octubre de dos mil dieciséis (fojas 13 a 14), la titular de este juzgado ordenó registrarlo con el expediente 1077/2016-1 y requirió a la amparista para que precisara el acto reclamado, es decir, indicara si únicamente impugnaba el cambio de depositario o también el embargo llevado a cabo en el juicio mercantil ejecutivo 979/2015, además de informar el nombre del depositario actual del tractor embargado y los datos o características de dicho mueble. Mediante escrito presentado el once de octubre de dos mil dieciséis, la quejosa, por conducto de su autorizado para oír notificaciones, manifestó que la reclamación se hacía consistir tanto en el cambio de depositario como en el propio embargo, precisando las características del tractor materia de dicho embargo; asimismo, en la falta de emplazamiento de la amparista, y proporcionó el nombre del depositario y de la persona designada para suplirlo, así como el domicilio de este último (foja 16). En auto de catorce del mes y año citados, se admitió la demanda; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se mandó emplazar al tercero interesado; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo conforme al acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción V de la Ley de Amparo y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad jurisdiccional que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados que constituyen el objeto de la litis efectivamente planteada en este juicio, consisten en: Del Juez del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo Zacatecas: - La falta de emplazamiento al juicio mercantil ejecutivo 979/2015, promovido por Agrosistemas Pueblo Bonito, Sociedad Anónima de Capital Variable contra Noé Márquez Valenzuela, así como el embargo y cambio de depositario de un tractor de la marca Case, modelo C100, serie C100AN3JJE1020560, motor 3711H04A/8, color rojo, con toldo, llantas con treinta por ciento de vida, aproximadamente, en buenas condiciones de uso, sin registro de horas de trabajo, respecto del cual refiere tiene derecho al cincuenta por ciento de propiedad, al estar casada con el adquirente bajo el régimen de sociedad conyugal. Del Ministro Ejecutor adscrito a la Central de Notificaciones de los Juzgados Familiares, Civiles y Mercantiles con sede en Fresnillo, Zacatecas: - La omisión de llevar a cabo el mencionado emplazamiento, así como la ejecución del embargo del aludido tractor y de la diligencia de cambio de depositario. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables, toda vez que el Juez del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo así lo manifiesta expresamente en su informe justificado; por su parte, la encargada de la Central de Notificadores y Actuarios de dicho lugar pide se le tenga por adherida a dicho informe. Asimismo, el mencionado juez acompañó a su informe de ley, las constancias relativas al juicio mercantil ejecutivo 979/2015; documental pública que cuenta con pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del numeral 2 de la Ley de Amparo. En tal virtud, se encuentra plenamente probada la existencia de los actos reclamados de las autoridades aludidas, al tenor de la tesis de jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Y la jurisprudencia número 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Antecedentes de los actos reclamados. Para mejor comprensión del asunto, es necesario relatar los antecedentes de los actos reclamados: 1. Mediante escrito presentado el nueve de octubre de dos mil quince ante el Juzgado Mercantil de Fresnillo, Zacatecas, Martín Adrián Saucedo García, endosatario en procuración de Juan Antonio Aragón Martínez, apoderado general de la empresa mercantil Agrosistemas Pueblo Bonito, Sociedad Anónima de Capital Variable, demandó a Noé Márquez Valenzuela, por el pago de las prestaciones que al efecto precisó (fojas 1 a 3 del juicio mercantil). 2. El quince de octubre de dos mil quince, el Juez del Ramo Mercantil del distrito judicial de Fresnillo, Zacatecas, registró la demanda con el expediente 979/2015, la admitió a trámite, ordenó el emplazamiento del demandado, se dictó auto de mandamiento en forma y se facultó indistintamente a los actuarios adscritos a la central con sede en el mencionado distrito judicial, para que en compañía del actor acudiera al domicilio del demandado, lo requiriera del pago inmediato de la cantidad reclamada como importe de la suerte principal, así como de las diversas prestaciones y anexidades; de no hacerlo al momento de la diligencia, se le embargaran bienes de su propiedad suficientes para garantizar lo reclamado; y, hecho lo anterior, se le emplazara al mencionado juicio (fojas 7 a 9 del mencionado juicio mercantil). 3. El veintitrés de noviembre de dos mil quince, se llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, en la que, según se asentó en el acta respectiva, el demandado reconoció un adeudo menor al monto del reclamo, señalando para garantizar el pago y, por lo tanto, para embargo, un tractor New Holland, modelo 7610, color azul, con número de serie F107080, número de motor E6NN9425B1, a nombre del demandado, conforme a la factura 9364, expedida por Agropecuaria Romo Sociedad Anónima de Capital Variable, modelo 2009 (fojas 18 a19). 4. En acuerdo de tres de febrero de dos mil dieciséis, en atención a la petición realizada por el endosatario en procuración de la actora, se ordenó al actuario se constituyera, en compañía de dicha parte, en el domicilio del demandado, a efecto de que se trabara real, formal y jurídico embargo, sobre el bien mueble que se había señalado en la diligencia antes mencionada, es decir, se perfeccionara dicho embargo o, en su defecto, en caso de no suceder así, se requiriera nuevamente al demandado por el pago de las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, en el momento de la diligencia, se embargarían bienes de su propiedad que garantizaran el pago (foja 34). 5. La diligencia referida en el punto anterior, se llevó a cabo el treinta de marzo siguiente, en la que el demandado manifestó que en ese momento en lugar del tractor que había señalado en acta de veintitrés de noviembre de dos mil quince, señalaba para embargo un diverso tractor de la marca Case, modelo C100, con número de serie C100AN3JJE1020560, serie en el motor 371H04A/8 en color rojo, con toldo, llantas con treinta por ciento de vida, aproximadamente, con pintura en el chasis desgastada, sin registro de horas de trabajo; por lo cual, se trabó real, formal, material y jurídico embargo sobre dicho mueble, habiéndose nombrado como depositario al demandado (f.37). 6. El dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, se dictó la sentencia respectiva, en la que se condenó al demandado a pagar las prestaciones reclamadas (f.42 a 48). 7. Inconforme con la referida sentencia, el demandado interpuso recurso de apelación, al que recayó acuerdo de siete de septiembre de dos mil dieciséis, a través del cual se determinó que no había lugar a acordar de conformidad su promoción, dado que dicha sentencia no era apelable, siendo esta la última actuación que obra en el expediente 979/2015 (f. 59 a 64). 8. Posteriormente, en atención al escrito presentado por el endosatario en procuración de la parte actora en el juicio natural, por el que solicitó cambio de depositario judicial del bien embargado, se formó el cuadernillo respectivo y se emitió acuerdo de cinco de septiembre de dos mil dieciséis, por el que se ordenó que el Ministro Ejecutor adscrito a la Central de Notificadores y Actuarios de Fresnillo, Zacatecas, se constituyera en el domicilio del demandado Noé Márquez Valenzuela, quien tenía en su poder el mencionado bien, a fin de que lo entregara, apercibiéndolo que de no hacerlo en el término concedido, se haría uso de la fuerza pública (f. 3 y 4 del cuadernillo). 9. Una vez que el nuevo depositario designado, Javier Félix Estrella, aceptó dicho cargo, el catorce de septiembre de dos mil dieciséis, se constituyó el Ministro Ejecutor adscrito a la Central de Notificadores y Actuarios de Fresnillo, Zacatecas, en compañía del endosatario en procuración de la parte actora y del nuevo depositario, en el domicilio del demandado, a efecto de requerir a éste por la entrega del tractor embargado, el cual, según se asentó en el acta respectiva, manifestó que no podía entregarlo, porque no lo tenía en su domicilio, debido a que: ".no lo tengo aquí, ya que el mismo anda en uso, y si gustan en unos ocho días a ver si lo puedo tener aquí." (f. 10 del cuadernillo). 10. Por escrito recibido en el juzgado responsable el veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, el endosatario en procuración de la actora en el juicio natural, solicitó se hiciera efectivo el apercibimiento consistente en el auxilio de la fuerza pública, lo que se le acordó de conformidad en proveído de veintiocho siguiente, ordenándose girar el oficio correspondiente al Director de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas; esta actuación es la última del aludido cuadernillo. QUINTO. Improcedencia del juicio. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia número 1ª /J.3/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es visible en la página 13 del tomo IX relativo al mes de enero de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya transcripción es como sigue: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." La tercero interesada Agrosistemas Pueblo Bonito, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto, tanto de su representante legal como de su autorizado para oír notificaciones, hace valer, entre otras causales de improcedencia, la prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Al respecto cabe decir, que en el caso si se actualiza dicha causal de improcedencia, pero por diverso motivo del que aduce la mencionada parte. En efecto, el mencionado numeral establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Por su parte, el ordinal 5, fracción I, de la ley de la materia dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". Además, es menester transcribir el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Los preceptos anteriores engloban el principio de agravio personal y directo que rige al juicio de garantías tratándose de actos o resoluciones provenientes de autoridades jurisdiccionales; es decir, contra ese tipo de actos, para la procedencia del amparo, se requiere que el quejoso cuente con interés jurídico, entendido éste como el derecho subjetivo con que cuenta el particular, cuando las prerrogativas que tiene reconocidas son transgredidas por un acto de autoridad o por una ley, lo cual lo faculta, por regla general, únicamente a él, a comparecer ante la Justicia Federal a solicitar el cese de la violación cometida en su perjuicio. De lo anterior, se desprende que el perjuicio que conforma al interés jurídico en el amparo debe ser inmediato y directo, y no mediato o indirecto, ya que ésta forma no es propiamente lesiva de un derecho, al no tener una repercusión concreta y actual en la esfera jurídica del quejoso. En suma, el interés que faculta a la parte quejosa para acudir al juicio de amparo a combatir actos de autoridades jurisdiccionales se integra por: a) Un derecho jurídicamente tutelado (derecho subjetivo), y b) Un perjuicio que el acto reclamado ocasione en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Así, para que la parte quejosa cuente con interés jurídico para efectos del juicio de amparo, se requiere que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus derechos jurídicamente tutelados. Por tanto, la falta de cualquiera de los dos elementos anteriores trae como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo en los casos en comento, ya que no se contaría con el interés jurídico necesario para ejercer la acción constitucional mencionada. Ahora bien, el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones, pues de otra manera no se podría constatar con certeza la violación de derechos fundamentales alegada; por esa razón, las afectaciones que se reclamen a través del juicio de amparo deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio. De modo que no puede hablarse de la existencia de un agravio personal y directo (interés jurídico), cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Es sustento de lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, Novena Época, enero de dos mil ocho, página doscientos veinticinco, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Bajo ese panorama, para efectos del juicio de amparo, persona extraña al juicio es aquella que no ha sido integrada a la relación procesal de un litigio como parte material (es decir, quienes de hecho intervienen o figuran en el proceso como sujetos activos o pasivos de una determinada pretensión), pero que sufre un perjuicio por la tramitación de dicho procedimiento y, en virtud del desconocimiento de éste, no ha tenido la oportunidad de ejercer la garantía de audiencia para su defensa. De lo definido, se sigue que en el concepto de persona extraña al juicio quedan comprendidos también quienes no fueron emplazados o, aun siéndolo, no tuvieron oportunidad de hacerse sabedores del procedimiento, ya que materialmente no pudieren intervenir en el proceso en su defensa. Por tanto, tercero extraño es cualquier persona que sufre un perjuicio dentro de un juicio o en su ejecución, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. Es sustento de lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 7/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, Novena Época, enero de mil novecientos noventa y ocho, página cincuenta y seis, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente". En ese sentido, en general, respecto del tercero extraño por equiparación, en su caso, el efecto del amparo sería para que se le incorpore al procedimiento como condición del acto privativo; en cambio, en tratándose de una persona extraña en estricto sentido, el efecto del amparo sería para que se sustraigan de la litis los derechos que han sido afectados, sin que se pueda determinar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación, al no tratarse de una parte formal. Sirve de criterio orientador, la jurisprudencia número 21 que aparece publicada en la página 1305 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, Julio de 2005 dos mil cinco, del rubro y texto: "TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de "persona extraña" es opuesta a la de "parte" procesal; existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, que viene a ser el sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Así se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, diversas particularidades que los distinguen: entre ellas los efectos que se producen de concederse el amparo, como enseguida se pasa a enunciar. Cuando se trata del tercero extraño stricto sensu, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, los efectos del amparo no son el que se le llame a juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte, sino el de reintegrarla en sus derechos afectados que lo son los bienes que están en litigio, pero sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. En cambio, cuando se trata del tercero extraño por equiparación, como su condición resulta la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, por ser demandado no fue llamado a juicio, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación." Luego, la legitimación de la persona extraña a juicio surge del hecho que con dicho procedimiento se afecte algún derecho del que sea titular, sin que se hubiera respetado su garantía de audiencia. Por otra parte, es necesario precisar que la posesión que puede ser objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto promovido por un tercero extraño a juicio es la que deriva de un título que esté sustentado en alguna figura jurídica o uno o varios preceptos legales que confieran el derecho a poseer. De lo anterior, se infiere que la posesión objeto del juicio de amparo se conforma por dos elementos: I. El ejercicio de un poder de hecho sobre una cosa; y, II. la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a tal ejercicio. Por tanto, para efectos del juicio de amparo, es necesario acreditar la existencia del título que genere el derecho a poseer y además demostrar que se ejerce un poder de hecho sobre el bien cuya desposesión se reclama, pues sólo de esta manera se podría tener certeza de que la posesión de la cosa sobre la cual se dirige el acto reclamado pertenece a la esfera jurídica de la parte quejosa y, por consiguiente, constará fehacientemente el perjuicio integrante del interés jurídico necesario para promover el juicio de control constitucional citado. Sirve de apoyo a lo precedente, la jurisprudencia P./J. 1/2002, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Febrero de 2002, del rubro y texto: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común". En esta instancia, la quejosa se ostenta persona extraña al juicio mercantil ejecutivo del que emanan los actos reclamados, en virtud de que considera que cuenta con la posesión del tractor materia del embargo ahí trabado, porque le corresponde un cincuenta por ciento de dicho mueble, al encontrarse casada mediante un contrato civil que se celebró bajo el régimen de sociedad conyugal con el adquirente del propio tractor, demandado en dicho juicio. De lo anterior se infiere que el interés jurídico base de la demanda de amparo descansa en el derecho de posesión que aduce tener la quejosa respecto del tractor objeto del embargo y cambio de depositario reclamados. Para acreditar dicha legitimación, la amparista exhibió copia certificada del acta de matrimonio expedida por el Director General del Registro Civil, el cual se celebró entre la propia quejosa Irene Hernández Carrasco y el demandado Noé Márquez Valenzuela, de la que se desprende que dicho acto se realizó bajo el régimen de sociedad conyugal. Sin embargo, el documento anterior es insuficiente para acreditar la titularidad del derecho de posesión que la quejosa aduce ostentar sobre el tractor materia del embargo practicado en el juicio natural. Ello es así, pues si bien se trata de contrato matrimonial en el que se asentó que se realizó bajo el régimen de sociedad conyugal, lo cierto es que omitió aportar el documento idóneo respecto de la adquisición que ampara la propiedad del referido mueble a nombre de su cónyuge, pues la mencionada copia certificada es la única prueba que exhibió. En consecuencia, el documento relativo a la celebración del matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal, es insuficiente por sí solo para acreditar el derecho subjetivo que integra el interés jurídico de la amparista, pues, no existe certeza de que el tractor materia del embargo y cambio de depositario en el juicio natural efectivamente sea propiedad de su cónyuge, a efecto de poder evaluar la constitucionalidad de la posible afectación que causa el acto reclamado. En suma, la quejosa no acreditó ser el poseedora originaria del cincuenta por ciento respecto del bien mueble materia del juicio natural. Así pues, el derecho de posesión que reclama respecto del mueble que defiende no se encuentra acreditado en autos, al no haberse demostrado el título que genere el derecho aludido, ni que se ejerce un poder de hecho sobre dicho bien; lo anterior, trae como consecuencia que no se justifica el interés jurídico para acudir en demanda de la Justicia Federal. Lo anterior, porque además, ni en las constancias del juicio mercantil ejecutivo de origen, ni en el cuadernillo relativo al cambio de depositario, consta documento alguno que acredite la titularidad del demandado respecto del derecho del tractor materia del propio juicio. Tiene aplicación al respecto, por las razones que la informan, la jurisprudencia número VIII.2o. J/7, visible en la página 598, Tomo IV, Agosto de 1996, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, que dice: "SOCIEDAD CONYUGAL, INSUFICIENCIA DEL ACTA DE MATRIMONIO RELATIVA PARA ACREDITAR POR SI SOLA EL INTERES JURIDICO EN EL JUICIO DE AMPARO RESPECTO DEL BIEN QUE ASEGURA FORMA PARTE DE LA. Si en un juicio de amparo la quejosa exhibe como prueba de su parte la documental pública relativa a la copia certificada que contiene el acta de matrimonio que la une con el demandado en el juicio de origen, bajo el régimen de sociedad conyugal, para acreditar que el inmueble embargado y rematado pertenece a ésta; tal documental, por sí sola, resulta ineficaz para acreditar su interés jurídico, cuenta habida que omitió aportar el documento idóneo respecto de la adquisición que ampare la propiedad del referido inmueble a nombre de su cónyuge, por lo que evidentemente el acto reclamado no afecta la esfera jurídica de la impetrante y el juicio constitucional resulta improcedente de conformidad con lo dispuesto por la fracción V, del artículo 73, de la Ley de Amparo". Asimismo sirve de sustento, también por las razones que la informan, la tesis aislada XX.118 C, consultable en la página 399, Tomo IV, Noviembre de 1996, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro y texto: "AMPARO PROMOVIDO POR TERCERA OPOSITORA AL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, DOCUMENTOS QUE DEBE EXHIBIR TRATANDOSE DEL EMBARGO DE VEHICULOS PARA ACREDITAR SU INTERES JURIDICO EN EL. Si la quejosa promueve amparo como tercera opositora al juicio ejecutivo mercantil, en el que se va a rematar un vehículo propiedad del esposo de aquélla y del cual le corresponde el cincuenta por ciento por encontrarse casada bajo el régimen de sociedad conyugal y exhibe únicamente el atestado de matrimonio con el que se acredita que contrajo nupcias con el demandado, tal documento no acredita su interés jurídico en el juicio de garantías, ya que no es suficiente que haya justificado ser casada con el demandado en el juicio respectivo, y que ese contrato de matrimonio se encuentre sujeto al régimen de sociedad conyugal, sino que es necesario que exhiba el documento idóneo que ampara la propiedad del vehículo embargado y del que se dio la orden de rematarlo en pública subasta, toda vez que con esa documental se estaría en condiciones de establecer si el mueble en cuestión fue adquirido por su esposo durante la vigencia del matrimonio y con ello determinar si la quejosa tiene derecho a disfrutar del cincuenta por ciento del bien en comento". En consecuencia, procede sobreseer en el juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, en concordancia con los numerales 61, fracción XII, y 5, fracción I, todos de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo número 1077/2016, promovido por Irene Hernández Carrasco contra los actos reclamados del Juez del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas y encargada de la Central de Notificadores y Actuarios de dicho lugar, precisados en el considerando segundo de este fallo, por las razones y fundamentos expuestos en el diverso quinto. Notifíquese personalmente a las partes y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, secretaria que autoriza, hoy veintiuno de febrero de dos mil diecisiete. Doy fe.
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SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA SENTENCIA DE VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE (2017), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO:"V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1077/2016-1; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el seis de octubre de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Irene Hernández Carrasco demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra las autoridades, actos y por violación a los derechos fundamentales que enseguida se describen: Autoridades responsables: a) Ordenadora, Juez del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo Zacatecas. b) Ejecutora, ministro ejecutor adscrito a la central de Notificaciones de los juzgados familiares, civiles y mercantiles con sede en Fresnillo, Zacatecas. Acto reclamado: - La falta de emplazamiento al juicio mercantil ejecutivo 979/2015 y embargo de un tractor y cambio de depositario del mismo, por considerar la quejosa que le corresponde la propiedad de dicho mueble por haber contraído matrimonio con el demandado bajo el régimen de sociedad conyugal. Derechos fundamentales violados. La quejosa señala como derechos fundamentales violados, los contenidos en los artículos 1, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de amparo. El asunto de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas; en diez de octubre de dos mil dieciséis (fojas 13 a 14), la titular de este juzgado ordenó registrarlo con el expediente 1077/2016-1 y requirió a la amparista para que precisara el acto reclamado, es decir, indicara si únicamente impugnaba el cambio de depositario o también el embargo llevado a cabo en el juicio mercantil ejecutivo 979/2015, además de informar el nombre del depositario actual del tractor embargado y los datos o características de dicho mueble. Mediante escrito presentado el once de octubre de dos mil dieciséis, la quejosa, por conducto de su autorizado para oír notificaciones, manifestó que la reclamación se hacía consistir tanto en el cambio de depositario como en el propio embargo, precisando las características del tractor materia de dicho embargo; asimismo, en la falta de emplazamiento de la amparista, y proporcionó el nombre del depositario y de la persona designada para suplirlo, así como el domicilio de este último (foja 16). En auto de catorce del mes y año citados, se admitió la demanda; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se mandó emplazar al tercero interesado; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo conforme al acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción V de la Ley de Amparo y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad jurisdiccional que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados que constituyen el objeto de la litis efectivamente planteada en este juicio, consisten en: Del Juez del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo Zacatecas: - La falta de emplazamiento al juicio mercantil ejecutivo 979/2015, promovido por Agrosistemas Pueblo Bonito, Sociedad Anónima de Capital Variable contra Noé Márquez Valenzuela, así como el embargo y cambio de depositario de un tractor de la marca Case, modelo C100, serie C100AN3JJE1020560, motor 3711H04A/8, color rojo, con toldo, llantas con treinta por ciento de vida, aproximadamente, en buenas condiciones de uso, sin registro de horas de trabajo, respecto del cual refiere tiene derecho al cincuenta por ciento de propiedad, al estar casada con el adquirente bajo el régimen de sociedad conyugal. Del Ministro Ejecutor adscrito a la Central de Notificaciones de los Juzgados Familiares, Civiles y Mercantiles con sede en Fresnillo, Zacatecas: - La omisión de llevar a cabo el mencionado emplazamiento, así como la ejecución del embargo del aludido tractor y de la diligencia de cambio de depositario. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables, toda vez que el Juez del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo así lo manifiesta expresamente en su informe justificado; por su parte, la encargada de la Central de Notificadores y Actuarios de dicho lugar pide se le tenga por adherida a dicho informe. Asimismo, el mencionado juez acompañó a su informe de ley, las constancias relativas al juicio mercantil ejecutivo 979/2015; documental pública que cuenta con pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del numeral 2 de la Ley de Amparo. En tal virtud, se encuentra plenamente probada la existencia de los actos reclamados de las autoridades aludidas, al tenor de la tesis de jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Y la jurisprudencia número 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Antecedentes de los actos reclamados. Para mejor comprensión del asunto, es necesario relatar los antecedentes de los actos reclamados: 1. Mediante escrito presentado el nueve de octubre de dos mil quince ante el Juzgado Mercantil de Fresnillo, Zacatecas, Martín Adrián Saucedo García, endosatario en procuración de Juan Antonio Aragón Martínez, apoderado general de la empresa mercantil Agrosistemas Pueblo Bonito, Sociedad Anónima de Capital Variable, demandó a Noé Márquez Valenzuela, por el pago de las prestaciones que al efecto precisó (fojas 1 a 3 del juicio mercantil). 2. El quince de octubre de dos mil quince, el Juez del Ramo Mercantil del distrito judicial de Fresnillo, Zacatecas, registró la demanda con el expediente 979/2015, la admitió a trámite, ordenó el emplazamiento del demandado, se dictó auto de mandamiento en forma y se facultó indistintamente a los actuarios adscritos a la central con sede en el mencionado distrito judicial, para que en compañía del actor acudiera al domicilio del demandado, lo requiriera del pago inmediato de la cantidad reclamada como importe de la suerte principal, así como de las diversas prestaciones y anexidades; de no hacerlo al momento de la diligencia, se le embargaran bienes de su propiedad suficientes para garantizar lo reclamado; y, hecho lo anterior, se le emplazara al mencionado juicio (fojas 7 a 9 del mencionado juicio mercantil). 3. El veintitrés de noviembre de dos mil quince, se llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, en la que, según se asentó en el acta respectiva, el demandado reconoció un adeudo menor al monto del reclamo, señalando para garantizar el pago y, por lo tanto, para embargo, un tractor New Holland, modelo 7610, color azul, con número de serie F107080, número de motor E6NN9425B1, a nombre del demandado, conforme a la factura 9364, expedida por Agropecuaria Romo Sociedad Anónima de Capital Variable, modelo 2009 (fojas 18 a19). 4. En acuerdo de tres de febrero de dos mil dieciséis, en atención a la petición realizada por el endosatario en procuración de la actora, se ordenó al actuario se constituyera, en compañía de dicha parte, en el domicilio del demandado, a efecto de que se trabara real, formal y jurídico embargo, sobre el bien mueble que se había señalado en la diligencia antes mencionada, es decir, se perfeccionara dicho embargo o, en su defecto, en caso de no suceder así, se requiriera nuevamente al demandado por el pago de las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, en el momento de la diligencia, se embargarían bienes de su propiedad que garantizaran el pago (foja 34). 5. La diligencia referida en el punto anterior, se llevó a cabo el treinta de marzo siguiente, en la que el demandado manifestó que en ese momento en lugar del tractor que había señalado en acta de veintitrés de noviembre de dos mil quince, señalaba para embargo un diverso tractor de la marca Case, modelo C100, con número de serie C100AN3JJE1020560, serie en el motor 371H04A/8 en color rojo, con toldo, llantas con treinta por ciento de vida, aproximadamente, con pintura en el chasis desgastada, sin registro de horas de trabajo; por lo cual, se trabó real, formal, material y jurídico embargo sobre dicho mueble, habiéndose nombrado como depositario al demandado (f.37). 6. El dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, se dictó la sentencia respectiva, en la que se condenó al demandado a pagar las prestaciones reclamadas (f.42 a 48). 7. Inconforme con la referida sentencia, el demandado interpuso recurso de apelación, al que recayó acuerdo de siete de septiembre de dos mil dieciséis, a través del cual se determinó que no había lugar a acordar de conformidad su promoción, dado que dicha sentencia no era apelable, siendo esta la última actuación que obra en el expediente 979/2015 (f. 59 a 64). 8. Posteriormente, en atención al escrito presentado por el endosatario en procuración de la parte actora en el juicio natural, por el que solicitó cambio de depositario judicial del bien embargado, se formó el cuadernillo respectivo y se emitió acuerdo de cinco de septiembre de dos mil dieciséis, por el que se ordenó que el Ministro Ejecutor adscrito a la Central de Notificadores y Actuarios de Fresnillo, Zacatecas, se constituyera en el domicilio del demandado Noé Márquez Valenzuela, quien tenía en su poder el mencionado bien, a fin de que lo entregara, apercibiéndolo que de no hacerlo en el término concedido, se haría uso de la fuerza pública (f. 3 y 4 del cuadernillo). 9. Una vez que el nuevo depositario designado, Javier Félix Estrella, aceptó dicho cargo, el catorce de septiembre de dos mil dieciséis, se constituyó el Ministro Ejecutor adscrito a la Central de Notificadores y Actuarios de Fresnillo, Zacatecas, en compañía del endosatario en procuración de la parte actora y del nuevo depositario, en el domicilio del demandado, a efecto de requerir a éste por la entrega del tractor embargado, el cual, según se asentó en el acta respectiva, manifestó que no podía entregarlo, porque no lo tenía en su domicilio, debido a que: ".no lo tengo aquí, ya que el mismo anda en uso, y si gustan en unos ocho días a ver si lo puedo tener aquí." (f. 10 del cuadernillo). 10. Por escrito recibido en el juzgado responsable el veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, el endosatario en procuración de la actora en el juicio natural, solicitó se hiciera efectivo el apercibimiento consistente en el auxilio de la fuerza pública, lo que se le acordó de conformidad en proveído de veintiocho siguiente, ordenándose girar el oficio correspondiente al Director de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas; esta actuación es la última del aludido cuadernillo. QUINTO. Improcedencia del juicio. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia número 1ª /J.3/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es visible en la página 13 del tomo IX relativo al mes de enero de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya transcripción es como sigue: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." La tercero interesada Agrosistemas Pueblo Bonito, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto, tanto de su representante legal como de su autorizado para oír notificaciones, hace valer, entre otras causales de improcedencia, la prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Al respecto cabe decir, que en el caso si se actualiza dicha causal de improcedencia, pero por diverso motivo del que aduce la mencionada parte. En efecto, el mencionado numeral establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Por su parte, el ordinal 5, fracción I, de la ley de la materia dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". Además, es menester transcribir el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Los preceptos anteriores engloban el principio de agravio personal y directo que rige al juicio de garantías tratándose de actos o resoluciones provenientes de autoridades jurisdiccionales; es decir, contra ese tipo de actos, para la procedencia del amparo, se requiere que el quejoso cuente con interés jurídico, entendido éste como el derecho subjetivo con que cuenta el particular, cuando las prerrogativas que tiene reconocidas son transgredidas por un acto de autoridad o por una ley, lo cual lo faculta, por regla general, únicamente a él, a comparecer ante la Justicia Federal a solicitar el cese de la violación cometida en su perjuicio. De lo anterior, se desprende que el perjuicio que conforma al interés jurídico en el amparo debe ser inmediato y directo, y no mediato o indirecto, ya que ésta forma no es propiamente lesiva de un derecho, al no tener una repercusión concreta y actual en la esfera jurídica del quejoso. En suma, el interés que faculta a la parte quejosa para acudir al juicio de amparo a combatir actos de autoridades jurisdiccionales se integra por: a) Un derecho jurídicamente tutelado (derecho subjetivo), y b) Un perjuicio que el acto reclamado ocasione en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Así, para que la parte quejosa cuente con interés jurídico para efectos del juicio de amparo, se requiere que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus derechos jurídicamente tutelados. Por tanto, la falta de cualquiera de los dos elementos anteriores trae como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo en los casos en comento, ya que no se contaría con el interés jurídico necesario para ejercer la acción constitucional mencionada. Ahora bien, el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones, pues de otra manera no se podría constatar con certeza la violación de derechos fundamentales alegada; por esa razón, las afectaciones que se reclamen a través del juicio de amparo deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio. De modo que no puede hablarse de la existencia de un agravio personal y directo (interés jurídico), cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Es sustento de lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, Novena Época, enero de dos mil ocho, página doscientos veinticinco, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Bajo ese panorama, para efectos del juicio de amparo, persona extraña al juicio es aquella que no ha sido integrada a la relación procesal de un litigio como parte material (es decir, quienes de hecho intervienen o figuran en el proceso como sujetos activos o pasivos de una determinada pretensión), pero que sufre un perjuicio por la tramitación de dicho procedimiento y, en virtud del desconocimiento de éste, no ha tenido la oportunidad de ejercer la garantía de audiencia para su defensa. De lo definido, se sigue que en el concepto de persona extraña al juicio quedan comprendidos también quienes no fueron emplazados o, aun siéndolo, no tuvieron oportunidad de hacerse sabedores del procedimiento, ya que materialmente no pudieren intervenir en el proceso en su defensa. Por tanto, tercero extraño es cualquier persona que sufre un perjuicio dentro de un juicio o en su ejecución, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. Es sustento de lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 7/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, Novena Época, enero de mil novecientos noventa y ocho, página cincuenta y seis, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente". En ese sentido, en general, respecto del tercero extraño por equiparación, en su caso, el efecto del amparo sería para que se le incorpore al procedimiento como condición del acto privativo; en cambio, en tratándose de una persona extraña en estricto sentido, el efecto del amparo sería para que se sustraigan de la litis los derechos que han sido afectados, sin que se pueda determinar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación, al no tratarse de una parte formal. Sirve de criterio orientador, la jurisprudencia número 21 que aparece publicada en la página 1305 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, Julio de 2005 dos mil cinco, del rubro y texto: "TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de "persona extraña" es opuesta a la de "parte" procesal; existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, que viene a ser el sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Así se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, diversas particularidades que los distinguen: entre ellas los efectos que se producen de concederse el amparo, como enseguida se pasa a enunciar. Cuando se trata del tercero extraño stricto sensu, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, los efectos del amparo no son el que se le llame a juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte, sino el de reintegrarla en sus derechos afectados que lo son los bienes que están en litigio, pero sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. En cambio, cuando se trata del tercero extraño por equiparación, como su condición resulta la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, por ser demandado no fue llamado a juicio, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación." Luego, la legitimación de la persona extraña a juicio surge del hecho que con dicho procedimiento se afecte algún derecho del que sea titular, sin que se hubiera respetado su garantía de audiencia. Por otra parte, es necesario precisar que la posesión que puede ser objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto promovido por un tercero extraño a juicio es la que deriva de un título que esté sustentado en alguna figura jurídica o uno o varios preceptos legales que confieran el derecho a poseer. De lo anterior, se infiere que la posesión objeto del juicio de amparo se conforma por dos elementos: I. El ejercicio de un poder de hecho sobre una cosa; y, II. la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a tal ejercicio. Por tanto, para efectos del juicio de amparo, es necesario acreditar la existencia del título que genere el derecho a poseer y además demostrar que se ejerce un poder de hecho sobre el bien cuya desposesión se reclama, pues sólo de esta manera se podría tener certeza de que la posesión de la cosa sobre la cual se dirige el acto reclamado pertenece a la esfera jurídica de la parte quejosa y, por consiguiente, constará fehacientemente el perjuicio integrante del interés jurídico necesario para promover el juicio de control constitucional citado. Sirve de apoyo a lo precedente, la jurisprudencia P./J. 1/2002, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Febrero de 2002, del rubro y texto: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común". En esta instancia, la quejosa se ostenta persona extraña al juicio mercantil ejecutivo del que emanan los actos reclamados, en virtud de que considera que cuenta con la posesión del tractor materia del embargo ahí trabado, porque le corresponde un cincuenta por ciento de dicho mueble, al encontrarse casada mediante un contrato civil que se celebró bajo el régimen de sociedad conyugal con el adquirente del propio tractor, demandado en dicho juicio. De lo anterior se infiere que el interés jurídico base de la demanda de amparo descansa en el derecho de posesión que aduce tener la quejosa respecto del tractor objeto del embargo y cambio de depositario reclamados. Para acreditar dicha legitimación, la amparista exhibió copia certificada del acta de matrimonio expedida por el Director General del Registro Civil, el cual se celebró entre la propia quejosa Irene Hernández Carrasco y el demandado Noé Márquez Valenzuela, de la que se desprende que dicho acto se realizó bajo el régimen de sociedad conyugal. Sin embargo, el documento anterior es insuficiente para acreditar la titularidad del derecho de posesión que la quejosa aduce ostentar sobre el tractor materia del embargo practicado en el juicio natural. Ello es así, pues si bien se trata de contrato matrimonial en el que se asentó que se realizó bajo el régimen de sociedad conyugal, lo cierto es que omitió aportar el documento idóneo respecto de la adquisición que ampara la propiedad del referido mueble a nombre de su cónyuge, pues la mencionada copia certificada es la única prueba que exhibió. En consecuencia, el documento relativo a la celebración del matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal, es insuficiente por sí solo para acreditar el derecho subjetivo que integra el interés jurídico de la amparista, pues, no existe certeza de que el tractor materia del embargo y cambio de depositario en el juicio natural efectivamente sea propiedad de su cónyuge, a efecto de poder evaluar la constitucionalidad de la posible afectación que causa el acto reclamado. En suma, la quejosa no acreditó ser el poseedora originaria del cincuenta por ciento respecto del bien mueble materia del juicio natural. Así pues, el derecho de posesión que reclama respecto del mueble que defiende no se encuentra acreditado en autos, al no haberse demostrado el título que genere el derecho aludido, ni que se ejerce un poder de hecho sobre dicho bien; lo anterior, trae como consecuencia que no se justifica el interés jurídico para acudir en demanda de la Justicia Federal. Lo anterior, porque además, ni en las constancias del juicio mercantil ejecutivo de origen, ni en el cuadernillo relativo al cambio de depositario, consta documento alguno que acredite la titularidad del demandado respecto del derecho del tractor materia del propio juicio. Tiene aplicación al respecto, por las razones que la informan, la jurisprudencia número VIII.2o. J/7, visible en la página 598, Tomo IV, Agosto de 1996, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, que dice: "SOCIEDAD CONYUGAL, INSUFICIENCIA DEL ACTA DE MATRIMONIO RELATIVA PARA ACREDITAR POR SI SOLA EL INTERES JURIDICO EN EL JUICIO DE AMPARO RESPECTO DEL BIEN QUE ASEGURA FORMA PARTE DE LA. Si en un juicio de amparo la quejosa exhibe como prueba de su parte la documental pública relativa a la copia certificada que contiene el acta de matrimonio que la une con el demandado en el juicio de origen, bajo el régimen de sociedad conyugal, para acreditar que el inmueble embargado y rematado pertenece a ésta; tal documental, por sí sola, resulta ineficaz para acreditar su interés jurídico, cuenta habida que omitió aportar el documento idóneo respecto de la adquisición que ampare la propiedad del referido inmueble a nombre de su cónyuge, por lo que evidentemente el acto reclamado no afecta la esfera jurídica de la impetrante y el juicio constitucional resulta improcedente de conformidad con lo dispuesto por la fracción V, del artículo 73, de la Ley de Amparo". Asimismo sirve de sustento, también por las razones que la informan, la tesis aislada XX.118 C, consultable en la página 399, Tomo IV, Noviembre de 1996, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro y texto: "AMPARO PROMOVIDO POR TERCERA OPOSITORA AL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, DOCUMENTOS QUE DEBE EXHIBIR TRATANDOSE DEL EMBARGO DE VEHICULOS PARA ACREDITAR SU INTERES JURIDICO EN EL. Si la quejosa promueve amparo como tercera opositora al juicio ejecutivo mercantil, en el que se va a rematar un vehículo propiedad del esposo de aquélla y del cual le corresponde el cincuenta por ciento por encontrarse casada bajo el régimen de sociedad conyugal y exhibe únicamente el atestado de matrimonio con el que se acredita que contrajo nupcias con el demandado, tal documento no acredita su interés jurídico en el juicio de garantías, ya que no es suficiente que haya justificado ser casada con el demandado en el juicio respectivo, y que ese contrato de matrimonio se encuentre sujeto al régimen de sociedad conyugal, sino que es necesario que exhiba el documento idóneo que ampara la propiedad del vehículo embargado y del que se dio la orden de rematarlo en pública subasta, toda vez que con esa documental se estaría en condiciones de establecer si el mueble en cuestión fue adquirido por su esposo durante la vigencia del matrimonio y con ello determinar si la quejosa tiene derecho a disfrutar del cincuenta por ciento del bien en comento". En consecuencia, procede sobreseer en el juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, en concordancia con los numerales 61, fracción XII, y 5, fracción I, todos de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo número 1077/2016, promovido por Irene Hernández Carrasco contra los actos reclamados del Juez del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas y encargada de la Central de Notificadores y Actuarios de dicho lugar, precisados en el considerando segundo de este fallo, por las razones y fundamentos expuestos en el diverso quinto." SENTENCIA DE VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo número 1077/2016.
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